Samuel Gerardo Centeno Nava
Expediente 544/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Samuel Gerardo Centeno Nava
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el juicio en que se actúa se encuentra totalmente concluido, se ordena el archivo definitivo, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa, coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 25 del Acuerdo General el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo promovido; con fundamento en los artículos 83, fracción III, 86 de la Ley invocada, en relación con los numerales 288 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto, QUEDA FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, atendiendo a que carece de valor jurídico e histórico; por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza de Ejecución del Sentencias de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas actuaciones relativas al acto que por esta vía reclama el solicitante de amparo. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Ahora bien, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que el primero de los artículos en cita (63, fracción V) refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral (81, fracción I, inciso d) estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos sus efectos, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. Así el supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que la garantía exija, cuando el acto sea negativo. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso concreto, la parte quejosa atribuye a la autoridad responsable el proveído de dieciséis de junio de dos mil veinte, emitido en la carpeta de ejecución 57/2020, por el que la juez responsable desechó de plano la solicitud de que se tomara en consideración la prisión preventiva de cada delito por el que estuvo detenido, para poder tener por compurgadas simultáneamente las penas preventivas realizada mediante escrito presentado en esa misma data; esto, al considerar que su petición no era clara pues no especificaba qué beneficio es el que solicita, tampoco ofreció pruebas, ni copias de traslado, dejando a salvo sus derechos para que cuando crea haber reunido lo anterior, formule la petición respectiva. Del análisis del informe justificado y constancias adjuntas se advierte que la autoridad responsable mediante resolución de trece de octubre de dos mil veinte, tras haber reunido la información necesaria, en principio señaló que no existe prelación de compurga, en razón de que el sentenciado no cuenta con pena de prisión distinta a la que tiene pendiente por cumplir; posteriormente, realizó el cómputo de la pena de prisión, descontando de ésta el tiempo que estuvo en prisión preventiva; asimismo, realizó la determinación respecto a la ley más favorable para beneficios preliberacionales, señalando que se aplicará al sentenciado la Ley Nacional de Ejecución Penal, por ser ésta la más benéfica para él, precisando los beneficios preliberacionales a los que podría acceder, destacando que para ese fin deberá pagar la multa, la reparación del daño, realizar el cumplimiento satisfactorio de su plan de actividades; que no se haya dictado diversa sentencia condenatoria firme y no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa; así como satisfacer los demás requisitos previstos en la ley; se le realizó una amonestación pública y se le suspendieron los derechos a que se refiere el artículo 43, fracción I, y 44 del Código Penal en vigor, por un término igual al de la pena de prisión impuesta. Resolución que le fue notificada personalmente al quejoso el catorce de octubre de este año, por conducto del notificador adscrito al Juzgado de Ejecución de Sentencias de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. En esas condiciones, se puede concluir que se actualiza la citada causa de improcedencia en virtud de que los efectos y consecuencias del acto reclamado desaparecieron con la emisión de la resolución de trece de octubre de dos mil veinte, tras haber reunido la información necesaria, en la que se determinó que no existe prelación de compurga, en razón de que el sentenciado no cuenta con pena de prisión distinta a la que tiene pendiente por cumplir; entre diversas cuestiones, por lo que dicho acto ya no le agravia a la parte quejosa, en tanto que la autoridad ya proveyó en relación a su solicitud, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Razón por la cual, se estima que sobrevino la causal de improcedencia invocada, toda vez que ningún objeto tendría dictar una sentencia de amparo que ordenara a la autoridad responsable emitir un acuerdo en el que determinara lo conducente respecto de la solicitud del quejoso, cuando por resolución de trece de octubre de dos mil veinte, la autoridad responsable ya lo hizo. Orienta sobre el particular, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte, por las razones antes expuestas. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales del caso. De conformidad con los artículos 191 y 192 correspondientes al Capítulo Cuarto (sentencia y tesis) del Título Cuarto (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de doce de noviembre de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; así como los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, se ordena integrar la versión pública de esta resolución al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual deberá capturarse en dicho sistema el día de su publicación, con la certificación secretarial respectiva; y agregarse al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, en términos de lo que establecen los Asimismo, de conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; personalmente al quejoso; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no obra la constancia de notificación del oficio 14259/2020 dirigido al Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, por medio del cual se le solicitó su informe justificado. En atención a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil veinte. Notifíquese por lista a las partes.
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