Samir Garcia Roncal

Expediente 29/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
29/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Samir Garcia Roncal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 29/2021 y testimonio de la ejecutoria de veinte de octubre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión en materia administrativa 124/2022, en la cual, en sus puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Samir García Roncal, contra las autoridades responsables y los actos reclamados establecidos en la sentencia recurrida." Integración del cuaderno de antecedentes, notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, glósense a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las restantes son copias simples de actuaciones que obran en autos y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), del acuerdo general citado; por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. El presente asunto carece de relevancia documental Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Admisión de recurso. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; mediante el cual informa el contenido del proveído de veintidós de marzo de dos mil veintidós, que admitió el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, registrándolo con el número de expediente 124/2022. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Albalinda Guadarrama Rinconi, secretaria que autoriza y da fe, quienes firman vía el electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito firmado por Edgard Alejandro Padilla Guzmán, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de enero del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión y notificación a las partes. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, esto es, a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Remisión del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, en Turno, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes. Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento a que tribunal colegiado le correspondió conocer el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.

  4. Principal

    V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 29/2021 promovido por ---- por su propio derecho. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el ocho de julio de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial, remitido por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa ----- por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra un acto que atribuye al Pleno del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por auto de doce de julio de dos mil veintiuno, radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente 823/2021, admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el trece de diciembre de dicha anualidad. Tercero. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por oficio de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del actual, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió aquel juicio a este juzgado de Distrito para el dictado de la sentencia correspondiente. Cuarto. Recepción de autos para dictado de sentencia. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la mencionada Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó el mismo bajo el expediente 29/2021; se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 48 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, donde radican las autoridades que emitieron la norma combatida, así como el acto de aplicación. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I , de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de garantías y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: Autoridades responsables: 1. Congreso del Estado de Morelos. 2. Gobernador del Estado de Morelos. 3. Secretario de Gobierno del Estado de Morelos. 4. Secretario de Hacienda del Estado de Morelos. 5. Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos. 6. Presidente Municipal de Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 7. Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos. 8. Director del Impuesto Predial y Catastro del Ayuntamiento de Yautepec Precisión de los actos reclamados: La expedición, aprobación, promulgación, refrendo y publicación de: a) Los artículos 77, 94 ter al 94 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, relativo al proceso de recepción del entero y cobro del impuesto determinado por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes inmuebles (Isabi). b) Los artículos 7 y 87, inciso f) de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve. c) La omisión del Gobernador del Estado de Morelos y del Presidente Municipal de Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos, de ejercer respectivamente, la facultad prevista en el numeral 96, fracción I, del Código Fiscal para el Estado de Morelos y en el ordinal 87 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, en otorgar mediante resolución de carácter general la condonación, exención total o parcial del pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, no obstante que existe una contingencia sanitaria derivado del SAR-COVID-19. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Tesorero Municipal y Director de Impuesto y Catastro y Actualización del Ayuntamiento de Yautepec, consistente en la aplicación de las normas generales reclamadas que se le atribuyen a las propias autoridades, pues, además de que lo negaron al rendir su informe justificado, su inexistencia se corrobora ya que en autos obra un recibo oficial expedido por la propia tesorería y un documento de catastro, ambos de dicha municipalidad, cuyo contenido se advierte el formato de cálculo y pago de las contribuciones que se reclaman (fojas 257 y 258 del sumario constitucional). Ello es así pues, del recibo y documento de mérito solo reflejan la autoliquidación de las contribuciones previstas en las normas generales de referencia, autoliquidación que sólo puede ser tomada en consideración como acto de aplicación de dichas normas, pero no como acto de autoridad, en razón de que no se le atribuyen vicios propios, de modo que no hay intención impugnativa contra el proceder de las autoridades que reciben el pago de las contribuciones en cuestión. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Sin prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, acorde al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de dichos actos. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades legislativas, ya que así lo manifiestan al rendir su informe justificado, aunado a que la existencia de una ley no está sujeta a prueba, pues la misma se corrobora dado de que dichas autoridades concurrieron en el proceso y formación legislativa de los ordenamientos reclamados. Lo anterior se acredita plenamente de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2°de la Ley de Amparo y, por similitud de razón, con la tesis número V.2°.214 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XVI, febrero de 1995, página 208, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados, que aparece bajo el rubro siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, visible en la página 260, Tomo XII, agosto de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553, Tomo VI, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En primer orden, el Presidente Municipal de Yautepec, Morelos, al rendir su informe justificado asevera que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, sin expresar las razones que justifiquen su actualización, por lo cual se desestima, no obstante que para su ponderación se requiere del desarrollo de mayores razonamientos, en virtud que aquélla no es de obvia y objetiva constatación. En esa línea de pensamiento, el Secretario de Hacienda del Estado de Morelos, al rendir su informe con justificación manifestó que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción