SAMUEL BESPROSVANY SHVARZER apoderado de las morales quejosas

Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
121/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • SAMUEL BESPROSVANY SHVARZER apoderado de las morales quejosas

Actuaciones

  1. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve Samuel Besprosvany Shvarzer, en su carácter de apoderado legal de Banco Interacciones, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, División Fiduciaria; como fiduciario en el Fideicomiso de Administración identificado con el número 3,208 y administrador de la moral Biba Inmobiliaria, sociedad anónima de capital variable; como fideicomitente "B" y fideicomisaria en segundo Lugar en el Fideicomiso de Administración identificado con el número 3,208, lo que se acredita en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Chalco, Estado de México y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 121/2021-I. Causal de Improcedencia. De estudio de la demanda, este juzgador considera que en el caso concreto con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, debe desecharse la demanda, respecto del acto reclamado consistente en la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en el juicio ordinario civil 300/2020, instado por la aquí parte quejosa en contra de Iliana Balderas Trejo y otro, que inadmitió el recurso de apelación hecho valer en contra del proveído de once de noviembre del referido año, que dejó insubsistente el emplazamiento practicado a la demandada (Iliana Balderas Trejo), en razón de no ser la parte demandada en dicho sumario. En ese contexto, respecto de tal acto reclamado, este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en la materia, en la parte relativa, establece lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]» Se patentiza dicho obstáculo jurídico para admitir la demanda de que se trata, respecto del acto a estudio, pues la citada fracción XVIII, del citado ordinal 61 de la ley en la materia, establece como excepciones a la regla que prevalece respecto al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; así también, es preciso señalar que en la fracción que contiene el motivo de improcedencia que se analiza, no se incluye la libertad personal pero sí la contempla la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del país; quien además, ha sostenido el criterio de que cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución, el impetrante no estará obligado a agotar ese principio de definitividad. Lo anterior obedece a que no es posible obligar a los gobernados a agotar un recurso cuando no se le ha dado oportunidad de ser oído, en cuanto a la defensa de un derecho sustantivo que le corresponde, en el caso de los terceros extraños; y, de tratarse de actos prohibidos o privativos de libertad, por la importancia que éstos revisten en relación a los derechos humanos que se protegen, como son la vida, la integridad física y la libertad personal de los gobernados; es entonces que el juicio de amparo sí es procedente y no se obliga al gobernado a hacer uso de los medios ordinarios de defensa. Sin embargo, es conveniente destacar, que en el caso concreto no opera ninguna de la excepciones a que se refiere la precitada fracción XVIII, del numeral 61 de la aludida ley, puesto que el acto reclamado consistente en en la determinación de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, en el juicio ordinario civil 300/2020, instado por la aquí parte quejosa en contra de Iliana Balderas Trejo y otro, que inadmitió el recurso de apelación hecho valer en contra del proveído de once de noviembre del referido año, que dejó insubsistente el emplazamiento practicado a la demandada (Iliana Balderas Trejo), en razón de no ser la parte demandada en dicho sumario, no implica para la accionante, alguna de las afectaciones por parte de la autoridad responsable, enumeradas como casos de excepción a la regla de definitividad. Máxime que, del análisis de los conceptos de violación, no obstante que no es factible su estudio, se advierte que la parte quejosa, si bien es cierto, alega violaciones directas a la constitución, concretamente las establecidas en los preceptos 14 y 16 de la ley suprema, también lo es, que el sólo hecho de alegarlo, no lo exime de la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, toda vez que el hecho que se haga referencia a preceptos constitucionales, no excluye a los inconformes de la obligación de agotarlos, siempre que éstos procedan, ya que de ser así, bastaría señalar violaciones directas a la constitución, para eludir la obligación de agotar el principio de definitividad. Ahora bien, contra el acto reclamado y descrito en líneas que anteceden, se debió agotar el recurso de queja, previsto en los artículos 1,393, 1,394, 1,396, 1.397 y 1.398 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda vez que a través de este recurso, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. Los citados dispositivos, establecen en la parte que interesa, lo siguiente: «Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación». «Artículo 1.394. El recurso de queja se interpondrá a los tres días siguientes de notificado el auto que se reclama, ante el Juez donde se tramita el juicio y se substanciará sin suspensión del procedimiento». «Artículo 1.396. Recibida la queja, el Juez, sin decidir sobre su procedencia, al siguiente día remitirá la misma a la Sala con un informe justificado». «Artículo 1.397. Recibidas las constancias del recurso de queja, la Sala dentro del plazo de tres días decidirá lo que corresponda». «Artículo 1.398. Si se declara fundada la queja, se ordenará admitir la demanda o apelación». De tal forma, considerando que en esta instancia se reclama la aludida determinación, se debió agotar el recurso de queja, de acuerdo a los artículos 1,393, 1,394, 1,396, 1.397 y 1.398, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, toda vez que a través de ese recurso y medio de defensa legal, el acto impugnado podía ser revocado, modificado o nulificado. Habida cuenta que, como quedó señalado en líneas que anteceden, la parte quejosa, debe de agotar los recursos ordinarios establecidos en la ley, previamente a acudir al juicio de amparo, para así cumplir con el principio de definitividad que rige en la presente instancia constitucional, al ser parte en el juicio de origen. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 2207, Apéndice 1917-Septiembre 2011, de rubro: «RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO», así como, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: «AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL». Por último, es aplicable por identidad de razón, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido a página 211, Tomo XI, Marzo de 1993, Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «AMPARO, ES IMPROCEDENTE, SI CONTRA EL ACTO RECLAMADO PROCEDE ALGÚN RECURSO». Por tanto, si la promovente no agotó este medio de defensa, la demanda de amparo es improcedente, en razón de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en la materia, y procede desechar en términos del numeral 113 del citado cuerpo de leyes. No es inadvertido, que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Designación de domicilio. En otra tesitura, en razón a que la parte quejosa, señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas de este juzgado de Distrito, con apoyo en el artículo 26, fracción III, de la ley en la materia, hágase ésta y las subsecuentes, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Miguel Ángel García Sandoval, ya que se encontró registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica Federal. Respecto a las personas que menciona en el ocurso de cuenta, se les tendrá por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que cuenten con el registro de su cédula en el módulo indicado; mientras tanto, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, así como para que se impongan de los autos. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 1, fracción I, último párrafo, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Número telefónico y correo electrónico. Finalmente, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca comunicación no procesal en los casos en que así se estime necesario.

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