Samantha Desciderio Olvera
Expediente 982/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 982/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Samantha Desciderio Olvera
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha lo hubiesen hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2° de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito remitido vía electrónica por Samantha Desciderio Olvera, quejosa en el presente juicio, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a través del cual, desahoga el requerimiento de treinta y uno de agosto del año en curso, en atención a su contenido, se tiene por desahogada la prevención en los términos que el promovente precisa y para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631) Así como la jurisprudencia número I.1o.A. J/4, cuyo rubro es el siguiente: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro No. 196196, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Mayo de 1998, Página: 890) En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual es de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. (Registro: 192097, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, página 32). De lo anterior, se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis integral al escrito de demanda y escritos aclaratorios, se advierte que la promovente señala como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como ordenadoras y ejecutoras. 1.- El Instituto Veracruzano del Deporte por conducto del Subdirector de Desarrollo del Deporte [.] 2.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por conducto de su Directora General [.] 3.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por conducto del Subdirector del Deporte [.] IV. LOS ACTOS QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMAN. 1.- La emisión, contenido y efectos del oficio IVD/DG/SDD/0413/2021 de fecha 16 de julio del 2021, emitido por el Subdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Veracruzano del Deporte. 2.- Del Instituto Veracruzano del Deporte por conducto del Subdirector de Desarrollo del Deporte, en su carácter de integrante del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), la omisión de reconocer en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte, el carácter que como presidente de la Asociación Deportiva Nacional Federación Mexicana de Karate, tiene la suscrita quejosa Samantha Desciderio Olvera. 3.- De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por conducto de su Directora General como responsable de todo el organismo, la negativa de reconocer en su carácter de integrante del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), el carácter que como presidente de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, tiene reconocido la suscrita quejosa Samantha Desciderio Olvera en términos de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 4.- Del Subdirector del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la emisión, contenido y efectos del oficio número SD/147/2021, de fecha 15 de julio del 2021. 5.- De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), por conducto de su Directora General, el indebido reconocimiento y entrega del Registro Único del Deporte por sus siglas (RUD) a que se refiere la Ley General de Cultura Física y Deporte, que pretende hacer en favor de persona distinta a la suscrita quejosa Samantha Desciderio Olvera como presidente de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate." De la transcripción anterior, se advierte que la promovente pretende reclamar, en esencia, la emisión de los oficios IVD/DG/SDD/0413/2021, de dieciséis de julio del año en curso, y SD/147/2021, de quince de julio del mismo año, emitidos respectivamente por el Subdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Veracruzano del Deporte y por el Subdirector del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Fisca y Deporte, a través de los cuales aduce, la primera autoridad omite y la segunda se niega a reconocerle su carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, así como el indebido reconocimiento y entrega del Registro Único del Deporte que pretende hacer la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en favor de Oscar Godínez Balvas. En ese tenor, se advierte que respecto de los oficios IVD/DG/SDD/0413/2021 y SD/147/2021, de dieciséis y quince de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, cobra actualización la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, ni le ocasiona una afectación real y actual a su esfera jurídica. Para analizar la causa de improcedencia invocada, conviene destacar que los dispositivos legales en cita disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De las normas transcritas se deduce, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del arábigo 5º de la Ley de Amparo y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5°, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la propia ley y con ello se produzca una afectación real, objetiva y directa a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Dicho precepto también establece que la autoridad pública no podrá invocar interés legítimo; que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, y que el juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan un menoscabo común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. En relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de garantías individuales o derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, como