SAMUEL GARCÍA ZÁRATE y Otros.
Expediente 1402/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 36 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1402/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Samuel García Zárate
- ESTEFANÍA CANSECO PACHECO y Otros.
- SAMUEL GARCÍA ZÁRATE y Otros.
- Estefanía Canseco Pacheco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
"... Agréguese el escrito del quejoso *******; en atención a su contenido, remítasele copia con firmas electrónicas de la sentencia firmada y autorizada el quince de julio de este año, a través del correo electrónico que proporciona. Atento a ello, el actuario llevador de este expediente deberá recabar la constancia de envío misma que tendrá que obrar en el expediente electrónico en que se actúa...."
- Principal
...Visto el estado de autos, así como, la primera certificación de cuenta, se aprecia que el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, transcurrió del seis al ocho de septiembre de dos mil veintidós; sin que hicieran manifestación al respecto a las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, mediante sentencia firma y autorizada el quince de julio de dos mil veintidós se concedió la protección constitucional a los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., para los siguientes términos: La juez Primero Civil del Distrito Judicial del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, deberá realizar lo siguiente: Dictar una resolución en la que dé por concluido el juicio de divorcio incausado 187/2019, promovido por Samuel García Zarate contra Jennifer Pimentel Santiago, al no existir materia para su continuación, dado que los temas relacionados con la guarda y custodia, convivencia y alimentos de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., ya están siendo actualmente conocidos en el juicio de controversias del orden familiar 377/2020 del índice del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro. La juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, deberá realizar lo siguiente: Dejar sin efectos las resoluciones dictadas en las audiencias familiares celebradas los días 4 de octubre de 2021 y 24 de noviembre de 2021, en las que otorgó la guardia y custodia provisional de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., a favor de su progenitora Jennifer Pimentel Santiago; y estableció un régimen de convivencia entre dichos infantes y su progenitor no custodio Samuel Zarate García. Dentro de los tres días siguientes a que quede firme la presente sentencia, deberá citar a una audiencia de carácter familiar en que las partes se pongan de acuerdo sobre la guardia y custodia provisional y derecho de convivencia respecto de sus menores hijos de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P. Para el caso, que los interesados Jennifer Pimentel Santiago y Samuel García Zarate, no logren ponerse de acuerdo respecto de la guarda y custodia provisional y derecho de convivencia antes mencionados; deberá requerir a la actora Jennifer Pimentel Santiago, para que bajo protesta de decir verdad manifieste en donde se ubica el domicilio actual en el que habitan los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P.; asimismo, para que manifieste si en el domicilio en el que actualmente vive, cohabita con ella su actual pareja sentimental, del que en su caso, deberá proporcionar su nombre; asimismo, deberá requerir al demandado Samuel García Zarate, para que señalé el nombre correcto de su actual esposa y el lugar en el que habita con ella, a la que la menor de iniciales J.S.G.P., identifica como "Brenda". De igual forma, previo a resolver sobre el otorgamiento de la guardia y custodia provisional de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., deberá desahogar las pruebas periciales psicológicas a cargo de Jennifer Pimentel Santiago y Samuel García Zarate -ya ordenadas en autos- así como de sus actuales parejas sentimentales con las que cohabiten; y para el caso, que la actora Jennifer Pimentel Santiago, niegue la existencia de tal hecho, deberá recabar las pruebas que estime necesarias para corroborar la veracidad de su manifestación; asimismo, deberá requerir copia certificada de todo lo actuado en el juicio de divorcio incausado 187/2019 del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca. Asimismo, al resolver sobre la guarda y custodia provisional de los menores antes mencionados deberá tomar en cuenta las manifestaciones de la menor de iniciales J.S.G.P., realizadas en la audiencia de escucha de 4 de octubre de 2021, en las que expuso su deseo de convivir por periodos de días con su progenitor Samuel García Zarate; así como las diversas manifestaciones que han realizado las partes en el juicio de divorcio incausado 187/2019 y en el juicio familiar 377/2020, a las que se hizo referencia en el cuerpo de esta sentencia; y con libertad de jurisdicción determinar sobre la guardia y custodia provisional de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., incluso, deberá resolver si es procedente o no fijar una custodia compartida entre los progenitores de los infantes antes mencionados. Para el caso, que determine que no es procedente la guardia y custodia provisional compartida de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., deberá fijar un régimen de convivencia presencial por días entre dichos infantes y su padre o madre no custodio; asimismo, deberá fijar los días en que los aludidos infantes convivirán con su progenitor o progenitora no custodio durante los periodos vacacionales y días festivos. Desde luego, para hacer cumplir sus determinaciones deberá hacer uso de los medios de apremio que le faculta la ley; ello, en beneficio de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P. Posteriormente, el cinco de agosto de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable, el cumplimiento de la misma. Así, en auto de quince de agosto de dos mil veintidós, la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, remitió copia certificada del proveído de once de agosto de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 187/2019 de su índice, en la cual dio por concluido el juicio de divorcio incausado 187/2019, promovido