Samuel Alejandro Díaz Esquivel
Expediente 2207/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2207/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/01/2017
Partes del expediente
- Comisionado del Instituto Nacional de Migración
- Samuel Alejandro Díaz Esquivel
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de la secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, por el que remite testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 31/2016, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este Juzgado. Acúsese recibo. Por cuanto dicho Tribunal Colegiado determinó que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es el competente legalmente para conocer de la demanda de amparo promovida por Erick Saúl Román Lagunas, apoderado de Samuel Alejandro Díaz Esquivel; se acuerda: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante el cual informa los actos que realizó para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa, con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CUYA SINTESIS DICE:"Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Administrador del Servicio Postal Mexicano, con sede en esta ciudad, por medio del cual da cumplimiento a lo solicitado mediante proveído de diez del mes en curso, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio 10771/2016, dirigido al Ayuntamiento Municipal de Sabanilla, Chiapas. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante oficio registrado con el folio 15015 (foja 276), la autoridad responsable la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio TTB/UA/SS/A/1689/2016. Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable -en lo que interesa- a la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: "La resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, generándose dilación en el procedimiento de ejecución de laudo." Ahora bien, mediante resolución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por este juzgado de distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la resolución en comento, quedando de la siguiente forma: "[.] SEXTO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN: Con fundamento en la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección de la justicia federal, para los efectos siguientes: En vista de que existe solicitud de la parte quejosa para que se efectúe el cumplimiento del laudo relativo, así como el dictado de acuerdos de apercibimiento y posterior determinación de hacer efectivas las multas a que alude el artículo 104 de la legislación de la materia, el tribunal laboral responsable deberá dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, el cual genera dilación en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, deberá proveer lo conducente para la precisión, identificación e individualización de las cuentas bancarias a nombre de la demandada en las instituciones señaladas en la diligencia de embargo; hecho lo anterior, resuelva de conformidad respecto a la solicitud de la actora. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficio registrado con el folio 15015 (foja 276), la autoridad responsable Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó su imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que acreditó con el oficio TTB/UA/SS/A/1689/2016; documental que tiene pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO En efecto, en cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, la autoridad responsable Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, informó la imposibilidad jurídica que tenía para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, habida cuenta que la parte actora no compareció ante la autoridad responsable a efecto de solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de ejecución de laudo, lo que generó un desinterés del actor a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo que atendiendo a que es obligación de la suscrita fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, lo que conlleva a analizar de manera oficiosa el mismo; además -dicho análisis- debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin tomar en cuenta aspectos novedosos que no fueron analizados por la juzgadora de amparo; bajo ese orden de ideas, es de considerarse que la ejecutoria de amparo es de imposible cumplimiento. Así pues, de la ejecutoria de amparo se desprende que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, esto es, se constriñó a la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, a dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil quince, emitida con motivo de la promoción presentada ante la responsable el veinte de marzo anterior en el expediente laboral ********************, el cual genera dilación en el procedimiento de ejecución de laudo. Además, de proveer lo conducente para la precisión, identificación e individualización de las cuentas bancarias a nombre de la demandada en las instituciones señaladas en la diligencia de embargo; y, hecho lo anterior, resuelva de conformidad respecto a la solicitud de la actora. Sin embargo, de las constancias de autos y de lo informado por la Segunda Sala del Tribual del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que la parte actora no compareció ante la autoridad responsable a efecto de solicitar fecha y hora para el desahogo de la diligencia de ejecución de laudo, lo que generó un desinterés del actor a efecto de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; máxime que mediante proveído de nueve de agosto del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, se ordenó la notificación por conducto del actuario adscrito a este tribunal a efecto de hacer del conocimiento a la parte quejosa que debería de comparecer ante la citada responsable, con el paercibimiento que de no acreditar que impulsó el procedimiento en el juicio de origen, se declararía la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Aunado a ello, se dio vista a la parte quejosa para el efecto de que manifestara lo que a su interés convenga, mediante proveído de dos de septiembre del presente año; sin embargo, fue omisa de nueva cuenta en dar cumplimiento a lo aquí solicitado. En ese contexto, en la especie se actualiza una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues sobrevino un cambio de situación jurídica, que ha modificado las circunstancias conforme a la cuales se emitió el fallo motivo de análisis; por tanto, la suscrita estima que no habrá posibilidad de que se llegue a ejecutar y que exista una resolución que la declare cumplida o no. Pues se reitera que la sentencia protectora no puede cumplirse, por razones jurídicas y materiales, debido a que en el presente caso existe imposibilidad de acatar la sentencia protectora, es decir, no es posible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida. La anterior afirmación cobra sustento en el hecho de que a partir del análisis de las condiciones del caso en concreto -la sentencia de amparo no puede ser cumplida en sus términos- dado que a la fecha en que se emite la presente determinación, la situación jurídica en que se encontraba cuando se concedió el amparo y protección de la justicia federal cambió, toda vez que la parte actora en el juicio de origen, no ha impulsado el procedimiento para logar la eficaz ejecución del laudo y así tener por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos en que fue dictada. Es aplicable a lo anterior, la tesis 2ª./J.2/2008, consultable a página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." En consecuencia la suscrita procede a declarar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de conformidad con el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo, pues el motivo que dio origen a la concesión del amparo, no se puede tener por cumplida en virtud de que la parte actora en el juicio de origen, no ha impulsado el procedimiento para logar la eficaz ejecución del laudo y así tener por cumplida la ejecutoria de amparo en los términos en que fue dictada. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. "
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
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