Samuel Bernardo Aguilar Ortiz

Expediente 897/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
897/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • Samuel Bernardo Aguilar Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el treinta de octubre de dos mil diecinueve (f. 32-35), que desechó la demanda promovida por SAMUEL BERNARDO AGUILAR ORTIZ por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte solicitante del amparo, por este conducto se procede a notificar el proveído de treinta de septiembre de este año, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 897/2019-V-1, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y documental que ella de adjuntó, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en vinculación con el diverso numeral ** fracción IV, primer y segundo párrafos, de la invocada Ley, establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo **. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el caso, * por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato; a quien reclamó el acto que, en lo conducente, describió de la siguiente forma: IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- De la Autoridad Ordenadora señalada, reclamo todos los autos, decretos y resoluciones dentro del expediente ordinario laboral número ***, de manera especial la resolución interlocutoria sobre revisión de actos de ejecución del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de fecha *** mismos que constituyen los actos decisorios en que se fundan los actos ilegales, anticonstitucionales y violatorios de los derechos humanos en perjuicio del suscrito y de mis derechos individuales. Por otra parte, de la demanda de cuenta, como antecedentes de los actos reclamados se desprende, en lo que aquí interesa, que el **, en etapa de ejecución, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, a solicitud de la parte actora dictó un acuerdo sobre actualización del crédito laboral, donde reitera el crédito laboral, pero omite analizar y considerar las constancias y actuaciones de **. Contra este auto, el aquí quejoso, promovió revisión de actos de ejecución, el cual previa sustanciación, se resolvió y derivó la resolución de **; resolución en la que la Junta responsable determinó declarar improcedente la revisión planteada contra actos de su Presidente; siendo dicha determinación la que constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que el acto reclamado consistente en la resolución de **, que resolvió el recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo emitido a solicitud de la parte actora, el **, por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, sobre actualización del crédito laboral, donde reiteró el crédito laboral, pero omitió analizar y considerar las constancias y actuaciones de ***, dentro del juicio laboral origen; no constituye la última determinación dentro del procedimiento de ejecución, frente a la cual únicamente es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En otras palabras, cuando el juicio del que emana el acto reclamado se encuentra en etapa de ejecución, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente contra de la última resolución que se dicte en ese procedimiento, atento a lo dispuesto por la fracción IV, segundo párrafo del artículo *** de la Ley de Amparo. Lo anterior porque de lo expuesto, se pone en evidencia la circunstancia de que la resolución reclamada que se impugna en la presente vía constitucional, no se adecua dentro del supuesto de procedencia previsto en la fracción IV, segundo párrafo del numeral **, de la Ley de Amparo, antes transcrito, toda vez que el citado acto reclamado únicamente forma parte del procedimiento de ejecución de laudo emitido en el juicio de origen en el cual la empresa aquí solicitante del amparo es parte demandada; pero de ninguna manera constituye la última determinación dictada en el procedimiento de ejecución del juicio natural. Por otra parte, es menester indicar que por regla general, cuando se trata de actos que son dictados o emitidos durante la etapa de ejecución de laudo, el juicio de amparo es improcedente, precisamente porque la razón esencial que tuvo el legislador para establecer la regla establecida en la fracción IV, segundo párrafo del artículo *** de la Ley de Amparo, obedece a que se trata de evitar que con motivo de la promoción del juicio de amparo se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, o como en el caso de un laudo, cuyo cumplimiento es de orden público, tal y como se desprende de la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 181144 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Julio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 36/2004 Página: 75 EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada. Contradicción de tesis 88/2003-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Décimo, ambos en Materia Civil del Primer Circuito. De igual forma, la regla general que se analiza, de manera excepcional admite la procedencia del juicio de amparo biinstancial cuando el acto que se reclama tiene autonomía propia como pudiera ser aquella resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte perdidosa, puesto que tal decisión no conlleva en sí misma la ejecución de la sentencia; en todo caso, se trata de un acto previo o preliminar para la ejecución de la sentencia, mas no la de ejecutar directa o indirectamente el laudo dentro del expediente de origen. En otras palabras, el máximo Tribunal de Justicia del País, ha sustentado el criterio de que los actos dictados después de concluido el juicio, como en la especie ocurre, excepcionalmente sí pueden ser impugnados a través del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no tengan como finalidad impedir o retardar la ejecución de la sentencia que se haya emitido; y el acto que se reclame en la demanda de amparo se ubique en alguno de los casos de excepción, lo que no ocurre en la especie. En suma, cuando se trate de actos emitidos después de concluido el juicio, propiamente en etapa de ejecución de laudo, el juicio de amparo biinstancial es improcedente porque conforme a la regla establecida en el artículo ** fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, su procedencia solo acontece en contra de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia; o bien, se declara la imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa al quejoso, entre ellas, la determinación que ahora se reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de datos de localización y contenido siguiente: Octava Época Registro: 208450 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XV-2, Febrero de 1995 Materia(s): Común Tesis: V.2o.225 K Página: 354 IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS EFECTUADOS DENTRO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, MIENTRAS NO SE DICTE LA ULTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. Según lo previene el artículo 114, fracción III, párrafo segundo de la Ley de Amparo, no habiéndose pronunciado la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución respectivo, los actos realizados dentro del propio procedimiento de ejecución carecen de definitividad para la procedencia de la acción constitucional, de ahí que si la quejosa estima que un proveído dictado durante el trámite del incidente de liquidación de sentencia resulta violatorio de garantías, debe decirse que solamente cabe la impugnación de éste en amparo, cuando se haya pronunciado la última resolución en tal procedimiento. (Lo destacado es nuestro). En esas condiciones, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución respectivo del expediente laboral de origen; y no ubicarse en alguno de los casos de excepción que admite dicha regla; es inconcuso que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta de la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y ** Constitucionales, en relación con el numeral * fracción IV, primer y segundo párrafos, de ese mismo ordenamiento legal; razón por la cual se desecha la demanda promovida por *** por su propio derecho con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Sobre el tema, es de invocarse, por lo que informa, la Tesis de Jurisprudencia siguiente: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ****, toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y por autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a los demás profesionistas y personas que se mencionan en la demanda que se recibe, por así haberse solicitado ; y como domicilio para tal fin, el ubicado en calle ***, de Celaya, Guanajuato. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, así como las autoridades que actúen en auxilio de este órgano jurisdiccional, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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