Samantha Rincón Pérez

Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
714/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Samantha Rincón Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Samantha Rincón Pérez, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, SE ESTIMA QUE ESTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Finalmente, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cinco de agosto de dos mil veintiuno. ** Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Samantha Rincón Pérez, por el cual desahoga la prevención formulada en autos; para lo cual manifiesta el estado procesal que guarda la causa penal de origen y narra los antecedentes del acto reclamado, del cual se desprende que el incidente de nulidad de actos procedimentales fue resuelto por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán Estado de México, el quince de julio de dos mil veintiuno, (acto reclamado en el presente juicio); y que esa resolución fue impugnada mediante la interposición de un recurso de revocación ante el Tribunal de Enjuiciamiento de ese mismo distrito judicial, el cual fue resuelto el dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Así las cosas, se tiene por desahogada la prevención dirigida en autos a la parte quejosa, y vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Samantha Rincón Pérez, contra acto del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, y se procede a acordar lo conducente. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Precisado lo anterior, del análisis integral del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama en el presente asunto: El auto de quince de julio de dos mil veintiuno, donde no acordó de conformidad la solicitud de nulidad de actos procesales dentro de la causa penal 60/2019. Así las cosas, este Juzgador considera que en el caso en concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;.". Del precepto transcrito se advierte, que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos que hayan emanado dentro un procedimiento judicial o administrativo, el cual se hubiera seguido en forma de juicio y que debido al cambio de situación jurídica del quejoso se deban considerar consumadas de manera que no pueden ser reparadas jurídicamente las violaciones constitucionales alegadas, aquello en razón de lo que se resuelva en el juicio de amparo se podría afectar la nueva situación jurídica del solicitante de amparo, ya que sobre éste no se pidió la protección constitucional, por tanto no puede ser materia de estudio. En efecto, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o bien administrativo seguido en forma de juicio; Que con posterioridad a la emisión del acto reclamdo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; Que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última puede subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo resulte o no constitucional. Ahora bien, en el presente caso se advierte que la quejosa reclama el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, en el cual se inadmitió un incidente de nulidad de actos procesales, dentro del proceso penal 60/2019; sin embargo, de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa se desprende que en contra de ese auto fue interpuesto un recurso de revocación, el cual fue resuelto el dieciséis de julio de este año. De ahí que se arribe a la conclusión de que ha cambiado la situación jurídica de la quejosa, puesto que, el dictado de la resolución del recurso de revocación, sustituyó procesalmente al auto de quince de julio de dos mil veintiuno, aquí reclamado; y por ello es que, las violaciones a sus derechos se consideran consumados de manera irreparable, ya que en el caso de emitirse una sentencia en el juicio de amparo la cual determine respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del referido auto, necesariamente se afectaría la nueva situación jurídica creada a partir del segundo acto, esto es, la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno -misma que no constituye parte de la litis planteada en la demanda de amparo-. Por lo anterior se torna improcedente la tramitación del juicio de amparo a fin de evitar afectaciones a la nueva situación jurídica de la procesada; sin que ello implique dejarla en estado de indefensión, ya que en contra de la resolución del recurso de revocación, podía promover un diverso juicio de amparo; cuestión que en el caso sí realizó la parte quejosa, ya que se advierte que promovió la diversa demanda de amparo que dio origen al juicio radicado bajo el número de expediente 713/2021-V, del índice de éste órgano jurisdiccional, misma que fue admitida a trámite mediante auto de esta misma fecha, cinco de agosto de dos mil veintiuno; en la cual el acto reclamado lo es la resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el que se resolvió el referido recurso de revocación dentro de la causa penal 60/2019. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito1, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACIÓN QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, se DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Samantha Rincón Pérez, con fundamento en hipótesis 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. VISTA la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 714/2021-V. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, el numeral 114 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente: No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias por el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." De lo antes transcrito se desprende que dicho artículo no limita las facultades del Juzgador Federal para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los que son proporcionados por la parte que promueve, con lo cual se considera prevenir a la parte quejosa cuando se estime que: 1. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. 