Samuel Alejandro Cruz Gaytán
Expediente 299/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 299/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Samuel Alejandro Cruz Gaytán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Archivo. Visto el estado de los autos se advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva solicitada, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado federal determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y c) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Fiscal en Jefe adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención contra la Mujer por Razón de Género, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado. Con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como prueba documental la que se anexa al oficio de cuenta, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado de los autos se advierte, de la lectura integral de la demanda de amparo, el quejoso Samuel Alejandro Cruz Gaytán, reclamó de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, lo siguiente: La omisión de acordar su escrito de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, el cual refiere fue presentado en la misma fecha, dentro de la carpeta de investigación 23469/FMUJ/UDVF/2020. Así, del informe justificado rendido por la responsable, y de las constancias que anexó, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se advierte la inexistencia del acto reclamado, en razón de lo siguiente: Mediante escrito de diez de febrero de dos mil veintitrés, el cual fue presentado en la oficialía de partes de la fiscalía responsable en esa misma fecha, la parte quejosa en cumplimiento a diversa prevención, con el fin de aclarar la petición realizada mediante escrito de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, expuso los motivos por los cuales el acto de investigación que propuso en el mencionado ocurso es pertinente, útil e idóneo, así como que el tipo de valoración que pretende se realice a la víctima, consistente en una valoración psicológica forense, proponiendo para tal efecto el horario, y lugar en el que se desarrollen. En proveído de veinte de marzo de dos mil veintidós, la Agente del Ministerio Público responsable da contestación al mencionado escrito de diez de febrero del presente año, pues en ese mismo auto, le informa que se ordenó hacer del conocimiento de la defensa, con base en la solicitud formulada que fijará fecha y hora en la que deberá acudir la víctima a la referida valoración psicológica, precisando el lugar para ello; no obstante no logró localizar a la víctima, por lo que ordenó girarle citatorio, a fin de que comparezca ante esa representación social, por lo que, hasta en tanto logre comunicarse con ella le notificara la fecha programada para su valoración. Luego, al haberse emitido dicho acuerdo (veinte de marzo de dos mil veintitrés) con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintisiete de marzo de dos mil veintitrés); es evidente, que a la fecha de presentación de la misma, no existía el acto reclamado, por lo cual el juicio de amparo en estudio, no puede ocuparse de actos posteriores, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 3/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 206346, consultable en la página 15, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, que dice: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Asimismo, cobra aplicación, por analogía, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, con número de registro 210237, publicada en la página 313, Tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo" Consecuentemente, al demostrarse en autos que en la fecha de presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado no existía, procede, de conformidad con la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio. En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinticinco minutos del quince de mayo de dos mil veintitrés), dada la manifiesta e indudable causa de sobreseimiento, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 299/2023. R E S U L T A N D O: ÚNICO. En proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se mandó tramitar el presente incidente de suspensión promovido por ********************, contra los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, consistente en la falta de contestación al escrito de diez de febrero de dos mil veintitrés, dirigido a la carpeta de investigación ********************, actos que estimó violatorios de los artículos 1 y 8, Constitucionales. Por consiguiente, se pidió a la autoridad responsable su informe previo, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados en el juicio de amparo son: La omisión de la autoridad responsable para acordar mi escrito de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés y que fue presentado en la misma fecha ante la responsable, dentro de la carpeta de investigación ********************. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. La autoridad señalada como responsable al Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado, pues señaló que no existe omisión de su parte, toda vez que no se ha llevado la valoración psicológica por falta de localización de la víctima como se estableció en el acuerdo de fecha veinte de marzo del año dos mil veintitrés, sin que haya remitido constancia alguna, en la que demuestre haber dado contestación a lo solicitado por la parte quejosa en escrito de diez de febrero del año en curso, por lo que su negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el acto reclamado a éste. TERCERO. Naturaleza del acto reclamado. Igualmente, previo a examinar si cumplen o no los requisitos para decretar la medida cautelar solicitada, es menester atender la naturaleza del acto reclamado, así como los efectos y consecuencias que producen estos, a efecto de determinar si se puede suspender y que dicha medida no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. Al respecto, adquiere relevancia el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021263, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo contenido es el que sigue: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior". La naturaleza del acto reclamado en el presente asunto es de carácter omisivo. Para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, se deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: a) Que la solicite la parte quejosa. b) No se siga perjuicio al interés social. c) Ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que los actos reclamados puedan ser objeto de suspensión, además de los requisitos anteriormente precisados, se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para cumplir con el contenido de la fracción X del artículo 107 de la Constitución, el juzgador debe tomar en consideración la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, definiendo al primero como el conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso; y al segundo, como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede producirse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En efecto, se debe ponderar de manera simultánea los aspectos que se analizan, es decir, se debe confrontar la apariencia del buen derecho invocado por la parte quejosa, con la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuestos a que se refiere la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese contexto, el estudio de las referidas condiciones para suspender el acto reclamado debe ser concomitante, al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo para decretar la medida. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 165659, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 315, de epígrafe y sinopsis siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: 'SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida". En este orden de ideas, se cumple con el requisito previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, en el apartado respectivo de su escrito de demanda. Ahora bien, en cuanto a la suspensión del acto reclamado consistente en la omisión en la que incurre la autoridad responsable para acordar su escrito de fecha diez de febrero del año en curso, dentro de la carpeta de investigación ********************, del índice de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por razón de Genero de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. En el caso, se precisa que el acto reclamado implica una abstención por parte de la responsable para pronunciarse respecto al escrito mencionado, circunstancia que no es determinante para conceder o negar la medida cautelar solicitada, sino que deberá atenderse a los efectos con los cuales se otorgue. De igual forma, si bien la medida cautelar puede tener efectos restitutorios, también lo es que éstos deben ser de carácter provisional, es decir, que la parte quejosa alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, pueda confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, con la condición de que tales efectos no dejen sin materia el juicio de amparo en lo principal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 286, Tomo I, Libro 73, Diciembre de 2019, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, no ha lugar a conceder la medida cautelar del acto reclamado (para el efecto de que la responsable se pronuncie en relación a la petición realizada por la parte quejosa mediante escrito de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés), dado que ello implicaría dejar sin materia el estudio del fondo del asunto. Es así, pues como quedó precisado en párrafos precedentes, los efectos que se otorguen a la medida cautelar deben ser de carácter provisional, circunstancia que no se actualiza en el caso, pues de pronunciarse al respecto, quedaría sin materia el juicio en lo principal, no cumpliéndose así la finalidad de la suspensión, que es otorgar un beneficio transitorio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre la cual deba recaer dicha medida cautelar. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO.- Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra los actos y autoridad señalada en el considerando segundo de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,308 expedientes
- Salvador Sangines Gamboa831/2020
- Salvador Tinoco Aguayo591/2021
- Samantha Caballero Melo941/2017
- Samantha Karla Pérez Domínguez165/2023
- Samantha Rueda Brambila595/2019
- Samuel Abinadí Durán Barrita o Samuel Durán Barrita1286/2016
- Samuel Alejandro Cruz Gaytán489/2022
- Samuel Chong Villa1008/2022
- Samuel Díaz Hernández843/2016
- Samuel Ezequiel Santiago Curiel1735/2014
- Samuel García García144/2004
- Samuel Hernández Ramos696/2020