Sammy Pérez Pérez

Expediente 1255/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1255/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
23/12/2022

Partes del expediente

  • Sammy Pérez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Aclaración de sentencia. Vista la certificación secretarial que antecede, y tomando en cuenta la incongruencia advertida entre el punto resolutivo de la sentencia y el considerando D de la misma, atento a lo estatuido en el párrafo ultimo del numeral 74 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 74. La sentencia debe contener: (.) El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma." Del que se desprende que el órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Aunado a lo establecido en la jurisprudencia 2/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, página 22, cuyo rubro y texto son: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." De oficio, se precede a aclarar el punto resolutivo de la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en este asunto, para quedar del modo siguiente: "R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación SOBRESEE en el juicio de amparo ********************/2022, del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en el presente juicio de amparo, por los motivos y fundamentos establecidos en último considerando de esta sentencia". Lo anterior a efecto de o corregir el error o defecto material de la ejecutoria veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el juicio de amparo en que se actúa para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento, dado que el considerando D de dicho fallo se estableció el sobreseimiento en el presente asunto. DE ESTE MODO, CUANDO SE EXPIDAN COPIAS DE LA SENTENCIA DEBERÁ INCLUIRSE LAS CORRESPONDIENTES A ESTE ACUERDO POR SER PARTE INTEGRANTE DE AQUÉLLA. Causa estado sobreseimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno en el sentido de que este asunto se resolvió como un sobreseimiento, comuníquese lo anterior a las partes. Consecuentemente, toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos originales. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa, que se ubican dentro de los referidos en el artículo 3, fracción XVIII del Acuerdo General de que se habla, y en cumplimiento a lo dispuesto en el diverso 21 de la misma legislación; requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se dejen en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. Por lo que la parte promovente deberá solicitarlas previamente por escrito con la finalidad de señalarle fecha en la agenda del Juzgado y efectuarlas las diligencias necesarias para que puedan entregarse los documentos relativos. Devolución de otros documentos. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Devolución de anexo. Por otra parte, en atención a que obra por separado un tomo de pruebas; consecuentemente, y en virtud que no hay más actuaciones que realizar en el expediente en que se actúa, se ordena devolver a la autoridad respectiva dicho tomo, por ser de su competencia. En el entendido de que el sello de recepción servirá como acuse. Notifíquese; por lista a la quejosa, electrónicamente a la tercera interesada; por correo electrónico a la fiscal adscrita por oficio a las autoridades responsables

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 61, 63, 73 a 79, 107, 124 y 215 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia del Poder Judicial de la Federación AMPARA Y PROTEGE a Sammy Pérez Pérez, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, en el presente juicio de amparo, por los motivos y fundamentos establecidos en último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista a la quejosa, electrónicamente a la tercera interesada; por correo electrónico a la fiscal adscrita y por oficio a las autoridades responsables

