Samuel Ameztica Sumoza

Expediente 282/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 24 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
282/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Samuel Ameztica Sumoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación en la cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en este expediente. Por consiguiente, y toda vez que la parte interesada no hizo uso del aludido medio de impugnación, con 1 Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 2 fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia causó ejecutoria para todos los efectos legales. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Y SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó el presente juicio de amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y lo establecido en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se provee lo siguiente. JUICIO DE AMPARO DEPURABLE Acorde con lo plasmado en el artículo 18, fracción l, JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 3 inciso a) del Acuerdo General de referencia y al capítulo 7 Expedientes Depurables, 7.42 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; el presente asunto es susceptible de depuración, aun cuando se sobreseyó el asunto, en el auto inicial se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por lo que se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Por lo que una vez que transcurran tres años, dentro de los siguientes noventa días deberá procederse a su depuración, conservando las resoluciones relativas a la demanda, el decreto de la suspensión de plano, la resolución que puso fin al juicio y el auto que la declara firme, y terminando el proceso de depuración, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. 2 7.4 Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano Por lo que hace a la suspensión de oficio cuando se decreta de plano, se estima que dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio constitucional, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución emitido en la sentencia. Consecuentemente, los expedientes en los que obre suspensión de plano se deberán valorar como "depurables". JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 4 DIGITALIZACIÓN Y FE DE COINCIDENCIA ENTRE EXPEDIENTES Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 253, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, para posteriormente dar fe de que el expediente electrónico coincide con el impreso; hecho lo cual, se procederá a la remisión física del expediente al archivo correspondiente. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. JUDITH VENTURA AVILA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.03.cf 09/02/23 13:04:53 5 Notifíquese.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios de cuenta y anexos, mediante el cual el Secretario de Acuerdos encargado del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal de Huixtla, Chiapas, devuelve debidamente diligenciado el despacho 164/2022, orden 357/2022 de nuestro índice, el cual se remitió para notificar al quejoso Samuel Ameztica Sumoza, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, dese de baja dicha comunicación, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, con el cual el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, devuelve sin diligenciar el exhorto 168/2022, orden 309/2022 de nuestro índice, por las razones que ahí expone. Dese de baja la citada comunicación en el libro respectivo y háganse las anotaciones pertinentes. Atento a lo anterior, toda vez que de la razón actuarial de veintidós de junio de dos mil veintidós, se desprende que el veinticinco de mayo del presente año, el quejoso Samuel Améztica Sumoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Huixtla, Chiapas, para efectos de estar presente en su audiencia de juicio oral, sin que a la fecha lo hayan regresado al centro penitenciario en Villaflores. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo [en términos del artículo 2º], se ordena librar atento despacho al Juzgado del Ramo ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 2 Penal en Huixtla, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, realice lo siguiente: ? Comisione al actuario de su adscripción, para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 07, con sede en Huixtla, Chiapas, y notifique la sentencia de diez de junio del año en curso al quejoso Samuel Améztica Sumoza. Para alcanzar ese cometido, se habilita a la potestad comisionada, para que lleve a cabo todas las actuaciones y emita las determinaciones que estime pertinentes y estén a su alcance para realizar la diligenciación del medio de comunicación oficial de trato. De igual manera, se le faculta para que habilite los días y horas inhábiles a fin de llevar a cabo el desahogo de la diligencia de trato. Una vez diligenciada la comunicación la devuelva a la brevedad posible con las constancias que acrediten su diligenciación. Por otra parte, agréguese a los autos el sobre cerrado devuelto por el Jefe de la Administración Postal, en esta ciudad, que contiene el oficio 13172/2022 dirigido a los Elementos del Grupo de la Policía Procesal, perteneciente a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en Huixtla, Chiapas. En mérito de lo anterior, reexpídase el citado oficio al Encargado de la Dirección de la Policía Procesal perteneciente a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en ALMA DELIA