Samuel Alejandro Hernandez Velazquez

Expediente 568/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
568/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Samuel Alejandro Hernandez Velazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    III. A la fecha, se advierte que ha concluido el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera mediante el recurso de queja, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a) de esa legislación, el proveído de quince de noviembre del año en curso, en que se desechó la demanda de garantías promovida por Samuel Alejandro Hernández Velázquez, como se desprende de la certificación de cuenta, sin que lo hubiese recurrido. En consecuencia, de conformidad con el artículo 2°, de la invocada legislación, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declara firme el proveído que desechó la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación.

  2. Principal

    III. En quince de noviembre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito signado por el quejoso Samuel Alejandro Hernández Velázquez, registrado en el libro de correspondencia bajo el número 18670, así como con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Uruapan, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso Samuel Alejandro Hernández Velázquez, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en auto de nueve de noviembre del año en curso, refiere que el acto reclamado lo es de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, del que tuvo conocimiento el cinco de noviembre siguiente al comparecer ante el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano la demanda de amparo, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]". De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Son aplicables a los anteriores razonamientos los siguientes criterios: Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190035 27 de 40 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Pág. 31 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto: Tesis: P./J. 108/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163152 11 de 13 Pleno Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pág. 6 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en el fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis: VII.3o.C. J/4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 183937 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Julio de 2003 Pág. 804 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo contiene dos hipótesis derivadas de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de dicha fracción; en el primer supuesto, por regla general, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que causa ejecutoria ésta y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en el segundo, la resolución definitiva o última resolución es aquella en la que se apruebe o desapruebe el remate. Cabe precisar que, incluso, dentro del procedimiento general de ejecución de sentencias, surgen otros procedimientos derivados del mismo, en que pudiera llegarse también al remate; en cualquier caso, tratándose de éste, la "última resolución" es en la que se aprueba y, con base en ello, el bien es adjudicado. De modo que los demás actos que se dicten con posterioridad a esa resolución a consecuencia de aquél deben considerarse, aunque tengan el mismo fin, como autónomos y, por tanto, factibles de impugnación en la vía de amparo indirecto por sus vicios propios; sin que pueda decirse que se trata de actos en ejecución de sentencia respecto de los cuales deba esperarse el dictado de la "última resolución" pues ésta ya fue emitida." Lo anterior es así, porque la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El decreto dictado dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018 en fecha 11 de Octubre del año 2108, mediante el cual se ordena requerir al suscrito para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de su notificación comparezca ante dicha autoridad a acogerme al beneficio de la conmutación de la pena de prisión y entregue el bien inmueble objeto de la reparación del daño, así como notificación de dicho decreto. Ahora, en el caso, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se pueden advertir de las manifestaciones realizadas por el promovente bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." 1. En el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad, se instruye el proceso penal 80/2013, en contra del aquí quejoso por el delito de despojo de inmueble, dentro del una vez seguido su trámite legal, el treinta de junio de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva, en la que entre otras cosas se condenó como reparación del daño, a restituir a la ofendida el inmueble materia del conflicto y proceso, así como también se le concedió el beneficio de la conmutación de la sanción. 2. Sentencia la que una vez recurrida en apelación fue confirmada por el tribunal de alzada correspondiente; por lo que el cinco de noviembre del año en curso, al constituirse en el Juzgado Primero de lo Penal de esta Ciudad, le informaron que el proceso penal ya se encontraba ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, y que se encontraba dictado un decreto por dicha autoridad dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018 en fecha once de octubre del año en curso, mediante el cual se ordena requerir al suscrito para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación comparezca ante dicha autoridad a acogerme al beneficio de la conmutación de la pena de prisión y entregue el bien inmueble objeto de la reparación del daño. Determinación la cual constituye la materia del acto reclamado. Lo que de suyo implica, que tal actuación procesal, no constituye una declaración donde el Juez responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la referida ejecución; o, en su caso, haya ordenado el archivo definitivo del expediente. Además, de las manifestaciones del promovente en la demanda de garantías, no se desprende algún pronunciamiento por parte de la autoridad responsable en tal sentido, pues sólo así, sería factible considerar que se trata de la resolución que niegue totalmente la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia que dice: Tesis: I.3o.C. J/65 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 160336 