Samuel Adrawi Pedroza Orzuna
Expediente 1419/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1419/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Samuel Adrawi Pedroza Orzuna
- Carlos Pedroza Pedroza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercero interesado por medio de lista el contenido del acuerdo de ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Samuel Andrawi Pedroza Orzuna, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de octubre de dos mil veintidós, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos remitido el veintisiete siguiente, por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Samuel Adrawi Pedroza Orzuna contra actos del Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. El veintisiete de octubre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo en contra de las siguientes autoridades y actos reclamados: Autoridades responsables Acto reclamado Juez Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos ".ACUERDO DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022" DICTADO POR LA JUEZ QUINTO FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS ANTE SU TERCER SECRETARIO DE ACUERDOS, DENTRO DEL EXPEDIENTE 250/2022 TERCERA SECRETARIA, EN EL JUICIO DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR SOBRE MODIFICACIÓN DE COSA JUZGADA..." (sic) Se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad. La demanda es oportuna en su presentación, pues se promovió dentro del plazo genérico de quince días que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el tres de octubre del año de dos mil veintidós, y surtió sus efectos el cuatro siguiente. De ahí que el plazo para instar el juicio de amparo transcurrió del cinco al veintiséis de octubre de dos mil veintidós; por ende, si la demanda fue presentada el veinticinco de octubre de este año, es evidente que se encuentra dentro del plazo mencionado, de acuerdo al artículo 18 de legislación de la materia. TERCERO. Legitimación. Samuel Andrawi Pedroza Orzuna, está legitimado para promover el juicio constitucional, pues es la parte demandada en el juicio de origen. Luego, si éste promovió la acción constitucional por derecho propio, es evidente que cumple con el requisito de instancia de parte agraviada de lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6º de la Ley de Amparo. CUARTO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el impetrante reclama el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós dictado en el expediente 250/2022, relativo a la controversia del orden familiar relativo a la modificación de cosa juzgada, instado por Carlos Pedroza Pedroza, por el que la responsable que desechó por improcedente el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso, en contra del diverso de diecinueve de agosto de dicho año. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo expresó la Jueza Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado, confesión que es suficiente para tener por acreditada la existencia del mismo, según la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Certeza se corrobora con las copias certificadas del expediente 250/2022 que remitió, en el que obra la resolución reclamada y demás constancias que tomó en consideración para la emisión de los actos atribuidos, la cuales por ser de carácter público gozan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte, el Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, omitió rendir su informe con justificación, pese a encontrarse debidamente notificado del auto por el que se le requirió, en consecuencia, se presumen ciertos los actos que se le atribuyen de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. SEXTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, se procede a examinar de manera oficiosa si en la especie opera alguna causal de improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto, al constituir una cuestión de orden público, y por tanto, de análisis previo y preferente lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así, este juzgador advierte que en el caso, operan de oficio las siguientes causas de improcedencia del presente juicio de amparo. 1. El Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Dicho lo anterior, se advierte oficiosamente que en torno a los actos atribuidos a la autoridad mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, toda vez que el juicio de amparo es improcedente en contra de los actos reclamados al Tercer Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, ya que éste no tiene el carácter de autoridad responsable. A efecto de justificar lo anterior, a continuación se es necesario traer a colación los preceptos 61, fracción XXIII, y el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". Del primero de los artículos mencionados, refiere que el juicio de amparo es improcedente, cuando surja un caso que suponga dicha improcedencia y ésta derive de la interpretación de la Constitución general o de la propia Ley de Amparo. Por otra parte, el segundo numeral transcrito dispone que la autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, el secretario de acuerdos señalado como responsable, a juicio de quien resuelve, no tiene el carácter de autoridad responsable, ya que sus atribuciones se circunscriben únicamente a autorizar y dar fe de lo actuado por dicho órgano, constituyéndose en un fedatario sin imperio ni facultad decisoria. Por tanto, la responsabilidad de lo acordado en el procedimiento de origen es de la persona titular del Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, pero no su secretaría de acuerdos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/2, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice lo siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. EN EL PRONUNCIAMIENTO DE LOS ACUERDOS EN EL PROCEDIMIENTO, LO ES EL JUEZ Y NO EL SECRETARIO DEL JUZGADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE VERACRUZ). Si bien los acuerdos pronunciados en un juicio son firmados, además de por el juez, por el secretario del juzgado, la intervención de éste es únicamente con el objeto de dar fe de dichos actos, como se desprende del contenido de los artículos 38 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, y 34, inciso A), fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, de ahí que la responsabilidad en el pronunciamiento de lo acordado en el procedimiento sea del juez, por ser quien dicta los acuerdos que constituyen lo actuado en el procedimiento, por ende, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo, es a éste a quien, en tales casos, debe considerarse como autoridad responsable y no al secretario del juzgado, de quien, en tal aspecto, deviene improcedente el juicio de garantías en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 11 de dicho ordenamiento legal". De ahí que, deba sobreseerse el juicio de amparo por la autoridad responsable Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, dado que no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. 