Samuel Díaz Estrada

Expediente 676/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
676/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Samuel Díaz Estrada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el veintiuno de junio de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a los que haya lugar Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción a), de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 21, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que, no se advierten documentos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, por ende, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE TOMOS En atención que el Juzgado Quinto de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, remitió copias certificadas del expediente 713/2021, de su índice (un tomo), del cual resulta innecesario su retención, por lo cual, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales procedentes; por lo que tratándose de una reproducción de su original, no es necesario requerir el acuse de recibo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL. R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por ***, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso tercero de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Vistos; los libelos de cuenta suscritos por la parte quejosa ****, por medio de los cuales: I. Solicita copia simple del oficio JQFT/1313-A/2022, de siete de junio del año en curso, así como del auto de diez de junio del mismo año, autorizando para que las reciba a Milton Santiago Gordillo González. II. Amplía su demanda de amparo, señalando como nuevo acto reclamado el proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente 713/2021, por el que se le niega la convivencia con su menor hijo. Al efecto, se acuerda. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos los escritos de cuenta. En relación con el punto I, con fundamento en el artículo 278, del invocado Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su numeral 2º, expídase a su costa las copias que refiere, y se tiene por autorizado para recibirlas a la persona que cita, previa razón y firma de recibo que dejen en autos para constancia. En el entendido de que, tal y como lo ha establecido el Consejo de la Judicatura Federal, para diligencias de esa naturaleza: A) De conformidad con el artículo 3, del "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", que entró en vigor el tres de agosto de dos mil veinte, prorrogado por el diverso Acuerdo General 1/2021, establece que para la consulta del expediente físico, o en su caso, para la entrega de copias será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se hace del conocimiento que se deberá estar a lo dispuesto en la normatividad vigente. B) La expedición y entrega de las copias solicitadas queda sujeto a que el personal del servicio de fotocopiado que se encuentra al interior del este edificio sede del Poder Judicial de la Federación, esté laborando, toda vez que dicho establecimiento es el autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para prestar ese servicio. C) En ese sentido, de conformidad con la parte final del artículo 6, del Acuerdo General en mención, las citas obtenidas para la consulta de expediente, gestión (en caso de que se encuentre el centro de fotocopiado para su obtención) durarán un máximo de 25 minutos, por lo que, si se excede de ese tiempo, tendrá que generar una nueva cita para un diferente día de acuerdo a la disponibilidad electrónica que maneje el sistema nacional de agendas de citas de los órganos jurisdiccionales. No obstante lo anterior, se hace de su conocimiento que puede solicitar la reproducción electrónica de la constancia que solicita, a través de la cita que al efecto genere, con los aparatos tecnológicos que le permitan la reproducción de dichas constancias. Lo que se hace de su conocimiento a efecto de que tome las precauciones debidas a efecto de que, en el día y hora que comparezca pueda obtener las copias solicitadas. En relación con el punto I, de conformidad con los artículos 111 y 117, de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo, respeto de un nuevo acto reclamado. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que se examinará el escrito de demanda (ampliación), y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la ampliación demanda de amparo se desprende que el nuevo acto reclamado a la autoridad responsable Juzgado Quinto de lo Familiar, con sede en esta ciudad, que en esta vía se combate es: El proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente 713/2021, por el que se le niega la convivencia con su menor hijo. Al respecto, tienen aplicación los criterios sustentados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Ahora bien, respecto al nuevo acto reclamado oficiosamente, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto al acto que reclama el accionante de los derechos fundamentales. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad. De lo anterior, se aduce que para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, deben actualizarse los requisitos siguientes: Que el acto reclamado exista y que el agraviado lo conozca, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo, que desde luego, no sería intentado; y Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal previsto. Ahora, a fin de evidenciar que se actualiza la causal de improcedencia anunciada, es preciso tener a la vista como hecho notorio, los autos expediente 713/2021, del índice de la autoridad responsable, mismo que remitió en apoyo a su informe justificado, de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como el principio jurídico contenido en la jurisprudencia, de texto y rubro siguiente: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, toda vez que este resulta ser el proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en autos del expediente 713/2021, por el que se le niega la convivencia con su menor hijo, lo cual afecta a su esfera jurídica. