Samuel Cortes Calderon
Expediente 789/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 789/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Samuel Cortes Calderon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
MESA V ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la sentencia ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, atendiendo a que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es destruible dentro de tres años. En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de destrucción, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el presente asunto se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, este expediente es depurable, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 789/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama del: 1) Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. * a) El auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 294/2020, en el que, entre otros tópicos, se fijó a favor de las menores involucradas la pensión alimenticia pensión alimenticia provisional. b) El oficio 1438/2020, mediante el cual se ordenó a la fuente de trabajo en la que labora el quejoso se realizara el descuento por concepto de pensión alimenticia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no se pronunció en cuanto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Sin embargo, manifestó, entre otros tópicos, que: a) Recibió el escrito de la ciudadana Jazmín Osiris Pacheco Martínez, el diecinueve de octubre de dos mil veinte, mediante la cual demandó al ciudadano Samuel Cortes Calderón, entre otras pretensiones el pago de una pensión alimenticia para sus menores hijas K.Y.C.P. y S.J.C.P. b) En el juicio 0294/2020, de su índice, en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, decretó entre otras cuestiones, la pensión alimenticia provisional a favor de las infantas involucradas, por lo cual giró el oficio del que se duele el quejoso. Para acreditar su dicho, remitió copia certificada deducida del expediente 294/2020, de su índice; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 2º de ésta. Por lo anterior, se tiene por cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que no se hicieron valer causas de improcedencia, ni advertirse, de oficio, la actualización de alguna de ellas, resulta procedente pronunciarse en relación con los motivos de disenso esgrimidos en el capítulo de conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó en su escrito de demanda los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" Una vez precisado lo anterior, se estima dable destacar que a la aquí parte quejosa le reviste el carácter de deudor alimentario en el juicio de origen, por tanto, el examen del acto reclamado y los conceptos de violación, se efectuará, en su caso, bajo la figura de la suplencia de la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022087, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, página 316, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación esencialmente expresa: - Que el acto reclamado viola en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al haber decretado la pensión alimenticia del cuarenta y cuatro por ciento en favor de sus dos acreedoras alimenticias (hijas); ello, porque actualmente gana quincenalmente la cantidad aproximada de $5,511.03 (cinco mil quinientos once 03/100 M.N), ya que es una cantidad variable, porque en ocasiones recibe menos. - Además, que tiene que realizar un pago quincenal por la cantidad de $1,600.00 (unos mil seiscientos pesos) con motivo de un crédito; por ello, únicamente se queda con 3,911.03 (tres mil novecientos once pesos 03/100 moneda nacional. SEXTO. Estudio de los motivos de disenso planteados en la demanda de amparo. Una vez expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional, estima que resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, como se precisará. A fin de establecer las razones de la conclusión adelantada, conviene tener presentes los antecedentes fácticos del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos, y para lo que interesa, son: * En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, el juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, radicó el escrito de Jazmín Osiris Pacheco Martínez, por propio derecho y en representación de sus hijas K.Y.C.P. y S.J.C.P., acompañado de atestados del registro civil de nacimiento, entre otros documentos; registrándolo con el número de expediente 294/2020, de su índice, por medio del cual se reclamó, entre otras prestaciones, el pago de alimentos a la aquí parte quejosa, en su parte conducente dicho acuerdo se lee: "Relacionado con el pago de la pensión alimenticia provisional que solicita en representación de las menores en conflicto. Así, de los documentos exhibidos con la demanda, específicamente de los atestados del Registro Civil relativos al nacimiento de sus hijas K.Y.C.P. y S.J.C.P., se advierte que el ahora demandado Samuel Cortes Calderón tiene la obligación jurídica de proporcionar alimentos a las niñas en conflicto, pues con fundamento en los artículos 315, 320 y 323 Bis, del Código Civil del Estado, los hijos menores tienen la presunción de necesitar alimentos; máxime que dichos infantes a la fecha cuentan con la edad de ocho y dos años, y por sus propias características no se encuentran en posibilidad de proporcionarse sus propios alimentos y adicionalmente a la comida, vestido y habitación requieren insumos básicos para su debido cuidado, educación y sano desarrollo integral así como de atención medica que les garantice su salud física y emocional; de igual forma, es evidente que tratándose de hijos menores de edad los alimentos comprenden también los gastos necesarios para proporcionarles un oficio, arte, o profesión honestos, y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, como lo estatuye el segundo de los enunciados normativos en cita. De ahí que, tomando en consideración que esta autoridad debe actuar de oficio cuando se involucren intereses de menores y de alimentos, fijando una pensión provisional sin audiencia del deudor, como lo previene