Sami Jhon Gebremeskel
Expediente 794/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/02/2023
Partes del expediente
- Sami Jhon Gebremeskel
Actuaciones
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa no impugnó el auto en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto mediante el cual se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, ha causado estado. De igual forma no es necesario notificar a las autoridades responsables el presente proveído para remitir el presente expediente al archivo, con motivo de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo y únicamente a la parte quejosa es a quien le pudo causar afectación el sentido del proveído en cuestión; y por consecuencia, el único legitimado para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Ahora bien, desprendiéndose de autos que este juicio de amparo en el que se sobreseyó, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el mismo, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se procede a indicar la valoración correspondiente del presente este asunto. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido;...". Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del citado acuerdo, se comisiona a la secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha dado cabal cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad y Justicia, con residencia en Mexicali,, para que en el plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es: "SEXTO. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir al quejoso en los derechos fundamentales vulnerados, con sustento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para que el Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación de Delitos Contra el Patrimonio, Sociedad y Justicia, con residencia en Mexicali, en el ámbito de su competencia: 1. Deje insubsistente la determinación de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el número de caso ******************** en el que ordenó la realización de una inscripción para que no se realizara algún movimiento registral del vehículo marca Chrysler ******************** modelo ********************, serie ********************, placas de circulación ********************; y 2. En su lugar emita otra resolución, en la que de manera motivada determine si procede o no, la orden de realizar una inscripción para que no se haga una movimiento registral del vehículo afecto, sin que omita las circunstancias o razones particulares por las cuales se actualiza o no, alguno de los supuestos legales conducentes, es decir, cuáles son los motivos por los que tal bien se ubica en alguna de las hipótesis de aseguramiento, expresando las razones lógico jurídicas en su caso de porqué es considerado un objeto del delito. 3. Asimismo, la autoridad queda en aptitud de que con base en los elementos que obran en la carpeta de investigación determinar si resulta procedente o improcedente considerar la presunta propiedad del vehículo que invoca el quejoso, con el carácter de persona ajena al imputado o presunto propietario de buena fe, y con base en ello establecer si acreditó o no, la titularidad del mismo que aquí defiende el quejoso, con documento de fecha cierta." Exhibiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en forma individual una multa por el equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo. Entérese a las autoridades la obligación que tienen con el cumplimiento y que, de conformidad con el artículo 197, de la citada Ley, incurren en responsabilidad, por falta de acatamiento de la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad directamente responsable.
- Principal
Visto el estado procesal de este expediente, las constancias y las actuaciones que obran en el presente juicio de amparo, resulta necesario precisar lo siguiente: Quejosos. ********************(SÍ RATIFICÓ)******************** Autoridades responsables. 1. Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Baja California del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad y otras autoridades. Acto(s) reclamado(s). La orden de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora, vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el directo quejoso ********************, no se encuentra alojado y/o detenido administrativamente en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.[ XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso******************** esto es, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Por tanto, si los quejosos en su escrito inicial de demanda señalaron esencialmente como actos reclamados, la orden de detención, aseguramiento, detención, deportación, incomunicación y/o cualquier acto privativo de la libertad y/o transitar por el territorio nacional, a las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración de Tijuana, Baja California, y de la razón actuarial de veintiuno de octubre del año en curso se desprende que los referidos quejosos ya no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California******************** debido a que durante la tramitación del presente juicio de amparo, dichas personas -quejosos- fueron puestas en libertad. Por tanto, se concluye que cesaron los efectos del acto reclamado por los quejosos a las autoridades responsables, surgiendo con ello, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y en virtud de eso, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio únicamente respecto a la quejosa ********************, de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica en la siguiente tesis de jurisprudencia: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia, Materia: Común, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Tesis número: 2a./J. 59/99, Página: 38). "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento******************** éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional******************** estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). De igual forma, resulta oportuno precisar, por una parte, que se estima manifiesta la causal de improcedencia advertida, pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclaman los directos quejosos, han cesado en los efectos******************** y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo antes expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cincuenta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, de lo cual deberá realizarse la anotación correspondiente en la agenda que se lleva en este Juzgado, para los efectos legales correspondientes. Modificación en el SISE. Por tanto, se instruye al analista jurídico a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las modificaciones necesarias en el expediente electrónico para dejar sin efectos la fecha antes señalada y, haga las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Finalmente, debido a que todos los directos quejosos fueron puestos en libertad tal y como se advierte de la razón actuarial de cuenta, notifíquese por lista el presente proveído.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, y al tomar en consideración la ausencia temporal del Titular de este Juzgado de Distrito, Alfonso Javier Flores Padilla, con fundamento en el artículo 44, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo.
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