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4277 Jurisprudencia(Común) "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA TOTALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, ES UN CASO ANÁLOGO A LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIRLA Y PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por "última resolución" debe entenderse aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por tanto, la resolución que niega totalmente, en forma directa y sin condición alguna, la ejecución de la sentencia, es análoga a la que declara la imposibilidad para cumplir con la cosa juzgada, toda vez que se paraliza totalmente el periodo de ejecución de sentencia y no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o la imposibilidad para cumplir con la cosa juzgada." De modo que, al no tener el carácter de tercero extraño dentro del citado juicio de origen, el quejoso podrá gestionar en ese procedimiento de acuerdo a sus propios intereses, como lo ha vendido haciendo hasta la fecha; asimismo, podrá hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes y sólo podrá acudir al amparo indirecto, cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respetiva determinación le afecte de manera directa e inmediata, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018. Resulta aplicable: Tesis: 612 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002678 1 de 2 Tercera Sala Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto Pág. 678 Jurisprudencia (Común) "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de garantías se debe esperar a que se emita esa determinación en la carpeta de ejecución respectiva, entendida como aquélla que en forma definitiva apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por SAMUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XXIII del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    III. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA DIECISEIS DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS POR MEDIO DE LISTA SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEIDO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: En quince de noviembre de dos mil dieciocho, el Secretario da cuenta al Juez, con un escrito signado por el quejoso Samuel Alejandro Hernández Velázquez, registrado en el libro de correspondencia bajo el número 18670, así como con el estado que guardan los presentes autos. Conste. Uruapan, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito signado por el quejoso Samuel Alejandro Hernández Velázquez, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en auto de nueve de noviembre del año en curso, refiere que el acto reclamado lo es de fecha once de octubre de dos mil dieciocho, del que tuvo conocimiento el cinco de noviembre siguiente al comparecer ante el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano la demanda de amparo, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no es el último dictado en la etapa de ejecución de sentencia. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.]". De lo anterior, se desprende que la procedencia del amparo indirecto cuando se trata de actos de ejecución de sentencia o laudo, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Cabe precisar que esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto fue instrumentada por el legislador con el objeto de evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que el juicio de garantías se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por ello se limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Son aplicables a los anteriores razonamientos los siguientes criterios: Tesis: P./J. 32/2001 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 190035 27 de 40 Pleno Tomo XIII, Abril de 2001 Pág. 31 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la Ley citada evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Legislación invocada al que se acude en forma analógica ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es de indicarse que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Cobra sustento a lo expuesto: Tesis: P./J. 108/2010 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 163152 11 de 13 Pleno Tomo XXXIII, Enero de 2011 Pág. 6 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." De lo asentado, se obtiene que toda resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia, si no tiene la característica de última determinación, no puede ser combatida a través del juicio constitucional, pues en este caso, la intención del legislador al no incluir otras resoluciones en la regulación de referencia, reclamables en amparo indirecto, fue para que no se obstaculizara el cumplimiento de las sentencias, por ser de interés público conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, sin que la promoción de múltiples amparos impida su ejecución, siendo hasta que se dicte la última resolución en el fase ejecutiva, cuando la parte quejosa estará en aptitud de ejercer la acción constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior: Tesis: VII.3o.C. J/4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 183937 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XVIII, Julio de 2003 Pág. 804 Jurisprudencia(Común) "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo contiene dos hipótesis derivadas de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero de dicha fracción; en el primer supuesto, por regla general, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que causa ejecutoria ésta y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en el segundo, la resolución definitiva o última resolución es aquella en la que se apruebe o desapruebe el remate. Cabe precisar que, incluso, dentro del procedimiento general de ejecución de sentencias, surgen otros procedimientos derivados del mismo, en que pudiera llegarse también al remate; en cualquier caso, tratándose de éste, la "última resolución" es en la que se aprueba y, con base en ello, el bien es adjudicado. De modo que los demás actos que se dicten con posterioridad a esa resolución a consecuencia de aquél deben considerarse, aunque tengan el mismo fin, como autónomos y, por tanto, factibles de impugnación en la vía de amparo indirecto por sus vicios propios; sin que pueda decirse que se trata de actos en ejecución de sentencia respecto de los cuales deba esperarse el dictado de la "última resolución" pues ésta ya fue emitida." Lo anterior es así, porque la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El decreto dictado dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018 en fecha 11 de Octubre del año 2108, mediante el cual se ordena requerir al suscrito para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de su notificación comparezca ante dicha autoridad a acogerme al beneficio de la conmutación de la pena de prisión y entregue el bien inmueble objeto de la reparación del daño, así como notificación de dicho decreto. Ahora, en el caso, resulta necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, que se pueden advertir de las manifestaciones realizadas por el promovente bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." 