Samuel Cruz Pérez

Expediente 688/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
688/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/09/2017

Partes del expediente

  • Samuel Cruz Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio del SECRETARIO DE ACUERDOS DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada dentro del conflicto competencial 12/2017, denunciado por la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en la que se determina que es esta última la competente para conocer del juicio de amparo 481/2017 de su índice, promovido por xxxx, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas del expediente y anexo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de la el oficio de la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual anexa el original del expediente de amparo 481/2017, dos cuadernos incidentales derivados del mismo y dos tomos de pruebas, promovido por Samuel Cruz Pérez, contra los actos del Juez de lo Penal de Tecamachalco, Puebla y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 688/2017. Ahora bien, de autos se advierte que la Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante acuerdo de doce de junio del año en curso, declaró carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo 481/2017 de su índice (mismo que se registró en este órgano jurisdiccional con el número al rubro citado), pues sostiene que el acto reclamado consistente en la orden de búsqueda, aprehensión y detención, emitida el veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, dentro de la causa 150/2014 del índice del Juzgado de lo Civil y lo Penal de Tecamachalco, Puebla, tiene ejecución material en el Estado de Puebla. Lo anterior, el citado juez refiere, no obstante que la parte quejosa señaló como autoridades responsables Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, y Director de Asuntos Metropolitanos de Mandamientos Judiciales de la Agencia Estatal de Investigación, puesto que las primeras negaron la existencia del acto reclamado y la última se tuvo por inexistente, por lo que refiere que él el acto reclamado tendrá en ejecución en el Estado de Puebla. En efecto, de la lectura integral del artículo anteriormente transcrito, se conoce que para que un Juez de Distrito debe conocer un juicio, deberán de actualizarse cualquiera de las hipótesis que contempla dicho artículo, las cuales son: a) Aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda, es decir, a prevención; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso, se estima se actualiza la hipótesis señaladas como incisos b), pues de las constancias de autos se advierte que el acto reclamado se trató de ejecutar en diverso lugar al Estado de Puebla, por lo que debe seguir conociendo del juicio el juez que haya conocido a prevención. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 571/2012, sostiene que el citado precepto, establece que es Juez competente para conocer del juicio, aquel que tiene jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, entonces es posible sostener que si en la demanda de amparo el quejoso señala como acto reclamado la orden de aprehensión en su contra, y asegura, bajo protesta de decir verdad, que a su domicilio se han presentado autoridades judiciales con la finalidad de aprehenderlo, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito ante quien se promueve, no puede el referido juzgador desconocer su competencia, máxime que el quejoso en su demanda señaló de autoridad ejecutora con residencia en ese sitio, ya que lógicamente la naturaleza de los actos reclamados permite concluir que pueda ser ejecutado en cualquier lugar donde la persona pueda ser localizada, por ejemplo, su propio domicilio. La Primera Sala sostiene lo anterior, porque el juzgador de amparo no puede desconocer lo manifestado por el peticionario de amparo y soslayar sus afirmaciones para sin más establecer su incompetencia, ya que tal situación podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, de las constancias de autos se advierte que el impetrante de amparo en su escrito de demanda narró, bajo protesta de decir verdad, que el veintiocho de marzo del año en curso, fue informado por sus familiares que se presentaron en su domicilio particular (en la Delegación Benito Juárez Ciudad de México) dos personas que dijeron ser elementos de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en colaboración de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; asimismo, en dicho libelo afirman tener su domicilio en calle La Quemada número 441 PB, colonia Vertiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. De ahí que si bien es cierto el acto reclamado fue emitido por una autoridad que tiene residencia en el Estado de Puebla y, por tanto, su ejecución pudiera llevarse a cabo en esta Entidad Federativa, también lo es que a la data en que el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo 481/2017 de su índice, de acuerdo a lo manifestado por el impetrante de amparo, bajo protesta de decir verdad, se trató de ejecutar en la Ciudad de México, pues, como se expuso, no puede soslayarse lo manifestado por el mismo, en el sentido de que las responsables ejecutoras se presentaron a su domicilio a aprehenderlo, dado que sostener lo contrario haría nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, con independencia de que las autoridades responsables ejecutoras con residencia en el Distrito Federal al rendir su informe justificado hayan negado la existencia del acto reclamado, pues, en principio, sería hasta la audiencia constitucional el momento en el que el quejoso puede desvirtuar los mismos, tal y como lo sostuvo la Primera Sala del máximo tribunal del país; empero, aun ante tal situación también serían competentes los órganos jurisdiccionales con residencia en el Distrito Federal, puesto que conforme lo manifestado por el quejoso en el sentido de que las responsables ejecutoras se presentaron a su domicilio (cito en calle La Quemada número 441 PB, colonia Vertiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México) a aprehenderlos, es evidente que en esa circunscripción pretendió ejecutarse el acto reclamado. Dicho lo anterior, como se expuso, es dable concluir que el acto reclamado puede tener ejecución, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de Puebla, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que corresponde conocer, a prevención a cualquiera de los jueces de las citadas jurisdicciones. En tal virtud, si en el caso en particular el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México conoció de manera previa de la demanda de amparo promovida por el impetrante contra la orden de búsqueda, aprehensión y detención, emitida el veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, dentro de la causa 150/2014 del índice del Juzgado de lo Civil y Lo penal de Tecamachalco, Puebla, lo procedente es declinar competencia en su favor. En consecuencia, no se acepta la competencia declinada en favor de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por Samuel Cruz Pérez, en contra de la orden de búsqueda, aprehensión y detención, emitida el veinticinco de enero del año dos mil diecisiete, dentro de la causa 150/2014 del índice del Juzgado de lo Civil y Lo penal de Tecamachalco, Puebla. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente, dos cuadernos incidentales derivados del mismo y dos tomos de pruebas, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, solicitándole el acuse de recibo, para que en el término que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, informe la determinación adoptada. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. En conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.

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