Samuel Contreras Coronilla
Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/04/2022
Partes del expediente
- Samuel Contreras Coronilla
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión auxiliar 47/2022, por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, relativo al amparo en revisión administrativa 232/2021 de su índice, los autos originales del juicio de amparo indirecto 2802/2019 y cinco tomos de pruebas; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes y acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Asimismo, hágase saber a las partes que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, revocó la sentencia recurrida y ordenó REPONER el Procedimiento en el juicio de amparo en que se actúa, por las razones precisadas en dicha ejecutoria, para que se cumpla con los deberes siguientes: "1) Deje insubsistente la sentencia recurrida. 2) Ordene y desahogue, de oficio, la prueba pericial que se estime pertinente a fin de dilucidar si la parcela cuya posesión a título de propietario defiende el quejoso, queda o no comprendida en el área perteneciente a la diversa parcela que fue materia de litigio en el juicio agrario cuya falta de llamamiento reclamó el peticionario del amparo. 3) En su caso, recabe las pruebas necesarias para estar en posibilidad de precisar los derechos agrarios, la naturaleza y los efectos de los actos reclamados, esto es, dilucidar si se ven afectados o no los derechos del quejoso en relación al predio materia de la litis en el diverso juicio agrario 903/2014. Lo anterior para efecto de acreditar que el bien inmueble que defiende el quejoso queda comprendido en el área reclamada de la que se duele en su demanda, o bien resolver si en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V de la Ley de Amparo, de manera fehaciente." En consecuencia, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Luego, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión de referencia, como lo ordena la Superioridad, se deja insubsistente tanto la audiencia constitucional de seis de noviembre de dos mil veinte, como la sentencia dictada por el Titular del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región con residencia en Saltillo, Coahuila, terminada de engrosar el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno; por tanto, se ordena la reposición del procedimiento para los efectos y términos que indica la Superioridad. En ese sentido, a fin de dar estricto cumplimiento a los lineamientos trazados en la ejecutoria de mérito; esto es, se desahogue la prueba pericial que se estima idónea para acreditar que el bien inmueble que defiende el aquí quejoso queda comprendido en el área perteneciente a la parcela materia de la litis y determinar si se afecta un interés jurídico, o en su caso, recabar las pruebas necesarias para estar en posibilidad de precisar los derechos agrarios, la naturaleza y los efectos de los actos reclamados, esto es, dilucidar si corresponden los derechos ejidales del inmueble materia de la litis en el presente juicio, con la parcela cuyo posesión a título de dueño aduce el quejoso. En tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se ordena de oficio la admisión de la prueba pericial en materia agrimensura y/o topografía, a efecto de que peritos determinen si la parcela ejidal de la que el quejoso Eliseo Flores García se ostenta como posesionario, esto es, el lote ubicado en el predio denominado "Tondoroque", dentro del ejido de Valle de Banderas, Nayarit, con una superficie de mil ochocientos cuarenta y cinco metros cuadrados, con las siguientes colindancias: al Norte: 42.00 mts. con José Dueñas González; al Sur: 40.00 mts. con María E. López M.; al Oriente: 45.00 mts. con carretera federal y; al Poniente: 45.00 mts. con José Dueñas González, queda comprendido dentro de la parcela ejidal ubicada en el predio denominado "El Jazmín", dentro del ejido Valle de Banderas, municipio de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit, que en vida perteneciera a Eustolia Flores Ruiz. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 120 de la Ley de Amparo1 , prevénganse a las partes para que dentro del término de tres días contado a partir del en que queden legalmente notificados del presente proveído, si es su deseo designen a una persona apta para fungir como perito en agrimensura y/o topografía de su parte; bajo apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por conformes con el perito oficial que en su oportunidad designe este órgano jurisdiccional. De igual forma, a fin de que este Juzgado designe perito oficial, gírese atento oficio con auto inserto de este proveído, al Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Nayarit, al Delegado de la Procuraduría Agraria en el Estado de Nayarit y al Instituto Tecnológico de Tepic, todos con residencia en Tepic, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del en que queden debidamente notificados de este proveído, proporcionen el nombre de quien pueda fungir como perito en materia de agrimensura y/o topografía, o bien, manifiesten si tienen impedimento para ello; apercibiéndose a dichas autoridades para el caso de no cumplir con lo anterior, con hacer uso en su contra de alguno de los medios de apremio que establece la Ley. Luego, se señalan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional respectiva. Por último, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este Juzgado Federal, procédase a su destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de revisión y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes el comunicado de cuenta que signa la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta Ciudad, remite la demanda de amparo promovida por SAMUEL CONTRERAS CORONILLAS, contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con residencia en Tepic, Nayarit. Luego, en virtud de que mediante proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós dictado dentro del amparo directo 115/2022, determinó que el acuerdo emitido en la audiencia celebrada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente agrario 538/221 del índice del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con residencia en Tepic, Nayarit, el cual no admitió el desahogo de las pruebas confesional y testimonial, así como el desahogo de la prueba documental pública ofrecidas por el amparista de referencia, no es una resolución definitiva, que haya puesto fin al juicio, y por tanto, no se ubica en los supuestos legales que establece el artículo 170 de la Ley de Amparo, pues es evidente que esa determinación no es de aquellas que puedan considerarse como sentencias definitivas o laudos, ni tampoco resoluciones que pongan fin al juicio; por tal motivo, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, ese Tribunal carece de competencia legal conocer de la demanda de amparo de referencia; por lo que este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por razón de turno se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo. Comuníquese lo anterior a dicho Tribunal Federal, para los efectos legales procedentes y acúsese recibo de estilo correspondiente. En consecuencia, vista la demanda de amparo promovida por SAMUEL CONTRERAS CORONILLAS, que promueve contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Diecinueve, con residencia en Tepic, Nayarit. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos, que por su orden progresivo le corresponde 350/2022, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo y de las documentales que se adjuntan a la misma, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, los motivos de improcedencia a los que se refiere dicha porción normativa son aquellos que resultan evidentes por sí mismos, pues manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; e, indudable, es aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Es decir, que sin necesidad de ulterior comprobación o sin posibilidad de ser desvirtuados, surjan a la vista tales motivos haciendo inejercitable la acción de amparo, y que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que estas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En el caso, este juzgador advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de amparo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" De dicha transcripción se advierte que se actualiza la causal a estudio cuando concurren los siguientes supuestos: a) En el procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio exista una resolución que cambia la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. b) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. El cambio de situación jurídica como causal de improcedencia en el juicio de amparo tiene como objetivo evitar trastocar situaciones jurídicas concretas y que son independientes al reclamo sujeto al juicio constitucional, es decir, dicha causal de improcedencia busca evitar el estudio de violaciones consumadas y que no puedan ser reparadas a través del juicio constitucional biinstancial, que precisamente tiene como objetivo vigilar que se respete los derechos humanos del impetrante, por lo que en caso de transgresión, el efecto restitutorio del amparo es siempre el restablecer a favor del quejoso los derechos constitucionales violados, situación que no acontecería si el acto reclamado se consumó irreparablemente. Es decir, no se podría conceder el amparo, pues ello vendría a trastocar una situación jurídica distinta y que subsiste por sí misma, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no, sin embargo, ello dependería del estudio individual del mismo, y no propiamente como consecuencia del acto anterior. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica -no a la física-, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causal de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, ya que el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional; pues en caso de ser protectora, invalidaría un acto de autoridad no sujeto a la prospección del Juez constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Para demostrar la causal de improcedencia se destacará: 1. Cuál es el acto reclamado; y 2. Qué actuación judicial generó el cambio de situación jurídica, lo cual se advierte de las constancias que remitió a su informe justificado el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diecinueve, con sede en esta ciudad, relativas a la copia certificada del juicio 538/2021, a las cuales se les concede valor probatorio conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2º de esta última, por tratarse de un documento público expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. 1. En la especie la parte quejosa reclama dentro del contexto de la audiencia del incidente relativo a la medida precautoria decretada en el juicio de origen que tuvo verificativo a las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en la que no se admitieron al quejoso SAMUEL CONTRERAS CORONILLAS, las pruebas confesional a cargo del demandado Víctor Manuel García Castillo, testimonial a cargo de Alejandro Pacheco Beltrán y Ventura Estrada González, y documental pública relativa a la copia certificada de los expedientes NAY/VH/II/RH/1648/2021, NAY/VH/RH/1754/2021, NAY/VH/II/RH/1922/2021 y NAY/VH/II/RH/1941/2021. (fojas 103 a 107 del tomo I de pruebas) 2. La actuación judicial que genera el cambio de situación jurídica, es la interlocutoria de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno que resolvió el citado incidente relativo a la medida cautelar decretada en el juicio agrario 538/2021. (fojas 111 a 125 ídem) En ese sentido, es dable afirmar que en la incidencia natural, ahora prevalece la situación jurídica creada con motivo de la resolución que lo resolvió, y ello impide el estudio aislado del acto reclamado cuyo objeto principal es el análisis de la constitucionalidad de la determinación tomada en la audiencia incidental que tuvo verificativo a las diez horas del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno de inadmitir las pruebas ofertas por la parte quejosa precisadas en el número uno que antecede. Lo anterior es así, pues emprender un análisis sobre la constitucionalidad del reclamo, tendría como consecuencia ineludible afectar la interlocutoria aludida, que constituye un acto autónomo y no sujeto a la litis en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XII.1o.34 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página 1096, Tomo XIII, Mayo de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia." En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por SAMUEL CONTRERAS CARRILLO. Por otra parte, fórmese el tomo I de pruebas con las constancias que remitió la autoridad responsable a su informe justificado para un mejor manejo del presente asunto. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, por autorizados en términos del párrafo segundo del artículo 12, en relación con el párrafo segundo del numeral 24 de la Ley de Amparo, a Héctor Daniel Galaviz Áviña, Diana Elizabeth Galaviz Flores, Daniela Elvira Moreno Parra y José de Jesús Galavia Aviña, en virtud de que no tienen inscrita cédula alguna en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Luego, en aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Ahora bien, en atención a lo que solicita en el sentido de que se le tenga el correo electrónico que señala en su ocurso de cuenta para recibir notificaciones en los presentes autos, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, hasta en tanto acredite que cuenta con firma electrónica, toda vez que la notificación vía internet es uno de los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, solo las personas que cuenten con dicha firma podrán ser notificados por esa vía, cuyo registro puede realizarlo vía internet ingresando a la página www.serviciosenlinea.pfj.gob.mx (Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación); por tanto, se le tiene dicho correo electrónico únicamente para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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