puede verse en la transcripción siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.." En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ARTÍCULO 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley." De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Dicho principio consiste en que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado, por su defensor cuando el acto derive de un procedimiento penal o por cualquier persona en los casos en que la propia ley lo permite expresamente. En ese orden de ideas, conforme a esos preceptos la acción constitucional de amparo compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio con motivo de una ley o acto de autoridad, que transgreda los derechos previstos en el arábigo 1º de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. La facultad de acudir en defensa de la violación a los derechos humanos fundamentales constituye el interés jurídico; por tanto, sólo tendrá interés jurídico para acudir al amparo aquella persona a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia oponible a la autoridad. Es decir, el interés jurídico de una persona surge cuando el acto reclamado se relaciona con su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto, persona física o moral, privada u oficial. De ese modo, si el acto o ley reclamada, no afecta los derechos contenidos en la esfera jurídica del quejoso, éste carece de interés jurídico para impugnarlos en el juicio de amparo y, en consecuencia, debe declararse la improcedencia del juicio, en términos de las normas citadas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 168/2007, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, enero de 2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. De acuerdo con el criterio anterior, debe decirse que el interés jurídico para acreditarse en el juicio de amparo, debe derivar de un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, esto es, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, o sea, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. Por tanto, la diferencia entre el interés jurídico y el legítimo consiste en que en el primero, la quejosa debe acreditar fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que es violado por un acto de autoridad, en cambio, en el segundo, se pueden combatir actos que se estiman lesivos de derechos humanos, sin la necesidad de que la parte quejosa demuestre ser titular de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de la quejosa, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. En ese sentido, la falta de interés jurídico deriva de la ausencia de afectación directa de algún derecho subjetivo, por orden lógico, previo a analizar si los actos reclamados afectan dicho interés con relación a la quejosa, debe examinarse si es titular del derecho que aduce tener; de lo contrario, no sería factible considerar que sufre afectación alguna, que es lo que genera el interés jurídico y, la falta de éste, a su vez, la improcedencia del amparo. Sobre todo, porque la sola presentación de la demanda de amparo no establece en modo alguno una presunción juris tantum en favor de la peticionaria de amparo, a fin de acreditar su interés jurídico; dado que, la eficacia del mismo está condicionada a su demostración, sin que sea permisible ni válido relevar a la parte promovente de su obligación de probarlo para instar el juicio constitucional. En ese sentido, resulta necesario imponerse del contenido de los oficios IVD/DG/SDD/0413/2021 y SD/147/2021, de dieciséis y quince de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, aquí reclamados: ... Del contenido de los citados oficios se desprende que los mismos constituyen comunicaciones internas entre autoridades, que no se encuentran dirigidos a la quejosa, siendo que de su contenido se advierte que, a través del oficio IVD/DG/SDD/0413/2021, de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, el Subdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Veracruzano del Deporte le informó al presidente de la Asociación de Dojos de Karate Do de Veracruz, Asociación Civil, que dicho Instituto no puede dar respuesta positiva a su solicitud, en virtud de que el evento para el cual solicita el apoyo no cuenta con el aval de la Asociación Deportiva Nacional de la disciplina de Karate-Do reconocida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). Mientras que, a través del diverso SD/147/2021, de quince de julio del mismo año, el Subdirector del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, hace del conocimiento del Subdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Veracruzano del Deporte que se recibió en dicha Comisión el diverso oficio CNFMK/ 01059/2021, en el que Oscar Godínez Balvas Presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, Asociación Civil, manifiesta que el "Torneo Selectivo Nacional de Karate", no cuenta con el aval de esa Federación ya que las personas que convocan al mismo no están afiliados a dicha Federación, por lo cual el Consejo Directivo se deslindaba de cualquier responsabilidad que pudiere derivar de su celebración ya que se trata de un engaño y simulación, y al efecto le remitió copia de dicho oficio para su conocimiento. De lo anterior se desprende que, dichos oficios no se encuentran dirigidos a la aquí quejosa Samantha Desciderio Olvera, en su carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, en los que se le imponga alguna obligación o se le limite o restringa algún derecho. De ahí