X, en relación con la fracción XI, de la legislación en consulta, respecto al acto reclamado consistente la inconstitucionalidad de artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, en razón de que existe la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/5 CS (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE PREVÉ SU PAGO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA", emitida por el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, donde asevera que ahí se concluyó esencialmente, que tal artículo no otorga un trato diferenciado. No es dable atender en este momento, en razón de la vinculación de estos aspectos relacionados con el estudio de los conceptos de violación, que sólo puede darse una vez superado el estudio de las causales de improcedencia que se hagan valer; por lo que se desestima la causa de improcedencia invocada. Resulta aplicable al caso el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, que se lee en la página 5, del Tomo XV, enero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse" Ahora bien, las autoridades Secretario de Hacienda, Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial todos del Estado de Morelos, al rendir sus informes con justificación sostienen, que la parte quejosa no impugnó por vicios propios los actos que atribuyó a dichas autoridades, consistentes en el refrendo y publicación de los numerales impugnados de inconstitucionales; por el contrario, sus argumentos están dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados a partir de las violaciones materiales contenidas en el cuerpo de los propios artículos. En ese sentido, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, en relación con los actos reclamados a las autoridades antes destacadas. Es aplicable la jurisprudencia PC.I.A. J/49 A, de Plenos de Circuito, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, página 2248, con registro digital 2010097, de rubro y contenido. "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL QUEJOSO IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si el quejoso no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Finalmente, con relación a los artículos 94 ter 3 al 94 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, este juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del arábigo 61 , con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, pues la parte quejosa omitió formular conceptos de violación. El ordinal 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación." Si bien, el Máximo Tribunal del País ha establecido que en la redacción de los conceptos de violación o agravios basta con expresar la causa de pedir , también lo es que el Alto Tribunal precisó que dicho criterio sólo tiende a facilitar el acceso a la justicia y evitar que los motivos de inconformidad se redacten bajo cierto formulismo; empero, ello no significa que los quejosos o recurrentes se limiten a verter meras manifestaciones sin sustento ni fundamento . De la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa haya expresado razonamiento jurídico concreto para evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos 94 ter 3 al 94 ter 11 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, sin que en la especie se actualice algún supuesto que autorice suplir la queja deficiente. En esas condiciones, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no expresó conceptos de violación para evidenciar la inconstitucionalidad de los preceptos referidos en este apartado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 28/93, que con el número 169, está publicada en el Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Parte SCJN, página 114, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO". Ahora bien, al no advertirse de oficio una diversa causa de improcedencia, se procede al análisis del fondo del asunto. Sexto. Estudio de fondo. Se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, al tenor de los argumentos con los que la parte quejosa hace valer en sus conceptos de violación, mismos que no se transcriben por no ser necesario para el desarrollo y dictado de la presente resolución; además, porque tal cuestión no lo deja en estado de indefensión, al no privarlo del derecho de alegar lo que estime conveniente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". Son inoperantes e infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso contra las normas generales en cita, por lo que respecto de ellas debe negarse el amparo solicitado. En principio, el quejoso aduce que el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, relativo a los derechos por los servicios de Registro Público de la Propiedad, por inscripción de los actos traslativos de dominio que ahí se mencionan, resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque no atiende al costo del servicio proporcionado por el instituto registral, es decir, toma como base diferentes cuotas o tarifas en UMAS (Unidades de Medidas de Actualización), para el mismo servicio registral, cobrando la inscripción por el tipo de acto jurídico que se inscribe y no por el servicio que se presta. Es infundado el motivo de disenso, porque sobre este tema el Pleno en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, ha emitido la jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/5 CS (10a.) obligatoria para este juzgador conforme al segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que no hay la violación alegada, por lo que debe declararse infundado tal concepto de violación. Esa jurisprudencia con registro 2016021 es del tenor siguiente: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ACTOS TRASLATIVOS DE DOMINIO. LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE PREVÉ SU PAGO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. La fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, reformada mediante los decretos Números dos mil cincuenta y cuatro, así como ciento veintiuno, publicados, respectivamente, el 24 de diciembre de 2014 y el 8 de diciembre de 2015, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, que señala una tarifa determinada por concepto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad local de documentos, resoluciones judiciales o administrativas y testimonios notariales en los cuales se establezca, declare, transfiera, adquiera o modifique el dominio, o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, la cual es diferente a la del resto de las fracciones del precepto citado, no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en cada fracción se prevén hipótesis diversas, relativas a actos jurídicos distintos, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, por lo cual, es inexacto considerar que por esa sola razón se da un trato diferenciado a casos análogos; es decir, si la fracción II del artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos establece el pago de derechos por servicios de inscripción en el registro público de contratos y operaciones relacionados con la constitución del régimen de propiedad, traducidos en una tasa fija, atendiendo el tipo de operación a registrar, sin tomar como parámetro el valor del acto jurídico a registrar, es inconcuso que su importe está determinado de acuerdo al costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio, el cual es fijo e igual para todos los que lo reciben y no acorde al valor del contrato u operación que se inscribe, por tanto, la tasa no contiene elementos ajenos al costo del servicio prestado." En consecuencia, al haberse desestimado el concepto de violación en estudio, debe negarse el amparo y protección de la justicia federal en cuanto al artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. Estudio del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles previsto en los artículos 94 Ter, 94 Ter-1 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos. La parte quejosa