1. En el Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad, se instruye el proceso penal 80/2013, en contra del aquí quejoso por el delito de despojo de inmueble, dentro del una vez seguido su trámite legal, el treinta de junio de dos mil catorce se dictó sentencia definitiva, en la que entre otras cosas se condenó como reparación del daño, a restituir a la ofendida el inmueble materia del conflicto y proceso, así como también se le concedió el beneficio de la conmutación de la sanción. 2. Sentencia la que una vez recurrida en apelación fue confirmada por el tribunal de alzada correspondiente; por lo que el cinco de noviembre del año en curso, al constituirse en el Juzgado Primero de lo Penal de esta Ciudad, le informaron que el proceso penal ya se encontraba ante el Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, y que se encontraba dictado un decreto por dicha autoridad dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018 en fecha once de octubre del año en curso, mediante el cual se ordena requerir al suscrito para que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de su notificación comparezca ante dicha autoridad a acogerme al beneficio de la conmutación de la pena de prisión y entregue el bien inmueble objeto de la reparación del daño. Determinación la cual constituye la materia del acto reclamado. Lo que de suyo implica, que tal actuación procesal, no constituye una declaración donde el Juez responsable apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la referida ejecución; o, en su caso, haya ordenado el archivo definitivo del expediente. Además, de las manifestaciones del promovente en la demanda de garantías, no se desprende algún pronunciamiento por parte de la autoridad responsable en tal sentido, pues sólo así, sería factible considerar que se trata de la resolución que niegue totalmente la ejecución de la sentencia en el juicio de origen, a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia que dice: Tesis: I.3o.C. J/65 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 160336 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4277 Jurisprudencia(Común) "ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA TOTALMENTE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, ES UN CASO ANÁLOGO A LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD PARA CUMPLIRLA Y PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Por "última resolución" debe entenderse aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; por tanto, la resolución que niega totalmente, en forma directa y sin condición alguna, la ejecución de la sentencia, es análoga a la que declara la imposibilidad para cumplir con la cosa juzgada, toda vez que se paraliza totalmente el periodo de ejecución de sentencia y no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o la imposibilidad para cumplir con la cosa juzgada." De modo que, al no tener el carácter de tercero extraño dentro del citado juicio de origen, el quejoso podrá gestionar en ese procedimiento de acuerdo a sus propios intereses, como lo ha vendido haciendo hasta la fecha; asimismo, podrá hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes y sólo podrá acudir al amparo indirecto, cuando se trate de un acto autónomo de la propia ejecución, siempre y cuando la respetiva determinación le afecte de manera directa e inmediata, de no ser así, podrá combatir las violaciones que estime se conculcaron respecto de su persona, hasta en tanto se pronuncie la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018. Resulta aplicable: Tesis: 612 Apéndice de 2011 Quinta Época 1002678 1 de 2 Tercera Sala Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto Pág. 678 Jurisprudencia (Común) "EJECUCION DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." En esas condiciones, se considera que lo aquí reclamado no constituye la última resolución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; de ahí que, para instar el juicio de garantías se debe esperar a que se emita esa determinación en la carpeta de ejecución respectiva, entendida como aquélla que en forma definitiva apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Consecuentemente, es indudable que lo procedente es desechar de plano y sin mayor trámite la demanda de garantías promovida por SAMUEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ VELAZQUEZ, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XXIII del precepto 61 y el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    III. Téngase a Samuel Alejandro Hernández Velázquez, por su propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez de Ejecución de Sanciones Penales, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 568/2018-III. Ahora, a efecto de estar en condiciones de proveer sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 114, en relación con el precepto 108, fracción V, de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de éste proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II." Por escrito y con las copias suficientes de éste para correr traslado a las partes, regularice la demanda de garantías en cuanto a lo siguiente: I. Precise con exactitud la fecha del acto que en concreto reclama. Lo anterior, tomando en consideración que de su escrito de demanda, principalmente en el apartado relativo al ACTO RECLAMADO, refiere: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como ORDENADORA reclamo el decreto dictado dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018 en fecha 11 de Octubre del año 2108, mediante el cual se ordena requerir al suscrito para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de su notificación comparezca ante dicha autoridad a acogerme al beneficio de la conmutación de la pena de prisión y entregue el bien inmueble objeto de la reparación del daño. Sin embargo, en el punto Sexto, del capítulo de HECHOS, manifestó: "SEXTO.