Samuel García Hernández

Expediente 562/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
562/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
07/06/2022

Partes del expediente

  • Samuel García Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Samuel García Hernández, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de uno de abril de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido...Notifíquese.

  2. Principal

    ...se agrega a los autos, el escrito signado por el quejoso Samuel García Hernández, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, manifiesta bajo protesta de decir verdad que es su deseo señalar como acto reclamado la resolución RES/999/2015, emitida por la Comisión Reguladora de Energía. Al respecto, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Al respecto, este juzgado advierte que de manera clara y manifiesta se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), que más adelante se citará, de rubro "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA", de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, como a continuación se expone; ya que los actos aquí reclamados, al ser actos atribuidos a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, previstos y derivados en un contrato de suministro de energía eléctrica, que no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En principio, es menester transcribir lo que disponen los preceptos legales 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la exégesis de los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte -como por ejemplo la falta de garantía de audiencia vía concepto de violación-, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. Luego, para determinar qué se entiende por autoridad para efectos del juicio de amparo, tenemos que en la jurisprudencia por reiteración de tesis 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se desprende de la Jurisprudencia 2a./J. 164/201 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 161133, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En segundo lugar, para arribar a la conclusión de que los actos aquí reclamados al tratarse de actos atribuidos a la COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, previstos y derivados de un contrato de suministro de energía eléctrica, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la que se viene haciendo mención, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dilucida el tema puesto a consideración. La parte conducente de la ejecutoria dispone lo siguiente: ".En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo hasta aquí expuesto, no desconoce ni constituye un pronunciamiento sobre el eventual combate de normas generales, o bien, de violaciones de derechos humanos; lo que casuísticamente habrá de analizar la autoridad jurisdiccional, y que no corresponde al tema de confronta en este asunto. Es así, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de Comisión Federal de Electricidad de una institución pública, al ser una empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), (28) ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CRE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: - Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). - Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). - Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable ..." Asimismo, sobre la disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura, se ha dicho que una vivienda adecuada debería tener acceso permanente a "recursos naturales y comunes", entre otros, "... el alumbrado, y almacenamiento de alimentos..." Vale la pena referir que las actividades del sistema eléctrico se sujetan a obligaciones del servicio público universal, entre ellas de ofrecer y prestar el suministro eléctrico a todo aquel que lo solicite, contribuir al fondo de servicio universal eléctrico;(29) cuya finalidad es financiar las acciones de electrificación en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, así como el suministro de lámparas eficientes y el suministro básico a usuarios finales en condiciones de marginación.(30) Dicho fondo se integra por el excedente de ingresos que resulte de la gestión en el mercado eléctrico mayorista, donativos de terceros e ingresos percibidos por el cobro de sanciones.(31) La distribución, transmisión y, por ende, el suministro de servicios básicos están obligados a instalar, conservar y mantener su infraestructura, así como garantizar el servicio a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas en los términos de ley, ejerciendo los recursos asignados por el fondo de servicio universal eléctrico en congruencia con los programas de ampliación y modernización de las redes generales de distribución autorizados por la Secretaría de Energía. En ese contexto, la secretaría establecerá políticas y estrategias para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al menor costo para el país; para lo cual las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía y de Desarrollo Social evaluarán la conveniencia y, en su caso, instrumentarán programas de apoyos focalizados que tengan como objeto coadyuvar con el suministro eléctrico adecuado y oportuno, a precios asequibles, en zonas rurales y zonas urbanas marginadas para grupos de usuarios del suministro básico en condiciones económicas de vulnerabilidad. Finalmente, es dable referir que sobre el principio de impacto social y desarrollo sustentable, la ley prevé que los proyectos de infraestructura de los sectores público y privado en la industria eléctrica atenderán los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar. Con esa finalidad la secretaría deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda. (32)". (Lo resaltado es propio de este Juzgado) Anteriores consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo". (Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época, registro: 2016656, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). De lo expuesto, en esencia, se obtiene que el Alto Tribunal del País, sostuvo que: la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Luego, si el acto aquí reclamado consiste en la determinación de transferir el monto del adeudo del número de servicio 955940206529, al número de servicio 955120300733, y se le requirió liquidar adeudo pendiente de pago en el primero de los mencionados servicios; así como la como la resolución RES/999/2015, emitida por la Comisión Reguladora de Energía, es inconcuso que se trata de un acto que deriva de la relación contractual de la prestación de suministro de energía eléctrica. Es así, porque la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de suministrador de la energía eléctrica, todos los actos que lleve a cabo en virtud del contrato que celebran con ella los particulares, son derivados de una relación de coordinación y la Comisión Reguladora de Energía actúa como ente auxiliar para la facturación y cobro, de Conformidad con la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética en relación con el punto 17, De la Cobranza y modalidades de pago en el Suministro Básico, fracción XVI, de la Resolución RES/999/2015. Por ende, los conflictos que surjan con motivo de ese contrato, como lo es el corroborar el consumo de energía eléctrica abastecido en un domicilio a través de la verificación del equipo de medición y análisis de facturación, que a la postre pudieran poner en evidencia una diferencia entre la energía eléctrica facturada y la que realmente consume el inmueble, y con motivo de dicha verificación se levante una constancia de verificación que sirve de base para realizar los ajustes a la facturación, y con ello, se emita una orden que cristaliza un corte, suspensión o desconexión del suministro de energía eléctrica ante el no pago; aun cuando son actos emitidos de manera unilateral por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo cierto es, que son derivados de un contrato del suministro de energía eléctrica. Esto es, dichos actos no los ejerce de manera unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación comercial entre el beneficiario del servicio y la comisión como suministradora de la energía eléctrica. Por tanto, tal como se señala en la ejecutoria del máximo tribunal, todos los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, entre los que destaca el corte, la suspensión o desconexión del servicio (en el caso, derivado del " notificación 2000/2020 " y la resolución RES/999/2015), no le resulta el carácter de autoridad responsable a la Comisión Federal de Electricidad, para efectos del juicio de amparo. Además, el acto reclamado, no se advierte se encuentre en los casos de excepción por violación a derechos humanos ante la orden de corte derivada de un supuesto adeudo por concepto de ajuste determinado por Comisión Federal de Electricidad. Ya que dichos actos, no se equiparan a los ejemplos que expuso el máximo tribunal, para analizar cada caso concreto y advertir la violación a los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, esto es, cuando la suspensión o el corte de energía eléctrica ponga en riesgo la vida, la salud o la integridad de las personas, pues al respecto nada dijo la parte quejosa en su demanda de amparo, ni ofreció prueba alguna para demostrar, por ejemplo: -Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida, (enfermos dependientes de instrumentos y maquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). -Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). -Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica." Y, la circunstancia que manifestó la parte quejosa en el sentido de que considera ilegal que le realicen la transferencia de adeudo de un servicio de energía eléctrica a otro diverso a su nombre, son circunstancias a ventilar en un juicio ordinario mercantil, pero insuficientes para afirmar que tiene el carácter de autoridad responsable la Comisión Federal de Electricidad, para efectos del juicio de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2015944, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 50, enero de 2018, tomo I, página 336, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil". Por todo lo expuesto, es de concluirse que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que los actos reclamados no pueden considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparables a ellos. Por lo expuesto y fundado, se DESECHA LA DEMANDA promovida por Samuel García Hernández. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    agréguese a los autos el oficio 3269/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admite el recurso de revisión interpuesto por Juan de la Cruz Ortiz Amaro, a través de su apoderado Joel Vicente Flores Sarno, en contra de la sentencia dictada dentro del presente asunto, el que fue registrado como amparo en revisión 68/2022. Notifíquese.

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