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado; esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días; en tanto que el numeral 18, de la propia ley, establece que los plazos se computaran a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedora de los mismos. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se ostentó sabedor del acto reclamado. Cabe aclarar que en relación con los tres criterios que deben tomarse en cuenta para comenzar a computar el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son excluyentes, por lo que no debe seguirse un orden de prelación para tomar cualquiera de ellos como referencia para empezar a contar dicho término. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18, de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente ".al en que hubiera tenido conocimiento de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee como sigue: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. En apoyo a las consideraciones vertidas, se cita también la jurisprudencia J/32, de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". (El énfasis es propio) Así, del expediente de origen -713/2021-, remitido por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el cual se trae a la vista como hecho notorio, tal y como se indicó en párrafos que preceden, se aprecia que el plazo para promover la demanda de amparo, fue a partir de que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, el dieciocho de mayo del año en curso, fecha en la que se le notificó el proveído de doce anterior, surtiendo sus efectos el diecinueve siguiente, y comenzó a correr a partir del veinte de mayo al nueve de junio del presente año. En consecuencia, el plazo de quince días para promover la demanda a que hace alusión el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinte de mayo al nueve de junio de dos mil veintidós, mediando como días inhábiles en ese lapso el veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo del presente año, así como cuatro y cinco del mes de junio de la referida anualidad, de conformidad con el artículo 129, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, transcurriendo entonces el plazo referido en el precepto 17 de la ley de la materia, sin contar los días que mediaron como inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19, de la Ley de la Amparo, y el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, si el solicitante de amparo combatió por esta vía el acto reclamado en comento, hasta el quince de junio de dos mil veintidós, fecha en la que presentó su escrito de ampliación de demanda en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, según se aprecia del sello de recepción respectivo que obra en la primera hoja del escrito de ampliación de referencia; es indudable que la misma es extemporánea, al haber sido presentada con posterioridad a los quince días que para tal efecto exige el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior puede apreciarse gráficamente en el siguiente calendario. MAYO 2022 LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM 1 21 22 43 54 65 76 87 98 8 9 110 111 112 113 114 115 116 117 118 A). 119 B) 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 330 331 JUNIO 2022. LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110 111 112 113 114 115 C) 116 117 118 119 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 330 Fecha en que se notificó del acto reclamado. B) Fecha en que surtió efectos la notificación. Plazo de quince días para promover la ampliación de la demanda de amparo. Días inhábiles. C) Fecha en que presentó su demanda de amparo. De igual forma, debe establecerse que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el trascrito artículo 17, de la Ley de Amparo. Por consiguiente, conforme a la Ley de Amparo se tiene que el plazo para presentar la ampliación de la demanda de amparo contra el acto aquí reclamado feneció en exceso. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XIV, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO analizada. Por las razones que informa, al efecto se invoca la jurisprudencia: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Visto; el oficio de cuenta signado por la Jueza de Primera Instancias Titular del Juzgado Quinto en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y anexa constancias al mismo. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, glósense a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos de cuenta. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado. Con el contenido del referido informe y anexos, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan. Relaciónese en la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el precepto 119 y 123, de la Ley de la Materia, ténganse por exhibidas las documentales que anexa la autoridad oficiante consistente en copia certificada del expediente 713/2021, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas en razón a su propia y especial naturaleza jurídica, mismos que serán valoradas al momento de dictarse la resolución que corresponda. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. De conformidad con el artículo 3, del Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-2019, se hace del conocimiento de las partes que para la consulta del expediente físico en el cual consta el informe de cuenta y anexos, será a través de la generación de citas, que podrán realizar en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias del Consejo de la Judicatura Federal; en el entendido que de no hacerlo se considerará que no es su deseo imponerse del mismo. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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