Samuel Arriaga Delgado
Expediente 93/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 07/07/2021
Partes del expediente
- Samuel Arriaga Delgado
- SAMUEL ARRIAGA DELGADO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
.- Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, en la que, por una parte se sobreseyó y, por otra, se negó en el juicio, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ...En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Fiscal General de Justicia del Estado de México, rinde informe justificado; sin que se emita mayor pronunciamiento, toda vez que el trece de mayo del año en curso, se celebró la audiencia constitucional y el diecisiete siguiente se dictó la sentencia correspondiente; en consecuencia, sólo glósese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo ***** del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Fiscal General de Justicia del Estado de México, rinde informe justificado; sin que se emita mayor pronunciamiento, toda vez que el trece de mayo del año en curso, se celebró la audiencia constitucional y el diecisiete siguiente se dictó la sentencia correspondiente; en consecuencia, sólo glósese a los autos para que obre como corresponda. Asimismo, ténganse como delegados a las personas precisadas en términos del artículo ** de la Ley de Amparo, y como domicilio el que indican. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 93/2021-III, promovido por --- y --- y ----; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintiuno, en juicio en línea de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, turnado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno a este Juzgado de Distrito, ------, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL ESTADO DE MÉXICO, SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TOLUCA Y AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Del segundo turno y los turnos que continúe conociendo del acto." ACTO RECLAMADO: "IV.- ACTO RECLAMADO, DEL PRIMER NOMBRADO la indebida detención, temor por nuestra vida seguridad y libertad de los QUEJOSOS, SAMUEL ARRIAGA DELGADO Y ERENDIRAMELINA DEL VALLE MENDEZ, CINTIA JASSAI LIÑA LEMUS, el día veinte de enero del año en curso, a las siete horas con treinta minutos aproximadamente, a cargo de la autoridad que señalo como responsable." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, el cual se rindió con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó sin la comparecencia de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuáles son éstos, como lo prevé el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para tal efecto se realiza un análisis conjunto de la demanda que atienda a lo que materialmente se pretende, según lo ha dispuesto nuestro Máximo Tribunal de la República. Tiene aplicación la jurisprudencia 40/2000, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2000, Tomo XI, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, número de registro 192097, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, en concordancia con los autos del sumario constitucional, se concluye que la parte quejosa reclama lo siguiente: La detención sin orden de autoridad. TERCERO. Actos inexistentes. No es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Secretaría de Seguridad del Estado de México, en virtud de que al rendir su informe justificado negó su existencia, sin que el quejoso aportara prueba alguna para desvirtuar tal manifestación. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad señalada. En otro orden, con respecto a la existencia del acto de autoridad atribuido a la Agente Ministerio Público adscrita al Segundo Turno de la Agencia Central en Toluca Estado de México, debe decirse que mediante oficio 0709/2021, expresó que estaba imposibilitada para rendir su informe con justificación debido a que la carpeta donde emana el acto reclamado la remitió a la mesa ocho de trámite; por lo que se dio vista a los impetrantes para que se manifestaran sobre la ampliación de la demanda respecto a la autoridad señalada como responsable del acto reclamado; sin que se expresaran al respecto; consecuentemente en auto de veintidós de marzo de la presente anualidad, se tuvo por no ampliada la demanda, y por no designada a la autoridad antes señalada, por ende, los actos atribuidos a ella no serán materia de análisis. Así las cosas, es innecesario transcribir y analizar los conceptos de violación, habida cuenta que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y su estudio es preferente, lo aleguen o no las partes, de conformidad con la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 1995, que al respecto señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En las condiciones apuntadas, se estima que en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 5, fracción II, numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, mismos que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.] En efecto, los impetrantes expresaron como acto reclamado la privación de su libertad; sin embargo, como se adelantó, el veintidós de ese mes y año, no fue ampliada la demanda y tampoco designada a la autoridad señalada como Agente Ministerio Público adscrita a la Mesa Ocho de trámite de la Agencia Central en Toluca Estado de México, de la Fiscalía Regional de Toluca. Por tanto, al no haberse designado una diversa autoridad responsable en el presente juicio de amparo, este órgano de control constitucional se ve imposibilitado de realizar el análisis correspondiente, dando como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías que nos ocupa. Tiene aplicación la jurisprudencia 108, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 69, Tomo VI Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Además, en concordancia con la anterior jurisprudencia, es aplicable al caso la identificada con el número 93, visible en la página 73, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." En consecuencia, ante la falta de designación de la autoridad responsable, que conozca de los actos reclamados, es de estimarse que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, con relación a los numerales 61, fracción XXIII, 5°, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Fiscalía Regional de Toluca, omitió rendir su informe justificado, a pesar de que fue debidamente notificada del auto correspondiente, respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los impetrantes. En tal sentido, conforme al párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, opera la presunción de existencia del acto reclamado indicado. QUINTO. Análisis de constitucionalidad de la privación de la libertad atribuida a la Fiscalía Regional de Toluca, del Estado de México. En primer orden, es necesario destacar que no obstante que en el presente asunto existe presunción de certeza del acto reclamado consistente en la detención sin orden de autoridad esta no