aduce, en resumen, en sus conceptos de violación, que los artículos 94 Ter de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y el ordinal 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, transgreden los principios de legalidad y proporcionalidad tributaria previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. El concepto de violación es infundado. Para demostrar lo anterior es necesario partir de la base que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, ya sea de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Del precepto constitucional referido se desprenden los siguientes principios que rigen en materia tributaria: a) El Estado tiene la obligación de destinar las contribuciones al gasto público de la Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios. b) Las contribuciones deben ser proporcionales y equitativas. c) Las contribuciones deben estar previstas en una ley. El último de los incisos señalados, establece el principio de legalidad tributaria conforme al cual, las contribuciones a cargo de los gobernados deben establecerse mediante un acto legislativo, es decir, que provengan del órgano que tiene atribuida la función de crear leyes (aspecto formal) y en que los elementos esenciales de aquéllos tales como el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, también se encuentren consignados en la ley (aspecto material). Todo ello con la finalidad de proporcionar seguridad jurídica al contribuyente en el momento de cumplir sus obligaciones, y evitar cualquier arbitrariedad de las autoridades hacendarias en la determinación y cobro respectivos. En ese contexto, atendiendo a la finalidad que se tutela en el artículo 31, fracción IV, Constitucional, a través del principio de legalidad tributaria, la observancia de éste tiene lugar cuando se establecen en un acto material y formalmente legislativo, todos aquellos elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándolos con la precisión necesaria que, por una parte, impida un comportamiento arbitrario o caprichoso de las autoridades que directa o indirectamente participen en su determinación, así como en su recaudación y, por otra, generen al gobernado certidumbre sobre los sujetos obligados, qué hecho, acto o circunstancia se encuentra gravado, cuál será la base del tributo, qué tasa o tarifa debe aplicarse, cuándo se realizará el pago respectivo y, en fin, todo aquello que le permita conocer con certeza qué cargas tributarias le corresponden en virtud de la situación jurídica en que se encuentra. Sirven de sustento a lo anterior, las jurisprudencias sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecen: "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles." "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos 'contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes', no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." Ahora bien, los artículos 94 Ter, 94 Ter 1 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, son del tenor siguiente: "ARTÍCULO 94 Ter.- Son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles establecido en esta Ley, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las Construcciones en su caso, ubicados en el Municipio, así como los derechos relacionados con los mismos a que esta Ley se refiere. El impuesto se calculará aplicando al valor del inmueble la tasa del dos por ciento. ARTÍCULO 94 Ter-1.- Para los efectos de esta Sección, se entiende por adquisición la que se derive de: "I.- Todos los actos por los que se trasmita la propiedad, incluyendo la donación, la que ocurra por causa de muerte, la aportación a toda clase de asociaciones o sociedades, las que se realicen al constituir la copropiedad o la sociedad conyugal; - -- II.- La compraventa en la que el comprador se reserve la nuda propiedad, aun cuando la trasferencia de ésta opere con posterioridad; --- III.- La promesa de adquirir, cuando el futuro comprador entre en posesión de los bienes o el futuro vendedor reciba el precio de la venta o parte de él, antes de que celebre el contrato prometido o cuando se pacte alguna de estas circunstancias; --- IV.- La cesión de derechos del comprador o del futuro comprador en los casos de las fracción II que anteceden, respectivamente; --- V.- Fusión de sociedades; --- VI.- La dación en pago y la liquidación, reducción de capital, pago en especie, remates, utilidades o dividendos de asociaciones o sociedades civiles o mercantiles; --- VII.- Transmitir la nuda propiedad; --- VIII.- La que se derive de toda resolución judicial o administrativa de adjudicación de inmuebles; --- IX.- La cesión de derechos del heredero, legatario o copropietario, así como la renuncia de la herencia o legado efectuada después de la declaratoria de herederos o legatarios --- X.- Toda afectación en Fideicomiso; --- XI.-Toda adquisición por arrendamiento financiero; --- XII.- La extinción de la copropiedad y la disolución de la sociedad conyugal por la parte que se adquiere en demasía del por ciento que le correspondía al copropietario o cónyuge; y --- XIII.- La celebración del contrato de permuta, en cuyo caso se considerará que se efectúan dos adquisiciones." "ARTÍCULO 7.- SON SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES ESTABLECIDO EN ESTA LEY, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE ADQUIERAN INMUEBLES QUE CONSISTAN EN EL SUELO, EN LAS CONSTRUCCIONES EN SU CASO, UBICADOS EN EL MUNICIPIO, ASÍ COMO LOS DERECHOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS A QUE ESTA LEY SE REFIERE. EL IMPUESTO SE CALCULARÁ APLICANDO AL VALOR DEL INMUEBLE LO SIGUIENTE: CONCEPTO T ASA 4.1.3.1.1 IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. 2 % PARA LOS EFECTOS DE ESTA SECCIÓN, SE ENTIENDE POR ADQUISICIÓN LA QUE SE DERIVE DE: I.- TODOS LOS ACTOS POR LOS QUE SE TRASMITA LA PROPIEDAD, INCLUYENDO LA DONACIÓN, LA QUE OCURRA POR CAUSA DE MUERTE, LA APORTACIÓN A TODA CLASE DE ASOCIACIONES O SOCIEDADES, LAS QUE SE REALICEN AL CONSTITUIR LA COPROPIEDAD O LA SOCIEDAD CONYUGAL; II.- LA COMPRAVENTA EN LA QUE EL COMPRADOR SE RESERVE LA NUDA PROPIEDAD, AUN CUANDO LA TRASFERENCIA DE ÉSTA OPERE CON POSTERIORIDAD; III.- LA PROMESA DE ADQUIRIR, CUANDO EL FUTURO COMPRADOR ENTRE EN POSESIÓN DE LOS BIENES O EL FUTURO VENDEDOR RECIBA EL PRECIO DE LA VENTA O PARTE DE ÉL, ANTES DE QUE CELEBRE EL CONTRATO PROMETIDO O CUANDO SE PACTE ALGUNA DE ESTAS CIRCUNSTANCIAS; IV.- LA CESIÓN DE DERECHOS DEL COMPRADOR O DEL FUTURO COMPRADOR EN LOS CASOS DE LAS FRACCIONES II Y III QUE ANTECEDEN, RESPECTIVAMENTE; V.- FUSIÓN DE SOCIEDADES; VI.- LA DACIÓN EN PAGO Y LA LIQUIDACIÓN, REDUCCIÓN DE CAPITAL, PAGO EN ESPECIE, REMATES, UTILIDADES O DIVIDENDOS DE ASOCIACIONES O SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES; VII.- TRANSMITIR LA NUDA PROPIEDAD; VIII.- LA QUE SE DERIVE DE TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES; IX.- LA CESIÓN DE DERECHOS DEL HEREDERO, LEGATARIO O COPROPIETARIO, ASÍ COMO LA RENUNCIA DE LA HERENCIA O LEGADO EFECTUADA DESPUÉS DE LA DECLARATORIA DE HEREDEROS O LEGATARIOS; X.- TODA AFECTACIÓN EN FIDEICOMISO; XI.-TODA ADQUISICIÓN POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO; XII.- LA EXTINCIÓN DE LA COPROPIEDAD Y LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL POR LA PARTE QUE SE ADQUIERE EN DEMASÍA DEL POR CIENTO QUE LE CORRESPONDÍA AL COPROPIETARIO O CÓNYUGE; XIII.- LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE PERMUTA, EN CUYO CASO SE CONSIDERARÁ QUE SE EFECTÚAN DOS ADQUISICIONES; XIV.- EL VALOR DEL INMUEBLE QUE SE CONSIDERARÁ PARA LOS EFECTOS ESTE ARTÍCULO, SERÁ EL QUE RESULTE MÁS ALTO DE ENTRE EL VALOR DE LA ADQUISICIÓN, EL VALOR CATASTRAL Y EL VALOR QUE RESULTE DEL AVALÚO PRACTICADO POR PERSONA O INSTITUCIÓN AUTORIZADA; XV.- EN LA DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL INMUEBLE, SE INCLUIRÁ EL VALOR DE CONSTRUCCIONES QUE EN SU CASO TENGA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS DERECHOS QUE SOBRE ÉSTAS TENGAN TERCERAS PERSONAS; XVI.