Samuel Enrique Corona Palacios

Expediente 582/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
582/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2019

Partes del expediente

  • Samuel Enrique Corona Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que, dentro del plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto que desechó su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Una vez notificado este proveído, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente, previa anotación que corresponda en el libro de gobierno. En acatamiento al Acuerdo general conjunto número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto décimo primero, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental para su archivo, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia ni contra el ambiente y la gestión ambiental; además de que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica y no contiene información reservada. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil diecinueve.Por recibida la demanda de amparo promovida por Samuel Enrique Corona Palacios, contra actos del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos y otras autoridades. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, este tribunal federal considera que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia su desechamiento, conforme a lo dispuesto en el precepto 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Lo anterior, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, consistentes en: ".LA NEGATIVA O CONTUMACIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CRÉDITO LABORAL DE MI REPRESENTADO, ESTABLECIDA EN EL LAUDO FIRME DICTADO DEL DÍA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2010 EN EL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01/680/09 RADICADO ANTE EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS." Al respecto, conviene destacar el contenido de los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1 fracción I, 5, fracción II, de la Ley de Amparo. "Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista; b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público; e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. IV. El Ministerio Público Federal en todos los juicios, donde podrá interponer los recursos que señala esta Ley, y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, en amparos indirectos en materias civil y mercantil, y con exclusión de la materia familiar, donde sólo se afecten intereses particulares, el Ministerio Público Federal podrá interponer los recursos que esta Ley señala, sólo cuando los quejosos hubieren impugnado la constitucionalidad de normas generales y este aspecto se aborde en la sentencia". Las disposiciones transcritas reflejan que el juicio de amparo es procedente contra los actos de las autoridades, ya sean de naturaleza positiva, negativa u omisiva, pues en la vía constitucional se resuelven las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el tema, cobra aplicación la jurisprudencia 2ª J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la foja mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Así como la tesis 2ª XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, tomo IX, marzo de 1999, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido literal: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Las tesis transcritas ponen de manifiesto que la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que, en una relación jurídica de subordinación, emite actos unilaterales a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello el acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. Entonces, para este Juzgado de Distrito, existe entre la parte quejosa y las autoridades municipales pertenecientes al Municipio de Zacatepec, Morelos, una relación de coordinación al intervenir como parte actora y demandada, respectivamente, en el proceso laboral de origen, la cual subsiste durante la fase de ejecución, según se advierte de las disposiciones legales aplicables a dicha etapa; de ahí que el acto reclamado consistente en la omisión de dar cumplimiento al laudo de veinticinco de agosto de dos mil diez, dictado en el juicio laboral 01/680/09, se genera en un plano de igualdad entre ejecutante y ejecutado, sin que llegue a constituir un acto de autoridad contra el que proceda el juicio de amparo. Lo anterior, pues el juicio de origen se dio inicio con motivo de la demanda interpuesta por la aquí quejosa contra la autoridad responsable, tramitado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, cuyo laudo dictado el veinticinco de agosto de dos mil diez, una vez que quedó firme, es inatacable y debe ser cumplido por la parte demandada. Ahora bien, de igual forma, cabe destacar que el contenido de la Ley del Servicio Civil, que es la legislación que regula la materia del acto reclamado, se desprende que el numeral 124, en lo conducente, dispone: "Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: I.- Con multa hasta de 15 salarios mínimos; y II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje." Bajo ese contexto, a criterio de este Juzgado de Distrito, a las autoridades señaladas como autoridades responsables, no les asiste el carácter de autoridades responsables en el presente asunto, lo que origina la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional, al surtirse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, y 5, fracción II, aplicados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Sirve de aplicación al caso, en lo conducente la jurisprudencia 2ª/J. 31/2014, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el nueve de mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006389, que es del contenido siguiente: "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." Asimismo, es aplicable al caso, en lo conducente y sustancial, así como por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 