Samuel Acacio Salas

Expediente 1566/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1566/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
15/02/2019

Partes del expediente

  • Samuel Acacio Salas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto el oficio signado por el Agente del Ministerio 01 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Jalisco; con el que solicita copias certificadas de las actuaciones que forman el juicio de amparo 1566/2018, del índice estadístico de este Juzgado Federal, por resultar necesarias para integrar la Carpeta de Investigación; consecuentemente, agréguese a los autos y con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, remítansele las constancias que solicita. No pasa inadvertido que el oficiante no es parte en el presente juicio de garantías; sin embargo, en atención al trámite para el cual se solicitan dichas documentales, se estima procedente la petición. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, que dice:

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, sin que alguna de las partes haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución dictada el treinta de julio de dos mil dieciocho, en donde se sobreseyó en el juicio constitucional; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En razón de lo anterior, de conformidad a lo establecido en el punto Décimo, fracción I, y el punto Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del mismo año; el presente juicio es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente a que surta efectos la notificación de este proveído, deberá realizarse una transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el trámite respectivo. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, una vez notificado que sea el presente acuerdo, archívese este asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    SENTENCIA. 1. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por el QUEJOSO, contra el acto reclamado del Presidente, Secretario General, Síndico, Jefe de Gabinete, Coordinador General de Administración e Innovación Gubernamental, así como del Director e Inspectores Municipales Iván Campos García, Adrián Israel Fierro Rodríguez y Miguel González Fernández, estos tres últimos adscritos a la Dirección de Inspección y Vigilancia, la totalidad de autoridades correspondientes al Ayuntamiento del Municipio de Zapopan, Jalisco.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, por el que informa las gestiones realizadas para dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al originar la tesis P. XX/2002, número de registro 187083, de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO"; consideró en lo que aquí interesa, que: El artículo 126 de la Carta Magna aceptaba que el presupuesto de egresos no debía ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyacía el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pudiera programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, preveía la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente debía autorizarse por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es impostergable. Si la autoridad ya tenía autorizado un presupuesto que le permitiera efectuar un pago, debía realizarlo si con ello daba cumplimiento a un mandato de amparo; toda vez, que ello no podría considerarse como una contravención al referido artículo constitucional, pues el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no podía quedar condicionado ya que la Constitución Federal imponía categóricamente que aquéllas fueran cumplidas inexcusablemente. En tanto, que el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 5/2011, número de registro 162469, de rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN"; estimó que: * Si bien el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debía aprobarse, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, también cierto lo era que tratándose de las sentencias de amparo que implicaran el pago de recursos monetarios, las autoridades debían desarrollar todas las acciones que resultaren pertinentes para dotar de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional, pues debían ejecutarse pronta, completa y conforme lo ordenara el juzgador de garantías. * Las autoridades tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado a fin de lograr lo anterior. Por último, también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al publicar la jurisprudencia P./J. 8/2011, número de registro 162470, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL"; resolvió que: * El sistema general de adecuaciones presupuestarias constituía un mecanismo que permitía solicitar la ampliación de una partida, sin menoscabo de que ello pudiera solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones a aquél. * Destacando, que una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional; toda vez, que tal limitación constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente que otros derivados de los vínculos jurídicos que voluntariamente se celebren. Ahora, de un análisis integral de las actuaciones practicadas en el presente sumario constitucional, destacan las siguientes: I Mediante proveído originado el nueve de febrero de dos mil dieciocho se tuvo por recibida la resolución del recurso de revisión por el que se confirmó la sentencia constitucional dictada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete; esta última, por la que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que las autoridades responsables realizaran el pago de la prestación de haber de retiro. Consecuentemente, se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento a la misma. II) La delegada de las autoridades responsables vía oficio remitió: Acuerdo por el que el Pleno de la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, requería al Director de Planeación, Administración y Finanzas adscrito para que informara sobre la existencia de suficiencia presupuestal a fin de cumplir la ejecutoria de amparo. Comunicación oficial por la que este último Director manifestó la inexistencia relativa. Por auto de diecinueve de febrero siguiente, se tuvo a las autoridades responsables en vías de cumplimiento y se volvió a efectuar el requerimiento correspondiente. La delegada de las autoridades responsables vía oficio señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. En acuerdo de ocho de marzo posterior, nuevamente se requirió por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se determinó hacerlo de igual forma a la Secretaría referida en el punto anterior; toda vez, que resultaba partícipe, competente e intervenía en el proceso de cumplimiento. La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco emitió el oficio por el que esclarecía que el presupuesto de egresos para el Poder Judicial del Estado de Jalisco -entre ellos la autoridad aquí responsable-, fue autorizado por la cantidad señalada y que le ha transferido al Consejo responsable las diversas cantidades, para cada uno de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil dieciocho (fojas 278 a 284). La delegada de las autoridades responsables vía oficio remitió la diversa comunicación oficial, por la que el Director de Planeación, Administración y Finanzas adscrito manifestó inexistencia de suficiencia presupuestal. Por auto de dos de abril subsiguiente, se emitió un nuevo requerimiento a las autoridades responsables pretendiendo el cumplimiento constitucional. La delegada de las autoridades responsables vía oficio, remitió la diversa comunicación oficial por la que el Director de Planeación, Administración y Finanzas adscrito manifestó inexistencia de suficiencia presupuestal. Mediante proveídos de diez y veintitrés de abril de la anualidad en curso, se consideró volver a requerir a las autoridades responsables a fin de acreditar la consignación del haber de retiro. La delegada de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. Por auto de dos de mayo siguiente, se tuvo a las autoridades responsables en vías de cumplimiento y se volvió a efectuar el requerimiento correspondiente. La delegada de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. En acuerdo de veintiuno de mayo posterior, nuevamente se requirió por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 368 a 370). La delegada de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. Por auto de seis de junio subsiguiente, se emitió un nuevo requerimiento a las autoridades responsables pretendiendo el cumplimiento constitucional. El delegado de las autoridades responsables vía oficio, señalaba que solicitó a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, recursos adicionales para estar en aptitud de consignar el pago necesario. Como consecuencia de lo anteriormente considerado, téngase a las autoridades responsables en vías de cumplimiento; por tanto, con fundamento en los artículos 192, cuarto párrafo, y 193, tercer párrafo, de la ley de la materia, requiéraseles para que dentro del término de tres días den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitiendo a esta autoridad constancia fehaciente de ello. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos contenidos en el proveído de nueve de febrero de dos mil dieciocho, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo. Ahora bien, requiérase a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (como autoridad que se vincula) para que dentro del término de tres días siguientes a su notificación, demuestre el cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo constancia fehaciente de ello; a saber acredite haber efectuado las adecuaciones presupuestarias que estime necesarias, correspondientes al presupuesto de egresos para el Poder Judicial del Estado de Jalisco -entre ellos la autoridad aquí responsable- autorizado por la cantidad en comento y dote a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura de la aludida Entidad Federativa de la diversa cantidad a fin de que esta última consigne el pago del haber de retiro de la parte quejosa. Primero, porque el artículo 126 de la Carta Magna acepta que el presupuesto de egresos no sea estricto, inflexible, ni imposible de modificar, pues de su propio texto subyace el principio de modificación presupuestaria, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior a su aprobación; por tanto, sí prevé la posibilidad de su modificación para adecuarlo a las necesidades sobrevenidas, gasto que necesaria e ineludiblemente deben autorizar las referidas autoridades vinculadas, por tratarse del cumplimiento de un mandato de amparo cuya ejecución es completa, impostergable, inexcusable y conforme lo ordena este juzgador de garantías. Segundo, porque el sistema general de adecuaciones presupuestarias constituye un mecanismo que permite solicitar la ampliación de una partida, sin menoscabo de que ello pueda solicitarse simultánea o posteriormente a la realización de las adecuaciones a aquél; pues, una interpretación contraria -impedimento en acudir a los mecanismos de adecuaciones presupuestarias y tener como única opción el agotar los recursos destinados originalmente a la partida respectiva-, implicaría atribuir una regulación contraria a lo previsto en el párrafo sexto del artículo 17 constitucional, ya que constituiría un grave obstáculo al cumplimiento de las sentencias, al generar un sistema al tenor del cual resultaría más complejo el pago de gastos exigidos constitucionalmente. Todo lo anterior, con fundamento en las razones que informan los criterios: "SENTENCIAS DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DE SU CUMPLIMIENTO. "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO A CARGO DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE ESA ENTIDAD NO IMPIDE A ÉSTAS, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALIZAR ADECUACIONES PRESUPUESTALES PARA CUMPLIR CON AQUÉLLAS CUANDO SE AGOTE LA PARTIDA PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA TAL EFECTO POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. En la inteligencia de que subsisten los apercibimientos contenidos en el proveído de veintisiete de junio de dos mil dieciocho, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.

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