el arábigo 965, de la ley procesal invocada, al constituir los alimentos una prioridad de orden público de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es el de asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicte sentencia definitiva, toda vez que el accionante asevera que el deudor alimentista labora en empresa denominada "Operadora Comercial Liverpool", surge la presunción que tiene un empleo y como consecuencia capacidad económica para proporcionar una pensión alimenticia a sus menores hijas . como lo estable el artículo 284 del Código Procesal citado; con fundamento en los arábigos 315, 320 y 323 Bis, del Código Civil del Estado, 962, 963 y 965 del de sus procedimientos en relación con los diversos 84,fracción I, 110, fracción V y 112 de la Ley Federal del Trabajo . con base en la facultad discrecional de esta autoridad, se fija por concepto de pensión alimenticia provisional . la cantidad equivalente al CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado Samuel Cortes Calderón en su fuente de trabajo . en el entendido que a cada una de las menores le corresponde el veintidós por ciento; porcentaje que deberá descontarse del total de las percepciones del demandado excluyendo únicamente los descuentos de ley como son los correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al instituto de seguridad respectivo como cuotas, pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas pero no diversas deducciones derivadas de obligaciones personales del deudor, como son las efectuadas por concepto de préstamos, cuotas sindicales o de ahorro. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Así las cosas, como ya se dijo, la parte quejosa, como conceptos de violación, aduce esencialmente que el referido acto reclamado, vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues, la autoridad responsable determinó un cuarenta y cuatro por ciento de pensión alimenticia provisional a favor de sus hijas; ello, porque actualmente gana quincenalmente la cantidad aproximada de $5,511.03 (cinco mil quinientos once 03/100 M.N), ya que es una cantidad variable, porque en ocasiones recibe menos. Además, que tiene que realizar un pago quincenal por la cantidad de $1,600.00 (unos mil seiscientos pesos) con motivo de un crédito; por ello, únicamente se queda con 3,911.03 (tres mil novecientos once pesos 03/100 moneda nacional. Dichos motivos de disenso, como se adelantó, se estiman infundados, para la pretensión aducida, por las consideraciones siguientes. En principio, se estima dable destacar que la obligación alimenticia es una institución conforme a la que una persona denominada acreedor tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, radica en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentarios) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. Asimismo, la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; y, la segunda, se da al dictarse la sentencia, en atención a los elementos de prueba que aporten las partes, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. En ese tenor, se tiene que en el caso en estudio deberá darse un valor preponderante a los derechos de recibir alimentos, pues la obligación de otorgarlos es de orden público y e interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis1a. CXXXVI/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 788 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I. Tesis: (10a.). Materia(s): Civil. Décima Época, registro 2006163, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." Una vez precisado lo anterior, se estima necesario aludir al contenido de los artículos 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles, así como el numeral 320 del Código Civil, ambos códigos del Estado de Oaxaca (los cuales incluso, como se vio, fueron citados por la autoridad responsable en el acto aquí reclamado), que establecen: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. (.) Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. (.) Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente." "Artículo 320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. (.)" De la transcripción anterior, se advierte que en todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, que entre ellos encontramos a los alimentos, por tanto, el Juez Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten la familia, por lo que oirá lo solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizarlos. También, en lo que aquí atañe, se desprende que la pensión alimenticia provisional, como se adelantó, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; esto es, con las pruebas que aporte la acreedora. Además, acorde con los diversos artículos 966 y 967, del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que será en la audiencia correspondiente que las partes aportarán las pruebas que así procedan y que hayan ofrecido; asimismo, que será en el fallo definitivo que se emita cuando se expresen los medios y pruebas en los que se funde para dictarlo. Ahora, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el procedimiento para fijar de manera provisional los alimentos, no es contrario a la Constitución, pues el otorgamiento de esa medida precautoria se justifica, sustancialmente, en la necesidad ineludible e inaplazable del acreedor alimentista de obtener los recursos económicos indispensables para su subsistencia; determinación que al no ser definitiva, puede ser combatida por el obligado alimentista durante el juicio correspondiente, en donde podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar la acción intentada en su contra. Ese razonamiento, está plasmado en la tesis de la citada Sala, visible en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen IV, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Sexta Época, registro 272930, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLOS NO ES ANTICONSTITUCIONAL (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y DE JALISCO). El procedimiento sobre alimentos provisionales establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas -en el fondo igual al de Jalisco-, no