2. Si se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, consistentes en: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgado de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que conforme al artículo 1º de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los Estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo se señalara el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y, Los conceptos de violación." 3. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. 4. No hubiere expresado con precisión el acto reclamado. 5. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Precisado lo anterior y con apoyo en lo previsto en el artículo 114 fracción I, en relación con el 108 fracción IV y V, ambos de la Ley de Amparo, se considera necesario requerir a ----------, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente bajo protesta de decir verdad: 1) Bajo protesta de decir verdad, narre los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en relación a la causa penal 60/2019 lo que deberá realizar de manera clara, precisa y cronológica, en la que mínimamente deberá señalar lo siguiente: La fecha en que se celebró la audiencia intermedia. La fecha en que se dictó auto de apertura a juicio oral. Si ya se llevó a cabo la audiencia de juicio, precisando si ya se culminó en su totalidad, es decir, si ya se desahogaron los alegatos de apertura, las pruebas, y los alegatos de clausura, así como la data o datas en que ello ocurrió. Deberá aclarar si en contra del auto de quince de julio de dos mil veintiuno, interpuso recurso de revocación; y en su caso ante qué autoridad lo interpuso; debiendo precisar la fecha en que fue resuelto, la fecha en que le fue notificado, si estuvo presente en la audiencia en que se dictó y si le dio intervención en la misma. Lo anterior, toda vez que los que narra resultan insuficientes para advertir de manera precisa el estado procesal que guarda la causa penal 60/2019, y así analizar la procedencia del presente sumario, debido a que en el apartado de suspensión del acto reclamado, solicita que la misma se conceda para el efecto de que se continúe con la secuela procesal, pero que se abstenga de señalar audiencia de juicio; sin embargo, en sus antecedentes omite precisar cuándo concluyó la etapa intermedia y a partir de cuándo dio inicio la etapa de juicio oral, si se desahogó la audiencia de apertura de juicio, así como el desahogo de pruebas en la audiencia de juicio, para posteriormente recibir los alegatos de clausura, ya que sólo refiere que solicitó la nulidad de todo lo actuado desde la fase oral de la etapa intermedia y todo lo actuado en la etapa de juicio y que se encuentra en la etapa de alegatos, lo que hace suponer que la indicada audiencia de juicio ya dio inicio. 2) Deberá aclarar cuál es la relación del acto que reclama en este juicio, con el que reclama en el diverso juicio de amparo 713/2021-V, es decir, deberá indicar qué relación existe entre el auto de quince de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Cuautitlán, con la resolución del recurso de revocación de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; ambos en la causa penal 60/2019. Lo anterior, porque se advierte como hecho notorio que la quejosa promovió el diverso juicio de amparo al que se hace referencia, en el cual reclama la resolución de un recurso de revocación, dictada en la misma causa penal, con un día de diferencia respecto del auto en que se inadmitió su solicitud de nulidad de actos procedimentales, pero se lo atribuye a una diversa autoridad. Lo cual provoca incertidumbre respecto de los antecedentes, el estado procesal y la autoridad a quien se atribuyen las violaciones a derechos fundamentales. Datos que resultan necesarios a fin de integrar debidamente la litis constitucional, pues los que refiere son insuficientes, toda vez que precisamente dichos antecedentes son la base para analizar la acción constitucional en cuestión; entendiéndose por éstos, la relación breve de las actuaciones previas al acto reclamado, así como las condiciones de hecho que generaron la actividad que reprocha; lo anterior, tomando en consideración que los que incorporó a su demanda no cumplen cabalmente dicha exigencia. Se apercibe a la parte promovente del amparo que de no dar cumplimiento a los requerimientos hechos dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento al promovente que la información que se desprenda de las manifestaciones que vierta será confrontada con la que se advierta de las constancias que en su momento obren en autos, por lo que de realizar manifestaciones que se traduzcan en hechos falsos, este Juzgado de Distrito, en su caso, procederá a dar vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito, para que investigue sobre la posible comisión de delitos. De igual forma, se tienen como autorizados de la parte quejosa en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Madrigal Ortega y Sandra Torres Sánchez, toda vez que su respectiva cédula profesional se encuentra debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por lo que hace a José Aldair Cortes Montes, María Guadalupe Moreno González, Ashley Madrigal Moreno y Ana Belén Beristain Cardona, únicamente se tienen por autorizados para recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en dicho sistema. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa proporciona el nombre de usuario "-------", para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase a la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que realice las gestiones necesarias. Así también, con fundamento en el artículo 26 fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente, aunado a que proporciona el nombre de usuario "--------", para ese efecto, para lo cual se comisiona al actuario las que se ordenen en forma personal las practique de esa manera. En términos del último párrafo, del numeral 21 de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En otro orden de ideas, en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a la quejosa, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales3, además, proporcione un número de teléfono móvil para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa vía electrónica.

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