- CUANDO NO SE PACTE PRECIO, EL IMPUESTO SE CALCULARÁ SOBRE EL VALOR MÁS ALTO ENTRE EL VALOR CATASTRAL Y EL VALOR QUE RESULTE DEL AVALÚO PRACTICADO POR PERSONA O INSTITUCIÓN AUTORIZADA; XVII.- LA DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO, ESTABLECERÁ LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA PRÁCTICA DE AVALÚOS. PARA LOS EFECTOS DE ESTE IMPUESTO, LOS AVALÚOS QUE SE EMITAN TENDRÁN VIGENCIA DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE REALICEN. NO PRODUCIRÁN EFECTOS FISCALES LOS AVAL ÚOS QUE NO REÚNAN LOS REQUISITOS A QUE REFIERE ESTE ARTÍCULO; XVIII.- EL PAGO DE ESTE IMPUESTO SE DEBERÁ HACER MEDIANTE DECLARACIÓN, EN LAS FORMAS QUE PARA EL EFECTO APRUEBE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO DE LA DEMARCACIÓN CORRESPONDIENTE, LAS CUALES SE PRESENTARÁN DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUÉL EN QUE SE REALICE CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: A).- CUANDO SE ADQUIERA LA NUDA PROPIEDAD; B).- A LA ADJUDICACIÓN DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN O A LOS TRES AÑOS DE LA MUERTE DEL AUTOR DE LA MISMA, SI TRANSCURRIDO DICHO PLAZO NO SE HUBIERA LLEVADO A CABO LA ADJUDICACIÓN, ASÍ COMO AL CEDERSE LOS DERECHOS HEREDITARIOS O EL ENAJENARSE BIENES DE LA SUCESIÓN. EN ESTOS ÚLTIMOS CASOS EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN POR CAUSA DE MUERTE, SE CAUSARÁ EN EL MOMENTO EN QUE SE REALICE LA CESIÓN O LA ENAJENACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE CAUSE POR EL CESIONARIO O POR EL ADQUIRIENTE; C).- CUANDO SE AFECTEN INMUEBLES EN FIDEICOMISO; D).- CUANDO SE ELIJA LA OPCIÓN TERMINAL EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO; E).- TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS DE ADJUDICACIÓN DE INMUEBLES, A PARTIR DE LA ORDEN DE INSCRIPCIÓN O DE LA PROTOCOLIZACIÓN DE ESCRITURA, Y F).- EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN; XIX.- EN LAS ADJUDICACIONES QUE SE HAGAN CONSTAR EN ESCRITURA PÚBLICA, LOS NOTARIOS Y QUIEN POR DISPOSICIÓN LEGAL TENGAN FUNCIONES NOTARIALES, DEBERÁ SOLICITAR A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO EL CÁLCULO DEL IMPUESTO POR CADA UNO DE LOS ACTOS QUE CONSIGNEN, LO QUE HARÁN CONSTAR EN LA ESCRITURA Y LO ENTERARÁN MEDIANTE DECLARACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE PREDIAL Y CATASTRO; XX.- LOS CONTRIBUYENTES QUE ADQUIERAN UN INMUEBLE CUYO VALOR NO EXCEDA AL EQUIVALENTE A 365 UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, EN EL MOMENTO DE LA OPERACIÓN, PAGARÁN EL IMPUESTO MEDIANTE DECLARACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE PREDIAL Y CATASTRO, ACREDITANDO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1805 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS VIGENTE; XXI.- EN LOS DEMÁS CASOS, LOS CONTRIBUYENTES PAGARÁN EL IMPUESTO MEDIANTE DECLARACIÓN ANTE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO; XXII.- SE PRESENTARÁ DECLARACIÓN POR TODAS LAS ADQUISICIONES AUN CUANDO NO HAYA IMPUESTO A ENTERAR. DEBIENDO ACOMPAÑAR A LA DECLARACIÓN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN EN COPIA CERTIFICADA: A).- ESCRITURA PÚBLICA, O TÍTULO DE PROPIEDAD O DOCUMENTO QUE TENGA LAS VECES DE TÍTULO DE PROPIEDAD O SENTENCIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL O CONTRATO PRIVADO DE COMPRA VENTA; O CESIÓN DE DERECHOS. B).- ORIGINAL DE AVALÚO COMERCIAL PRACTICADO POR PERSONA AUTORIZADA O INSTITUCIÓN DE CRÉDITO; C).- PLANO CATASTRAL; D).- CERTIFICADO DE NO ADEUDO DE IMPUESTO PREDIAL, Y E).- CERTIFICADO DE NO ADEUDO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SI ES USUARIO DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE MUNICIPAL. XXIII.- CUANDO LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES SE PRODUZCA POR RESOLUCIONES DE AUTORIDADES NO UBICADAS EN EL ESTADO DE MORELOS, EL PAGO DEL IMPUESTO SE HARÁ DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA FORMALIZADO LA ADQUISICIÓN ANTE FEDATARIO; XXIV.- CUANDO DICHA ADQUISICIÓN OPERE EN VIRTUD DE ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA MEXICANA, O BIEN A TRAVÉS DE RESOLUCIONES DICTADAS POR AUTORIDADES EXTRANJERAS, EL IMPUESTO DEBERÁ SER CUBIERTO DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SURTAN SUS EFECTOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA; XXV.- NO CAUSARÁN ESTE IMPUESTO: A).- LAS ADQUISICIONES DE INMUEBLES QUE HAGA LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, PARA FORMAR PARTE DE LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, SALVO QUE TALES BIENES SEAN UTILIZADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES O POR PARTICULARES, BAJO CUALQUIER TÍTULO, PARA FINES ADMINISTRATIVOS O PROPÓSITOS DISTINTOS A LOS DE SU OBJETO PÚBLICO; B).- LA ADJUDICACIÓN DE BIENES POR DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, SIEMPRE QUE NO CREZCA EL POR CIENTO QUE ORIGINALMENTE LES CORRESPONDÍA A LOS CÓNYUGES Y QUE SE ACREDITE QUE ESTOS BIENES FUERON ADQUIRIDOS BAJO ESTE RÉGIMEN; C).- LA EXTINCIÓN DE LA COPROPIEDAD, SIEMPRE QUE LOS COPROPIETARIOS EXTINGUIDOS NO EXCEDAN DE LAS PORCIONES QUE PROINDIVISO CORRESPONDÍAN A CADA UNO DE LOS COPROPIETARIOS, Y D).- LOS ACTOS O CONTRATOS TRASLATIVOS DE DOMINIO EN LOS QUE INTERVENGA UNA INSTITUCIÓN U ORGANISMO CREADO POR EL ESTADO PARA PROMOVER LA VIVIENDA COMO ADQUIRENTE POR LO QUE A ELLAS SE REFIERE; XXVI.- CUANDO DICHO IMPUESTO NO SE CAUSE EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES RESPECTIVAS, ÚNICAMENTE SE COBRARÁ LA CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA DE CAUSACIÓN DE NO IMPUESTO EN 3 UMA; XXVII.- LOS FEDATARIOS DEBERÁN INSERTAR EN SUS ESCRITURAS EL FUNDAMENTO LEGAL, EL SUJETO, LA BASE Y LA TASA OBJETO DE ESTE IMPUESTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE ORDENAMIENTO Y NO PODRÁN AUTORIZAR DEFINITIVAMENTE LAS ESCRITURAS EN QUE CONSTEN LOS ACTOS QUE GRAVA ESTA LEY, HASTA EN TANTO NO SEAN CUBIERTOS ESTOS REQUISITOS Y ADEMÁS LES SEA DEVUELTA, POR LA TESORERÍA MUNICIPAL LA DECLARACIÓN EN QUE SE MANIFESTÓ LA OPERACIÓN O SE REALIZÓ EL PAGO DEL IMPUESTO A QUE ESTA SECCIÓN SE REFIERE, SEGÚN SEA EL CASO, Y XXVIII.- EL INSTITUTO DE SERVICIOS REGISTRALES Y CATASTRALES DEL ESTADO DE MORELOS, NO REGISTRARÁ LA OPERACIÓN TRASLATIVA DE DOMINIO, SIN NO SE LE EXHIBE EL DOCUMENTO QUE CONTENGA LA DECLARACIÓN DE ESTE IMPUESTO, DEBIDAMENTE SELLADO POR LA AUTORIDAD FISCAL RESPECTIVA Y EL RECIBO OFICIAL DEBIDAMENTE ENTERADO A LA TESORERÍA MUNICIPAL. PARA EL CASO DE QUE SE OMITA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO POR PARTE DEL CITADO INSTITUTO, DICHO REGISTRO SERÁ NULO DE PLENO DERECHO, ESTANDO FACULTADA LA TESORERÍA MUNICIPAL NOTIFICAR TAL DETERMINACIÓN AL REFERIDO INSTITUTO." De los preceptos reproducidos se advierte, que son sujetos obligados al pago del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones en su caso, ubicados en el municipio, así como los derechos relacionados con los mismos; y, que se entiende por adquisición, entre otros supuestos, todos los actos por los que se trasmita la propiedad. En ese contexto, no le asiste razón jurídica a la parte quejosa, porque la norma sí establece cuál es el objeto del impuesto, es decir, la adquisición de bienes inmuebles y establece además todos los supuestos que pueden considerarse como adquisición; asimismo, la ley dispone quién es el sujeto pasivo, es decir, las personas físicas y morales que adquieran inmuebles. En otras palabras, contrario a lo que afirma la parte quejosa, la norma reclamada no produce inseguridad jurídica, pues en ningún apartado establece que el objeto del impuesto sea la "transmisión" ni tampoco que el sujeto pasivo sea quien transmita el inmueble; por el contrario, se insiste, es clara en especificar que el objeto de la contribución es la adquisición y que el sujeto obligado es quien adquiera el inmueble, tan es así que el gravamen se denomina "impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles". En consecuencia, la norma reclamada no transgrede el principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, pues establece expresamente cuál es el objeto y quién es el sujeto pasivo de la contribución; de ahí lo infundado del concepto de violación. Asimismo el quejoso alega, que el artículo 94 Ter-2, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, es inconstitucional, por violar el principio de legalidad y proporcionalidad tributaria ya que uno de los elementos esenciales, como lo es la base gravable, al tomar al avalúo como base alternativa del Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, al no estar establecidas dichas técnicas de valuación, de ahí que se provoque en el contribuyente incertidumbre respecto de la base de la contribución, al quedar al arbitrio de un tercero su determinación. Agrega la disconforme que no existen reglas generales para el cálculo correspondiente es por disposición expresa del artículo 94 Ter-2 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos. Por lo que, al no existir algún procedimiento para la valuación, genera una violación al citado principio, ya que, se desconoce las reglas en que se apoyaron para la elaboración de los avalúos y procedimiento que debería practicarse y al no existir éste genera la aludida violación. Son infundados los argumentos anteriores. En el caso, el artículo 94 Ter-2 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, establece lo siguiente: "Artículo 94 TER-2. El valor del inmueble que se considerará para los efectos del artículo 94 Ter de esta Ley, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En la determinación del valor del inmueble, se incluirá el valor de construcciones que en su caso tenga, independientemente de los derechos que sobre éstas tengan terceras personas. Cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. Las Tesorerías Municipales, establecerán las reglas de carácter general para práctica de avalúos. Para los efectos de este impuesto, los avalúos que se emitan tendrán vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha que se realicen. No producirán efectos fiscales los avalúos que no reúnan los requisitos a que refiere este artículo." De lo anterior se desprende que el valor del inmueble que se considerará para los efectos de esa Ley, será el que resulte más alto de entre el valor de la adquisición, el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. Que cuando no se pacte precio, el impuesto se calculará sobre el valor más alto entre el valor catastral y el valor que resulte del avalúo practicado por persona o institución autorizada. En ese orden para realizar el cálculo o el procedimiento a seguir, se toma en cuenta el valor de adquisición, el valor catastral o el avalúo practicado por persona o institución autorizada y en caso de que no exista precio pactado se tomara como base las dos últimas hipótesis, es decir; el valor más alto entre el catastral y el que resulte del avalúo practicado por persona o institución antes referida. Lo infundado de los reseñados conceptos violatorios deriva de la jurisprudencia 2a./J. 85/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 449, con registro digital 178084, que dice: "ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL ESTABLECER COMO SISTEMA DE DETERMINACIÓN ALTERNATIVA DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO EL AVALÚO PRACTICADO POR LA AUTORIDAD FISCAL O POR PERSONAS REGISTRADAS O AUTORIZADAS POR ELLA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO TRIBUTARIO DE LEGALIDAD. De lo dispuesto en el numeral de referencia se advierte que el legislador estableció un sistema de determinación alternativa de la base gravable del gravamen en cuestión, en el que se prevé que el valor del inmueble que se considerará para tal efecto será el que resulte más alto entre el valor de la adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo ordenamiento jurídico o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, el avalúo constituye un método que no viola el principio tributario de legalidad, en atención a que en debida observancia a dicho principio, aquello que está reservado a la ley son los diferentes métodos para la fijación de la base gravable del impuesto, misma que conforma el eje sustancial en la cuantificación de la obligación tributaria, no obstante es jurídicamente válido que una vez predeterminado en la ley el método a utilizar, se deposite en la letra de menor jerarquía normativa emitidos por la autoridad fiscal los criterios, principios y procedimientos que sean más idóneos para medir la base, tomando en cuenta aspectos técnicos, especializados, datos y factores económicos, entre otros, que incidan en aquélla en virtud del lugar y momento en que se lleve a cabo el hecho imponible de la contribución, toda vez que por virtud de la naturaleza y dinámica de estos aspectos, requieren de una actualización permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el mercado inmobiliario; además, el hecho de que el Código Financiero del Distrito Federal encomiende la elaboración del manual de valuación y los lineamientos técnicos a la autoridad fiscal no implica, por sí mismo, que quede al arbitrio de ésta la determinación de la base del tributo, ya que aquéllos se realizan por peritos en la materia y deben ser observados por los entes públicos locales y cualquier otra persona autorizada o registrada para realizar los avalúos, al tratarse de parámetros generales que se fundamentan en esencia, en la objetividad del método, atendiendo al desarrollo económico, social y urbano que vive la Ciudad de México y sustentados en análisis exhaustivos de las características particulares del objeto del tributo, así como a las relaciones numéricas y factores de homologación necesarios para establecer, el valor del terreno y construcción del inmueble de que se trate, luego, la debida observancia de las directrices de mérito, incluso impiden la actuación arbitraria de la autoridad y, por ende, generan certidumbre al gobernado sobre los elementos que inciden en la cuantificación del hecho imponible que se realice bajo este método de determinación." Por consiguiente, el artículo 94 Ter-2 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, al establecer como sistema de determinación alternativa de la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles el avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella, no trasgrede el principio tributario de legalidad. En esas condiciones, contrario a lo estimado por el quejoso, como se desprende del mencionado precepto legal el legislador otorgó expresamente facultades para establecer las reglas de carácter general para la práctica de avalúos, lo que se estima constitucionalmente válido, pues, se insiste, el objeto de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos, no es en sí regular la técnica de valuación de los bienes inmuebles objeto del tributo, sino establecer los elementos a partir de los cuales debe medirse la capacidad contributiva del sujeto pasivo en razón de su posición frente al objeto gravado. De manera que es constitucional que una vez predeterminado el método a utilizar se depositen en la letra de una disposición de menor jerarquía normativa, como las reglas de carácter general para la práctica de avalúos emitidas por las tesorerías municipales en su calidad de autoridades fiscales, los criterios, principios y procedimientos más idóneos para medir la base del impuesto, en función del método escogido, tomando en consideración aspectos técnicos, especializados, datos y factores económicos, entre otros, que por virtud de la naturaleza y dinámica de estas cuestiones requieren de una actualización permanente y conocimiento de las circunstancias que operan en el mercado inmobiliario, las cuales deben ser observadas tanto por la autoridad, como por las personas registradas o