Samuel Diaz Espinoza

Expediente 949/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
949/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • Samuel Diaz Espinoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a nueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que NEGÓ EL AMPARO, ha causado EJECUTORIA; hágase la respectiva anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, vistas las constancias de autos dado que el presente expediente carece de relevancia documental y de valor institucional e histórico, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, hipótesis contenida en el Punto Vigésimo Primero, fracción IV, Capítulo Quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración con excepción de la demanda de amparo y sentencia respectiva, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de este proveído, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 949/2019; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad y turnado al día siguiente a este Juzgado de Distrito, Samuel Diaz Espinoza, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto que a continuación se especifica. AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente Ejecutor del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: ".se reclama la omisión y/o abstención de aplicar física y materialmente la medida de apremio, consistente en la multa económica por la cantidad de $21,122.5 (sic) pesos a la demandada y condenada (aquí tercero interesada), establecida en el juicio de origen, por auto o acuerdo de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, auto o acuerdo donde el C. Presidente Ejecutor del H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, requirió el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral de origen, al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, para que este diera cumplimiento al requerimiento de pago por la cantidad de $2,307,961.38 (DOS MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 38/100 M.N.), en el término de quince días hábiles contados a partir del día siguiente hábil en que fue notificado del precitado auto o acuerdo de fecha veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, apercibido el citado H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, que de no dar cumplimiento al referido requerimiento de pago por la cantidad de $2,307,961.38 pesos) en el término otorgado para tal efecto, se le impondría una multa por la cantidad de $21,122.5 (sic) pesos, por conducto de su representante legal el PRIMER SÍNDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y PATRIMONIAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO." II. Derechos fundamentales transgredidos. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 8, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y el concepto de violación que se consideraron pertinentes. III. Admisión y trámite. Por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se tuvo por recibida la demanda de amparo que quedó registrada con el número 949/2019; se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención que legalmente le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual previo diferimiento, se verificó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y el diverso Acuerdo General 47/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de diciembre de dos mil trece, relativo al inicio de funciones, denominación, competencia, jurisdicción territorial, domicilio de este Órgano Jurisdiccional, reglas de turno, sistema de recepción y distribución de los asuntos entre los Juzgados de Distrito de la entidad y sede indicadas, ambos aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior en virtud de que el acto que se reclama le es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión previa a dilucidar en el presente fallo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados (entendidos en sentido amplio, esto es, trátese de normas generales de actos u omisiones de autoridad); lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, para su debida precisión (la del acto reclamado) deberá analizarse en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo rubro literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En consecuencia, es de señalar, que de una lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de proveer lo relativo al apercibimiento al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, decretado en auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, en el juicio laboral 269/2006. Además, es oportuno aclarar que no son de estimarse como actos aquellos subsecuentes a los reclamados; toda vez que el análisis de éstos debe realizarse en función de la etapa procesal de ejecución en que se sitúa el procedimiento laboral de origen; ello, atento a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; y en ese sentido, debe tenerse como tal, los actos antes destacados Al respecto, es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Página 2771, cuyo epígrafe es: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA." TERCERO. Existencia y certeza del acto reclamado. Una vez fijado con claridad y precisión cuál es el acto reclamado en este asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO". En esa tesitura, se tiene que la autoridad responsable PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE GUERRERO, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 35); por tanto, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable la Jurisprudencia número 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, tomo VI, Quinta Época, materia común, que lleva por rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". Certeza que se corrobora con la copia certificada de las constancias que adjuntó a su informe justificado, documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Sustenta a lo anterior la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Estudio. No advirtiéndose que las partes hicieran valer alguna causa de improcedencia ni que este Juzgador constitucional de oficio aprecie la actualización de alguna de ellas, se procede al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los respectivos conceptos de violación, los que no se transcriben, en acatamiento a la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos treinta, del rubro que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sentado lo anterior, es de señalar que la parte quejosa aduce en síntesis, en su único concepto de violación lo siguiente: Que la conducta de la responsable transgrede lo estipulado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con su omisión, no está respetando el procedimiento de ejecución previamente establecido en la Ley número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. En consideración de este Juzgador, resulta infundado el anterior concepto de violación, atendiendo a las siguientes consideraciones: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." Del artículo transcrito se advierte, que nadie puede hacerse justicia por sí mismo, ni ejercer violencia para reclamar su derecho; por ello, el Estado creó tribunales para evitar la autotutela, los cuales tienen la obligación de impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, dictar resoluciones de manera pronta, expedita e imparcial, sin que su servicio requiera retribución alguna, a fin de garantizar al gobernado el acceso efectivo a la justicia, consistente en la posibilidad de ser parte en algún proceso e instar la función jurisdiccional, para luego cumplirse con sus fases procesales y obtener una decisión en la cual se resuelva sobre las pretensiones reclamadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 56 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, de rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL". El citado derecho fundamental de acceso a la justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, ha sido explicado y definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis L/2002, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de dos mil dos, página doscientos noventa y nueve, de rubro: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". En consecuencia, la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues el precepto constitucional en comento, señala que la prontitud comprende, tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Ahora bien, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia 33, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, citada anteriormente. En ese contexto, es necesario señalar que, el numeral 98 de la Ley número 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, establece que cuando se pida la ejecución del laudo, el Tribunal laboral debe despachar auto de ejecución y comisionar al actuario para que junto con el ejecutante, se constituya en el domicilio del demandado, y la requiera que cumpla la resolución; numeral que es de la literalidad siguiente: "Artículo 98. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores." Si bien es cierto que el diverso artículo 97 de la ley mencionada, dispone que el órgano laboral está obligado a promover la eficaz e inmediata ejecución de laudos, y dictar para tal efecto todas las medidas necesarias, que a su juicio sean procedentes, ello no implica que deba actuar de oficio, pues en los procedimientos de ejecución deben realizarse diversos actos. De ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que, de estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el artículo 74, fracción III, de la Ley Numero 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, que dice: "ARTICULO 74.- Prescriben en dos años: (.) III.- Las acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal de Arbitraje desde que sea ejecutable su resolución". Entonces, si de las constancias de autos se advierte que el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, el Presidente del tribunal responsable emitió un proveído en el que requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero, para que dentro del término de quince días hábiles a partir del día siguiente a la notificación de citado acuerdo, realizara el pago de la cantidad de $2,307,961.398 (Dos Millones Trescientos Siete Mil Novecientos Sesenta y Un pesos 38/100 moneda nacional) a favor del actor (foja 36); sin que de autos se observe que posterior a esa fecha, el actor haya solicitado por escrito al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que hiciera efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto. Lo anterior obedece a que la parte quejosa tiene la carga procesal de impulsar el procedimiento de ejecución de laudo y todos aquellos actos tendentes a su cumplimiento. Entonces, si no obra la petición del impetrante para que la autoridad responsable haga efectiva la medida de apremio con la que apercibió al ayuntamiento demandado, el Presidente del Tribunal responsable no tiene la obligación para requerirla de oficio, considerando que el procedimiento de ejecución está sujeto al impuso de las partes. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.L. J/9 L (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes veinticinco de septiembre de dos mil quince, con registro 2010031, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO BUROCRÁTICO. CORRESPONDE AL EJECUTANTE SU INICIO Y PROSECUCIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El citado numeral de la Ley Federal Burocrática, dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, requiera a la demandada el cumplimiento de la resolución, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa hasta por mil pesos, en términos del artículo 148 del referido ordenamiento laboral; de ahí que no sólo corresponda a la ejecutante la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también, se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, al resultar necesaria su asociación con el Actuario comisionado por el Tribunal burocrático, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Además de que estimar lo contrario, implicaría desconocer la figura de la prescripción contenida en el numeral 114, fracción III, de la referida ley, que establece que prescriben en dos años las acciones para ejecutar las resoluciones del tribunal, y si bien es cierto que en términos del artículo 150 de la ley burocrática, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la inmediata y eficaz ejecución de sus laudos, también es verdad que esa obligación es correlativa con la parte interesada en el sentido de que ésta tiene a su vez la obligación de manifestar su voluntad de continuar con la acción de ejecución ejercida, lo cual debe realizar dentro del término de dos años, ya que de no hacerlo, su falta de interés daría lugar, en su caso, a que opere la prescripción de la acción para ejecutar el laudo, pues razonar en sentido contrario implicaría que dicha ejecución se tornara indefinida, lo que contravendría el principio de certeza jurídica que prevé el artículo 14 constitucional." Asimismo, sirve de apoyo por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible en la página 2772, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 4, Libro III, diciembre de 2011, Décima Época, materia laboral, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA." El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." [Lo destacado no es de origen]. De igual manera, sustenta lo hasta aquí expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra visible en la página 2771, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Libro III, diciembre de 2011, Décima Época, materia común, de contenido siguiente: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse.". [Lo destacado no es de origen]. En mérito de lo expuesto, debe decirse que lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Asimismo, deviene innecesario hacer mayor pronunciamiento respecto de los alegatos ministeriales formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, pues constituyen sólo una manifestación sujeta a la apreciación del acto reclamado realizada en esta resolución. Orienta lo anterior, la tesis III.1o.A.5 K (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de la Décima Época, de registro 2008976, dentro del Semanario Judicial de la Federación, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, la cual es del rubro siguiente: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.". QUINTO. Precisión jurisprudencial. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio se hayan emitido con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. SEXTO. Captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado; y con apoyo además, en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a SAMUEL DÍAZ ESPINOZA, contra el acto de autoridad señalado en el considerando segundo y por las razones y fundamentos contenidos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que en acuerdo de catorce de agosto del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, el cual fue notificado el quince del mismo mes y año, por medio de lista, razón por la cual a la presente fecha se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impongan de su contenido. En tal virtud, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a catorce de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad; visto su contenido, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe justificado; con el mismo y con las constancias que remite, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · 7,641 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano