Samuel Galindo Arvizu

Expediente 1558/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1558/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Samuel Galindo Arvizu

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Ampliación de demanda. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la parte quejosa, mediante el cual, amplía la demanda de derechos respecto nuevos conceptos de violación. En tal contexto, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación propuesta. 2. Informes. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades señaladas como responsables rindan sus respectivos informes justificados respecto los nuevos conceptos de violación, lo que deberán hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. A fin de que este en aptitud de cumplir con lo anterior, se ordena remitir copia del escrito de ampliación y del presente proveído. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 3. Apercibimiento a las autoridades responsables. Apercíbaseles que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se presumirán ciertos los actos que se les reclama, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 4. Requerimiento a las autoridades. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, al momento de rendir sus informes con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 del referido cuerpo de leyes. 5. Prevención a las autoridades. En caso de que las autoridades se nieguen a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 6. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los autos el escrito presentado por ******************** y en atención a su contenido, se tiene apersonándose al presente juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado, personalidad que se le reconoció en autos. 7. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación, en este punto que, la parte quejosa señaló para cuestiones no procesales el correo electrónico zapatafloresyasociados@gmail.com. 8. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otro lado, como lo solicita, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario "vidazf20", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica de aquellas que tengan carácter personal. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables, personalmente al representante social adscrito y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe Fabián

  2. Incidental

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Exhibe billete. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito y anexo remitido por la parte quejosa, a través del cual exhibe el billete de depósito N 867550, expedido por el Banco del Ahorro Nacional, por la suma de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de garantizar los efectos de la medida cautelar definitiva concedida en el presente incidente. Hágase las anotaciones correspondientes y guárdese en la caja de seguridad de este juzgado; hágase del conocimiento de las partes de dicha exhibición, para los efectos legales correspondientes. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los autos el escrito presentado por Jesús Leonardo Verdugo Flores, y en atención a su contenido, se tiene apersonándose al presente incidente de suspensión, en su carácter de tercero interesado, personalidad que se le reconoció en autos del juicio principal del cual deriva el cuaderno de suspensión el que se actúa. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se hace la acotación, en este punto que, la parte quejosa señaló para cuestiones no procesales el correo electrónico zapatafloresyasociados@gmail.com. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otro lado, como lo solicita, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el usuario "vidazf20", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica de aquellas que tengan carácter personal. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe

  3. Incidental

    En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, para llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario hace una relación de las actuaciones que obran en los presentes autos, entre las que se encuentran la copia del escrito inicial de demanda, constancia de notificación a las autoridades responsables y con los informes previos rendidos por la presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. El juez acuerda: téngase por hecha la relación, cuenta y certificación secretarial para los efectos legales conducentes y tómese en consideración en la presente audiencia. Abierto el período probatorio, el secretario certifica que las partes no ofrecieron medios de convicción. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a ofrecer pruebas y se cierra el periodo probatorio. Cerrado el periodo de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario certifica que las partes no los expresaron. El Juez acuerda: se tiene por perdido el derecho a las partes para manifestar alegatos y se cierra el periodo de alegatos. Cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución interlocutoria. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1558/2023-L-III; y, R E S U L T A N D O: Único. A petición de ********************en su carácter de apoderado legal de la moral ********************, por auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, en relación con los actos reclamados a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y de otra autoridad; se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. Segundo. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que de la lectura integral de la demanda la parte quejosa refiere como actos reclamados a las autoridades responsables: De la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y su presidenta, se reclama: El procedimiento seguido por la responsable en el juicio labora 614/2022, y el laudo dictado; y, El auto de ejecución forzosa que dictó a fin de cumplimentar el laudo decretado en el juicio laboral de origen. Del actuario adscrito a la citada responsable: La diligencia de requerimiento de pago y embargo que practicó el tres de octubre anterior, en el domicilio de la moral quejosa. Todos los actos concernientes al juicio laboral 614/2022, del índice de la Junta de mérito. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La presidente de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe previo, por si misa, y a nombre del actuario de su adscripción, y no aceptó los actos que se les atribuye, por tanto, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, no obstante de dicha manifestación se advierte la existencia de los mismos, por lo tanto, se presumen ciertos, para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva. Cuarto. Análisis de suspensión. Se procede a analizar si resulta o no procedente el otorgamiento de la suspensión solicitada. En primer término es necesario traer a colación el precepto constitucional en el que se establece la figura de la suspensión de los actos reclamados en materia de amparo. Lo anterior se sustenta en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Federal, que dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes; [.]." En la citada porción normativa se establece que para concederse la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesiona el interés social y el orden público, lo cual podrá resolver el juez de distrito a sensibilidad, ante la realidad del acto reclamado. En segundo término, precisar acotar que el artículo 128 de la Ley de amparo, establece los requisitos para la procedencia de la medida suspensional: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ciertos requisitos para la procedencia de ésta figura en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.". Al efecto, la Segunda Sala señaló que el análisis de la concesión de la medida cautelar, debe realizarse conforme al orden lógico siguiente: a) Expresamente la solicite el quejoso; b) Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; c) Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; d) No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo y; e) Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Requisitos los anteriores que siempre deben concurrir en su totalidad para que sea procedente la suspensión solicitada, pues de no satisfacerse alguno de ellos, haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar. Cabe destacar que en relación con el orden público y el interés social, éstos han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa, sosteniendo que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Encuentra apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubros: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA." y "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA." Ahora bien, a fin de proveer lo relativo a la suspensión definitiva para los efectos que se pide, cabe destacar que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 138 de la Ley de Amparo, y lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 15/96, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar se debe de tomar en cuenta la naturaleza de la violación alegada; esto es, el juzgador deberá realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho de la parte solicitante, de tal modo, que podrá cambiar al dictar la sentencia definitiva, pues existen asuntos en los que pudiera anticiparse la probable solución de fondo del juicio principal y otros en los que no es procedente tal evento. En este aspecto, cabe señalar que los extremos que hay que satisfacer para obtener la medida cautelar son: 1) apariencia de buen derecho, y 2) peligro en la demora. La apariencia de la existencia del derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Por su parte, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos de la parte pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En síntesis, la medida cautelar exige un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales. Sobre el particular, cabe destacar lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo." Del anterior precepto legal, se desprende que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Asimismo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ilustra a lo anterior a jurisprudencia 2a./J. 204/2009, que reza: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." Quinto. Concesión de la suspensión definitiva. En consecuencia, con fundamento en los ordinales 128 y 130 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva que solicita para que no se ejecute el multicitado laudo emitido en el juicio laboral de origen 641/2022, y en caso de haberse ordenado su ejecución, no se le prive de sus bienes ni sean entregados a terceros, hasta en tanto no se le notifique el auto en el cual adquiera firmeza la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión. Sin que sea óbice a lo decidido, lo correspondiente a la subsistencia del trabajador a favor de quien la autoridad responsable asintió el consabido laudo, pues la parte quejosa, al ostentarse como tercera extraña, no puede ser sujeta a las cargas impuestas en el referido laudo, sino que deberá garantizar la medida suspensional conforme al artículo 132 de la ley de la materia. Resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 37/2018 (10a.), visible en la página 822, Tomo I, Abril de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU CASO, LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 152 de la Ley de Amparo establece que tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga en peligro la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, de modo que sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su sostenimiento. Ahora bien, si quien solicita la suspensión de la ejecución del laudo se ostenta como tercero extraño al juicio laboral, esa calidad constituye una excepción a la obligación de garantizar la subsistencia en los términos indicados, porque si lo que demanda es precisamente que se afectaron sus bienes o derechos sin haber sido oído y vencido en la contienda laboral, sería contrario a la naturaleza del fin que persigue el quejoso que se le impusiera un deber que sólo corresponde a quienes sí fueron condenados, máxime que la cantidad otorgada para garantizar la subsistencia del trabajador ya no es recuperable. No obstante lo anterior, en estos casos, para obtener la suspensión de la ejecución del laudo, quien se ostenta en el juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio, debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo." Sexto. Requisitos de efectividad. La medida suspensional decretada surte efectos desde luego, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si en el término de cinco días, la parte quejosa no exhibe caución, en cualquier forma legal por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual se fija de manera discrecional, por no contar con mayores datos que los proporcionados en la demanda y servirá para garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a las partes tercero interesadas, de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo. En la inteligencia que, si la garantía se presenta en billete de depósito, ésta deberá contener en el apartado correspondiente "concepto del billete", la leyenda "se autoriza al Secretario Técnico para que reciba información de este billete". Lo anterior, de conformidad con el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de enero de dos mil quince. Apercibimiento. Apercíbase a la parte promovente que de no cumplir con la obligación impuesta, dejará de surtir sus efectos la suspensión y el acto reclamado podrá ejecutarse. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 124, 131, 144 y 146 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************en su carácter de representante legal de la moral ********************, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando segundo y tercero de esta resolución, por los motivos expuestos en los apartados cuarto y quinto. Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Fabián

  4. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de seis de octubre pasado, de la que se advierte que en la materia de la revisión civil ****, el órgano colegiado, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***** contra el acto que reclaman al Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la revisión civil *****, del control del órgano oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo ******************** del propio índice y ocho legajos de pruebas. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión y, háganse las anotaciones correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, a partir del término de tres años de haberse dictado este acuerdo como asunto concluido. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte quejosa a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Devolución de legajos de pruebas. En ese orden de ideas, resulta innecesario conservar los legajos de pruebas recibidos mediante proveídos de ********************, identificados como tomos I al VIII, los cuales fueron formados con las constancias remitidas por las autoridades responsables; en esa virtud, se ordena su devolución a su lugar de origen. Notifíquese; por oficio -remitido vía interconexión- al órgano colegiado, así como a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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