Sameh Said Abouelfotouh Mohamed

Expediente 223/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
223/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, En Tijuana, Baja California
  • Sameh Said Abouelfotouh Mohamed

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Solicitud de copias. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito presentado por el quejoso Hugo Antonio Lozano Pereo, por el cual solicita copias de la totalidad que integra el presente juicio; a lo anterior, dígasele a la parte quejosa que dichas constancias al formar parte del expediente electrónico, las mismas ya cuentan con la evidencia criptográfica, por lo cual se consideran como copias certificadas electrónicamente; por tanto, al tener la parte quejosa acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, dichas constancias las puede obtener por ese medio; sin perjuicio, de que si es su deseo acuda a este órgano jurisdiccional a fin de que se lleve a su costa el fotocopiado de las documentales solicitadas. Consecuentemente, devuélvase al quejoso la unidad de almacenamiento digital denominada USB con capacidad de treinta y dos gigabytes de almacenamiento. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos sin mayor proveído, el informe de suspensión de plano y anexo remitido por la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, de esta ciudad, toda vez que mediante proveído de siete de marzo del presente año, se tuvo por no presentada la demanda de amparo presentada en favor de ******************** Señalamiento de domicilio. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la ley de la materia, se tiene a la autoridad responsable señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona. Delegados. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable, señalando como delegados de su parte a las personas que menciona para tales efectos. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de marzo de dos mil veintitrés. No se encontró al quejoso. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, la constancia actuarial que antecede en la que se advierte que la fedataria judicial en cumplimiento a lo ordenado en proveído de seis de marzo del presente año se constituyó en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad, a fin de notificar al quejoso ********************el acuerdo antes referido, y fue informada que no había registro de que el quejoso se encontrara alojado en esa estación migratoria. No presentada. Por tanto, ante la aludida imposibilidad para notificar al quejoso el auto de seis de marzo pasado, y precisamente porque no se encuentra alojado ni detenido en la Estancia Migratoria de esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento impuesto en el citado acuerdo y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda y quedan sin efectos las providencias decretadas. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 223/2023-V. Precisión. Previo a pronunciarse sobre la demanda promovida, cabe destacar que de la certificación de cuenta se observa que el escrito que nos ocupa, carece del certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), a que alude el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Sin embargo, esta juzgadora estima que debe proveerse respecto a la suspensión de plano solicitada en dicha demanda, aun cuando carezca de lo anterior, ya que de una lectura íntegra de ésta se advierte que los actos que se reclaman revisten las características de aquellos prohibidos por el artículo 22 de constitucional y el numeral 15 de la Ley de Amparo. De ahí que, se considere que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 42 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; el cual dispone: "Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción, se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. De la lectura del precepto legal transcrito, se observa que tratándose de demandas de amparo en las que se reclamen actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no resulta necesario que contenga el certificado digital de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), como lo obliga el artículo 45 del referido acuerdo, ya que únicamente bastará que se ingrese el archivo electrónico que contenga la demanda. Por tal motivo, si en el caso la demanda de amparo versa sobre actos considerados como prohibidos por el artículo 22 constitucional y se acompañó el archivo electrónico de la misma, se concluye que debe dársele el trámite correspondiente a la demanda, incluso al no estar firmada electrónicamente. Precisión Especial. Por otra parte, cabe precisar que únicamente se tendrán como autoridades responsables a las señaladas por el promovente, con excepción de: "5.- Agentes Federales adscritos al INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN de Tijuana, Baja California, encargados de traslados de migrantes." Ya que no precisó los nombres o cargos de dichos encargados, agentes o personal, los cuales resultan necesarios para estar en posibilidad de que rindan su informe. Suspensión de plano. En la demanda de amparo los actos reclamados por el promovente se hacen consistir, esencialmente, en: - Orden de detención. - Orden de presentación. - Orden de retención. - Privación de la Libertad. - Incomunicación. - Deportación. De los que dice es y puede ser objeto Sameh Said Abouelfotouh Mohamed, con motivo de encontrarse a disposición del Instituto Nacional de Migración con sede en Tijuana, Baja California, al indicarse que es de nacionalidad extranjera. Deportación. Por tanto, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, a fin de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y el directamente agraviado no sea deportado a su país de origen. Incomunicación. Las autoridades responsables de manera inmediata deberán cesar todo acto de incomunicación, infringido en contra del agraviado Sameh Said Abouelfotouh Mohamed, y, en su caso, se le permita mantener comunicación con su defensor o familiares, así como mantenerlo informado de su situación migratoria; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo. En el entendido que esto es sin perjuicio de la continuación de algún procedimiento migratorio, en el que se encuentre involucrado el quejoso, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento a la suspensión de plano. Detención, presentación, retención y privación de la libertad. En lo concerniente a los actos que se hacen consistir en detención, presentación, retención y privación de la libertad, con fundamento en el artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, no ha lugar a decretar dicha medida cautelar, en razón de que tales actos reclamados, no encuadran en ninguna de las hipótesis de procedencia que al efecto contemplan los referidos preceptos legales. El artículo 15 de la ley de la