Samia Janett Figueroa González
Expediente 164/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 164/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2015
Partes del expediente
- Samia Janett Figueroa González
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretaria del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante el cual, acusa recibo del diverso, con el que se le remitieron los autos originales del expediente 164/2015 promovido por +++, asimismo, informa que aceptó la competencia declinada por este juzgado; por lo que, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, intégrese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, al no existir diligencia pendiente de cumplimentar, archívese el presente expediente como concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, considerando vigésimo primero, fracción I, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que éste juzgado declino la competencia legal para conocer del juicio de amparo.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la Agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Primera de Trámite de Metepec, Estado de México, informa las gestiones que está realizando a fin de localizar al inculpado ***, y poder dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en el presente asunto. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la representante social en mención para para que dentro del plazo de veinticuatro horas, posteriores a las diligencias señaladas para el trece del mes y año en curso, informe el resultado de las gestiones que está realizando a efecto de dar cabal cumplimiento a todos los extremos de la concesión de amparo, pues la integración de la carpeta de investigación, es la primera fase del procedimiento penal oral, durante la cual realizara todas aquellas diligencias necesarias para acreditar, el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del o los probables responsables del injusto. Por lo anterior, el Ministerio Público deberá de allegarse de los datos y medios de prueba y todo aquel elemento de convicción con respecto al acreditamiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado, para estar en condiciones de fundar y motivar el ejercicio de la acción penal, salvo que exista algún impedimento legal. Lo anterior, se determina así puesto que tienen a su cargo la obligación de vigilar que ningún delito quede sin ser perseguido y sobre todo a que se repare el daño; de ahí que se concluya que el sólo transcurso del tiempo sin pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción penal, afecte la esfera jurídica de éste toda vez que los efectos de tal omisión son idénticos o incluso más graves a los que se producen con una resolución expresa de no ejercicio o desistimiento de la acción penal, siendo que en un estado de derecho no puede admitirse que la autoridad aplace la resolución a una petición del gobernado y que al no ordenar allegarse de más datos o medios de prueba, y que se dejara de actuar por un lapso, se considera que tales omisiones transgreden los principios de legalidad y seguridad jurídica del ofendido, en perjuicio los preceptos constitucionales invocados, consistente en poder exigir y obtener la persecución de los delitos, así como la reparación del daño. Lo anterior es así, ya que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios y, que estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas. Cabe precisar que conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia están obligadas a realizar dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las autoridades antes señaladas. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la nueva Ley de Amparo.
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