GARCIA GUTIERREZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d6.14 13/10/22 09:36:08 3 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas [1era Oriente Sur, número 2237 entre 21 y 22 Sur, colonia Barrio San Francisco], para que surtan todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. diez de junio de dos mil veintidós Judith Ventura Ávila282/2022 VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 282/2022 RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Samuel Ameztica Sumoza, promovió escrito de demanda por propio derecho, siendo recibido el quince de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, turnado en esa misma fecha a este órgano jurisdiccional, en el que demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. En proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el registro de la demanda con el número de juicio de amparo 282/2022, por una parte, se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado y su ejecución, además, por otra parte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se decretó la suspensión de plano respecto al reclamado consistente en la tortura del que el quejoso refirió ser objeto, se solicitaron los informes de suspensión de plano y justificados correspondientes, se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En consecuencia, se procede a emitir la resolución correspondiente; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclama un acto atribuido a una autoridad con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer lo relativo a la certeza de los actos de autoridad reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, es necesario precisar en qué consisten aquellos, atendiendo a la integridad de la demanda, con la finalidad de una mejor impartición de justicia. Al respecto, es orientadora la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente, de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". En el caso, de la lectura integral del escrito de demanda, y demás constancias que obran en autos, se obtiene que el acto reclamado a las autoridades responsables, consiste en: Los actos de tortura de la que adujo fue objeto con motivo de su traslado del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 7, de Huixtla, Chiapas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores, Chiapas. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 7, en Huixtla, Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores y Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, negaron la existencia de los actos reclamados de tortura al momento de rendir su informe justificado. En ese sentido, tomando en consideración el contenido de los citados informes justificados y las documentales que exhibieron las autoridades responsables mencionadas, como complemento de los mismos, deben tenerse por inexistentes los citados actos reclamados. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 2° de esta última. Al efecto, se cita la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Quinta Época, Registro: 394182, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia(s): Común, Tesis: 226, Página: 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así, es preciso asentar que por la naturaleza de los actos de tortura, la carga de la prueba recae en el Estado y no en la parte quejosa. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, párrafo tercero, señala cuáles son las obligaciones del Estado frente a la posible violación a Derechos Humanos, como se advierte de la transcripción siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. [.] Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. [.]" Por su parte, en el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, establece que la tortura, así como cualquier otro tipo de trato cruel, inhumano o degradante, son prácticas que se encuentran proscritas de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.] Tomando en cuenta lo anterior, es posible sostener entonces que, de conformidad con los artículos 1 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 6, 8 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen en general, el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante. Así, la posible existencia de los malos tratos o actos de tortura obligan a cualquier autoridad, con independencia del fuero al que pertenezca, -federal, estatal o municipal-, a dar seguimiento de oficio y velar porque dichos actos sean reprimidos y castigados, así como conseguir que se repare el daño a la víctima de dichos tratos inhumanos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2018533, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a. CCCXXVI/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 256, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: ACTOS DE TORTURA RECLAMADOS DE MANERA AUTÓNOMA. OBLIGACIONES DE LOS JUECES DE AMPARO. Si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esta Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, al tener como acto reclamado de manera autónoma los actos de tortura, los jueces de amparo se encuentran obligados a investigar dichas alegaciones allegándose de todos los elementos necesarios para poder determinar si se tiene por acreditada la misma. Primeramente, deberá solicitar la ampliación de los informes justificados de las autoridades responsables a las que se les haya atribuido el acto reclamado consistente en violencia física o moral y tortura, cuando las autoridades hayan negado