Samantha de Jesús Soberanis Pérez
Expediente 820/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 820/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Samantha de Jesús Soberanis Pérez
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ya feneció el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2º de la ley en aplicación, se declara que dicho auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el Punto Vigésimo Primero fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, SE HACE CONSTAR que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; por tanto una vez que transcurra el término de cinco años contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción. Finalmente, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse.
- Principal
CITATORIO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO, EN EL QUE SE ACORDÓ: Visto; se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado y, en su apoyo, remite copia certificada de diversas documentales que obran en el expediente 1312/2010-3 de su índice; sin que resulte necesario otorgar vista a las partes con su contenido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dada la conclusión que se expondrá a continuación. De los escritos de demanda y aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable para proveer lo conducente a sus escritos presentados el veintiocho de junio y quince de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio especial de alimentos 1312-3/2010, en los que designa nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, designa abogados patronos y solicita expedición de copia certificada de dichas actuaciones (fojas 2 y 17). Precisado lo anterior, de las constancias que remitió el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en apoyo de su informe con justificación, se aprecia la emisión del acuerdo fechado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el que acordó lo conducente a los escritos presentados el veintiocho de junio y quince de agosto de dos mil diecinueve, de cuya omisión se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional; motivo por el cual, se estima que respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que a la letra dispone... En esas condiciones, al haberse actualizado de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. Consecuentemente, no se llevará a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para las diez horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre de dos mil diecinueve
- Principal
Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por la quejosa *****, mediante el cual bajo protesta de decir verdad aclara su escrito de demanda presentada el treinta de agosto del año en curso, ya que por error citó como número de expediente el **** relativo al juicio especial de alimentos, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, por lo que el acto reclamado debe quedar de la siguiente manera: "La omisión o abstención para proveer los 3 escritos fechados y presentados los días 28 de junio y 15 de agosto del año 2019 en el juicio especial de alimentos **** que promovió en contra de **** en los que pedí que se tenga como nuevo domicilio para oír notificaciones, designo abogados patronos y que me expidiera copia certificada." Atento a lo anterior, con copia del escrito que se provee, hágase del conocimiento de la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, para sea tomado en consideración al momento de rendir su informe justificado.
- Principal
Visto; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *** por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Ahora bien, toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento, así como tampoco de incompetencia que impidan a este juzgado federal conocer del presente amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la ley reglamentaria, se admite el mismo. Regístrese la demanda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 820/2019 y fórmese expediente. Sin que se tramite el incidente de suspensión de los actos reclamados, previsto por los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, por no haberse solicitado. De conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, cítese a las partes para la audiencia constitucional, que deberá tener lugar a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. En términos del artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere informe justificado a la autoridad responsable, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le reclaman, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Para tal efecto, se corre traslado con copia simple del escrito de demanda. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere para que en el mismo plazo exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto que se le atribuye y remita copia certificada de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Comuníquese que se le sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio, en caso de que se niegue a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia. Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253) Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento de la quejosa o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. Asimismo, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que las manifestaciones que formulen por escrito en el expediente en que se actúa, previa certificación, se agregarán a los autos y el día de la audiencia constitucional se dará cuenta con los mismos en vía de alegatos a fin de que este juzgador acuerde lo que en derecho corresponda. En caso que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha de recepción de la mencionada comunicación. En ese orden, de conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 57 y 62 del Código Adjetivo Civil, este órgano jurisdiccional determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni constituyan determinaciones judiciales adoptadas (acuses de recibo, autorizaciones de las partes, notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, por citar algunas de tal naturaleza) con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del artículo 62 del citado Código, el secretario hará constar el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente su petición, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante el acuerdo del juzgador y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hubieren formulado, o bien, mientras el negocio no haya sido resuelto definitivamente.
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