Samantha Valeria Escobedo Mayogoitia

Expediente 554/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
554/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2015

Partes del expediente

  • Samantha Valeria Escobedo Mayogoitia

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley a la parte quejosa y a los terceros interesado, a fin de que se inconformara respecto al proveído de nueve de marzo de dos mil quince, por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, ha transcurrido... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO... envíese al archivo....

  2. Principal

    Notifico al tercero interesado VIRGINIO GUILLÉN PALMA, Y TRINIDAD MORALES ELGUERA, el proveído de nueve de marzo de dos mil quince.

  3. Principal

    NOTIFICO a la quejosa SAMANTHA VALERIA ESCOBEDO MAYAGOITIA, y al tercero interesado ANTONIO CARDENAS PRADO, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL EZEQUIEL LARUMBE RADILLA, el contenido del acuerdo de nueve de marzo de dos mil quince, mediante LISTA que se publica en los ESTRADOS del Juzgado de mi adscripción, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo en vigor, en razón de que transcurrió el plazo de dos días hábiles concedido en el aviso que se fijó el diez del mes y año en curso, en la puerta de acceso del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, sin que hubiesen comparecido ante el Tribunal de mi adscripción a notificarse del citado auto, el cual, en su parte conducente dice: se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; sin que lo hubiesen hecho. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Ahora bien, como un esbozo sobre los efectos restitutorios de una sentencia protectora, es pertinente dejar apuntado que el efecto jurídico de toda sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, conforme a lo preceptuado por el artículo 77 de la Ley de Amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven cuando el acto sea de carácter positivo, en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, y para su procedencia es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. En efecto, el artículo 77 de la Ley de Amparo, prevé dos hipótesis con relación a la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el efecto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardan antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate. Tal supuesto acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley. Bajo ese orden de ideas, debe precisarse que en el caso que nos ocupa, se está en presencia de actos de carácter negativo, puesto que la ejecución de la sentencia de amparo se constriñe en que el Juez responsable, obre en el sentido de respetar la garantía de audiencia y debido proceso, y éste se colma con obedecer lo que se ordena en forma obligada, pues dicho supuesto encuadra en la hipótesis normativa contemplada en la segunda parte del artículo 77 de la Ley de Amparo. Por su parte, en la sentencia concesora del amparo, se explicó que el emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda que se ha instaurado en su contra, para que comparezca ante dicha autoridad a dar contestación a la misma, por lo que esta figura jurídica, es considerada como una de las más importantes del proceso, pues su falta de verificación o la realizada en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, por ende, reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, en cumplimiento al fallo protector, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, por oficios 447-2 (foja 712), informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual, remitió copia certificada del proveído de veintisiete de enero de dos mil quince, emitido en los autos del juicio ordinario civil 37/2012-II, de su índice, seguido por Virginia Edith Guillén Morales en contra de Trinidad Morales Elguera y otros, que en lo que interesa dice: "(.) en cumplimiento a la ejecutoria mencionada, se deja insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil en que se actúa, únicamente por lo que hace a la codemandada Samantha Valeria Escobedo Mayagoitia, ordenándose se practique nuevamente el emplazamiento a la codemandada precitada, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley para su validez, en el domicilio que señaló en su demanda de garantías, de fecha veinticuatro de mayo de dos mil catorce, túrnese el expediente a la secretaria actuaria, para efecto de que se practique el emplazamiento ordenado en líneas que anteceden. (.)" Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Debe precisarse que, existe defecto de ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, es decir, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado; en contrapartida, hay exceso en la ejecución cuando va más allá de lo ordenado. Ahora bien, en el presente asunto, no se advierte que la autoridad responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que, como ya se indicó, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil, nulidad de contrato 37/2012, seguido por Virginia Edith Guillén Morales, en contra de Trinidad Morales Elguera, Virginio Guillén Palma, Samantha Valeria Escobedo Mayagoitia y Antonio Cárdenas Prado, únicamente por lo que hace a la codemandada Samantha Valeria Escobedo Mayagoitia, a partir del ilegal emplazamiento y ordenara se practique nuevamente la diligencia de emplazamiento a la peticionaria cumpliendo con todos los requisitos que exigen las leyes para su validez. De las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que siguió los lineamientos dados en la sentencia de amparo, como se destacó a lo largo de esta resolución. Por consiguiente, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía legal violada, al dar cumplimiento al fallo protector la autoridad responsable ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Finalmente, intégrese a los presentes autos el escrito firmado por Gustavo Adolfo Cortes Olea, autorizado de la parte quejosa (foja 13), atento a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, devuélvanse las documentales a que alude, previa copia certificada que se deje agregada en autos, así como identificación y firma que se otorgue; sin que haya lugar a tener por autorizada a la persona que refiere para recoger los documentos antes referidos, toda vez que no puede delegar o sustituir las facultades que le fueron conferidas en términos del ordinal 12 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los terceros interesados.

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