los actos reclamados de manera genérica sin hacer pronunciamiento específico en cuanto al acto materia de análisis. Lo anterior tiene la finalidad de no dejar en estado de indefensión a la solicitante del amparo y crear certeza jurídica. Enseguida, tomando en consideración lo que señalen las autoridades responsables en sus informes con justificación, el juez deberá allegarse de todos los elementos -bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. En este sentido, se deberán revisar las constancias y determinar si existe base razonable para tener por acreditada la tortura. Para ello se deberá tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. [lo resaltado es propio]. De igual manera, es aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2006483, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. En este sentido, cuando las autoridades tienen conocimiento de que una persona ha sufrido malos tratos o tortura; éstas deben, en primer lugar, llevar a cabo, con celeridad, una investigación imparcial, a fin de esclarecer la verdad de los hechos. Lo anterior, constituye un compromiso internacional que el Estado Mexicano se obligó a ejercer al firmar como Estado parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, misma que en su numeral 8° prevé dicha obligación, a saber: "Artículo 8. Los Estados partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado." Ahora bien, debe precisarse que la tortura se analiza partiendo de dos vertientes, a saber, a) como delito y, b) como violación de derechos humanos -lo que es materia de esta sentencia-, en términos de lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, Registro digital: 2006484, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCVI/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 562, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: "TORTURA. SU SENTIDO Y ALCANCE COMO PROHIBICIÓN CONSTITUYE UN DERECHO ABSOLUTO, MIENTRAS QUE SUS CONSECUENCIAS Y EFECTOS SE PRODUCEN TANTO EN SU IMPACTO DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS COMO DE DELITO. Conforme al marco constitucional y convencional, la prohibición de la tortura se reconoce y protege como derecho absoluto que pertenece al dominio del jus cogens internacional, mientras que sus consecuencias y efectos impactan en dos vertientes: tanto de violación de derechos humanos como de delito. En ese orden, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que: 1. Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; en ese sentido, las autoridades tienen la obligación de investigar la tortura para, en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión. 2. La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso. 3. Atento al principio interpretativo pro persona, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. 4. Cuando una persona ha sido sometida a coacción para quebrantar la expresión espontánea de su voluntad, deben excluirse las pruebas obtenidas mediante la misma." Precisado lo anterior, debe indicarse que del análisis de las constancias de autos, no existe base objetiva alguna para establecer la existencia de los actos de tortura reclamados, a las autoridades responsables Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 7, en Huixtla, Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores y Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En efecto, debe partirse de la premisa que el accionante de la tutela constitucional, al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, expuso bajo protesta de decir verdad, que su traslado se ejecutó golpeándolo en todo momento, con amenazas, insultos y gritando palabras obscenas, con golpes en su anatomía corporal, gritos, lesiones, con el pie encima de su anatomía corporal, amenazándolo de muerte a su persona y familia, golpeándolo con sus manos y con patadas en la espalda, viajando más de veinticuatro horas sin que le proporcionaran alimentos o la oportunidad de ir al baño, llevándolo encadenado, amarrado y utilizando instrumentos que le causaban dolor durante el traslado, ello, por parte de elementos del grupo de la policía procesal, pertenecientes a la Subsecretaría de Ejecución y Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así, en un principio, debe analizarse que el Encargado de la Dirección del Centro Estatal para la Reinserción Social Número 7, en Huixtla, Chiapas, informó que esos actos eran atribuibles a la policía procesal encargados de traslados adscritos a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al haberse dado durante el traslado de la parte quejosa y, que, al ser valorado para su egreso, el doce de marzo de dos mil veintidós, se declaró clínicamente sano. Así, para acreditar lo anterior, remitió la valoración médica de egreso de doce de marzo de dos mil veintidós, suscrita por el Doctor Roger Manuel Arias Dorantes, médico adscrito a ese Centro de Reinserción Social, quien hizo constar: Que el/la Persona Privada de su Libertad C. Samuel Ameztica Simuza y/o Sumoza sexo: Masculino Edad: 33 años Nacionalidad: Mexicana, fue examinado (a) y explorado (a) clínicamente (se describen tatuajes y cicatrices) habiéndose encontrado lo siguiente: Se trata de la ppl de 33 años de edad que pasa al área médica para su valoración médica, consiente orientado den tiempo, espacio y persona con edad clónica cronológica la referida. Por los métodos de interrogatorio, inspección general, palpación, auscultación, percusión y exploración física: cabeza nomo céfalo, cabello