que por sí solas las comunicaciones entre autoridades contenidas en los oficios que pretende reclamar no menoscaban los derechos de la solicitante del amparo, pues su sola emisión no ocasiona un perjuicio personal y directo en la esfera de derechos de la promovente que le otorgue interés jurídico para reclamarlos, pues no produce, modifica o extingue situaciones jurídicas o de hecho que afecten en forma directa e inmediata su esfera jurídica, pues sólo se limitan a informar, en el primero que no se podrá otorgar apoyo a la asociación civil solicitante, a saber Asociación de Dojos de Karate Do de Veracruz, Asociación Civil, en virtud de que el evento para el cual solicita el apoyo no se encuentra avalado por la Asociación Deportiva Nacional de la disciplina de Karate Do, reconocida por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); y, en el segundo, se comunicó al Instituto Veracruzano del Deporte que se recibió oficio en la citada Comisión en el cual, el Presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, Asociación Civil manifestó que el Torneo Selectivo Nacional de Karate no cuenta con el Aval de dicha Federación en virtud de haber sido convocado por personas que no están afiliadas a la misma por lo que el Consejo Directivo se deslindaba de cualquier responsabilidad derivada de su celebración, por lo que se insiste, los mismo no le causa una afectación directa a sus derechos sustantivos. A mayor abundamiento, en ninguno de los oficios se determina que la quejosa Samantha Desciderio Olvera, no tenga el carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate. Ante las circunstancias relatadas, la parte promovente no encuadra dentro de la hipótesis prevista en el citado artículo 5°, fracción I, de la Ley de la materia, toda vez que los oficios que reclama deben producir una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo que no acontece en la especie. Por las razones expuestas, al no acreditar la parte promovente un perjuicio actual, real e inminente en su esfera jurídica que le otorgue el interés jurídico para acudir al juicio de amparo, se estima colmada la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías promovida por Samantha Desciderio Olvera, por propio derecho y en su carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, por lo que hace a los actos consistentes en la emisión de los oficios IVD/DG/SDD/0413/2021 y SD/147/2021, de dieciséis y quince de julio de dos mil veintiuno, respectivamente, desechamiento que se hace extensivo al acto consistente en la omisión por parte del Subdirector de Desarrollo del Deporte del Instituto Veracruzano del deporte, la cual hace derivar del primero de los oficios mencionados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sin número de rubro y texto siguientes: CIRCULARES. CASOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. En términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente en contra de actos que no causen perjuicio al quejoso. Se está en presencia de esta hipótesis cuando se reclama una disposición (llámese acuerdo, circular, instructivo o regla de aplicación) dirigida por un órgano superior de la administración, en ejercicio de su poder de mando, a quiénes se encuentran jerárquicamente subordinados a él con el fin de informarles de las normas legales existentes que regulen su actuación, de fijar el régimen interno de las oficinas, de uniformar criterios, de darles a conocer una decisión adoptada en un caso particular, o de recomendarles ciertos comportamientos, todo ello sin generar consecuencias jurídicas en la esfera de los administrados; improcedencia que obedece a que esta norma tiene eficacia únicamente en el ámbito interno de la administración y, consecuentemente, carece de una función innovativa del ordenamiento jurídico. Sin embargo, puede suceder que a través de esa disposición (aun llamándose acuerdo, circular o instructivo), se cree una nueva norma general, imperativa y abstracta, que imponga restricciones o deberes a los particulares o que condicione el ejercicio de sus derechos, sea en forma inmediata o mediante un acto concreto de aplicación, como podrá ser una resolución desfavorable fundada en dicha disposición, en cuyo caso el particular tendrá expedita la vía del amparo puesto que el acto reclamado excederá del ámbito interno de la administración, causando agravio a los terceros ajenos a ésta." (Registro: 247631, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 205-216 Sexta Parte, Materia(s): Administrativa, Página: 107) Por otra parte, respecto de los actos consistentes en la negativa de la Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) de reconocerle el carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, así como el indebido reconocimiento y entrega del Registro Único del Deporte que pretende hacer en favor de diversa persona, a saber, Oscar Godínez Balvas, como Presidente la citada Asociación Deportiva Nacional; este juzgador advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en relación con dichos actos reclamados. El precepto invocado de la Ley de Amparo, en relación con la causa de improcedencia que se analiza, textualmente señala: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.] En efecto, se actualiza la causa de improcedencia en comento; lo anterior, habida cuenta que, en términos de lo preceptuado por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando se promueve en contra de un acto que es materia de un diverso juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolver, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Con el propósito de evidenciar que en el presente juicio concurren las hipótesis relativas a la configuración de la causa de improcedencia invocada, es conveniente destacar en principio que en su escrito inicial de demanda la promovente indicó que había promovido diversos juicios de amparo, a saber, 37/2021, 429/2021, 550/2021 y 590/2021, radicados, los dos primeros ante el Juzgado Primero, y los restantes ante el Décimo y Cuarto, todos de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por lo que este órgano jurisdiccional mediante auto de veinte de agosto del año que transcurre, le requirió para que informara los actos reclamados en dichos juicios así como que exhibiera copia de las demandas de cada uno de ellos, así como de sus respectivos autos admisorios y diversa resolución que les hubiere recaído, lo cual desahogó mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, se le requirió para que informara si la negativa de reconocerle el carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, derivaba de alguna solicitud presentada a las autoridades que lo atribuía, así como que indicara si dicha negativa la había reclamado con anterioridad a través de diverso juicio de amparo. Al desahogar dichos requerimientos, la promovente manifestó que la negativa por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por conducto de su Directora General, deriva de diversas solicitudes efectuadas por la aquí quejosa mediante escritos de doce y catorce de enero de dos mil veintiuno, y que aún y a pesar de que fueron señalados como actos reclamados en juicio de amparo diversos, dicha omisión y negativa es de tracto sucesivo. Asimismo, en dicho escrito de desahogo la promovente insertó diversas tablas en las que precisó los diversos juicios de amparo que ha promovido, los actos reclamados en cada uno de ellos y el estado procesal en que se encuentran, mismas que, en lo que interesa, se insertan a continuación: (.) De igual forma exhibió copia de los escritos de demanda que dieron origen a dichos juicios, siendo los que interesan los juicios de amparo 37/2021 y 429/2021, ambos del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en esta Ciudad, en los que señaló, entre otros, como actos reclamados destacados los siguientes: ? Juicio de Amparo 37/2021: ? Juicio de amparo 429/2021: En ese tenor, se tiene que los juicios de amparo números 37/2021 y 429/2021, del índice del homólogo Juzgado Primero de Distrito en la misma materia y jurisdicción, fueron promovidos por Samantha Desciderio Olvera, por propio derecho y en su carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate; quien señaló, entre otros, como actos reclamados los siguientes: ? En el juicio de amparo 37/2021: De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por conducto de su Directora General, el rehusarse a reconocer una prerrogativa que la ley le concede a la quejosa como Presidente de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, Asociación Civil, como resultado del proceso electoral interno que culminó el pasado veintidós de diciembre con la asamblea de elecciones para el periodo 2021-2024. ? En el juicio de amparo 429/2021: De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, por conducto del Subdirector de Calidad para el Deporte, el indebido reconocimiento que hace a favor del tercero interesado Oscar Godínez Balvas como presidente de la Federación Mexicana de Karate, De lo anterior, se puede válidamente arribar a la conclusión de que en la demanda de garantías que nos ocupa la ahora promovente pretende combatir nuevamente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), los actos consistentes en la negativa de reconocerle el carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, así como el indebido reconocimiento que pretende hacer en favor de Oscar Godínez Balvas, como Presidente la citada Asociación Deportiva Nacional, los cuales ya fueron reclamados en las demandas que dieron origen a los expedientes 37/2021 y 429/2021, del índice del órgano jurisdiccional citado. Ahora bien, de las constancias remitidas por la promovente con su escrito aclaratorio recibido en este Juzgado Federal el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se advierte que la demanda que dio origen al juicio de amparo 37/2021 fue admitido a trámite mediante auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, mientras que el escrito de demanda que dio origen al diverso 429/2021, fue admitida a trámite mediante auto de once de mayo del mismo año, ambos del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. De lo anterior se advierte que dicho Juzgado conoció primero de las demandas que dieron origen a los juicios 37/2021 y 429/2021, de su índice, promovidos por la quejosa, en los cuales, entre otros actos reclamó, los mismos actos que pretende reclamar en el juicio de amparo en que se actúa. Por consiguiente, existe litispendencia entre el presente juicio de garantías y los diversos 37/2021 y 429/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, toda vez que todos fueron promovidos por Samantha Desciderio Olvera, en su carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, en contra de la misma autoridad y de los mismos actos reclamados, a saber, la negativa por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), de reconocerle el carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, así como el indebido reconocimiento que pretende hacer en favor de Oscar