Samuel Diaz Hernández y Otros.

Expediente 1619/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1619/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
17/10/2016

Partes del expediente

  • Samuel Diaz Hernández
  • Samuel Diaz Hernández y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil dieciséis. Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso (foja 8), por el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo promovida por Samuel Díaz Hernández; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo de que se trata, hágase de su conocimiento que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, tres de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta se advierte que el plazo de cinco días a que se refiere el citado numeral 98 de la Ley de Amparo, transcurrió sin que la parte legitimada hubiere hecho valer recurso alguno en contra de la resolución de diecinueve de octubre del año en curso (fojas 1358 a 1366), en la que se declaró infundado el incidente de incumplimiento a la suspensión provisional; en consecuencia, en términos del artículo en cita, se declara que ha quedado firme dicha resolución, para los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables.

  3. Principal

    MESA II A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar la determinación adoptada por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para el efecto de que: El Tribunal Unitario Agrario, de inmediato, proceda en forma expedita y oficiosa, a tramitar y concluir la ejecución de la sentencia que ha quedado firme, hasta lograr la restitución de las 34-70-40.85 (treinta y cuatro hectáreas, setenta áreas, cuarenta punto ochenta y cinco miliáreas) superficie que le corresponden a la parte quejosa, lo cual deberá realizar conforme a los plazos y términos legales que para tal efecto señala la Ley Agraria; lo cual implica que la responsable deberá señalar fecha próxima para que se lleve a cabo la ejecución material de la sentencia. Asimismo, la autoridad responsable deberá, en el ámbito de sus atribuciones, procurar que se lleve a cabo en forma pacífica, sin que esto implique que por ello se deje de ejecutar cuanto antes la sentencia que interesa; por lo que deberá implementar los actos necesarios, haciendo uso de todas y cada una de las medidas que la ley le permite, incluso auxiliándose de otras instituciones, a fin de que dé cumplimiento inmediato a la sentencia agraria. Inconforme con tal resolución, la parte tercera interesada, interpusieron recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, bajo el registro 473/2015 (foja 179). Medio de impugnación en el que el tribunal de alzada, por ejecutoria pronunciada el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis (fojas 185 a 215), modificó la sentencia impugnada, en términos del considerando quinto de la resolución emitida por dicho Tribunal de Alzada, y por otra, Amparó a la parte impetrante, a efecto de que: El Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiuno, con residencia en esta ciudad, de inmediato proceda en forma expedita y oficiosa, a tramitar y concluir la ejecución de la sentencia que ha quedado firme, hasta lograr la restitución de las treinta y cuatro hectáreas, setenta áreas, cuarenta punto ochenta y cinco miliáreas de superficie que le corresponden a la parte quejosa, lo cual deberá realizar conforme a los plazos y términos legales que para tal efecto señala la Ley Agraria; lo cual implica que la responsable deberá señalar fecha y hora próxima para que se lleve a cabo la ejecución material de la sentencia. Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficio de doce de septiembre del año en curso, remitió copia certificada del acta de ejecución definitiva de la sentencia emitida el veintiocho de septiembre de dos mil doce, por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Vigésimo Primero, respecto a la restitución de tierras a favor de la comunidad de Santa María Pápalo, Municipio de su mismo nombre, Distrito de Cuicatlán, Estado de Oaxaca, dentro del expediente agrario número 770/2010, de veintiséis de agosto del año en curso, así como del acuerdo de uno de septiembre actual, por el que la autoridad responsable declara ejecutada en sus términos la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil doce, dictado en el citado expediente agrario, y aprueba el acta de ejecución material levantada del veintiséis al veintisiete de agosto pasado, que comprende la restitución a favor de la Comunidad de Santa María Pápalo, Municipio del mismo nombre, Distrito de Cuicatlán, Oaxaca, de una superficie total de 34-70-40.85 (TREINTA Y CUATRO HÉCTAREAS, SETENTA AREAS CUARENTA PUNTO OCHENTA Y CINCO CENTIÁREAS), que constituyó la superficie de litigio en dicho juicio. Linderos que fueron recorridos y delimitados físicamente, correspondiendo a la zona que fue materia de conflicto, lo que consta fue aceptado de conformidad por el núcleo agrario beneficiado, tal y como se advierte en la referida acta. Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que efectivamente, restituyó a la parte quejosa las treinta y cuatro hectáreas, setenta áreas, cuarenta punto ochenta y cinco miliáreas de superficie que le corresponden, lo cual realizó conforme a los plazos y términos legales que para tal efecto señala la Ley Agraria, llevando a cabo la ejecución material de la sentencia mediante acta de ejecución definitiva de la sentencia, de veintiséis de agosto del año en curso. Por otra parte, toda vez que por auto de diecinueve de septiembre actual (foja 3225), se reservó proveer lo conducente respecto del escrito de la parte tercera interesada Juan Montellano Villasante, Juan Villatoro Vega e Ignacio Pérez Rincón, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad de San Sebastián Tlacolula, perteneciente al Municipio de San Juan Tepeuxila, Distrito de Cuicatlán, Estado de Oaxaca, por el que manifestaron su inconformidad con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, hasta en tanto concluyera el plazo que se les concedió en dicho proveído, lo que al efecto acontece. Al respecto, dígaseles que se estén a lo acordado en párrafos que antecede, toda vez que la concesión del amparo no fue para los efectos que ellos señalan. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año en curso, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, se considera de valor jurídico; por lo que deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la caratula del expediente. Notifíquese personalmente.

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