es contrario a la Constitución. Los artículos 694 y siguientes del código de Jalisco establecen la forma de dictar con urgencia medidas para fijar una pensión alimenticia provisional, simplemente precautoria y fuera de juicio, sin que la resolución que la establezca sea definitiva ni de ejecución irreparable; si el deudor alimentista estima que se le afecta su patrimonio sin motivo legal, puede combatir esta afectación en el juicio contencioso respectivo; por otra parte, como la resolución que decreta la pensión de alimentos provisionales no puede dictarse sino cuando quien la exige, haya acreditado previamente el título en cuya virtud la pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil que demuestren el matrimonio, el nacimiento, etc., o bien la sentencia ejecutiva, el testamento o el contrato en que conste la obligación de dar alimentos, es claro que se está frente a normas jurídicas análogas a las que regulan las providencias preparatorias, las precautorias y aun las ejecutivas, en que para decretarlas no se oye previamente al deudor y que, no obstante esta circunstancia, no son inconstitucionales porque se le oye en el juicio; y por último, la petición de alimentos provisionales se basa sustancialmente en la necesidad ineludible e inaplazable de obtener los alimentos. En consecuencia, no son anticonstitucionales las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco contenidas en el capítulo quinto del título undécimo relativo a los juicios sobre alimentos y al procedimiento sobre alimentos provisionales." Como puede apreciarse, el juzgado responsable estableció de manera provisional, que la aquí parte quejosa, debe pagar alimentos a favor de sus acreedores alimentarios (hijas), correspondiente al veintidós por ciento para cada uno de éstas, del total prestaciones que perciba dicha parte demandada, aquí quejosa; partiendo de que los alimentos son de orden público y urgente necesidad. Y, para determinar dichos alimentos, tomó en consideración que se acreditó el vínculo jurídico con las actas del Registro Civil de nacimiento, así como existir la presunción a su favor de necesitar dichos alimentos, por su parte también hizo referencia a la presunción de la capacidad económica de la hoy parte quejosa para proporcionarlos. Por tanto, de conformidad con el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, el cual cita la autoridad responsable en la determinación aquí reclamada, y en atención a la urgencia, para determinar los alimentos que debe proporcionar de manera provisional el deudor alimentario, se insiste, únicamente se tendrá en cuenta la información proporcionada hasta el momento de la presentación de la demanda, esto es, con las pruebas que aporte el acreedor alimentario; sin audiencia del deudor; por lo tanto, al no existir dato alguno que permitiera al juzgado aquí señalado como responsable, conocer las erogaciones del deudor alimentario, pues con la demanda de alimentos los acreedores sólo exhibieron actas de nacimiento de las menores, entre otros. En ese tenor, se considera ajustada a derecho la determinación aquí reclamada, pues obliga a la parte quejosa a pagar una pensión alimenticia de manera provisional a favor de sus acreedores, y como se vio, ésta se advierte está fundada y motivada, pues al efecto como se vio la autoridad responsable citó los artículos en los cuales basó su determinación y expuso los motivos que tuvo para ello (esencialmente los expuestos en la demanda relativa y anexos a la misma), los cuales incluso se advierten acordes a dicha estadía procesal; aunado a que dicho porcentaje ahí establecido, se considera acorde para sufragar los gastos elementales dichos acreedores, que comprenden los alimentos: comida, vestido, habitación, atención médica. En ese sentido, debe establecerse que el juzgador de origen ha dictado la medida precautoria establecida en el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, consistente en fijar una pensión alimenticia provisional, advirtiéndose que tal proveído tiene como motivación los hechos que se esgrimen en la demanda relativa a la acción de alimentos, aunque la responsable no hubiera vertido todo su contenido en la decisión que se impugna. Máxime que, en esa etapa del procedimiento tiene el juzgador poca información respecto de las situaciones fácticas que gravitan en torno a la medida que está obligado a decidir, ya que sólo tiene la demanda y anexos, de modo que conceder un procedimiento para conocer detalladamente el contexto fáctico en el que se da la controversia de origen y los elementos a considerar para decidir las medidas precautorias solicitadas, implicaría demorar en el dictado de decisiones que son vitales. Esto es, el juzgador de origen, al tomar conocimiento de la demanda, de las peticiones que se contienen en ella y de los hechos de la misma, está obligado a decidir respecto de la medida precautoria de alimentos aludida, teniendo por verdad los hechos de la demanda, porque son éstos los que sirven de motivación para el decreto de tal providencia y no resulta dable exigirse mayor motivación al juzgador hasta ese instante, porque no tiene más elementos que la propia demanda y anexos, no resulta razonable que en inicio decida la apertura de un procedimiento especial para el dictado de esas medidas, o reservarse a señalar el monto de la pensión provisional, hasta en tanto cuente con elementos suficientes para decretarla, porque hacerlo de esa manera implicaría el retardo en el dictado de las providencia y la posible consumación de actos y hechos que vulnerarían los derechos fundamentales, en el caso, de los acreedores. Para cumplir su determinación, la autoridad responsable emitió el oficio 1438/2020, mediante el cual ordenó a la fuente de trabajo en la que labora el quejoso realizara el descuento por concepto de pensión alimenticia precisado en párrafos precedentes. Por lo expuesto, contrario a las estimaciones de la parte quejosa, se estima que acuerdo reclamado se encuentra fundado y motivado; además, el juzgado responsable actuó con apego a derecho, al decretar la medida provisional de alimentos, sin llamar previamente