Samantha Lizeth Rodríguez Vázquez
Expediente 497/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/06/2018
Partes del expediente
- Samantha Lizeth Rodríguez Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que por proveído de veintiuno de mayo del año en curso (foja 1002), se requirió las documentales que dieron origen al acto reclamado a la responsable denominada Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, sin que al día de hoy las hubiere remitido, no obstante de encontrarse debidamente notificada para ello como se advierte de la constancia de notificación que obra a foja mil seis del tomo II. Por tanto, al resultar necesarias dichas documentales para la resolución del presente juicio, de conformidad con lo previsto por el ordinal 75, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, gírese atento oficio a la citada autoridad, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS siguientes al recibo de la notificación correspondiente, se sirva remitir copias certificadas de las actuaciones que dieron origen al acto reclamado o bien, manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibida, que de ser omisa a lo solicitado, se le impondrá una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización. En el entendido de que la cuantía de dichas unidades será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo constitucional, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el precepto 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis I.13º. A. 1.K emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil ciento trece, Tomo XIII, abril dos mil uno, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra señala: "PRUEBAS. LA OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO SE LIMITA A LAS QUE SE HUBIEREN RENDIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SINO QUE EXISTE OBLIGACIÓN DE RECABAR AQUELLAS QUE SE HAYAN TOMADO EN CUENTA PARA LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la interpretación lógica y sistemática del artículo 78 de la Ley de Amparo, en relación con el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que en tratándose de actos que no constituyan resoluciones recaídas a procedimientos en los que los particulares hayan tenido la obligación o la posibilidad de rendir pruebas, la primera disposición citada debe ser entendida como el deber por parte del Juez de Distrito, de recabar todas las pruebas que obren en poder de la responsable y que hayan sido tomadas en cuenta para la emisión del acto reclamado, o bien, aquellas en las que consten los efectos del mismo, sin que lo anterior deba entenderse como una suplencia de la queja, ya que, por un lado, subsiste para el quejoso la carga de la prueba acerca de la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, y por otra, una vez que el juzgador cuente con todos los elementos que guarden relación con el acto reclamado, éste deberá analizarse estrictamente a la luz de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, salvo que se esté en alguno de los supuestos del artículo 76 bis de la ley de la materia. De no ser así, dicha disposición carecería de eficacia legal en todos aquellos casos en los que el acto reclamado no se hubiera emitido con base en pruebas aportadas por el quejoso a la autoridad, dificultando con ello la debida apreciación del acto reclamado, lo cual constituye el propio fin del juicio de garantías." Para dar margen a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se DIFIERE para las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
- Principal
Tepic, Nayarit, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio número DJC/2915/2018 signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual, manifiesta que entregó a la parte quejosa el cheque número 0464, expedido por la Institución Bancaria Santander, valioso por la cantidad de $3,377.80 (tres mil trescientos setenta y siete pesos 80/100 moneda nacional), lo que acredita con los diversos anexos que acompaña, principalmente con el acuse de recibo del título mercantil en mención; esto es, informa el cumplimiento dado al fallo protector concedido dentro del presente sumario constitucional Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestación dentro del lapso concedido, este juzgado federal, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
Tepic, Nayarit, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta signado por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que instruyó a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, a fin de que diera cumplimiento al fallo protector dictado dentro del presente sumario constitucional; tal y como lo corrobora con el acuse de recibo del oficio SSAJ-260/2018, que acompaña; en consecuencia, con sustento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos el oficio y anexo exhibido para que obren como legalmente corresponda, en la inteligencia, que se estará a la espera del cumplimiento del fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que no se interpuso medio de impugnación en contra de la resolución de treinta de abril de este año, en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a que haya lugar. Por tanto, con sustento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de DIEZ DÍAS siguientes al en que reciba el oficio de notificación correspondiente, dé cumplimiento al fallo protector concedido en los términos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los numerales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respecto de la cantidad de $3,658.36 (tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 36/100 moneda nacional), que pagó por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto" Asimismo, con sustento en el ordinal 192, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico, para que ordene a la autoridad responsable en cita dar cumplimiento con la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, deberá emplear los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, pues no basta que en su calidad de superior jerárquico emita un oficio en el que requiriera a la responsable para que dé cumplimiento al fallo. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.) emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el libro 4, Tomo II, página mil trescientos ochenta, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto expresa: "****Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, se le hace del conocimiento a las citadas autoridades que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este órgano jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá la multa que proceda; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el numeral 193 de la Ley citada.
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