autorizadas por la misma al realizar el avalúo correspondiente, con lo que se integra un mecanismo uniforme y general para los gobernados que se ubiquen dentro de este supuesto. Así, el hecho de que conforme al artículo 94 ter-2 las reglas de carácter general para la práctica de avalúos sean emitidas por la tesorería municipal (autoridad fiscal), así como que los avalúos puedan practicarse por la autoridad fiscal o por terceros autorizados por ellos, es insuficiente para considerar que dicho precepto legal infringe el principio tributario de legalidad, toda vez que, se reitera, por una parte, no puede pretenderse que el legislador establezca en la ley las reglas de valuación de un inmueble, ni tampoco evitar que sea la autoridad administrativa por sí o por un tercero perito en la materia, quien aplicando la técnica de la valuación determine el valor de un inmueble, pues naturalmente, en cada caso concreto, debe existir un sujeto aplicador del procedimiento de valuación. De tal forma que el hecho de que, en el caso concreto, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Yautepec de Zaragoza, Morelos, haya emitido o no las reglas de carácter general para la práctica de avalúos, o no se haya proporcionado al quejoso el manual en donde se hayan establecido dichas reglas, es una cuestión de la que no puede derivar la inobservancia del principio de legalidad tributaria, sino en su caso en vicios propios en los que pudiera incurrirse al llevarse a cabo el avalúo fiscal conforme a la técnica pericial, por no existir directrices para su elaboración, considerado en sí mismo como un acto administrativo, lo que en todo caso implicaría que el avalúo pudiera no corresponder a la exacta expresión del valor económico del inmueble, por carecer de una base legal para su confección. Además, la existencia o no de las indicadas reglas resulta intrascendente para determinar la constitucionalidad del numeral impugnado, debido a que en el presente caso, el valor del inmueble que sirvió para establecer la base gravable del impuesto reclamado por la quejosa atiende al valor de la operación, según se advierte de la escritura pública 13578, de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, lo que implica que no se fundó en algún avalúo fiscal practicado por la autoridad, por persona o institución autorizada y, por ende, lo relacionado con la existencia de las indicadas reglas no incide en la inconstitucionalidad atribuida al referido numeral. Por otro lado, en relación al principio de proporcionalidad que alega la parte quejosa, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que esa manera de determinar la base gravable del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles no trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria, en concreto, por las razones que a continuación se expone. El valor de la adquisición corresponde establecerlo al sujeto pasivo, en el cual se considera la erogación efectuada al realizar el hecho imponible del tributo (adquisición del bien raíz). Por su parte, el valor catastral, corresponde a los valores unitarios de suelo y construcción, en combinación con los factores de incremento y demérito -valuación- aplicado por la autoridad catastral municipal, en términos de la Ley de Catastro. Mientras que el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma, responde de la determinación directa que realiza la autoridad fiscal o personas registradas o autorizadas por la misma para practicar avalúos del bien inmueble objeto de la adquisición, con la finalidad de determinar la base gravable del impuesto en cuestión, para establecer objetivamente y de acuerdo a la realidad económica, la medición de la capacidad contributiva del sujeto pasivo en la realización del hecho imponible. El impuesto sobre adquisición de inmuebles es de los llamados impuestos directos, en razón de que recae concretamente sobre la posesión del inmueble que se adquiere, de ahí que grave una situación normal y permanente; además, recae sobre el acto de adquisición de la cosa objeto del gravamen, sin tomar en cuenta la situación de la persona que adquiere el bien inmueble y, por ese motivo se constituye en el sujeto pasivo del impuesto. De esa manera, el presupuesto hecho o hecho imponible de este impuesto, esto es, la circunstancia fáctica que da pie al nacimiento de la obligación tributaria está constituida por el acto de adquisición del inmueble respectivo, pues configura la situación jurídica de hecho que el legislador tomó en cuenta para establecer dicho tributo. Así pues, aun cuando el hecho imponible del impuesto está conformado con el acto mismo de la adquisición de un inmueble, esa circunstancia no obliga a que la base gravable tenga que determinarse exclusivamente a partir del valor contenido en el acto jurídico que dio origen a la adquisición del bien, en virtud de que el sistema alternativo para determinar la base gravable que sirve para el cálculo de impuesto, considerando el valor más alto que resultara entre el valor de adquisición, el catastral y el obtenido del avalúo fiscal practicado, tiene como finalidad establecer objetivamente y de acuerdo a la realidad económica, la medición de la capacidad contributiva del sujeto pasivo en la realización del hecho imponible, sobre todo si se toma en cuenta que la transmisión de la propiedad de un inmueble se efectúa mediante actos jurídicos y circunstancias muy diversas, propias del momento y lugar en que se realiza el hecho imponible o generador de la obligación fiscal. De tal forma que, las circunstancias de que el tributo en cuestión esté circunscrito dentro de los llamados impuestos directos y que, además, el hecho imponible se ciñe al acto mismo de la adquisición, obligan a sostener que para la determinación de su base gravable no debe atenderse a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino al valor real del inmueble materia de la adquisición, en cuanto configura una manifestación efectiva de la capacidad contributiva del adquirente. De ahí se sigue que la inclusión de diversos sistemas para determinar la base gravable, con la precisión de que ésta se determinará a partir del valor más alto de los ahí establecidos, responde a la necesidad de fijar de manera cuantitativa la manifestación real de riqueza expresada en la adquisición del inmueble, habida cuenta que la determinación de la base gravable de los tributos aspira a ser la expresión económica de fidelidad y exactitud de la cuantificación del hecho imponible, que a su vez representa una concreción específica de la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, lo que explica que tratándose del impuesto sobre adquisición de inmuebles, el legislador haya establecido diversos mecanismos, a fin de desentrañar el valor real del objeto del impuesto, fijar cierta uniformidad y otorgar certeza al contribuyente, al señalar que la base de dicha contribución será el valor más alto entre: el valor de la adquisición del inmueble, el valor catastral, o el avalúo fiscal que realice la autoridad o las personas registradas o autorizadas por ella, conforme al manual y los lineamientos expedidos por la propia administración. Lo anterior, porque, además, no es posible aceptar jurídicamente que el único valor real sea el de la adquisición, es decir, el precio pagado por el inmueble, pues como ya se ha dicho la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas, que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, tal cual puede ocurrir, a manera de ejemplo, con la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, la división de la copropiedad o la extinción del usufructo. Así, es evidente que tratándose de la adquisición de un inmueble, resulta indispensable la determinación de su valor real, a fin de estar en condiciones de establecer la base gravable para la cuantificación del impuesto correspondiente, sin que para ello se pueda atender únicamente al precio de la