Godínez Balvas, como Presidente la citada Asociación Deportiva Nacional; es decir, existen juicios diversos en los que se reclaman idénticos actos reclamados que los que se pretenden reclamar en el juicio en que se actúa, con igualdad de sujetos procesales y prestaciones, pendientes de resolver; por lo que continuar el juicio intentado en ulterior término a nada práctico conduciría, además de que posibilitaría el dictado de sentencias contradictorias e impondría la carga de litigar inútilmente las mismas prestaciones. Por tanto, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, pues como ya se expuso, con anterioridad al presente juicio, el promovente presentó diversos juicios de garantías, precisamente en contra de los actos reclamados referidos, a la misma autoridad responsable; de ahí que resulte improcedente el juicio de garantías que nos ocupa, al haberlo promovido la impetrante de garantías, contra la misma autoridad y por los propios actos reclamados. Por lo tanto, la razón de la improcedencia que se estima actualizada radica en evitar que existan dos resoluciones en relación con una misma controversia, que desde luego anula el riesgo de que aquellas sean contradictorias entre sí. Sirve de apoyo por analogía a lo anterior, la tesis aislada VI.2º.121 K, de rubro sigue: IMPROCEDENCIA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO, SE ACTUALIZA CUANDO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA Y EN UN JUICIO DIVERSO SE RECLAMA EL MISMO ACTO DE AUTORIDAD. (No. Registro: 196152, Tesis Aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Tesis: VI.2º.121 K, Página: 655) Así como por similitud la tesis aislada XI.2º.21 K, que establece: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. EN TRATÁNDOSE DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN LAS FRACCIONES III O IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, ES EL JUEZ DE DISTRITO Y NO EL TRIBUNAL REVISOR, QUIEN DEBE RECABAR LAS PRUEBAS TENDIENTES A DEMOSTRARLAS. (No. Registro: 194430, Tesis Aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados De Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Tesis: XI.2º.21 K, Página: 1408). En consecuencia, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que se DESECHA LA DEMANDA DE GARANTÍAS, promovida por Samantha Desciderio Olvera, por propio derecho y en su carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, por lo que hace a los actos consistentes en la negativa de la Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) de reconocerle el carácter de Presidenta de la Asociación Deportiva Nacional denominada Federación Mexicana de Karate, así como el indebido reconocimiento y entrega del Registro Único del Deporte que pretende hacer en favor de diversa persona, a saber, Oscar Godínez Balvas, como Presidente la citada Asociación Deportiva Nacional. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia III.5o.A. J/6 (10a.), de rubro y texto siguientes: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA DETERMINAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DESECHARLA, ARGUMENTANDO QUE SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE ÉSTA SE ADVIERTA EN FORMA PATENTE Y ABSOLUTAMENTE CLARA, Y SE TENGA LA CERTEZA Y PLENA CONVICCIÓN DE QUE ES OPERANTE. El auto indicado no es la actuación procesal oportuna para determinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando para demostrar la actualización de esa causal de improcedencia se requiere de un análisis exhaustivo, pues, por regla general, en esa etapa del procedimiento el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de efectuar esa precisión, ya que, únicamente en el expediente constan los argumentos planteados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, no debe desechar la demanda de amparo indirecto bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, porque no es evidente, claro ni fehaciente, de manera que se requerirá hacer un estudio profundo para establecer su improcedencia, propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitirse la demanda, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento realice el análisis exhaustivo de esos supuestos, salvo que se advierta en forma patente y absolutamente clara, y se tenga la certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.(Registro 2012952, Tribunales Colegiados de Circuito; consultable en la página 2505, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Tomo IV, Octubre de 2016). Lo anterior, con el objeto de que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 26/AGO/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PERITO EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de esta misma fecha, en los autos del juicio de amparo 1620/2019-VI, del cual deriva el presente incidente de suspensión, se requirió al Director General de Actualización Normativa, Cultura de Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, para que dentro del plazo de diez días, contados a partir del día siguiente en el que surta efectos la notificación que se haga de aquel proveído, proporcione el domicilio actual completo y correcto de Federación Mexicana de Natación, asociación civil, a efecto de que sea notificada de diverso oficio y estar en posibilidad de notificar también la misiva 10839/2021 emitida en el presente incidente. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Salvador Leyva Nava, quien autoriza. Doy fe. SALVADOR LEYVA NAVA 70.6a.66.20.63.6a.
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