al ahora parte quejosa, pues como se vio, las providencias de esta naturaleza (alimentos provisionales) son susceptibles de decretarse sin necesidad de que previamente se haga del conocimiento al afectado o deudor alimentario, pues basta con la petición de la parte interesada (acreedor alimentario), y de conformidad con los argumentos y elementos de prueba que tenga a su alcance al momento de dictarla, conforme a su prudente arbitrio; ello derivado de la naturaleza imperativa que tienen los alimentos para ministrarse en forma inmediata, además de que al decretarse así, se siguen las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio del derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional. Ello toda vez que, como se precisó en párrafos precedentes, los alimentos provisionales se fijan en atención a la urgencia de garantizar la subsistencia de quien los solicita durante la tramitación del juicio, dotándolo de los satisfactores impostergables que requiere a diario para cubrir sus necesidades alimentarias, esto es, lo sumarísimo de la medida cautelar justifica la imposibilidad de hacerse llegar de material probatorio. En consecuencia, devienen inconducentes las manifestaciones realizadas por el quejoso, en el sentido de que el acto reclamado viola en su perjuicio sus derechos fundamentales; ello, porque actualmente gana quincenalmente la cantidad aproximada de $5,511.03 (cinco mil quinientos once 03/100 M.N), ya que es una cantidad variable, porque en ocasiones recibe menos; además, que tiene que realizar un pago quincenal por la cantidad de $1,600.00 (unos mil seiscientos pesos) con motivo de un crédito; por lo que, únicamente se queda con 3,911.03 (tres mil novecientos once pesos 03/100 moneda nacional; lo anterior, constituyen cuestiones de fondo que se tendrá oportunidad de demostrar durante el desarrollo del juicio, pues en éste, es que el deudor alimentista puede controvertir todo lo relativo a la proporcionalidad y equidad de los alimentos y demás particularidades del caso. En ese tenor, para la estadía procesal del juicio natural se insiste la pensión alimenticia provisional se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; aunado a que al no constituir cosa juzgada lo resuelto respecto a los alimentos, el deudor alimentista -aquí parte quejosa- puede plantear la reducción del monto y demostrarlo durante la tramitación del juicio, pues no se trata de un acto privativo, sino sólo de molestia, de manera que no se viola su derecho fundamental de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200080,de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Por las anteriores consideraciones, se reitera, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, e insístase en el caso concreto el estudio de dichos conceptos de violación, se realizó bajo el principio de estricto derecho, toda vez que, como se dijo, no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere en su favor la suplencia de la queja deficiente. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las pruebas documentales que en copia simple anexó a su escrito inicial de demanda, así como en diversos escritos, a las cuales no es dable otorgarles valor probatorio pleno, pues no contiene la certificación correspondiente que lo representado en ella corresponde a su original, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, con base en lo expuesto en líneas precedentes, relativo a que la pensión alimenticia provisional se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; se estima no es procedente realizar pronunciamiento respecto a dichas probanzas, pues se considera fueron ofertadas con la finalidad de que este órgano jurisdiccional con apoyo en ellas, disminuya el monto de la pensión alimenticia provisional ya decretada, sin embargo, se estima ello es materia del procedimiento de origen en donde, en su caso si lo considera necesario la parte quejosa, las puede aportar, con la finalidad de que ahí sean valoradas. En tales condiciones, ante lo infundado del concepto de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplirse, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia Federal que solicita. SEXTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., respecto de la autoridad responsable y de los actos reclamados señalados en el considerando segundo por los motivos expuestos en el penúltimo considerando, ambos de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO)
- Principal
MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo número 789/2020; y, (.) C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en atención a lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107 constitucionales; 37 y 107, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; conforme al punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General Número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación clara y precisa del acto reclamado. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama del: 1) Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. * a) El auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 294/2020, en el que, entre otros tópicos, se fijó a favor de las menores involucradas la pensión alimenticia pensión alimenticia provisional. b) El oficio 1438/2020, mediante el cual se ordenó a la fuente de trabajo en la que labora el quejoso se realizara el descuento por concepto de pensión alimenticia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe justificado, el Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, no se pronunció en cuanto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Sin embargo, manifestó, entre otros tópicos, que: a) Recibió el escrito de la ciudadana Jazmín Osiris Pacheco Martínez, el diecinueve de octubre de dos mil veinte, mediante la cual demandó al ciudadano Samuel Cortes Calderón, entre otras pretensiones el pago de una pensión alimenticia para sus menores hijas K.Y.C.P. y S.J.C.P. b) En el juicio 0294/2020, de su índice, en auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, decretó entre otras cuestiones, la pensión alimenticia provisional a favor de las infantas involucradas, por lo cual giró el oficio del que se duele el quejoso. Para acreditar su dicho, remitió copia certificada deducida del expediente 294/2020, de su índice; constancias a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 2º de ésta. Por lo anterior, se tiene por cierto el acto que se le reclama. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Ahora, toda vez que no se hicieron valer causas de improcedencia, ni advertirse, de oficio, la actualización de alguna de ellas, resulta procedente pronunciarse en relación con los motivos de disenso esgrimidos en el capítulo de conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó en su escrito de demanda los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales deben tenerse por reproducidos sin que sea necesaria su trascripción, dado que tal circunstancia no la deja en estado de indefensión, pues ello no incide en el cumplimiento de los principios de exhaustividad y congruencia en el dictado de las sentencias, aunado a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que obligue a actuar en tal sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN" Una vez precisado lo anterior, se estima dable destacar que a la aquí parte quejosa le reviste el carácter de deudor alimentario en el juicio de origen, por tanto, el examen del acto reclamado y los conceptos de violación, se efectuará, en su caso, bajo la figura de la suplencia de la queja deficiente, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 24/2020, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022087, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, página 316, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas. Ahora bien, la parte quejosa en sus conceptos de violación esencialmente expresa: - Que el acto reclamado viola en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al haber decretado la pensión alimenticia del cuarenta y cuatro por ciento en favor de sus dos acreedoras alimenticias (hijas); ello, porque actualmente gana quincenalmente la cantidad aproximada de $5,511.03 (cinco mil quinientos once 03/100 M.N), ya que es una cantidad variable, porque en ocasiones recibe menos. - Además, que tiene que realizar un pago quincenal por la cantidad de $1,600.00 (unos mil seiscientos pesos) con motivo de un crédito; por ello, únicamente se queda con 3,911.03 (tres mil novecientos once pesos 03/100 moneda nacional. SEXTO. Estudio de los motivos de disenso planteados en la demanda de amparo. Una vez expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional, estima que resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada, como se precisará. A fin de establecer las razones de la conclusión adelantada, conviene tener presentes los antecedentes fácticos del acto reclamado, los cuales se advierten de las constancias de autos, y para lo que interesa, son: * En proveído de veintinueve de octubre de dos mil veinte, el juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, radicó el escrito de Jazmín Osiris Pacheco Martínez, por propio derecho y en representación de sus hijas K.Y.C.P. y S.J.C.P., acompañado de atestados del registro civil de nacimiento, entre otros documentos; registrándolo con el número de expediente 294/2020, de su índice, por medio del cual se reclamó, entre otras prestaciones, el pago de alimentos a la aquí parte quejosa, en su parte conducente dicho acuerdo se lee: "Relacionado con el pago de la pensión alimenticia provisional que solicita en representación de las menores en conflicto. Así, de los documentos exhibidos con la demanda, específicamente de los atestados del Registro Civil relativos al nacimiento de sus hijas K.Y.C.P. y S.J.C.P., se advierte que el ahora demandado Samuel Cortes Calderón tiene la obligación jurídica de proporcionar alimentos a las niñas en conflicto, pues con fundamento en los artículos 315, 320 y 323 Bis, del Código Civil del Estado, los hijos menores tienen la presunción de necesitar alimentos; máxime que dichos infantes a la fecha cuentan con la edad de ocho y dos años, y por sus propias características no se encuentran en posibilidad de proporcionarse sus propios alimentos y adicionalmente a la comida, vestido y habitación requieren insumos básicos para su debido cuidado, educación y sano desarrollo integral así como de atención medica que les garantice su salud física y emocional; de igual forma, es evidente que tratándose de hijos menores de edad los alimentos comprenden también los gastos necesarios para proporcionarles un oficio, arte, o profesión honestos, y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales, como lo estatuye el segundo de los enunciados normativos en cita. De ahí que, tomando en consideración que esta autoridad debe actuar de oficio cuando se involucren intereses de menores y de alimentos, fijando una pensión provisional sin audiencia del deudor, como lo previene el arábigo 965, de la ley procesal invocada, al constituir los alimentos una prioridad de orden público de naturaleza urgente e inaplazable, cuyo fin es el de asegurar la subsistencia de quien los demanda mientras se dicte sentencia definitiva, toda vez que el accionante asevera que el deudor alimentista labora en empresa denominada "Operadora Comercial Liverpool", surge la presunción que tiene un empleo y como consecuencia capacidad económica para proporcionar una pensión alimenticia a sus menores hijas . como lo estable el artículo 284 del Código Procesal citado; con fundamento en los arábigos 315, 320 y 323 Bis, del Código Civil del Estado, 962, 963 y 965 del de sus procedimientos en relación con los diversos 84,fracción I, 110, fracción V y 112 de la Ley Federal del Trabajo . con base en la facultad discrecional de esta autoridad, se fija por concepto de pensión alimenticia provisional . la cantidad equivalente al CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO del sueldo y demás prestaciones que percibe el demandado Samuel Cortes Calderón en su fuente de trabajo . en el entendido que a cada una de las menores le corresponde el veintidós por ciento; porcentaje que deberá descontarse del total de las percepciones del demandado excluyendo únicamente los descuentos de ley como son los correspondientes al impuesto sobre la renta (impuestos sobre productos del trabajo), de fondo de pensiones y las aportaciones que se enteren al instituto de seguridad respectivo como cuotas, pues dichas deducciones son impuestas por las leyes respectivas pero no diversas deducciones derivadas de obligaciones personales del deudor, como son las efectuadas por concepto de préstamos, cuotas sindicales o de ahorro. Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio. Así las cosas, como ya se dijo, la parte quejosa, como conceptos de violación, aduce esencialmente que el referido acto reclamado, vulnera sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, pues, la autoridad responsable determinó un cuarenta y cuatro por ciento de pensión alimenticia provisional a favor de sus hijas; ello, porque actualmente gana quincenalmente la cantidad aproximada de $5,511.03 (cinco mil quinientos once 03/100 M.N), ya que es una cantidad variable, porque en ocasiones recibe menos. Además, que tiene que realizar un pago quincenal por la cantidad de $1,600.00 (unos mil seiscientos pesos) con motivo de un crédito; por ello, únicamente se queda con 3,911.03 (tres mil novecientos once pesos 03/100 moneda nacional. Dichos motivos de disenso, como se adelantó, se estiman infundados, para la pretensión aducida, por las consideraciones siguientes. En principio, se estima dable destacar que la obligación alimenticia es una institución conforme a la que una persona denominada acreedor tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, radica en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentarios) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y, tratándose de menores, los gastos necesarios para su educación y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. Asimismo, la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; y, la segunda, se da al dictarse la sentencia, en atención a los elementos de prueba que aporten las partes, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. En ese tenor, se tiene que en el caso en estudio deberá darse un valor preponderante a los derechos de recibir alimentos, pues la obligación de otorgarlos es de orden público y e interés social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis1a. CXXXVI/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 788 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, abril de 2014, Tomo I. Tesis: (10a.). Materia(s): Civil. Décima Época, registro 2006163, de rubro y texto siguiente: "ALIMENTOS. LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL. La procuración de alimentos trasciende de los integrantes del grupo familiar, al ser su cumplimiento de interés social y orden público. Así, el Estado tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege a través de los mismos, esto es, la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia." Una vez precisado lo anterior, se estima necesario aludir al contenido de los artículos 962, 963 y 965, del Código de Procedimientos Civiles, así como el numeral 320 del Código Civil, ambos códigos del Estado de Oaxaca (los cuales incluso, como se vio, fueron citados por la autoridad responsable en el acto aquí reclamado), que establecen: "Artículo 962.- Todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad. En todo caso, el Juez oirá la solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizar los alimentos o proteger la integridad personal de quien solicite su intervención. (.) Contra las medidas provisionales y urgentes que tome el Juez en los casos anteriores, no se admite más recurso que el de responsabilidad. Artículo 963.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio y para suplir la deficiencia de la queja, en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de niños, niñas y adolescentes, de alimentos y de violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. Para estos casos el juez deberá decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese la situación irregular, el plazo máximo para dictarlos será de cinco días. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. (.) Artículo 965.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate, con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer en la misma forma dentro del plazo de nueve días, en tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado, el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento o por disposición de la Ley el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la prueba que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. El juez que conozca de un juicio en materia de alimentos para un niño, niña o adolescente, dictará la pensión alimenticia provisional, dentro del plazo de cinco días hábiles, una vez que haga la petición la parte promovente." "Artículo 320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en caso de enfermedad, los gastos de embarazo y parto. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación del alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus capacidades, potencialidades y circunstancias personales. (.)" De la transcripción anterior, se advierte que en todos los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir aquella base de la integración de la sociedad, que entre ellos encontramos a los alimentos, por tanto, el Juez Familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten la familia, por lo que oirá lo solicitud y tomará las medidas urgentes que sean necesarias, para garantizarlos. También, en lo que aquí atañe, se desprende que la pensión alimenticia provisional, como se adelantó, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; esto es, con las pruebas que aporte la acreedora. Además, acorde con los diversos artículos 966 y 967, del referido Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que será en la audiencia correspondiente que las partes aportarán las pruebas que así procedan y que hayan ofrecido; asimismo, que será en el fallo definitivo que se emita cuando se expresen los medios y pruebas en los que se funde para