por Samuel García Zarate contra Jennifer Pimentel Santiago, al no existir materia para su continuación, dado que los temas relacionados con la guarda y custodia, convivencia y alimentos de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., ya están siendo actualmente conocidos en el juicio de controversias del orden familiar 377/2020 del índice del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro. Asimismo, en auto de quince de agosto de dos mil veintidós, se recibió el oficio de la Secretaria encargada del despacho del Juzgado Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, con el cual, remitió copia certificada del proveído de nueve de agosto de dos mil veintidós, emitido en el expediente 377/2020 de su índice, en el cual dejó sin efectos las resoluciones dictadas en las audiencias familiares celebradas el cuatro de octubre de dos mil veintiuno y veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en las que otorgó la guardia y custodia provisional de los menores de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P., a favor de su progenitora Jennifer Pimentel Santiago; y estableció un régimen de convivencia entre dichos infantes y su progenitor no custodio Samuel Zarate García. Además, señaló las doce horas del cinco de septiembre de dos mil veintidós, para llevar a cabo un audiencia de carácter familiar, con la finalidad de que las partes se pusieran de acuerdo sobre la guardia y custodia provisional y derecho de convivencia respecto de sus menores hijos de iniciales J.S.G.P., y Y.S.G.P. Posteriormente en auto de veintinueve de agosto del año en curso, remitió copia certificada de la diligencia por comparecencia celebrada el veinticinco de agosto del año en curso, de la cual, se obtiene que las partes ratificaron el convenio que celebraron respecto a la guardia y custodia de los menores y en el que se estableció que el quejoso Samuel García Zarate, ejercerá la guardia y custodia definitiva de sus menores hijos. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizaron las autoridades responsables, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Ahora bien, se precisa que no es impedimento para proveer sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la circunstancia de que el titular de este Juzgado de Distrito, se encuentre ausente con motivo de una licencia académica; pues al ser de carácter urgente el presente auto, el Secretario encargado del despacho está facultado para proveerse al respecto. En apoyo a lo anterior, se cita el siguiente criterio jurisprudencial, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE". Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva". Ahora, vista la certificación de cuenta, toda vez, que el presente expediente físico coincide con el electrónico, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que éste expediente y el original del incidente de suspensión, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración correspondiente; ello, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Asimismo, como fue ordenado mediante interlocutoria que resolvió el incidente de suspensión de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se reitera que transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución incidental, procédase a la destrucción del duplicado del incidente del presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, dedúzcase copia autorizada para el incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
...Agréguese el oficio y anexo de la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del centro, con el cual, remite copia certificada de la diligencia por comparecencia celebrada el veinticinco de agosto del año en curso, dentro de los autos del expediente 377/2020 de su inventario, relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el citado oficio y anexo, así como, con las comunicaciones agregadas el quince, diecinueve y veinticuatro de agosto pasado; debiendo acompañar copia simple de todo, y así hacerlo constar en la notificación respectiva, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a sus intereses convenga; apercibidas que de no formular manifestación, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria protectora con base en los datos y elementos que existen en autos. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
...Agréguese el oficio y anexo de la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, con el cual, en atención a los efectos de la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la diligencia celebrada el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dentro de los autos del expediente 377/2020 de su índice, de la cual, se advierte que únicamente compareció el quejoso Samuel García Zarate, y sus menores hijos de iniciales J. S. G. P. y Y. S. G. P. Asimismo, se constata que el quejoso manifestó que el quince de julio del presente año suscribió junto con la tercera interesada Jennifer Pimentel Santiago un convenio donde se determinó que éste sería el encargado de la guardia y custodia de los menores; por lo que, el dieciséis de julio pasado la tercera interesada, le hizo entrega de sus menores hijos. En razón de ello, la Juez responsable determinó concederle de manera temporal al quejoso Samuel García Zarate, los cuidados de los citados infantes, y estableció de manera temporal un régimen de convivencia virtual entre los menores de edad y la tercera interesada Jennifer Pimentel Santiago. Asimismo, señaló las trece horas del doce de septiembre de dos mil veintidós, con la finalidad de que las partes comparezcan a ratificar el convenio que celebraron respecto a la guarda y custodia provisional de los infantes. En razón de lo anterior, se tiene a la autoridad responsable informando las gestiones que realiza para cumplir con la ejecutoria de amparo. No obstante a lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la Juez Séptimo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes, al en que lleve a cabo la diligencia señalada para las trece horas del doce de septiembre de dos mil veintidós, informe el resultado de la misma.... NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY....
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