bien implantado, ondulado, corto color negro, frente amplia, pupilas isocoricas, normoreflexicas, al estímulo luminoso, boca mediana con dentadura completa cuello cilíndrico largo con tráquea central desplazable, sin adenomegallas, torax normo lineo, sistema cardiopulmonar sin compromiso aparente, abdomen blando depresible, peristaltísimo presente, extremidades integras y funcionales no presenta patalogía alguna en el momento de su valoración médica. (.) Observaciones: Cicatrices: Antigua en región frontal izquierda, en tobillo derecho por osteosíntesis y en región occipital izquiero cubierto de pelo. Tatuajes: El nombre ANNETH en pectoral izquierdo. Cuenta con las dos dosis de la vacuna anti covid de Aztra Zeneca. (.) DIAGNOSTICO: Sano clínicamente. (.)" Además, adjuntó a su informe justificado el oficio SSPC/SUBSESPMS/DJ-AT/TGZ/544/2022, dirigido al Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, que instruye el traslado de diversas personas privadas de su libertad, entre ellos, el quejoso Samuel Ameztica Simuza, atendiendo al acta de comité técnico CT/SE/CERSS-07/46/2022 de once de marzo de dos mil veintidós; indicando que se llevara a cabo con todas las medidas de seguridad, lineamientos y protocolos establecidos en el marco legal sustentable al Sistema Penitenciario, así como el respeto de los derechos humanos inherentes, implementando los procedimientos y medidas necesarias a efecto de salvaguardar el derecho humano a la salud, abstenerse de realizar actos de malos tratos o cualquier otro prohibido por el artículo 22 Constitucional. Por tanto, es evidente que no existen elementos para precisar la intervención del Encargado de la Dirección del Centro Estatal para la Reinserción Social Número 7, en Huixtla, Chiapas, en los actos de tortura reclamados. Por su parte, la autoridad responsable Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores, negó la existencia de los actos reclamados, afirmando que en ningún momento ha ejercido actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, identificados como tortura, malos tratos y todos aquellos que pongan en riesgo la vida, integridad física, personal y la salud del directo quejoso, ya que conforme a lo estipulado en el artículo 11 del Reglamento Interno de los Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados para el Estado de Chiapas, tiene como fin principal respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, salvaguardar su salud y su integridad física. Asimismo, obra en autos la valoración médica de ingreso del quejoso al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número 08, con residencia en Villaflores, Chiapas, de doce de marzo de dos mil veintidós, suscrita por el médico adscrito Jorge Luis León Pontigo (foja 159 vuelta) quien hizo constar: "Que la Persona Privada de su Libertad C. Samuel Ameztica Sumoza y/o Samuel Ametizca Somoza sexo: Masculino Edad: 33 años Nacionalidad: Mexicana, fue examinado (a) y explorado (a) clínicamente, habiéndose encontrado lo siguiente: Se trata de paciente masculino que es traído al área médica por el personal de seguridad y custodia, para su valoración de ingreso, fue examinado y explorado clínicamente, habiéndose encontrado: consciente, orientado, cooperador al interrogatorio con edad aparante a la cronológica, se observan cicatrices, a la altura del peroné debido a una cirugía hace tres años por colocación de fijadores por accidente en moto, y una cicatriz en la cabeza a la altura de la frente de lado izquierdo de igual manera por mismo accidente se observa tatuaje en el pecho de lado izquierdo con el nombre de Anell que es el de su hija no se observan golpes y lesiones en el cuerpo. (.) Por el momento se encuentra estable de salud a corto y mediano plazo. Exploración física: Despierto, reactivo, orientado en tiempo y espacio con buena hidratación y coloración de legumentos. Ojos simétricos y funcionales, pupilas isocoricas y nomoreflexicas a la luz. Faringe sin cambios, depresible sin megalias y con perístasis presente y normal. (.) Lesiones y agresiones ..Negadas: (x) presentes () (.) Diagnóstico Sano física y mentalmente + sin golpes y sin lesiones en el cuerpo. (.) DIAGNOSTICO: Sano clínicamente. (.)" Aunado a lo anterior, remitió copias certificadas de las valoraciones médicas de veinticinco y treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, suscritas por el Doctor Jorge Luis León Pontigo, médico adscrito a ese Centro de Reinserción Social, de las que se advierte se asentó que el quejoso: "no presentaba lesiones en el cuerpo" y, como diagnósticos: "Sano física y mentalmente + sin golpes y sin lesiones en el cuerpo" (foja 47 y 59 vuelta). Concatenado con todo lo anterior, obra en autos la diligencia de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en la que el Actuario y Notificador adscrito a los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, Región tres, estando presente en el Centro Estatal de Reinserción Social, número 8 de Villaflores, Chiapas, dio fe del estado físico de Samuel Ameztica Simuza, asentando que: "se encuentra bien de salud y no presenta golpes físicamente". En suma, éste órgano jurisdiccional considera que se encuentra demostrado en el presente juicio de amparo, que el quejoso Samuel Ameztica Simuza, fue traslado del Centro Estatal para la Reinserción Social Número 7, en Huixtla, Chiapas al Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores, y que, al momento de su egreso, traslado, ingreso y estadía en esos