dictarlo. Ahora, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el procedimiento para fijar de manera provisional los alimentos, no es contrario a la Constitución, pues el otorgamiento de esa medida precautoria se justifica, sustancialmente, en la necesidad ineludible e inaplazable del acreedor alimentista de obtener los recursos económicos indispensables para su subsistencia; determinación que al no ser definitiva, puede ser combatida por el obligado alimentista durante el juicio correspondiente, en donde podrá ofrecer las pruebas que estime conducentes para desvirtuar la acción intentada en su contra. Ese razonamiento, está plasmado en la tesis de la citada Sala, visible en la página 34 del Semanario Judicial de la Federación, Volumen IV, Cuarta Parte. Materia(s): Civil. Sexta Época, registro 272930, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. EL PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLOS NO ES ANTICONSTITUCIONAL (LEGISLACIONES DE CHIAPAS Y DE JALISCO). El procedimiento sobre alimentos provisionales establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas -en el fondo igual al de Jalisco-, no es contrario a la Constitución. Los artículos 694 y siguientes del código de Jalisco establecen la forma de dictar con urgencia medidas para fijar una pensión alimenticia provisional, simplemente precautoria y fuera de juicio, sin que la resolución que la establezca sea definitiva ni de ejecución irreparable; si el deudor alimentista estima que se le afecta su patrimonio sin motivo legal, puede combatir esta afectación en el juicio contencioso respectivo; por otra parte, como la resolución que decreta la pensión de alimentos provisionales no puede dictarse sino cuando quien la exige, haya acreditado previamente el título en cuya virtud la pide, aportando, si es por razón de parentesco, las actas del Registro Civil que demuestren el matrimonio, el nacimiento, etc., o bien la sentencia ejecutiva, el testamento o el contrato en que conste la obligación de dar alimentos, es claro que se está frente a normas jurídicas análogas a las que regulan las providencias preparatorias, las precautorias y aun las ejecutivas, en que para decretarlas no se oye previamente al deudor y que, no obstante esta circunstancia, no son inconstitucionales porque se le oye en el juicio; y por último, la petición de alimentos provisionales se basa sustancialmente en la necesidad ineludible e inaplazable de obtener los alimentos. En consecuencia, no son anticonstitucionales las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco contenidas en el capítulo quinto del título undécimo relativo a los juicios sobre alimentos y al procedimiento sobre alimentos provisionales." Como puede apreciarse, el juzgado responsable estableció de manera provisional, que la aquí parte quejosa, debe pagar alimentos a favor de sus acreedores alimentarios (hijas), correspondiente al veintidós por ciento para cada uno de éstas, del total prestaciones que perciba dicha parte demandada, aquí quejosa; partiendo de que los alimentos son de orden público y urgente necesidad. Y, para determinar dichos alimentos, tomó en consideración que se acreditó el vínculo jurídico con las actas del Registro Civil de nacimiento, así como existir la presunción a su favor de necesitar dichos alimentos, por su parte también hizo referencia a la presunción de la capacidad económica de la hoy parte quejosa para proporcionarlos. Por tanto, de conformidad con el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, el cual cita la autoridad responsable en la determinación aquí reclamada, y en atención a la urgencia, para determinar los alimentos que debe proporcionar de manera provisional el deudor alimentario, se insiste, únicamente se tendrá en cuenta la información proporcionada hasta el momento de la presentación de la demanda, esto es, con las pruebas que aporte el acreedor alimentario; sin audiencia del deudor; por lo tanto, al no existir dato alguno que permitiera al juzgado aquí señalado como responsable, conocer las erogaciones del deudor alimentario, pues con la demanda de alimentos los acreedores sólo exhibieron actas de nacimiento de las menores, entre otros. En ese tenor, se considera ajustada a derecho la determinación aquí reclamada, pues obliga a la parte quejosa a pagar una pensión alimenticia de manera provisional a favor de sus acreedores, y como se vio, ésta se advierte está fundada y motivada, pues al efecto como se vio la autoridad responsable citó los artículos en los cuales basó su determinación y expuso los motivos que tuvo para ello (esencialmente los expuestos en la demanda relativa y anexos a la misma), los cuales incluso se advierten acordes a dicha estadía procesal; aunado a que dicho porcentaje ahí establecido, se considera acorde para sufragar los gastos elementales dichos acreedores, que comprenden los alimentos: comida, vestido, habitación, atención médica. En ese sentido, debe establecerse que el juzgador de origen ha dictado la medida precautoria establecida en el artículo 965 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, consistente en fijar una pensión alimenticia provisional, advirtiéndose que tal proveído tiene como motivación los hechos que se esgrimen en la demanda relativa a la acción de alimentos, aunque la responsable no hubiera vertido todo su contenido en la decisión que se impugna. Máxime que, en esa etapa del procedimiento tiene el juzgador poca información respecto de las situaciones fácticas que gravitan en torno a la medida que está obligado a decidir, ya que sólo tiene la demanda y anexos, de modo que conceder un procedimiento para conocer detalladamente el contexto fáctico en el que se da la controversia de origen y los elementos a considerar para decidir las medidas precautorias solicitadas, implicaría demorar en el dictado de decisiones que son vitales. Esto es, el juzgador de origen, al tomar conocimiento de la demanda, de las peticiones que se contienen en ella y de los hechos de la misma, está obligado a decidir respecto de la medida precautoria de alimentos aludida, teniendo por verdad los hechos de la demanda, porque