Samuel Alejandro Pacheco López

Expediente 978/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
978/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Samuel Alejandro Pacheco López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia la suspensión definitiva del acto reclamado, en términos del considerando tercero de esta resolución

  2. Principal

    Vista la cuenta, intégrese al expediente el oficio suscrito por la encargada de sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del audio y video de la audiencia de cumplimiento de revisión de medidas cautelares celebrada dentro de la causa penal 1P1623-1140, seguida en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado. Revisada dicha audiencia, se advierte que se negó la modificación de la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, por los motivos ahí expuestos. Al respecto, no se realiza mayor pronunciamiento, pues en proveído de diez de octubre pasado se tuvo recibida la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que se conmutó la medida de prisión preventiva impuesta al justiciable, por aquellas prevista en las fracciones I, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, este órgano jurisdiccional sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Para mejor conservación, guardarse en sobre cerrado el disco versátil digital (DVD), el cual se glosa al expediente y queda a disposición de las partes para su consulta.

  3. Principal

    Vista la cuenta, intégrense al expediente los oficios suscritos por la encargada de sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante los cuales remite copia certificada del audio y video de la audiencia de revisión de medidas cautelares celebrada dentro de la causa penal ********************, seguida en contra del quejoso por el hecho que la ley señala como delito de robo calificado. En la audiencia se advierte que el juez natural modificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al imputado -la cual constituye el acto reclamado- y, en su lugar, se impusieron aquellas contenidas en las fracciones I, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "Fracción I.- La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe. El imputado deberá estampar su firma periódica quincenal, (dentro de los primeros cinco días de cada mes y los últimos cinco días de cada mes), es decir deberá estampar su firma periódica dos veces al mes, ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión condiciona del proceso (UMECA), la cual está ubicada en avenida Teresa Vara S/n de la colonia Morelos, de esta ciudad; iniciando a estampar su primer firma en este mes de octubre de 2023. Fracción VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o ciertos lugares. El imputado no deberá concurrir ni acercarse a los domicilios de la parte ofendida ********************, ubicado en la colonia ********************de esta ciudad, así como al perteneciente al testigo ********************, ubicado en la localidad ******************** en Irapuato, Guanajuato. VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. El imputado no deberá acercarse a las personas de nombres ******************** (ofendido) y ******************** (testigo)." Al respecto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y desahoga con el carácter de documental pública la videograbación de la audiencia de revisión de medida, la cual está contenida en disco compacto en formato DVD. Bajo ese contexto, se estima que en el presente asunto sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De tal dispositivo normativo se advierte que es improcedente el juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: (i) Por revocación, y (ii) Por sustitución. El primer supuesto se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato, de manera que restablezca la situación que imperaba antes de la emisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. En el caso, se surte la segunda hipótesis, pues el acto reclamado es la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al justiciable por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en la audiencia celebrada el veinticinco de agosto del año en curso, dentro de la causa penal ********************. Sin embargo, con la documental allegada en esta fecha, se aprecia que en la audiencia de revisión de medidas cautelares de siete de octubre pasado se modificó la medida de prisión preventiva justificada y, en su lugar, el juez responsable impuso al quejoso las contenidas en las fracciones I, VII y VIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que la medida cautelar reclamada en esta instancia constitucional quedó sustituida procesalmente por aquellas emitidas el siete de octubre pasado; de ahí que la afectación a la esfera jurídica del quejoso, en todo caso, se produce por la nuevas medidas cautelares impuestas dentro del proceso penal seguido en su contra. Bajo ese contexto, se advierte que existe impedimento técnico para que en esta instancia constitucional se verifique de forma directa la regularidad de la medida cautelar reclamada, en razón de que la situación jurídica del quejoso actualmente se rige por la nuevas medidas cautelares decretadas en la resolución de siete de los actuales, emitida dentro de la causa penal ******************** del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad. En ese sentido, al no encontrarse vigente el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia respecto del juicio de amparo 978/2023-VII, promovido por ********************. Comuníquese lo anterior, a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional programada para las once horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Incidental

    Vista la cuenta, en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene a la vista, como hecho notorio, el informe justificado del Juez de Control de Oralidad Penal de la Segunda Región en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, en el que se advierte que Juan Fernando Anguiano Gallardo es víctima dentro del proceso penal de origen. En ese sentido, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado en el presente incidente de suspensión. En consecuencia, comisiónese al actuario adscrito para que constituya en el domicilio del citado tercero interesado y le notifique la presente determinación, corriéndole traslado con la versión electrónica del auto de veintiocho de septiembre del actual y del presente proveído. En la inteligencia de que su domicilio deberá mantenerse como "información confidencial" de conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de proteger su vida e integridad. Se instruye al actuario adscrito para que en sus actuaciones omita asentar el domicilio del tercero interesado. A fin de que el tercero interesado esté debidamente integrado a la litis constitucional y manifieste lo que a su interés legal convenga respecto de la suspensión de los actos reclamados, se difiere la audiencia incidental señalada para hoy, y en su lugar, se fijan las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Es así, pues de acuerdo con la Corte mexicana es más idóneo y mejor sustentado cuando se resuelve sobre la suspensión definitiva, luego de haber oído a las demás partes en el incidente. Lo anterior encuentra sustento en la ejecutoria de la contradicción de tesis 255/2015 del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se estableció: "63. El análisis de la apariencia del buen derecho, debe llevarse a cabo con los elementos con que cuente o que se allegue el Juez al resolver sobre la suspensión. En el caso de la suspensión provisional, ordinariamente consistirá en la demanda y los anexos exhibidos por el quejoso y, en el caso de la suspensión definitiva, además, se tienen los elementos derivados del informe previo que rinde la autoridad responsable, los que se allegue el Juez de amparo y rindan las partes en el incidente, como el tercero interesado o el Ministerio Público; según se ordena en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, en el informe previo, la autoridad responsable, además de señalar si el acto reclamado es cierto, puede expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, y, a su vez, el Juez de amparo está facultado para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere necesarias para resolver sobre la suspensión definitiva, en tanto que a las partes, sólo se les recibirán documentales e inspección judicial, así como la testimonial en los casos de peligro de privación de la vida y demás actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. 64. Puede considerarse que ese análisis, resultará más idóneo y mejor sustentado cuando se resuelve sobre la suspensión definitiva, luego de haber oído a las demás partes en el incidente, y de haberse recibido y recabado mayores pruebas que sólo aquellas que el quejoso exhibe con su demanda y con las cuales se resuelve sobre la suspensión provisional. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que la demanda y sus anexos, puedan llegar a formar convicción suficiente en el Juez, sobre la verosimilitud del derecho para efectos de conceder la suspensión provisional con efectos de tutela anticipada, cuando el promovente haya acompañado a su demanda constancias con alto valor probatorio sobre su autenticidad y contenido, a grado que un juicio objetivo y racional, lleve al Juez a la convicción de que difícilmente pudieran las partes aportar otros medios para negar o modificar dicho contenido y valor probatorio, con los cuales se demuestre su derecho y la afectación que resiente con el acto reclamado."

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