Samantha Vera Figueroa
Expediente 489/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 16/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Samantha Vera Figueroa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el escrito signado por María Fernanda Perulles Medina, apoderada de la parte quejosa en este asunto, mediante el cual solicita la devolución de los documentos originales que obren en el presente expediente. En virtud de lo anterior, devuélvase a la ocursante el documento con el cual acreditó su personalidad en este juicio, tal y como se determinó en el proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve, previo recibo que otorgue en autos y obténgase copia certificada de dicho documento para que sea glosado en este expediente y obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Estefanni romero Navarro, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, por cuanto que aún obran en autos los documentos que fueron exhibidos por la parte quejosa con su escrito de veintitrés de abril del año en curso y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los referidos documentos, apercibida que de no hacerlo podrán ser depurados junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
- Principal
cita ...Mérida, Yucatán, trece de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de desechamiento de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, dictado en autos del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que el auto de desechamiento de la demanda de amparo constituye una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido, este asunto encuadra en el supuesto previsto en el artículo vigésimo primero fracción I del Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Asimismo, por cuanto que aún obran en autos los documentos que fueron exhibidos por la parte quejosa con su escrito de veintitrés de abril del año en curso y toda vez que este asunto se encuentra totalmente concluido y de conformidad con el párrafo tercero del artículo Décimo Primero del citado Acuerdo General conjunto 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, se hace del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un término de noventa días hábiles para que comparezca a este juzgado a recoger los referidos documentos, apercibida que de no hacerlo podrán ser depurados junto con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria licenciada Azucena Sosa García, que autoriza y da fe.
- Principal
aviso ....Mérida, Yucatán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el memorial signado por María Fernanda Perulles Medina, quien se ostenta apoderada de Samantha Vera Figueroa, con el que cumple el requerimiento que se le formuló en auto de diez de abril de dos mil diecinueve y exhibe la documental que fue solicita con el acredita su personalidad; asimismo, manifiesta que el acto que reclama en esta vía constitucional es la suspensión de la audiencia preliminar que se debió de llevar acabo el quince de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en los artículos 6 y 10 de la nueva Ley de Amparo, téngase por reconocida la personalidad con que se ostenta la María Fernanda Perulles Medina, de conformidad con el testimonio de escritura pública número mil cuatrocientos setenta, de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, pasada ante la fe del Titular de la Notaría Pública Número quince, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, que anexó al escrito cuenta. Ahora bien, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. En efecto, el acto reclamado en este juicio, lo constituye esencialmente la omisión de llevar acabo la audiencia preliminar señalada para el quince de marzo del año en curso, en autos del expediente 476/2018. En ese orden de ideas, se estima que en el presente caso, sobreviene la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Y se puede colegir, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que solo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señalan los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. Al respecto el quejoso reclama un acto que es violatorio de los derechos de justicia pronta y expedita, y petición; protegidos en los artículos 8 y 17 Constitucionales, y que trata de evidenciar como una omisión de llevar acabo la audiencia preliminar señalada para el quince de marzo del año en curso, en autos del expediente 476/2018. En ese contexto, debe señalarse que contra dicho acto no procede el amparo indirecto, toda vez que, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre la apertura del juicio a pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que los quejosos son parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente. Por tanto, constituye un acto intraprocesal que no tiene una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal, que pudiera ser reparada si la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento del que emana, resultara favorable a la parte quejosa y de no ser así, la cuestión que ahora se plantea, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo. Además de que si bien es cierto que existe una excepción siendo ésta cuando se advierta una dilación abierta o paralización total del procedimiento, en el presente caso no estaríamos en dicha excepción, pues se puede advertir de las manifestaciones que realiza la parte quejosa en su escrito de demanda, en el sentido de que el quince de marzo e dos mil diecinueve, le fue informado en el Juzgado Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado que no se llevaría a cabo la audiencia preliminar señalada para esa fecha, y por tanto, se considera que no existe una dilación o paralización total del juicio de origen. Se apoya lo anterior, en la tesis jurisprudencial número 2ª./J.48/2016, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo y texto y rubro, son del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Asimismo, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Y la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." En esas condiciones como el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata derecho humano alguno, sino que es de carácter procesal o adjetivo, ya que la afectación que ocasiona es susceptible de repararse con el hecho de obtener una respuesta a su petición; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario este último. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo aplicable, se reitera, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Fernanda Perulles Medina, apoderada de Samantha Vera Figueroa en contra de los actos que reclama del Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, por actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, aplicado este último en sentido contrario. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito de conformidad con la autorización otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el ocho de enero del año en curso, comunicado mediante oficio CCJ/ST/0118/2019 de la propia fecha y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de la secretaria licenciada Anita Morales del Porte, que autoriza y da fe.
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