Samantha Barquera Betancourt
Expediente 807/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Samantha Barquera Betancourt
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
CONSULTA/ Visto el escrito de demanda y copias, presentado por José Joaquín Zapata Altamirano, defensor particular de .., por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, Adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Nueve, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Maestro Luk Justino Roque Martínez; regístrese en el libro de gobierno con el número 807/2022. DESECHAMIENTO En términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se faculta al Juez de Distrito para desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen advierta que se surten los siguientes supuestos: I. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; II. Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara; III. Que sea indudable, esto es que se tenga certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan lo que deben aplicarse en forma individual, ante la actualización de cualquiera de las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto, en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con su admisión si desde un inicio se conoce el resultado, que en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la quejosa. Atento a lo anterior, en términos del numeral 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia prevista, en el numeral 61, fracción XVIII de dicha legislación, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, dictada en continuación de audiencia intermedia dentro de la carpeta judicial 009/2187/2021, que recayó a la solicitud de la aquí quejosa, para que se excluyeran diversos medios de prueba ofrecidos por la representación social, tales como, la "impresión de respuesta emitida por ROBERTO MONTERO desde el correo electrónico Roberto.monetero@climatewedge.com recibida en el correo electrónico maría.sumano@fgjcdmx.gob.mx en fecha 27 de junio de 2021"; "copia de la carta de instrucción para PODER GENERAL, para Pleitos y Cobranzas dirigida al Fideicomiso '2379', firmada el 15 de octubre de 2020 por KRISTIAN BRUNING con cargo de Director"; y, "copia de la carta de instrucción para PODER ESPECIAL firmada el 20 de abril de 2021, por KRISTIAN BRUNING con cargo de Director". En este sentido, se tiene como premisa que el juicio constitucional es de carácter extraordinario, su procedencia y su tramitación se rige por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que constituyen el juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que únicamente procede contra actos definitivos; es decir, respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Lo anterior, tiene sustento en la propia Constitución que restringe la procedencia del juicio de amparo, atribuyéndole un carácter extraordinario; es decir, un medio de reparación de la violación de derechos fundamentales, al que no puede acudirse sino cuando previamente se han agotado los medios o recursos ordinarios de defensa. El fundamento constitucional del principio de referencia está contenido en el artículo 107 de la Norma Suprema, en su fracción III, inciso b), que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." Según se desprende de la anterior transcripción, la regla general que establece el principio de definitividad consiste en que antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, nulificado o revocado el acto reclamado. Así, como se indicó, el principio de definitividad que rige el presente medio de control de la constitucionalidad, encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción. Cobra aplicación, por no oponerse a la actual ley de la materia, la Jurisprudencia 37, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Acotado lo anterior y para el caso que nos ocupa, los numerales 467, fracción XI y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén lo siguiente: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: [.] XI. Las que excluyan algún medio de prueba. [.]" "Artículo 471. Trámite de la apelación El recurso de apelación contra las resoluciones del Juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo Juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público se interpondrá ante el Tribunal de enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los tres días contados a partir de que surte efectos la notificación. El recurso de apelación en contra de las sentencias definitivas dictadas por el Tribunal de enjuiciamiento se interpondrá ante el Tribunal que conoció del juicio, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. En el escrito de interposición de recurso deberá señalarse el domicilio o autorizar el medio para ser notificado; en caso de que el Tribunal de alzada competente para conocer de la apelación tenga su sede en un lugar distinto al del proceso, las partes deberán fijar un nuevo domicilio en la jurisdicción de aquél para recibir notificaciones o el medio para recibirlas. Los agravios deberán expresarse en el mismo escrito de interposición del recurso; el recurrente deberá exhibir una copia para el registro y una para cada una de las otras partes. Si faltan total o parcialmente las copias, se le requerirá para que presente las omitidas dentro del término de veinticuatro horas. En caso de que no las exhiba, el Órgano jurisdiccional las tramitará e impondrá al promovente multa de diez a ciento cincuenta días de salario, excepto cuando éste sea el imputado o la víctima u ofendido. Interpuesto el recurso, el Órgano jurisdiccional deberá correr traslado del mismo a las partes para que se pronuncien en un plazo de tres días respecto de los agravios expuestos y señalen domicilio o medios en los términos del segundo párrafo del presente artículo. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada." De lo antes expuesto, se desprende que en materia penal, específicamente dentro del sistema oral acusatorio que rige actualmente a partir de la reforma constitucional de dos mil ocho, conforme al procedimiento estatuido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es procedente el recurso de apelación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución, dentro de los tres días contados a partir de aquel en el que surta efectos la notificación si se tratare de auto o cualquier otra providencia y de cinco días si se tratare de sentencia definitiva., con el objeto de revocarlas, nulificadas o modificarlas. Entonces, si el acto aquí impugnado deriva de la resolución de tres de agosto de dos mil veintidós, dictada en continuación de audiencia intermedia dentro de la carpeta judicial 009/2187/2021, que recayó a la solicitud de la aquí quejosa, a que se excluyeran diversos medios de prueba. Es inconcuso que, previo a la presentación de la demanda de amparo, debió combatir esa determinación mediante el recurso ordinario que prevé la ley de la materia; esto es, a través del recurso de apelación regulado por los artículos 467 y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esas condiciones, no existe duda que la parte quejosa debió interponer primeramente el recurso de apelación, pues si bien el invocado numeral 467, fracción XI del referido ordenamiento legal, prevé que las resoluciones "Que excluyan algún medio de prueba"; pueden ser recurridas a través de un medio de impugnación en este caso (recurso de apelación); y, en el caso, se trata de una negativa a esa exclusión, también es cierto que dicho medio de impugnación la parte quejosa en este sumario (imputada) puede obtener la modificación o revocación de la determinación adoptada por el juzgador primario, antes de acudir al juicio de amparo, y al no haber agotado ese recurso ordinario, dejó de observarse el principio de definitividad que rige el juicio de derechos, actualizándose con ello la causa de improcedencia de que se habla. Lo anterior es así, pues de pronunciarse sobre la materia de la demanda que propone la quejosa, este Juzgado Federal de amparo se sustituiría procesalmente a las autoridades a quienes el Código Nacional de Procedimientos Penales encomienda el pronunciamiento relativo al conflicto de que se trata. De ahí que, en contra del acto reclamado resulte improcedente la demanda planteada, pues la parte quejosa debió interponer el citado recurso de apelación establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como se lleva dicho. No se soslaya que la determinación de la autoridad judicial pueda ser susceptible de transgredir en perjuicio de la parte quejosa los derechos que a su favor establece la Constitución Federal; sin embargo, la existencia formal y material de un procedimiento de defensa que resulta idóneo para impugnar dicha omisión con la posibilidad de obtener un resultado eficaz, permite exigir que se haga uso de éste, pues se trata de un verdadero recurso o medio ordinario de defensa, tal como se aborda en la tesis que se ha citado con antelación. En este aspecto se invoca la tesis LXXXI/20123, de la Segunda Sala de Nuestro Más Alto Tribunal, de título y contenido: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables." Máxime, que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; esto es, no se está en el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sustenta además lo determinado la tesis número XVI.1o.A.T.5 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, que dice: "DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO, SENCILLO Y RÁPIDO, TUTELADO POR EL ARTÍCULO 25, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. SU EFECTIVIDAD NO IMPLICA SOSLAYAR LAS REGLAS DE PROCEDENCIA DE LOS MEDIOS DE DEFENSA. El citado artículo y numeral, de observancia obligatoria en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela el derecho que toda persona tiene a un recurso efectivo, sencillo y rápido, ante los Jueces o tribunales competentes, a fin de defender sus derechos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado, en distintas ejecutorias, que no basta que el recurso se prevea en la legislación interna del Estado o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea idóneo para remediar la violación o agravio que ocasione el acto materia de impugnación; sin embargo, tal declaración no significa que no haya restricción alguna para acceder al recurso, lato sensu, ya que la propia Corte, al resolver sobre la extemporaneidad de una demanda, asumió que debe guardarse un justo equilibrio entre la protección de los derechos humanos, como fin último del sistema, y