2. El juicio de amparo es improcedente debido al cambio de situación jurídica del quejoso, derivado de la sentencia definitiva en el juicio de origen. Bien, para explicar este aserto, este juzgador considera que respecto del acto reclamado, consistente en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós dictado en el expediente 250/2022, relativo a la controversia del orden familiar de modificación de cosa juzgada, instado por Carlos Pedroza Pedroza, por el que la responsable que desechó por improcedente el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso, en contra del diverso de diecinueve de agosto de dicho año, que determinó retener la pensión alimenticia definitiva a favor de Samuel Andrawi Pedroza Orzuna, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.] De conformidad con la precitada norma legal, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio. b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que, esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En tal contexto, sólo si se cumplen en el caso esos requisitos, será posible que se actualice la causa de improcedencia en cita. En la especie todos ellos se verifican porque, en primer lugar, el acto reclamado lo constituye el proveído emitido por la responsable, en el que determinó desechar por improcedente el recurso de revocación promovido por el aquí quejoso, en contra del diverso de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, únicamente en lo relativo a la medida cautelar consistente en la retención de la pensión por concepto de alimentos que venía percibiendo el aquí quejoso, con motivo de la sentencia dictada en la controversia del orden familiar 318/2014-3, sobre divorcio necesario promovido por el tercero interesado en contra de Cristian Magaly Orzuna Vidal, del índice del Juzgado Octavo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en Morelos, de ahí que se materialice el primero de los citados elementos, pues se trata de una resolución emanada de un procedimiento judicial. Ahora bien, el veinte de junio de este año, la jueza responsable remitió copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo del año en curso, en la cual resolvió la controversia del orden familiar sobre modificación de cosa juzgada promovido por Carlos Pedroza Pedroza en contra de Samuel Andrawi Pedroza Orzuna, mismas que por ser de carácter público gozan de plena eficacia demostrativa. Aun cuando dichas documentales fueron remitidas por la autoridad responsable con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, este juzgador se encuentra facultado para valorarlas en razón de que opera en el caso una causal de sobreseimiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis: 2a./J. 25/2012 (10a.), Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, página 1279, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Luego, si la jueza responsable dictó una resolución en la controversia del orden familiar de referencia, es inconcuso que se actualiza la segunda hipótesis de la causal de improcedencia en estudio, ello porque al resolver en definitiva la controversia familiar natural, generó un cambio de situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado. En suma a lo expuesto, este juzgador advierte que en la resolución definitiva mencionada, la jueza responsable dejó sin efectos la medida cautelar decretada en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, al declarar procedente la modificación de cosa juzgada promovida por el tercero interesado. Por lo anterior, a ningún fin práctico conduciría examinar la constitucionalidad del proveído reclamado, dada la nueva situación jurídica, pues con la emisión de la sentencia definitiva consumó irreparablemente el acto inicialmente reclamado. En ese orden de ideas, se acredita la causa de improcedencia en análisis, establecida en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, tomo IV, Diciembre de 1996, página 219, del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Demostrada así la improcedencia del contradictorio de garantías, debe sobreseerse en el mismo, en términos de lo establecido por el artículo 63 fracción V de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Samuel Andrawi Pedroza Orzuna, por las razones y consideraciones expuestas en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintiocho de junio de dos mil veintitrés, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio con anexo signado por la Juez Quinto Familiar de Primera instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual informa respecto de la actualización de una causal de sobreseimiento; al respecto, y, toda vez que se encuentra celebrada la audiencia constitucional únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Carlos Pedroza Pedroza, en su carácter de tercero interesado; al respecto, de conformidad con el artículo 5°, de la Ley de Amparo, se le tiene apersonándose a la presente contienda en su carácter de tercero interesado, asimismo, se tiene por señalado el domicilio que indica, para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizados a las personas que cita con los efectos que precisa. Por otra parte, respecto del correo electrónico y número telefónico que cita, se tienen únicamente como contacto, lo anterior, a efecto de privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se padece. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas que ofrece, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Finalmente, de conformidad con el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que vierte en vía de alegatos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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