son éstos los que sirven de motivación para el decreto de tal providencia y no resulta dable exigirse mayor motivación al juzgador hasta ese instante, porque no tiene más elementos que la propia demanda y anexos, no resulta razonable que en inicio decida la apertura de un procedimiento especial para el dictado de esas medidas, o reservarse a señalar el monto de la pensión provisional, hasta en tanto cuente con elementos suficientes para decretarla, porque hacerlo de esa manera implicaría el retardo en el dictado de las providencia y la posible consumación de actos y hechos que vulnerarían los derechos fundamentales, en el caso, de los acreedores. Para cumplir su determinación, la autoridad responsable emitió el oficio 1438/2020, mediante el cual ordenó a la fuente de trabajo en la que labora el quejoso realizara el descuento por concepto de pensión alimenticia precisado en párrafos precedentes. Por lo expuesto, contrario a las estimaciones de la parte quejosa, se estima que acuerdo reclamado se encuentra fundado y motivado; además, el juzgado responsable actuó con apego a derecho, al decretar la medida provisional de alimentos, sin llamar previamente al ahora parte quejosa, pues como se vio, las providencias de esta naturaleza (alimentos provisionales) son susceptibles de decretarse sin necesidad de que previamente se haga del conocimiento al afectado o deudor alimentario, pues basta con la petición de la parte interesada (acreedor alimentario), y de conformidad con los argumentos y elementos de prueba que tenga a su alcance al momento de dictarla, conforme a su prudente arbitrio; ello derivado de la naturaleza imperativa que tienen los alimentos para ministrarse en forma inmediata, además de que al decretarse así, se siguen las formalidades del procedimiento especial de alimentos, y no resulta violatorio del derecho fundamental de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional. Ello toda vez que, como se precisó en párrafos precedentes, los alimentos provisionales se fijan en atención a la urgencia de garantizar la subsistencia de quien los solicita durante la tramitación del juicio, dotándolo de los satisfactores impostergables que requiere a diario para cubrir sus necesidades alimentarias, esto es, lo sumarísimo de la medida cautelar justifica la imposibilidad de hacerse llegar de material probatorio. En consecuencia, devienen inconducentes las manifestaciones realizadas por el quejoso, en el sentido de que el acto reclamado viola en su perjuicio sus derechos fundamentales; ello, porque actualmente gana quincenalmente la cantidad aproximada de $5,511.03 (cinco mil quinientos once 03/100 M.N), ya que es una cantidad variable, porque en ocasiones recibe menos; además, que tiene que realizar un pago quincenal por la cantidad de $1,600.00 (unos mil seiscientos pesos) con motivo de un crédito; por lo que, únicamente se queda con 3,911.03 (tres mil novecientos once pesos 03/100 moneda nacional; lo anterior, constituyen cuestiones de fondo que se tendrá oportunidad de demostrar durante el desarrollo del juicio, pues en éste, es que el deudor alimentista puede controvertir todo lo relativo a la proporcionalidad y equidad de los alimentos y demás particularidades del caso. En ese tenor, para la estadía procesal del juicio natural se insiste la pensión alimenticia provisional se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; aunado a que al no constituir cosa juzgada lo resuelto respecto a los alimentos, el deudor alimentista -aquí parte quejosa- puede plantear la reducción del monto y demostrarlo durante la tramitación del juicio, pues no se trata de un acto privativo, sino sólo de molestia, de manera que no se viola su derecho fundamental de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 40/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200080,de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional." Por las anteriores consideraciones, se reitera, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, e insístase en el caso concreto el estudio de dichos conceptos de violación, se realizó bajo el principio de estricto derecho, toda vez que, como se dijo, no se advierte la actualización de alguna de las hipótesis que contempla el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere en su favor la suplencia de la queja deficiente. Lo anterior, sin que pasen inadvertidas las pruebas documentales que en copia simple anexó a su escrito inicial de demanda, así como en diversos escritos, a las cuales no es dable otorgarles valor probatorio pleno, pues no contiene la certificación correspondiente que lo representado en ella corresponde a su original, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, con base en lo expuesto en líneas precedentes, relativo a que la pensión alimenticia provisional se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda; se estima no es procedente realizar pronunciamiento respecto a dichas probanzas, pues se considera fueron ofertadas con la finalidad de que este órgano jurisdiccional con apoyo en ellas, disminuya el monto de la pensión alimenticia provisional ya decretada, sin embargo, se estima ello es materia del procedimiento de origen en donde, en su caso si lo considera necesario la parte quejosa, las puede aportar, con la finalidad de que ahí sean valoradas. En tales condiciones, ante lo infundado del concepto de violación, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplirse, lo procedente es negar a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia Federal que solicita. SEXTO. Publicación de la sentencia. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., respecto de la autoridad responsable y de los actos reclamados señalados en el considerando segundo por los motivos expuestos en el penúltimo considerando, ambos de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (LA PRESENTE SENTENCIA SE PUBLICA EL DÍA DE HOY DEBIDO A QUE FUE AUTORIZADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO) QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE TERCERA INTERESADA EN TERMINOS DE LEY
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