centros carcelarios, no sufrió lesiones visibles en su cuerpo. Por tanto, fueron aportadas por las autoridades responsables Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 7, en Huixtla y Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores, pruebas que acreditan que el quejoso Samuel Ameztica Simuza, no sufrió en su persona lesiones que puedan traducirse en actos de tortura en su vertiente de violación de derechos humanos. Máxime que los actos de tortura a que hace alusión, según se advierte de lo relatado en la demanda de amparo, supuestamente, fueron ejecutadas durante el traslado. Ahora, por cuanto hace a la autoridad responsable Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados, manifestado no haber emitido orden alguna para que le sean aplicados actos de tortura, malos tratos y todos aquellos que pongan en riesgo la vida, integridad física, personal y salud del quejoso, ni cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. En ese sentido, es importante señalar que desde la vertiente de violación de derechos humanos, la tortura tiene un estándar de comprobación atenuado, en el que basta para tenerlo por acreditado: 1) el señalamiento claro del impetrante, 2) la evidencia razonable de la existencia de los actos de tortura manifestados, y que 3) la autoridad responsable no quiso o no fue capaz de demostrar que no incidió en los indicios de tal evidencia; ello es suficiente para que la Justicia de la Unión se declare operante en favor del peticionario, a fin de que se reparen las violaciones a los derechos humanos infringidos. Así, en relación a la autoridad responsable que nos ocupa, por cuanto hace a la evidencia razonable de la existencia de los actos de tortura manifestados por el impetrante (plasmados en párrafos que anteceden) si bien no adjuntó a sus informes de suspensión de plano y justificado, material probatorio que apoyara su dicho, lo cierto, es que de las constancias que obran en autos no se encontró evidencia razonable de la existencia de los mismos. Al contrario, con el material probatorio que obra en autos, se tuvo acreditado que al momento de su egreso, ingreso y estadía en el Centro Estatal para la Reinserción Social Número 7, en Huixtla, Chiapas y Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores, no sufrió lesiones visibles en su cuerpo. Por ende, al no existir indicios de tortura que hubieran recaído en el impetrante de amparo, puede suponerse que la parte quejosa no sufrió esos actos en contra de su integridad personal al momento en que fue trasladado, por lo que, la autoridad responsable no tenía la obligación de demostrar que no incidió en los actos de tortura reclamados, al no existir indicio de los mismos. Así, de los medios de convicción relatados es posible establecer que no existieron los actos de tortura reclamados en su vertiente de violación de derechos humanos, y por tanto, lo conducente es sobreseer el presente juicio de amparo por cuanto a ellos y a las autoridades responsables establecidas, acorde a lo preceptuado por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Época: Sexta época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Página 236, número 284, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la ley de Amparo. Por último, debe aclararse que el presente sobreseimiento, únicamente es relativo al acto de tortura en su vertiente de violación de derechos humanos, la presente sentencia no constituye una determinación que absuelva al Encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Sentenciados número 7, en Huixtla, Director del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 8, en Villaflores y Encargado de la Dirección de la Policía Procesal, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de ser responsables del delito de tortura en contra de Samuel Ameztica Simuza, en caso de que el Fiscal de Distrito Fronterizo Costa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, tenga por acreditado el tipo penal de referencia y, por ende, se proceda a su examen a través de un juicio penal. Lo anterior, ante la obligación del Fiscal de Distrito Fronterizo Costa en Tapachula, Chiapas, de investigar la tortura para en su caso, esclarecerla como delito, así como de realizar y proseguir de modo diligente las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades por su comisión, derivado de la vista que le fue otorgada en auto de quince de marzo de dos mil veintidós. Cabe destacar que la determinación emitida no deviene en una denegación de justicia del impetrante, toda vez que en proveídos de quince de marzo, veintisiete de abril y diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito ante la posible comisión de hechos de tortura, quien remitió las constancias proporcionadas al Fiscal de Distrito Fronterizo Costa de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, a fin de integrar la investigación iniciada por los actos de tortura reclamados por el quejoso. Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Samuel Ameztica Sumoza, contra los actos precisados en el considerando segundo, atribuidos a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por las razones expuestas en este último. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, quien a su vez es asistida por Judith Ventura Ávila, Secretaria del Juzgado con quien actúa el día de hoy diez de junio de dos mil veintidós, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

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