Salvador Villegas Esquivel

Expediente 678/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 29 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
678/2015
Año
2015
Actuaciones
29
Última actuación
31/08/2015

Partes del expediente

  • Salvador Villegas Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    En treinta y uno de agosto de dos mil quince, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICA Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo vigente, transcurrió para la parte quejosa del trece al veintiséis de agosto del año en curso, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado el cinco de agosto del año en curso, dentro del juicio de amparo 678/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo vigente, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el día cinco de agosto de dos mil quince, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia en consulta, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otro lado, con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno duplicado del incidente de suspensión correspondiente al presente juicio de amparo, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que en relación al primero se sobreseyó el presente juicio, además de que este Juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por tanto, dicho cuaderno guárdese por separado, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. De igual forma, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión (y violación a la suspensión, en su caso), tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que se concedió la suspensión de los actos reclamados. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firmó el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del Secretario que autoriza, licenciado Jorge Martín Zamora González.- DOY FE. *mash

  2. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, a trece de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio número de cuenta, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado, el siete de agosto de dos mil quince, en el incidente en revisión administrativo número 162/2015, la cual se pronunció en los siguientes términos: "PRIMERO.- Queda intocada por no haber sido materia del recurso de revisión, la parte en la que se niega a Salvador Villegas Esquivel, la suspensión definitiva solicitada, por lo que se refiere a los actos reclamados consistentes en la aprobación, promulgación, refrendo y publicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, publicada el día 21 de marzo de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. SEGUNDO.- Se confirman los acuerdos emitidos en la audiencia incidental y la resolución recurrida, en su parte impugnada. TERCERO.- Se concede a Salvador Villegas Esquivel, la suspensión definitiva solicitada, por los motivos precisados en el considerando III, de la sentencia recurrida." Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe. *Amci

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 678/2015 y, R E S U L T A N D O 1º. Demanda de Amparo. En escrito presentado el seis de mayo de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, SALVADOR VILLEGAS ESQUIVEL, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades, actos y por violación a las garantías individuales contenidas en los preceptos constitucionales, que enseguida se precisan: Autoridades Responsables I. LXI Legislatura del Estado. II. Gobernador del Estado de Zacatecas. III. Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas. IV. Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. V. Secretario de Administración del Gobierno del Estado de Zacatecas. VI. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. (ISSSTEZAC). VII. Director del Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas. Acto Reclamado: La aprobación, promulgación, publicación y ratificación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, específicamente los artículos 2, 8, 4 fracciones I, VII, VIII, 11, 12 fracciones V y VII, inciso e), 26, 27, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 156 y noveno transitorio. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como garantías individuales violadas, las contempladas en los artículos 1°, 3, 4, 5, 6, 14, 16 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2º. Trámite del procedimiento en el juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se registró bajo expediente 678/2015; cuyo Titular mediante proveído de siete de mayo de dos mil quince, ordenó su admisión; se pidieron informes justificados a las autoridades señaladas como responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es competente para resolver en definitiva el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse actos de autoridades que tienen su residencia en la demarcación territorial asignada a este Juzgado de la Federación. II. Precisión y certeza de los actos reclamados. II. 1. Precisión. Previo a establecer la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, pero prescindiendo de las calificativas sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de las constancias que integran el presente juicio de garantías se advierte que el quejoso reclama: La aprobación, promulgación, publicación y ratificación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, específicamente los artículos 2, 8, 4 fracciones I, VII, VIII, 11, 12 fracciones V y VII, inciso e), 26, 27, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 156 y noveno transitorio. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." II.2.1. Certeza: El Responsable de la Publicación del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, Secretario de Administración del Gobierno del Estado, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno del Estado, Secretario de Finanzas y Presidenta de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados reconocieron el acto que se les atribuye. Además, la certeza de los actos reclamados, se corrobora con el proceso legislativo que dio origen a los ordenamientos legales de mérito, pues su existencia no está sujeta a prueba, ya que constituyen hechos notorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, por tratarse de derecho positivo. Es aplicable a lo anterior las tesis del rubro y texto siguientes: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, es aplicable, la jurisprudencia del rubro y texto siguiente. "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, Secretario de Administración del Gobierno del Estado, Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado, en representación del Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno del Estado, Secretario de Finanzas y Secretario de la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Estado, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, hacen valer la causal del improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, manifiestan que la quejosa carece de interés jurídico para solicitar la protección de la Justicia Federal al no haberse producido una afectación real y actual a su esfera jurídica por tratarse de amparo contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Este Tribunal Federal comparte dicha causal de improcedencia, por los siguientes motivos: En el caso concreto, la citada quejosa reclama la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, contenida en el decreto 329, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, específicamente los artículos 2, 8, 4 fracciones I, VII, VIII, 11, 12 fracciones V y VII, inciso e), 26, 27, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 156 y noveno transitorio, en su carácter de normas autoaplicativas, esto es, con motivo de su entrada en vigor, y no así en virtud de un acto concreto de aplicación. Este juicio deviene improcedente debido a que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los diversos 5, fracción I, de esa ley y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la quejosa no demostró el interés legítimo que le asiste para reclamar la constitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, contenida en el decreto 329, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, específicamente los artículos 4° fracciones XVII, XIX, XX, 24, 25, 26, 30, 41, 43, 44, 47, 52, 55, 64, 65 y 74, conforme a los razonamientos que enseguida se exponen. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" El precepto transcrito prevé que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola derechos reconocidos por la Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" El referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo; que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o. de dicho ordenamiento legal y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la propia ley, lo mismo que contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. El interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Tratándose de leyes, el interés legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o con motivo de un acto de aplicación que lo actualice. Es decir, que de conformidad con los criterios sustentados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes transcritos, los elementos constitutivos del interés legítimo se acreditan al demostrar que: a) existe una norma constitucional en la que se establece o tutela algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgrede ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenece a esa colectividad. Esto es, el interés legítimo supone una afectación jurídica a la parte quejosa, lo que implica que debe demostrar su pertenencia al grupo o colectividad identificada o identificable que sufrió o sufre el agravio; además, los elementos constitutivos antes referidos son concurrentes; es decir, son requisitos que deben cubrirse de manera conjunta para promover legítimamente el juicio de garantías y ante la ausencia de alguno de ellos, la acción de amparo es improcedente. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, contenida en el decreto 329, publicada en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince, específicamente los artículos 2, 8, 4 fracciones I, VII, VIII, 11, 12 fracciones V y VII, inciso e), 26, 27, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 156 y noveno transitorio, en su carácter de norma autoaplicativa, esto es, con motivo de su entrada en vigor. Cabe precisar que una norma es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación y publicación, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a obrar en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. Los artículos impugnados disponen lo siguiente: Artículo 2. El presente ordenamiento establece un régimen de seguridad social en beneficio de los trabajadores derechohabientes de los entes públicos afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: I. Antigüedad: Tiempo en que el trabajador derechohabiente ha cubierto sus cuotas al ISSSTEZAC y éstas han sido enteradas. . XIX. Sueldo básico de cotización: Remuneración que recibe el trabajador derechohabiente por su trabajo, integrada con el sueldo, el sobresueldo y la compensación previstos en el tabulador de sueldos y salarios, aprobado en el presupuesto de egresos del ente público en el cual preste sus servicios, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador derechohabiente percibiere con motivo de su trabajo. . XXI. Trabajador derechohabiente: Persona física que presta sus servicios en los entes públicos y cotiza al ISSSTEZAC, excluyendo a los trabajadores de lista de raya, por contrato de prestación de servicios profesionales, por horarios o asimilados a salario; y Artículo 8. Los derechos que otorga la presente Ley a los trabajadores derechohabientes se generan a partir de la recepción de parte del ISSSTEZAC de las cuotas y aportaciones respectivas en los términos de este ordenamiento. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende las siguientes prestaciones: Pensión por jubilación; Pensión por jubilación anticipada; Pensión por vejez; Pensión por invalidez derivada de riesgo de trabajo. Pensión por invalidez derivada por causa ajena a riesgo de trabajo: Pensión por viudez, orfandad y ascendencia; Pensión por orfandad: Póliza de defunción: Póliza de ayuda para gastos de funeral; Aguinaldo; Devolución de cuotas; Préstamo exprés; Préstamo a corto plazo; Préstamos a mediano plazo; Préstamos para adquisición de automóviles; Préstamos hipotecarios; Préstamos para adquisición de bienes y servicios ofrecidos por el ISSTEZAC XVIII. Prestaciones sociales. Para el otorgamiento de las prestaciones económicas y sociales, el ISSSTEZAC podrá celebrar convenios de colaboración o asociación con otros entes públicos o instituciones privadas. El otorgamiento de las prestaciones estará sujeto a la capacidad financiera del ISSSTEZAC. Artículo 12. Son obligaciones de los entes públicos ante el ISSSTEZAC. . Retener las cuotas y los descuentos que el ISSSTEZAC ordene se realice a los trabajadores derechohabientes, para el pago de préstamos, créditos u otros conceptos por adeudos que éstos previamente hayan contraído, así como a enterar y entregar los recursos retenidos, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de retención. Entregar y poner a disposición del ISSSTEZAC lo siguiente: Cualquier otra información que les solicite el ISSSTEZAC de los trabajadores, ex trabajadores y pensionados. Artículo 27. Los trabajadores derechohabientes que desempeñen dos o más empleos en los entes públicos, cotizaran sobre cada uno de ellos. Artículo 42. Las pensiones serán inembargables y sólo podrán ser afectadas para el pago de pensión alimenticia, pago de cuota y adeudos al ISSSTEZAC y el cumplimiento de obligaciones fiscales. Artículo 43. El monto mínimo de las pensiones no será inferior a dos salarios mínimos mensuales; el monto máximo de una pensión no excederá de veinticinco salarios mínimos mensuales. Artículo 44. Para determinar el monto de las pensiones se tomará como base el sueldo regulador, actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de enero del año de su aprobación. Artículo 52. Los trabajadores derechohabientes que hayan cumplido sesenta y cinco años de edad y hayan cotizado por lo menos treinta años al ISSSTEZAC, tendrán derecho a la pensión por jubilación, equivalente al cien por ciento del sueldo regulador, sin exceder el límite establecido en esta ley. Artículo 54. Los trabajadores derechohabientes que hayan cotizado por lo menos quince años al ISSSTEZAC, tendrán derecho a la pensión por vejez al cumplir sesenta y cinco años de edad. Artículo 55. El monto de la pensión por vejez es el porcentaje del suelo regulador que corresponde a los años cotizados al ISSSTEZAC, de conformidad con la siguiente tabla: Años cotizados Porcentaje 15 50% 16 53% 17 56% 18 59% 19 62% 20 65% 21 68% 22 71% 23 74% 24 77% 25 80% 26 84% 27 88% 28 92% 29 96% Artículo 156. En contra de los actos, omisiones o resoluciones de la Junta Directiva o del Director General, que afecten los intereses del trabajador derechohabiente o pensionado, procede el recurso de inconformidad, que deberá ser formulado en los términos del presente capítulo. La resolución que ponga fin al recurso de inconformidad, podrá ser impugnada a través de del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas. TRANSITORIOS Artículo Noveno. Los trabajadores derechohabientes que hayan cotizado veintiocho años o más al ISSSTEZAC conservarán los derechos adquiridos conforme a la ley que se abroga". Los preceptos legales antes transcritos establecen los conceptos de antigüedad, sueldo básico y trabajador derechohabiente; las prestaciones que comprende el régimen obligatorio; las obligaciones de los entes públicos ante el ISSSTEZAC; sobre las cotizaciones de los trabajadores; y sobre el monto de las pensiones. Establecido lo anterior, es de precisarse que al haberse reclamado los numerales artículos 2, 8, 4 fracciones I, VII, VIII, 11, 12 fracciones V y VII, inciso e), 26, 27, 42, 43, 44, 52, 54, 55, 156 y noveno transitorio, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en su carácter de norma autoaplicativa, para la procedencia de la acción del juicio de garantías es necesario que el quejoso demuestre que desde la iniciación de su vigencia se encuentra en la situación prevista por la norma, es decir, que desde su entrada en vigor, está sujeto al mandato legal. En efecto, para la procedencia del presente juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que desde la entrada en vigor de la ley reclamada es sujeto de la misma, esto es, que está que adquiere derechos y obligaciones como trabajador derechohabiente del ISSSTEZAC. Ahora bien, en el caso concreto el quejoso SALVADOR VILLEGAS ESQUIVEL, para demostrar que es sujeto de la norma, exhibió como prueba copia simple de su recibo de pago de nómina (foja 13). Documental que no se considera idónea para acreditar su interés legítimo, toda vez que resulta insuficiente por cuanto a su naturaleza, pues únicamente tiene el valor de indicio de la existencia del documento que reproduce mas no del contenido que ostenta, por lo que carece de valor probatorio pleno, sin que pueda vincularse y concatenarse con algún otro medio de prueba a fin de demostrar el interés legítimo del impetrante del amparo. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 217 del código adjetivo en cita, el valor probatorio de las copias simples queda al prudente arbitrio judicial con el carácter y alcance de indicios, de manera que en su adecuada apreciación en relación con los hechos a probar, y atendiendo a su vinculación con otros elementos de prueba que obran en autos, cabe la posibilidad de que generen convicción en el ánimo del juzgador; sin embargo, en el caso sujeto a estudio, no ha lugar a otorgarle valor probatorio, ello porque en el caso se trata de un documento exhibido en copia simple que por sí mismo es insuficiente para demostrar que el quejoso se ubique en el supuesto de la norma que se impugna y que por ende el decreto reclamado produce una afectación en su perjuicio con su sola entrada en vigor. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." De igual forma, es de apoyo la tesis que a la letra dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." Asimismo, apoya lo anterior, de manera analógica, la jurisprudencia que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Por tanto, con el documento exhibido, el quejoso no acredita ser trabajador del Gobierno del Estado de Zacatecas. En este orden, es dable concluir que el documento que exhibió el quejoso no demuestra la actualización real y efectiva de los supuestos jurídicos de la causación de los numerales que combaten, por lo que no demostró encontrarse en el supuesto de la norma referida desde su entrada en vigor. A mayor abundamiento debe decirse que no basta la presentación de la demanda de amparo por el citado quejoso para demostrar que los actos legislativos señalados como reclamados afectan su esfera jurídica; ni siquiera la circunstancia de que los argumentos expresados en su libelo de garantías se hayan externado bajo protesta de decir verdad, en tanto que es indispensable aportar pruebas idóneas dirigidas a acreditar la afectación a la esfera jurídica del particular, ya que el interés legítimo es un interés cualificado, actual y real, no potencial o hipotético, que lo distingue como un interés jurídicamente relevante. Son aplicables al respecto, de manera analógica, las jurisprudencias, que respectivamente, dicen: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley de Amparo en relación con la fracción V del artículo 73 de este ordenamiento, el juicio de garantías se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que significa que uno de los presupuestos para la procedencia de la acción constitucional es la comprobación plena del interés jurídico del quejoso, pudiendo hacerlo por cualquiera de los medios de prueba previstos por las leyes, pero no basta para tenerse por acreditado el solo hecho de presentar la demanda respectiva, lo que implica únicamente la pretensión de excitar al órgano jurisdiccional, pero no la comprobación de que la ley o acto reclamado lesionan sus intereses jurídicos por lo que de no satisfacerse dichos requisitos, debe sobreseerse en el juicio de amparo." En conclusión, dado que el quejoso no demostró encontrarse en el supuesto de la norma impugnada, es claro que no acreditó que la misma cause lesión a su esfera jurídica, por lo que se configura la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los diversos 5, fracción I, de esa ley y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso SALVADOR VILLEGAS ESQUIVEL. Sin que lo resuelto en este fallo implique una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, el cual consiste en un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así como al principio pro persona previsto en el artículo 1, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que los derechos humanos se deben de interpretar conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas; toda vez que su aplicación no significa que en cualquier caso los órganos jurisdiccionales internos deban de resolver el fondo del asunto que se les plantea, en virtud de que existen presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de garantías, los que deben cumplirse por razones de seguridad jurídica, para una correcta y funcional administración de justicia, así como para la efectiva protección de los derechos de las personas; en tales condiciones el derecho humano y el principio antes referidos no pueden ser fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Tales consideraciones encuentran sustento en las tesis del tenor siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Al haber resultado fundada la causal de improcedencia que determinó el sentido de esta resolución, es innecesario ocuparse de la diversa que alegaron el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el Coordinador General Jurídico del Gobierno del Estado en representación del Gobernador del Estado, el Secretario General de Gobierno del Estado y el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, todos con sede en esta ciudad, al rendir sus respectivos informes justificados, porque ello no cambiaría el sentido de lo aquí decidido. Sirve de apoyo la jurisprudencia que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por SALVADOR VILLEGAS ESQUIVEL, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES POR OFICIO. Así lo proveyó y firma el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la Secretaria que autoriza, licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, hasta el día de hoy cinco de agosto de dos mil quince, en que las labores del Juzgado lo permitieron.- DOY FE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b) DE LA LEY DE AMPARO: "ÚNICO. SE SOBRESEE el presente juicio de amparo promovido por SALVADOR VILLEGAS ESQUIVEL, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución.".

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