- Por lo que ante la preocupación e interés que el suscrito tenia y tengo en el asunto y al no tener noticias de mi abogado ni poderlo encontrar, y toda vez que el suscrito no contaba ni cuento con copias y datos del amparo directo presentado, YA QUE EL ABOGADO SE QUEDO CON TALES COPIAS Y DATOS, en fecha 5 de Noviembre del año en curso decidí trasládame personalmente ante el Juzgado Primero de lo Penal de esta Ciudad en donde se había llevado a cabo el proceso penal en un inicio a efecto de preguntar por el proceso penal y obtener datos, siendo mi sorpresa que me comentaron en dicho juzgado que el proceso penal ya se encontraba ante el JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES de esta Ciudad, y que se encontraba dictado un decreto por dicha autoridad dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018 en fecha 11 de Octubre del año 2108, mediante el cual se ordena requerir al suscrito para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de su notificación comparezca ante dicha autoridad a acogerme al beneficio de la conmutación de la pena de prisión y entregue el bien inmueble objeto de la reparación del daño". Y en el relativo a los conceptos de violación, refirió: "La ad quem ciudadano juez el JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES de esta Ciudad; en la determinación y/o decreto dictado dentro de la carpeta de ejecución POSI-9/2018 en fecha 11 de Octubre del año 2108, mediante el cual se ordena requerir al suscrito para que en el plazo de 5 días hábiles contados a partir de su notificación comparezca ante dicha autoridad a acogerme al beneficio de la conmutación de la pena de prisión y entregue el bien inmueble objeto de la reparación del daño." Lo que crea confusión, ya que no se tiene certeza de la fecha del acto que en concreto reclama deficiencia; que se hace necesario subsanar, para estar en condiciones de acordar lo conducente respecto de la admisión de la demanda. Apoya a lo anterior, las tesis siguientes: Tesis: XX.2o.3 P (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2007769 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III Pag. 2886 Tesis Aislada (Común) ORDEN DE APREHENSIÓN. SI SE PROMUEVE EN SU CONTRA JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN LA DEMANDA EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE LA CONOCIÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTE CUÁNDO TUVO CONOCIMIENTO DE AQUÉLLA [APLICACIÓN DE LA TESIS 2a./J. 161/2013 (10a.)]. En la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Tomo II, febrero de 2014, página 1079, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en la demanda de amparo el quejoso omite señalar la fecha en que conoció el acto reclamado, el Juez debe prevenirlo para que subsane tal deficiencia. Ahora bien, tal criterio es aplicable a la demanda de amparo en que se reclama la orden de aprehensión, porque como dicho acto se encuentra dentro del procedimiento judicial, le es aplicable el plazo de quince días para la presentación de la demanda, conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si dicho juicio constitucional se promueve contra esa orden de captura y el quejoso omite señalar la fecha en que la conoció, el Juez de Distrito debe prevenirlo para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste cuándo tuvo conocimiento de aquélla. II. Asimismo, precise en su caso, la fecha en que tuvo conocimiento del acto que en concreto reclama, toda vez que la que refiere en el capítulo correspondiente "V.- FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCION DEFINITIVO (ACTO RECLAMADO): bajo protesta de decir verdad manifiesto que el día 5 de Noviembre del año en curso me di cuenta de dicho acto reclamado, ahora impugnado." Asimismo, en el punto Sexto, del capítulo de HECHOS, refirió, entre otras cosas: "SEXTO.- Por lo que ante la preocupación e interés que el suscrito tenia y tengo en el asunto y al no tener noticias de mi abogado ni poderlo encontrar,. en fecha 5 de Noviembre del año en curso decidí trasládame personalmente ante el Juzgado Primero de lo Penal de esta Ciudad en donde se había llevado a cabo el proceso penal en un inicio a efecto de preguntar por el proceso penal y obtener datos, siendo mi sorpresa que me comentaron en dicho juzgado que el proceso penal ya se encontraba ante el JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES PENALES de esta Ciudad, Siendo el caso que a la fecha manifiesto bajo protesta de decir verdad que NO se me ha notificado ninguna resolución dictada dentro del amparo directo presentado en la Ciudad Capital, NI MUCHO MENOS he sido requerido o notificado personal Y LEGALMENTE de algún auto o decreto dictado por la autoridad señalada como responsable." De lo que se desprende que dicha data corresponde al día en que refiere tuvo conocimiento del acto que reclama; sin embargo del capítulo de actos reclamados aduce reclamar del Auxiliar de Causa y Notificación del Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales de esta ciudad, la notificación del decreto dictado por la autoridad señalada como ordenadora; de ahí que deberá señalar la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo prevenido en el punto I, se entenderá que la fecha del acto reclamado, lo es el once de octubre de dos mil dieciocho; y de no hacerlo por lo que hace al punto II, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones dirigidas a la parte quejosa la calle Chiapas número 14, altos, colonia Eduardo Ruíz de esta ciudad; y como autorizado en amplios términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Alejandro Luna Cortés, toda vez que en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontró registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pag. 1188 Tesis Aislada (Administrativa) SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Finalmente, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en el juicio.

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