la seguridad jurídica y equidad procesal que garantizan la estabilidad y confiabilidad de la tutela internacional, por lo que, precisó que continuar con un proceso enderezado para lograr la protección jurisdiccional, estando de por medio infracciones manifiestas a las reglas procedimentales previstas, acarrearía la pérdida de la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar el sistema de protección de derechos humanos (Caso Cayara contra Perú, Excepciones Preliminares, sentencia de tres de febrero de mil novecientos noventa y tres, párrafo 63). Ahora bien, este Tribunal Colegiado de Circuito ha considerado al respecto que todo proceso está sujeto a reglas fundamentales relacionadas con el acceso a la justicia y, una de ellas, es la vinculada, en un aspecto negativo, con la preclusión, figura procesal que lleva a la clausura definitiva de cada una de las etapas del proceso y permite que las resoluciones judiciales susceptibles de impugnarse a través de los recursos o medios ordinarios de defensa adquieran firmeza si no se ejerce ese derecho o no se hace en la forma legal prevista. Por tanto, la efectividad del indicado derecho no implica soslayar las reglas de procedencia de los medios de defensa, pues ello, además de contravenir el principio de impartición de justicia pronta, desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que el recurrente obtendría un beneficio no previsto en la norma e, incluso, contrario a ella, con lo que, siguiendo a la Corte Interamericana, se pondría en duda la fuerza vinculante de los fallos y demeritaría la autoridad y credibilidad indispensables en los órganos encargados de administrar justicia, al inobservar las disposiciones legales que regulan el acceso a la protección de los derechos humanos." Amén de lo anterior, resulta también inconcuso que el acto que por esta vía se reclama, es meramente intraprocesal que de ninguna manera afectan derechos sustantivos, ya que se materializa dentro de la etapa de intermedia o de preparación a juicio y, que de estimarlo procedente la impetrante, podría inconformarse al final del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Onceava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 5, septiembre de dos mil veintiuno, tomo II, página 1743, cuyo rubro es: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE ADMITE MEDIOS DE PRUEBA, Y PARA IDENTIFICAR LOS CASOS DE EXCEPCIÓN, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS HERMENÉUTICO TENDIENTE A DILUCIDAR SI AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS." Por lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVIII, de la citada Ley, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. DE LA PARTE QUEJOSA: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado, por autorizados a los profesionistas de los cuales cita sus respectivas cedulas profesionales y, a la diversas personas que menciona, únicamente para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, se desprende que el aquí quejoso, solicitó se autorice únicamente la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, a través de los usuarios "ZAVEGM" y "JZAPATA" en ese sentido como lo solicita, de conformidad con los artículos 3 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al Expediente Electrónico; 22 y 23, del diverso Acuerdo General Conjunto Número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los Expedientes Impreso y Electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo; se le autoriza la únicamente la consulta electrónica del expediente, quedando a la vista los autos en el sistema correspondiente, con el usuario que proporciona. Hágase saber a la parte quejosa que las listas de acuerdos se publicarán en internet en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Además, de que se publicarán en un acceso del edificio en que se encuentra ubicado este juzgado. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN Se exhorta a la parte quejosa que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberá solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se le requiere para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN MEDIOS DIGITALES Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24 de la ley de la materia, en relación con el diverso 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilita al actuario judicial adscrito, para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al trámite del citado cuerpo de leyes, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la digitalización de las constancias de este expediente; se autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones procesales, no obstante lo anterior, se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; lo anterior con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, de las cuales, únicamente podrá tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el acuerdo General 84/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como con base al artículo 8 del Reglamento emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, téngase por hecha la oposición de la parte quejosa a que se publiquen sus datos personales. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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