Samuel Cabrales Duarte
Expediente 1003/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1003/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Samuel Cabrales Duarte
Actuaciones
- Principal
el auto dictado el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo, ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA DIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, Torreón, Coahuila de Zaragoza; a dieciocho de noviembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Téngase por recibido el oficio 4266/2020 signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remite la demanda de amparo directo 127/2020, promovida por Samuel Cabrales Duarte, contra actos del Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo Distrito Judicial, en Gómez Palacio, Durango. En tales condiciones, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo; acúsese el recibo de estilo correspondiente. REGISTRO Vista la demanda de amparo promovida por Samuel Cabrales Duarte, contra actos del Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo Distrito Judicial, en Gómez Palacio, Durango; fórmese el expediente bajo el número 1003/2020, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado Cuarto de Distrito en La Laguna. DESECHAMIENTO Ahora bien, atento a que de conformidad con el artículo 113 de la ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda en su integridad y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así las cosas, analizada la demanda en cuestión se advierte que opera la causa de improcedencia a que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por otra parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé: "ARTICULO 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. (.)" Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, procede el amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Luego, el alcance de tales disposiciones, obliga a precisar que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Pues bien, de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que el promovente del amparo reclama del Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Segundo, Tercero y Décimo Segundo Distrito Judicial del Estado de Durango, en Gómez Palacio, Durango, el auto de dos de septiembre de dos mil veinte, por el cual tiene al agente del Ministerio Público haciendo formal acusación dentro de la causa penal 898/2019, y el haber sido notificado con veinticuatro horas de anticipación. Ahora bien, como se dijo, los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito. Por lo cual, tomando en cuenta lo anterior, se concluye que el acto reclamado que en esta vía se combate; no constituye un acto de imposible reparación, puesto que únicamente tiene consecuencias de carácter adjetivo o procesal en el juicio de origen, que por sí mismas no afectan materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa; de ahí que no se está en la hipótesis previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En cambio, dichas violaciones procedimentales, ocurridas dentro de la etapa intermedia, son impugnables, en su caso, hasta en tanto se dicte el auto de apertura a juicio oral, pues esa actuación da conclusión a la etapa intermedia. Sustenta lo anterior la tesis XXIV.1o.3 P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, visible a página 2529, del rubro siguiente: "VIOLACIONES COMETIDAS EN LA ETAPA INTERMEDIA. SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO AL DECRETARSE EL AUTO DE APERTURA AL JUICIO ORAL." Con base en lo hasta aquí expuesto, se puede observar que el acto que reclama el solicitante del amparo, no es de aquellos que contemple el artículo 107, fracción V, de igual forma, no se está en algún caso de excepción establecido en alguna jurisprudencia emitida por los Órganos del Poder Judicial de la Federación, como ya quedó precisado en párrafos precedentes. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone desechar la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 61, Diciembre de 2018, visible a página 239, con número de registro electrónico 2018828, del rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)].La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/15 (10ª) de los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Libro 47, Octubre de 2017, visible a página 2265, con número de registro electrónico 2015330, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN POR VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS FUNDAMENTALES Y NO LOS MERAMENTE ADJETIVOS O PROCESALES, AUN CUANDO AFECTEN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA) (MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.74 P). Este órgano colegiado determinó modificar el criterio sustentado en la tesis XVII.1o.P.A.74 P, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 1035, de rubro: "AUDIENCIA INTERMEDIA. LAS PRUEBAS Y LOS ACONTECIMIENTOS MATERIA DE DICHA DILIGENCIA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO, SIEMPRE Y CUANDO TENGAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", para ahora establecer que de conformidad con los artículos 299, 311 y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 9 de agosto de 2006, la audiencia intermedia dirigida por el Juez de garantía tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de datos, así como la depuración de los hechos controvertidos; que aquéllos y éstos constituirán las pruebas y los acontecimientos, respectivamente, materia y conocimiento del Tribunal de Juicio Oral, por lo que son impugnables en amparo indirecto, siempre que tengan una ejecución de imposible reparación por violar derechos sustantivos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte y no los meramente adjetivos o procesales, aun cuando afecten a las partes en grado predominante o superior. Lo anterior, toda vez que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando el nuevo texto del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el mencionado medio de difusión oficial del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", consideró que contra la resolución que desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Asimismo, en lo relativo a la titularidad de un derecho subjetivo y afectación a los derechos previstos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que México es Parte, expresó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte"; que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Estimó que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; de ahí que este Tribunal Colegiado de Circuito modifique su criterio sustentado en la referida tesis y concluya que las pruebas y los acontecimientos materia de la audiencia intermedia del nuevo sistema de justicia penal en la entidad resultan impugnables en amparo indirecto, únicamente si tienen una ejecución de imposible reparación, por violar derechos sustantivos fundamentales y no los meramente adjetivos o procesales, aun en caso de que afecten a las partes en grado predominante o superior." En las relatadas condiciones, como el acto reclamado no afecta de modo alguno de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la parte promovente, ya que en todo caso, sólo podría afectar derechos adjetivos o procesales, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. En esas condiciones, con fundamento en los dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se tienen por autorizadas a las personas que refiere, en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. TELÉFONO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO Con fundamento en la fracción XIX del artículo 2, del Acuerdo General del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, se requiere a las partes a fin de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico oficial, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Además, se hace de su conocimiento el derecho de manifestar su voluntad para que su nombre y datos personales se omitan en la publicación, al considerarse información confidencial los datos personales. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Salvador Flores Martínez, Juez Cuarto de Distrito en La Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, asistido por el Secretario con quien actúa, Diego Jezreel Nieto Bianchi, que autoriza y da fe.
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