38/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de dos mil siete, tomo XXV, novena época, página 275, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO ES EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS TRATÁNDOSE DE LA OBLIGACIÓN QUE LE IMPONE EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, tratándose de la obligación que le impone el artículo 118 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos de la entidad, en razón de que su actividad no depende de sus relaciones de supra a subordinación con el particular que obtiene un laudo favorable, pues la obligación de pago de la plantilla de ejecución prevista en ese precepto deviene de la obligación de auxiliar al Gobernador del Estado, quien debe cubrir ese derecho al particular por conducto del Secretario mencionado, con cargo al dinero administrado por éste, sin que pueda modificar o extinguir el derecho del beneficiado con el fallo laboral." No impide la anterior conclusión el hecho de que las tesis jurisprudenciales señaladas en párrafos que anteceden se refieran a diferentes porciones geográficas, pues al respecto debe destacarse que la reflexión que realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 425/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 2ª/J. 31/2014, ya transcrita en este auto, respecto de que la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tratándose de la omisión de dar cumplimiento a diversas resoluciones, dependía en gran medida de las medidas de apremio contempladas en las legislaciones que regulan los diferentes procedimientos a fin de ejecutar las resoluciones. En ese sentido, se expuso lo siguiente: (.) 42. Precisamente ese modelo diferenciador sirvió de sustento a esta Segunda Sala para adelantar el tratamiento y solución de la problemática que integra la incógnita a dilucidar, específicamente al conocer de la contradicción de tesis 422/2010, donde se determinó que el incumplimiento por parte de los organismos de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas a una sentencia dictada en un juicio en el que hubieran figurado como parte, involucraba un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues si bien la obligación a su cargo derivaba de una sentencia dictada en un juicio en el que habían intervenido en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, la imposibilidad de ser sujetos de ejecución forzosa, bajo el beneficio dispuesto el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles, los colocaba en un plano de desigualdad que afectaba la esfera jurídica del particular al impedírsele obtener por vía de apremio la satisfacción de la prestación que la sentencia reconoció u otorgó en su favor. 43. Tal decisión dio lugar a la jurisprudencia que establece: DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Registro: 161652. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 85/2011. Página: 448) 44. La inercia interpretativa del criterio aludido, en sentido contrario, abre la solución de la controversia inmersa en el supuesto del caso que nos ocupa, para considerar que el hecho de que la normativa vigente en el Estado de Veracruz prevea un procedimiento específico para dar ejecución a los laudos dictados en los juicios laborales, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios a las autoridades demandadas, conlleva, en sí mismo, el sostenimiento del plano de igualdad generado a propósito del vínculo de coordinación laboral de origen y, por ende, que la falta de cumplimiento de dicho laudo por parte de la demandada no se reconozca como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo (.)" Como se ve, nuestro Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 425/2013, determinó que cuando en una legislación se contemplan medidas de apremio con la finalidad de garantizar la ejecución de las resoluciones dictadas, la parte demandada no puede ser considerada como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, precisamente por situarse en una relación de coordinación respecto a la parte quejosa. Situación distinta en la que podría ubicarse el particular que, aun teniendo una sentencia firme favorable no tuviera medidas de apremio para satisfacer sus pretensiones, pues en tal caso sí podría reclamar la omisión de ejecutar la resolución dictada a través del juicio constitucional, tal como lo expuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver de la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la jurisprudencia que lleva el siguiente rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Luego, si como se expuso en el presente considerando, el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que es la legislación que regula la materia del acto reclamado, contemplan un catálogo de medidas de apremio que tiene el tribunal para cumplir con sus determinaciones, es claro que la omisión de dar cumplimiento a lo ordenado en una sentencia firme por parte de la demandada en el juicio de origen, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, de ahí que éste sea improcedente. Esta determinación se orienta, en lo conducente, en las resoluciones de veintidós de abril, catorce y veintinueve de mayo, ambos meses de dos mil quince, emitidas en los amparos en revisión 29/2015, 2/2015 y 31/2015, por los entonces Quinto, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito, respectivamente, que pueden ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, invocándose como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia aludida, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que nos ocupa, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. Como lo solicita la quejosa se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que anota, por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que propone y por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Notifíquese personalmente.

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