es inconstitucional por sí misma; por tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 117 de la ley de la materia, corresponde al quejoso la carga de la prueba para demostrar la inconstitucionalidad de ese acto. El numeral en cuestión dispone: "Artículo 117. La autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días, con el cual se dará vista a las partes. El órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá ampliar el plazo por otros diez días. --- Entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, deberá mediar un plazo de por lo menos ocho días; de lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso o del tercero interesado. --- Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de esta Ley. --- En el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. --- En amparos en materia agraria, además, se expresarán nombre y domicilio del tercero interesado, los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o pretendan ejecutar y si las responsables son autoridades agrarias, la fecha en que se hayan dictado las resoluciones que amparen los derechos agrarios del quejoso y del tercero, en su caso, y la forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas, así como los actos por virtud de los cuales aquéllos hayan adquirido sus derechos, de todo lo cual también acompañarán al informe copias certificadas, así como de las actas de posesión, planos de ejecución, censos agrarios, certificados de derechos agrarios, títulos de parcela y demás constancias necesarias para precisar los derechos de las partes. --- No procederá que la autoridad responsable al rendir el informe pretenda variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni que ofrezca pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. --- Tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado. En esos casos, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional". El tercer párrafo del numeral transcrito establece que en aquellos juicios de amparo en los que las autoridades responsables no rindan su informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, pero quedará a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, siempre y cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° del citado ordenamiento. Cabe señalar, que un acto es inconstitucional por sí mismo, cuando para resolver sobre él no sea necesario atender a los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por el contrario, un acto no será inconstitucional por sí mismo, cuando para realizarlo, la autoridad deba cumplir determinados requisitos; esto es, cuando su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se fundó. Tiene aplicación al tema, la jurisprudencia II.2o. J/11 del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. INCONSTITUCIONALIDAD DEL. QUIEN DEBE PROBARLA. Cuando se reclama en un juicio de amparo un acto de autoridad en sí mismo violatorio de garantías, estando acreditada la existencia del acto, también lo está su inconstitucionalidad, y en estos casos la carga probatoria para demostrar su constitucionalidad corre a cargo de la autoridad responsable. En cambio, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, entonces la demostración de su existencia es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y la carga probatoria corresponde al quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo". En el presente caso, el acto de detención, según parece de las constancias existentes en autos, está relacionado con una denuncia por extorsión según carpeta de investigación --------, iniciada el veinte de febrero de dos mil veintiuno, lo que evidencia que no constituye un acto inconstitucional por sí mismo, por lo que correspondía a los quejosos demostrar que la autoridad no cumplió diversos requisitos legales. En efecto, el citado artículo 117 de la Ley de Amparo, establece que ante la falta de informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, excluyendo, el tema relativo a la inconstitucionalidad de los actos de no ser contrarios a la ley fundamental por sí mismos, de tal suerte que la presunción derivada de la omisión que se cometa no tiene los alcances de tener por comprobada esa inconstitucionalidad. De ese modo, como el quejoso no ofreció pruebas en ese sentido, la sola presunción de certeza del acto reclamado, no basta para demostrar que se han vulnerado sus derechos fundamentales, máxime que no se trata simplemente de que el acto haya carecido de fundamento. Resulta aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD (INFORME CON JUSTIFICACIÓN). Conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables están obligadas a rendir su informe y a justificar sus actos, y la falta de aquél establece la presunción de certidumbre de tales actos; pero queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando no se trate de actos violatorios de garantías en sí mismos, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundados los actos. La carga de la prueba se distribuye, pues, entre autoridad y quejoso, tocando a aquélla la de la constitucionalidad de sus actos y a éste la de su inconstitucionalidad. La sola omisión de pruebas por parte de la autoridad no bastaría para la concesión del amparo, si a su vez el quejoso no rinde pruebas de la inconstitucionalidad del acto, o sea de que se han vulnerado en perjuicio suyo las garantías constitucionales que invocó en su demanda, máxime que no se trata simplemente de que el acto haya carecido de fundamento, sino de que éste sea o no legalmente correcto". Tampoco opera en el caso la facultad que tiene el juez de amparo para recabar de oficio las probanzas rendidas ante la responsable, porque en la especie no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado; asumir lo contrario sería desatender el contenido del párrafo tercero del numeral 117 de la Ley de Amparo. Lo antes decidido encuentra sustento en la jurisprudencia VI.2o. J/84 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama". De lo anterior se desprende que ante la falta de informe de la autoridad responsable, conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, queda a cargo de la parte quejosa la prueba de los hechos que determinarán su inconstitucionalidad, sin que deba requerirse de nueva cuenta el informe, ni sea posible emplear los medios de apremio señalados en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo, dado que la presunción de existencia del acto no deja en estado de indefensión al quejoso, quien tuvo oportunidad de señalar a diversa autoridad a la que se le atribuía como la emisora del acto reclamado y tampoco lo hizo. Por lo expuesto, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por ------. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a los quejosos ------, contra el acto reclamado, autoridad y motivos descritos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. A
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