operación de la adquisición, pues, se insiste, el hecho imponible del impuesto está circunscrito al acto de adquisición del inmueble, por lo que la definición de su base gravable habrá de estar vinculada estrechamente con el valor real del mismo, haciendo abstracción de las características, de las circunstancias y de las particularidades del adquirente. Las anteriores consideraciones derivan de la jurisprudencia 2a./J. 35/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, abril de 2006, página 176, con registro digital 175387, que refiere: "ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE EL SISTEMA PARA DETERMINAR LA BASE GRAVABLE DE AQUEL IMPUESTO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. El citado precepto, al establecer el valor del inmueble que se considerará para calcular el impuesto relativo, que será el que resulte más alto entre el convencional, el catastral, o el que se obtenga del avalúo realizado por la autoridad o las personas registradas o autorizadas por ella, no transgrede el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el impuesto sobre adquisición de inmuebles está circunscrito dentro de los llamados impuestos directos, cuyo hecho imponible está constituido, en el caso, por el acto de adquisición del inmueble, por lo que la determinación de su base gravable no atiende a las características propias del sujeto pasivo de la relación tributaria, sino al valor real del inmueble materia de la adquisición, en cuanto es una manifestación de su capacidad contributiva. De lo anterior se sigue que la inclusión de diversos valores para fijar la base gravable, responde a la necesidad de cuantificar la manifestación real de riqueza, concreción específica de la capacidad contributiva del sujeto del impuesto, lo que explica que el legislador haya establecido diferentes sistemas a fin de desentrañar el valor real del objeto del impuesto, fijar cierta uniformidad y otorgar certeza al contribuyente, máxime que no puede aceptarse que el único valor real sea el de la adquisición, es decir, el precio pagado por el inmueble, pues la transmisión de la propiedad puede ocurrir a través de diferentes vías jurídicas, que no supongan necesariamente una erogación como contraprestación por la adquisición, como la donación, la prescripción adquisitiva, la sucesión, la división de la copropiedad o la extinción del usufructo." Así pues, como la adquisición de un inmueble por sí sola refleja la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo, resulta que la determinación de la base gravable del impuesto relativo, mediante el valor más alto que se obtenga de cualquiera de los sistemas previstos en el artículo 94 Ter-2 de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos y el ordinal 7 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza Morelos, esto es, del valor de la adquisición, el valor catastral y el valor derivado del avalúo fiscal practicado por persona o institución autorizada, no viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal y, por ende, son infundados los motivos de inconformidad planteados sobre ese aspecto. En otro orden de ideas, el quejoso aduce que el artículo 87 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, viola el principio de equidad y proporcionalidad tributaria previstos en el ordinal 31, fracción IV, Constitucional, pues otorga subsidios fiscales y una reducción consistente en pagar únicamente 3 (tres) Unidades de Medida y Actualización, cuando se adquiere un inmueble a través de programas implementados por el Ayuntamiento o los Gobiernos Estatal o Federal. El artículo 87 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos, dice textual: "ARTÍCULO 87.- EL AYUNTAMIENTO PODRÁ CONCEDER ESTÍMULOS FISCALES EN EL IMPUESTO PREDIAL, EN LOS DERECHOS POR SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, CONFORME A LO SIGUIENTE: (.) F).- A TODOS AQUELLOS CONTRIBUYENTES QUE SE INCORPOREN AL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA PROMOVIDO POR LA COMISIÓN REGULADORA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT) Y/O POR EL REGISTRO AGRARIO NACIONAL (RAN) EN COORDINACIÓN CON EL MUNICIPIO Y A QUIENES ADQUIERAN INMUEBLES COMO CONSECUENCIA DE PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN DISTINTOS, IMPLEMENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO O LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL, SE LES PODRÁ OTORGAR UN SUBSIDIO FISCAL HASTA DEL 100% EN LOS RECARGOS Y PAGARAN ÚNICAMENTE EL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO FISCAL EN QUE SE REALICE LA ESCRITURACIÓN, ASÍ MISMO TAMBIÉN SE LES PODRÁN OTORGAR CONDONACIONES POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, A EFECTO DE QUE PAGUEN EL EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE TRES UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, MEDIANTE RESOLUCIONES DE CARÁCTER GENERAL EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, OBSERVANDO LAS FORMALIDADES FISCALES CORRESPONDIENTES. EL SUBSIDIO FISCAL DEL IMPUESTO PREDIAL SERÁ ÚNICAMENTE POR EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL. ESTE BENEFICIO SE OTORGARÁ POR UN SOLO PREDIO Y POR UNA SOLA VEZ A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE HABITEN EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC DE ZARAGOZA, DE ZARAGOZA MORELOS Y ENTREN A LOS PROGRAMAS DE REGULARIZACIÓN." El motivo de disconformidad es infundado. Debe quedar establecido que las exenciones a que hace referencia el quejoso y que se contemplan en el precepto que antecede, se encuentran plenamente justificadas, como enseguida se explicará. El numeral tildado de inconstitucional no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que existen elementos objetivos que justifican la diferencia de trato, pues aunque pareciera en una primera aproximación que los sujetos de la contribución están en un plano de equidad en el origen del tributo -adquisición de bienes inmuebles-, lo cierto es que las circunstancias formales y materiales que rodean ese contexto de exención son diversas. En efecto, por una parte, se tienen los supuestos de exención en el que dicha ley previó, que no se causa el impuesto en combate cuando se trate de adquisiciones de inmuebles que haga la Federación, el Estado y el Municipios, en programas de regularización de la tenencia de la tierra (CORETT) y por el Registro Agrario Nacional (RAN), a quienes se les otorgará un subsidio fiscal hasta del 100% (cien por ciento) en los recargos y pagarán únicamente tal impuesto cuando se realice la escrituración, y también se les podrá otorgar condonaciones por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, a efecto de que paguen el equivalente a la cantidad de tres unidades de medida y actualización. Pues bien, en estos supuestos tenemos que no existe una equidad entre esos sujetos y la parte quejosa, porque las finalidades perseguidas en la adquisición de inmuebles se da en un contexto diverso y para finalidades distintas, pues en el caso previsto como exención, los bienes son adquiridos para ser destinados a formar parte de los bienes y promover la vivienda, supuestos, en los que el legislador ponderó el interés social. Se reitera, que en relación con la exención otorgada por los actos o contratos traslativos de dominio en los que intervenga una institución u organismo creado por el Estado para promover la vivienda como adquirente por lo que a ellas se refiere está plenamente justificada pues la finalidad de la adquisición que realizan dichas instituciones es la de promover e incentivar la adquisición de vivienda a bajo costo por parte de sus beneficiarios; así, de cobrárseles el referido impuesto, este a su vez se vería reflejado en el costo final que los beneficiarios pagarían por dicha vivienda; de ahí que la finalidad social de dicha exención sea más que suficiente para considerar que se encuentra plenamente justificada. Por tanto, en ese tipo de exenciones