materia en lo que aquí acontece, señala: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. [.]" Así como el párrafo primero del artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." De los dispositivos en cita, se advierte que el órgano jurisdiccional de amparo concederá la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, cuando estos se encuentren en alguna de las hipótesis siguientes: a) importen peligro de privación de la vida; b) ataquen a la libertad personal fuera de procedimiento; c) incomunicación; d) deportación; e) expulsión; f) proscripción o destierro; g) extradición; h) desaparición forzada de personas; i) la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; o, j) alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, si la parte quejosa reclama la detención, presentación, retención y privación de la libertad, estos no son actos que ameriten la concesión de la suspensión de plano. Ello, ya que tales actos no encuadran en una privación de la libertad "fuera de procedimiento", en razón de que del escrito que se atiende, se aprecia que al parecer Sameh Said Abouelfotouh Mohamed, fue detenido por autoridades competentes para emitir dicha orden en procedimientos migratorios, en términos del artículo 99 de la Ley de Migración. Además de que lo anterior se encuentra robustecido con el contenido del artículo 111 de la Ley de Migración, toda vez que ese numeral establece la facultad del Instituto de Migración respectivo de resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Lo que pone de manifiesto que el alojamiento en las estaciones migratorias podría exceder de las treinta y seis horas a que alude el promovente en la demanda de amparo y, en casos excepciones, el propio numeral dispone que ese término podrá exceder de quince días hábiles en ciertos supuestos. Sin perjuicio, que una vez que el quejoso ratifique la demanda de amparo se proveerá en relación a dichos actos en el incidente de suspensión que al efecto se aperture. Sirve de apoyo a lo anterior, en virtud que no contraviene las disposiciones vigentes de la Ley de Amparo e incluso el dispositivo legal interpretado es de similar redacción a la que actualmente dispone el artículo 126 de dicha legislación, la jurisprudencia I.3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis I. 1o.P.6 P (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve." Informes. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, remitiéndoles para tal efecto copia simple del escrito de demanda. Apercibimiento. Apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Autorización de informe vía electrónica. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe al correo electrónico 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx; asimismo, se sirvan proporcionar un correo electrónico a fin de realizarle las subsecuentes notificaciones por esa vía, para privilegiar el uso de los medios electrónicos durante la contingencia sanitaria decretada en el país, sin perjuicio de que lo realicen mediante oficio que se envíe a este juzgado. Ratificación de demanda. Se faculta a cualquiera de los actuarios de este juzgado para que se trasladen a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración Delegación Baja California con sede en esta ciudad, y busquen al directamente agraviado en dicho lugar, y en caso de no localizarlo, y observar camiones dentro de las instalaciones de dicho Instituto, deberán también buscarlos en su interior; así como en aquellos lugares de los que tenga noticia en que pudiera encontrarse la parte agraviada, a fin de que notifiquen personalmente el presente acuerdo a ********************y lo requieran para que al momento de la notificación manifieste si ratifica o no la demanda interpuesta a su favor, así como el nombramiento de autorizados señalados en el escrito inicial. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda y quedaran sin efectos las providencias decretadas. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Osmar Constantino Denis Morales, César Augusto Domínguez Galán y Juan Luis Alberto Entebi, hasta en tanto el directamente agraviado ratifique la demanda de amparo y, en su caso, realice la autorización respectiva. Expedición de copias. Además como lo solicita, expídase una copia certificada del presente proveído, lo anterior de conformidad con el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, recabándose la razón que por su recibo se deje en autos para constancia. Consulta electrónica. De igual forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto para su consulta en su modalidad de expediente electrónico, a través del usuario "osmarcd". Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial A adscrita, realice la autorización para consulta electrónica del expediente al usuario señalado. Notificaciones electrónicas. De igual manera, dado que autoriza expresamente la vía electrónica para recibir notificaciones; con fundamento en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo y 55 del mencionado Acuerdo General 12/2020, se le tiene a la parte quejosa por señalada la vía electrónica para que las notificaciones personales generadas en el presente asunto se le hagan de esa manera; por tanto, se instruye a los actuarios adscritos a este juzgado para que las notificaciones de carácter personal se le practiquen a la parte quejosa por ese medio. Reproducción electrónica. Como lo solicita el promovente, de conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígase a la parte quejosa que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. Apoya lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Correo electrónico y teléfonos. Téngasele señalando los correos electrónicos y números de teléfono que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Requerimiento. Ahora, en atención a que quien presentó el escrito de demanda no lo firmó, ni física ni electrónicamente y sí se señalaron como autorizados en términos amplios a los licenciados Osmar Constantino Denis Morales, César Augusto Domínguez Galán y Juan Luis Alberto Entebi; requiérase a los referidos profesionistas para que dentro del término de tres días, legalmente computado, informen a este órgano jurisdiccional si promovieron diversa demanda de amparo por los mismos quejosos y actos reclamados. Apercibimiento. Apercibidos que de no hacer lo antes descrito, o de no manifestar el impedimento que tengan para ello, se les impondrá multa de $5,187.00 pesos -cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional-, esto es, cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, de conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento cobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a ********************y vía electrónica a los licenciados ********************

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