  3. Principal

    A U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las doce horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional de pruebas, alegatos y sentencia prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto número 1255/2022-VI, promovido por +++++, contra actos de Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla y otra; ante la presencia judicial de Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con Gabriela Toxtle Limón, Secretaria que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la asistencia personal de las partes ni de sus autorizados y que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el módulo "Agenda vista a OJ", opción "Consulta General", no se desprende que alguna de las partes haya solicitado cita para comparecer a esta audiencia, por lo que se procede a su celebración. Apertura Cuenta: La Secretaria hace relación de las constancias que integran los autos del juicio de amparo indirecto y con el estado de autos. El Juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la relación de las constancias. Estado de autos. Escrito. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de doce de septiembre del año en curso, se reservó proveer lo relativo a las pruebas ofrecidas por el quejoso, en su escrito de ampliación de demanda, siendo las siguientes: Fundamentación. Artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo. Artículos 61, 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Acuerdo. Elementos formales y materiales de las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial. Conforme a los artículos 119 y 120 de la Ley de Amparo, previa a la admisión y tramitación de las pruebas testimonial, pericial e inspección judicial, o cualquier otra que amerite desahogo posterior, se requiere que el oferente reúna elementos formales y materiales y la carencia de ellos generará procesalmente el desechamiento de las probanzas. Los elementos de valoración formales de las pruebas son los siguientes: a.- Se ofrezcan a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. b.- Se exhiban los interrogatorios para examinar a los testigos, el cuestionario para los peritos o los puntos sobre los que deba versar la inspección. c.- Se exhiban las copias respectivas para correr traslado a las partes; y, d.- Tratándose de la prueba testimonial, únicamente se aceptarán tres testigos por cada hecho. El elemento material consiste en la idoneidad del medio probatorio, esto es, que se trate de pruebas aceptadas por la Ley de Amparo y que se refieran a los hechos controvertidos, conforme a los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Desechamiento de las pruebas pericial e inspección judicial. El artículo 119, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. En la especie, la parte quejosa ofrece las pruebas pericial e inspección judicial, sin embargo, no se ofreció en forma oportuna conforme al artículo 119, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; es decir, cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la primera audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. a.- La fecha programada para la celebración de la primera audiencia constitucional fue el cinco de agosto de dos mil veintidós. b.- Por ende, los cinco días hábiles previos fueron del veintinueve de julio al cuatro de agosto de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, conforme a los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. c.- En consecuencia, el día anterior a los cinco hábiles, fecha máxima en la que se pudo haber ofrecido la prueba de mérito, fue el veintiocho de julio de dos mil veintidós. d.- Sin embargo, la prueba fue ofrecida el veintidós de octubre de dos mil veintidós. Según se advierte, el ofrecimiento de la prueba se realizó en forma extemporánea, pues el quejoso tenía conocimiento de la primera fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (cinco de agosto de dos mil veintidós), aun así la ofreció de manera extemporánea hasta el veintidós de octubre de dos mil veintidós, y si bien las ofreció en su escrito de ampliación de demanda, tales pruebas prueba versan sobre hechos que el justiciable conoció desde que presentó la demanda de amparo. Ergo, se desechan las pruebas pericial e inspección judicial, porque no se ofrecieron en forma oportuna, conforme al artículo 119, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. No son hechos supervenientes. Además, con las pruebas pericial e inspección judicial se pretende acreditar hechos que se conocen desde la presentación de la demanda de amparo y no hechos supervenientes. Sobre este punto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia las pruebas pericial, testimonial y de inspección, no pueden ofrecerse posteriormente, porque se pierde el derecho. El criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que las pruebas que necesiten una preparación especial deben ofrecerse con la oportunidad debida, se apoya en dos principios básicos: a.- El de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluído ese derecho procesal; b.- El cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de 5 días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCION JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUES DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece "PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes"; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el artículo 119 de la Ley de Amparo y estableció, en esencia, al disponer, como regla general, que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, o cualquier otra que amerite desahogo posterior, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional: a.- No viola el derecho a una adecuada defensa; b.- No viola el principio de interpretación más favorable a la persona; y, c.- No viola el derecho de acceso a la justicia. Sirven de fundamento, las jurisprudencias: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes." "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial, no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el principio de interpretación más favorable a la persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque éste conlleva que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, pero no implica que al ejercer la función jurisdiccional dejen de observarse las reglas y los plazos procesales aplicables, ya que ello equivaldría a contravenir los diversos principios de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada, lo que redundaría en perjuicio de las demás partes en el juicio de amparo." Así como la tesis aislada: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Acorde con el precepto citado, el plazo para ofrecer las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas, por lo que si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer su derecho y, al no haberlo hecho, opera la preclusión en su perjuicio. Por tanto, el artículo 119 de la Ley de Amparo no viola el derecho de acceso a la justicia reconocido por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que esa limitante busca la expeditez del procedimiento de amparo derivado de su naturaleza sumaria y se basa en el respeto al derecho de defensa de la parte oferente; es decir, el aludido precepto legal no inhibe de manera absoluta el derecho del inconforme a ofrecer pruebas en el juicio de amparo, sino que únicamente limita su ofrecimiento al plazo que prevé sin posibilidad de ampliarlo, excepto en los casos señalados, lo cual, en sí mismo, no vulnera derechos humanos; por el contrario, la limitante referida obliga a la autoridad jurisdiccional a resolver la controversia dentro de los términos y plazos legales." Por tanto, respecto a las pruebas pericial e inspección judicial que pretende ofrecer, dígase al promovente que no ha lugar a tenerlas por admitidas al resultar extemporáneas. Ergo, se desechan las pruebas pericial e inspección judicial. Desechamiento de las pruebas que señaló en los apartados como 1, 4 y 7 del escrito de ampliación de demanda. Respecto de las indicadas pruebas, consistentes en los oficios que solicita que este órgano jurisdiccional gire al 1. Registro Público de la Propiedad en la Circunscripción Territorial de Huejotzingo, Puebla, 2. Director de Catastro y Predial del Municipio de Huejotzingo, Puebla; y, 3. Subdirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Huejotzingo, Puebla, relativas a informes respecto del bien inmueble "+++++++". Al efecto, debe destacarse que los actos reclamados consisten en: Ergo, se desechan las pruebas indicadas en este apartado por no idóneas, en tanto que la ilegalidad de los actos reclamados está relacionada con las diligencias de emplazamiento y no el estado catastral del inmueble citado, siendo esto lo que se pretende demostrar con la documentación que le quejoso pretende agregar a este sumario. Aunado a que el amparista no señala algún tipo de imposibilidad de acceder a la mismas y exhibirlas directamente en este asunto. Se admiten las documentales señaladas en los apartados 2 y 3 de su escrito de ampliación. Con sustento en el ordinal 119 de la Ley de amparo se admiten y se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Pruebas Cuenta: Se apertura la etapa de pruebas y la Secretaria hace relación de las siguientes: 1.- Pruebas de la parte quejosa. Las documentales que obran en autos. 2.- Pruebas de la(s) autoridad(es) responsable(s). Las documentales que obran en autos y en un tomo de pruebas. 3.- Pruebas del tercero interesado. No ofreció. 4.- Pruebas recabadas de oficio. No se recabaron. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas, procediéndose a cerrar esta etapa. Alegatos Cuenta: Se apertura la etapa de alegatos y la Secretaria hace constar que las partes no formularon alegatos. El Juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la constancia secretarial, procediéndose a cerrar esta etapa. Alegato ministerial Cuenta: La Secretaria hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló alegato. El Juez de Distrito acuerda: Se tiene por hecha la constancia secretarial. Al no existir diligencia pendiente, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional y se turnan los autos para dictar sentencia, firmando al calce quienes en ella intervinieron para constancia. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones de cuenta, se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo concedido a las partes para desahogar la vista con el informe justificado recibido en acuerdo de once de octubre del año en curso, transcurre del diecisiete al veintiséis de octubre de la presente anualidad, en virtud de que fueron notificadas por lista el trece del mismo mes y año. Fundamentación. Artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo. Acuerdo y/o motivación. Diferimiento. En tal sentido, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Fecha y hora. En consecuencia, se fijan para su celebración las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la (s) autoridad (es) responsable (s) por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Gabriela Toxtle Limón, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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