los contribuyentes no están acrecentando su patrimonio, sino únicamente definiendo y dando certeza de su titularidad en los términos en que ya les asiste un derecho reconocido pero que no acrecienta este último, pues tales programas únicamente constituyen una formalización de las tierras que poseen, pero de las cuales no contaban con documento legal idóneo que acreditara su propiedad, y es a través de diversos programas sociales en materia de vivienda de regularización, que el gobierno de México procura y protege el derecho humano de una vivienda digna a personas en situación de desigualdad económica y social. Sustenta, por analogía y con las proporciones legislativas guardadas, la jurisprudencia 2a./J. 1/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, de rubro y texto siguientes: "IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES. EL ARTÍCULO 137, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. El precepto citado no transgrede el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer a la liquidación de la sociedad conyugal como excepción del hecho imponible del impuesto sobre adquisición de inmuebles, siempre que sean inmuebles propiedad de los cónyuges, y por otra parte, en términos de su fracción XI, considerar adquisición y objeto del impuesto a la división de la copropiedad por la parte que el copropietario adquiera en demasía del porcentaje que le correspondía; toda vez que la violación al principio de equidad tributaria se configura cuando existe distinción, sin justificación objetiva ni razonable, entre situaciones tributarias que puedan considerarse iguales, pero en la especie existen diferencias sustanciales en las figuras jurídicas a que se refieren las hipótesis normativas en estudio, lo que explica tal distinción. En efecto, en la liquidación de la sociedad conyugal, la demasía del porcentaje respectivo no incrementa de manera real el patrimonio de uno de los cónyuges, pues no se da adquisición alguna sino sólo certeza en la titularidad de bienes específicos, mientras que en la copropiedad la adquisición de una porción distinta a la propia, sí implica la transmisión de la propiedad; pero incluso considerando que en la liquidación de la sociedad conyugal uno de los cónyuges obtuviera bienes en demasía del porcentaje que en principio le correspondía, a ésta no puede atribuírsele un fin específicamente económico, como sucede con la copropiedad, cuya demasía tiene el propósito eminentemente económico de que el titular sea dominador de la cosa. Por tanto, como las hipótesis normativas mencionadas no se refieren a situaciones equiparables, su trato diferenciado no transgrede la garantía de equidad tributaria." De ahí que el supuesto que se encuentra el quejoso y los aquí analizados no se refieren a situaciones equiparables, pues aquél sí acrecentó su patrimonio y, por ende, su trato diferenciado no transgrede el principio de equidad tributaria establecido en el numeral 31, fracción IV, de la Carta Magna. Finalmente, el disconforme aduce que el cobro del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles es inconstitucional, porque las autoridades responsables Gobernador del Estado de Morelos y el Presidente del Municipio de Yautepec de Zaragoza Morelos, fueron omisos en ejercer la facultad de exención de impuestos derivado de pandemia de salud originada por el Covid-19, pues sostiene aquellas autoridades tienen la facultad según prevén el artículo 96, fracción I, del Código Fiscal para el Estado de Morelos y el ordinal 92 de la Ley de Ingresos del Municipio de Yautepec de Zaragoza, Morelos. Son infundados los argumentos defensivos, como se explica, veamos. Para dar mayor sustento a lo determinado, conviene traer a estudio los artículos mencionados: "Artículo 96. El Gobernador, mediante resoluciones de carácter general, podrá: I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones o productos y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región de la Entidad, una rama de actividad, grupos sociales en situación de vulnerabilidad, así como en casos fortuitos o de fuerza mayor; II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas con el fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, y III. Conceder subsidios o estímulos fiscales y cancelarlos cuando previa audiencia con el contribuyente quede comprobado que éste ha dejado de dar cumplimiento a los requisitos condicionales del otorgamiento de los mismos. Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Gobernador deberán señalar las contribuciones o productos a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios". "ARTÍCULO 92.- EL PRESIDENTE Y TESORERO MUNICIPAL ESTÁN FACULTADOS, PARA LOS EFECTOS DE EQUIDAD Y DE JUSTICIA CONTRIBUTIVA, A OTORGAR DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL ESTÍMULOS, SUBSIDIOS, REDUCCIONES Y CONDONACIONES PARCIALES O TOTALES POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS, ASÍ COMO, LOS RECARGOS Y SANCIONES, TAMBIÉN PODRÁ AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS A LOS CONTRIBUYENTES QUE SOLICITEN EFECTUAR PAGOS EN PARCIALIDADES DE LOS CRÉDITOS FISCALES. PUDIENDO DELEGAR POR ESCRITO ESTA FACULTAD EN EL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE EL DESIGNE. DE IGUAL MANERA, ESTARÁ FACULTADO, EL PRESIDENTE Y TESORERO MUNICIPAL, PARA OTORGAR ESTÍMULOS, SUBSIDIOS Y FACILIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO FISCAL, SE OTORGARÁN EN CAMPAÑA DE CARÁCTER GENERAL, QUE AUTORICE EL AYUNTAMIENTO PARA TODA LA POBLACIÓN QUE CUMPLA CON CARACTERÍSTICAS DETERMINADAS, ASÍ COMO A LA POBLACIÓN AFECTADA POR DESASTRES NATURALES, AVALADAS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL." Del contenido de los transcritos porciones normativas, es verdad como lo adujo el quejoso, que las mismas prevén la figura de la exención, estímulos y condonación de impuestos, sin embargo; la condonación fiscal es una facultad discrecional que tienen los órganos del Estado para determinar su actuación o abstención, que cuando se otorgan pueden ocasionar pérdidas fiscales de la hacienda pública, lo cual genera una menor recaudación y consecuentemente menor disponibilidad de recursos para el despliegue de programas gubernamentales en el desarrollo nacional, estatal y municipal, por tanto, dicha práctica de otorgar de forma discrecional, periódica y generalizada la condonación de contribuciones a ciudadanos, será siempre facultad de las autoridades del Estado Mexicano, y no constituye una obligación que tenga que ejercerse forzosamente En ese orden, el cobro de impuestos y contribuciones es una de las obligaciones irrenunciables del Estado Mexicano, pues le permite hacerse de recursos para atender las necesidades que la población le demanda y mantener finanzas públicas sanas. Consecuentemente, se estima, que contrario a lo manifestado por la parte quejosa la omisión de las mencionadas autoridades responsable de emitir acuerdos en el sentido de otorgar condonaciones o estímulos fiscales, sobre todo por cuanto hace al Impuesto de Adquisición de Inmuebles no es inconstitucional; porque precisamente el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, faculta a los Estados y Municipios de la República Mexicana, a que con base en sus características propias, determinen las contribuciones y en su casos, si sus finanzas públicas lo permiten, establezcan discrecionalmente los programas de condonación o descuento en el cobro de sus impuestos. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ... respecto de las autoridades que precisados quedaron el considerando segundo y por las razones expuestas en el considerando tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a .... en contra los actos y autoridades, que precisados quedaron el considerando segundo de la presente resolución, por las razones plasmadas en el último considerando. Notifíquese personalmente.

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