Salvador Vega Torra

Expediente 1624/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1624/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
05/09/2022

Partes del expediente

  • Salvador Vega Torra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de septiembre de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 16/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra del proveído dictado por este Juzgado, en el cual se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHO PROVEÍDO HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído fuera de audiencia y no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita; en razón que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado legal de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta la imposibilidad que tiene Salvador Vega Torra (quejoso) para realizar el pago de la publicación de los edictos, y solicita que estos sean pagados por el Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, y vistas la constancias que integran el presente juicio de amparo, este Juzgado de Distrito, advierte que el quejoso cuenta con los servicios de profesionales privados para el litigio del presente juicio de amparo, por tanto no se evidencia que la misma carezca de medios económicos para sufragar el gasto que representa la publicación de los edictos ordenados. Por lo que, para estar en aptitud de proceder en términos de la jurisprudencia 2ª./J 108/2010, se debe de cumplir con los siguientes presupuestos: a).- La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto; y, b).- La existencia en autos, de indicios suficientes que permita apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de publicación de los edictos. Lo que en la especie no se advierte, ya que su autorizado ha promovido durante el procedimiento del presente juicio de amparo, y si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja, pues en el presente caso no se advierte dicha situación de dependencia familiar. Apoyo la anterior determinación, la tesis 1a. CCXXIV/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 573, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Libro 19, Junio de 2015, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 2009452, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja." Además de que, de las constancias médicas que adjunta al escrito que se provee [en copia simple], se evidencia que el quejoso se practicó una radiografía o resonancia en una clínica particular (Médica Sur), sin que se evidencie la precaria situación económica que aduce y por lo que respecta a la renta que refiere dejó de percibir, no demuestra en este juicio que sea su único sustento y que depende e ella para subsistir, al margen de que el análisis de esa cuestión concierne al fondo del asunto. Atento a lo anterior, no se desprenden elementos suficientes para ponderar la incapacidad financiera de la parte quejosa y de esta forma, ordenar la publicación de los edictos, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Encuentra apoyo la anterior determinación, por lo que en su contenido se expone, la tesis I.3o.C.973 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EDICTOS. SU PAGO A CARGO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR FALTA DE CAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE QUEJOSA, SE ENCUENTRA SUJETO A PRUEBA. Si el quejoso manifiesta la imposibilidad de pagar la publicidad de los edictos, ordenada por la Sala responsable luego de agotarse el procedimiento de investigación del domicilio del tercero perjudicado y, por ende, solicita que tal gasto sea cubierto por el Consejo de la Judicatura, tal circunstancia se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias, a saber: a) La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto y, b) la existencia en autos, de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. En cuanto al segundo de los presupuestos, se afirman que se encuentra sujeta a prueba la petición del impetrante, ya que es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente del amparo de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el impetrante de garantías realice la solicitud en ese sentido, sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar el gasto que representa la publicación de los edictos, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, es inconcuso que deberá negarse la petición, pues únicamente debe acordarse favorablemente cuando se advierta que no cuenta con los servicios de un profesional privado, esto es, que quien lo patrocina sean abogados pertenecientes a la Defensoría Pública o bien que en caso de defender un bien, éste sea resultado de una adquisición a título gratuito. Se afirma lo anterior, en virtud de que tratándose de juicios que involucren prestaciones en dinero, tal como acontece en los ordinarios civiles de pago de pesos o que involucren la defensa de algún bien inmueble y los ordinarios y ejecutivos mercantiles, en los que por su propia naturaleza se encuentran involucradas situaciones que presumen solvencia económica de las partes, al menos para hacer frente a las obligaciones y cargas derivadas de los propios litigios, entonces se entiende que los involucrados tienen capacidad económica, pues no sería creíble alegar la falta de ésta, cuando de los derechos litigiosos se desprende la existencia de algún bien que justifique el actuar en el proceso de la parte que se trate. Cabe precisar que lo anterior no cobra aplicación en tratándose de asuntos familiares en los que necesariamente tendrían que ponderarse las particularidades del caso, ya que por su propia naturaleza en la mayoría de los casos no se encuentran vinculadas cuestiones pecuniarias, sino de otra índole y, por ello, es que resulta necesario particularizar cada caso en concreto para determinar la idoneidad del pago de edictos, en juicios de esta naturaleza." Así como la tesis CXXIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación con el registro 2008746, que a continuación se transcribe: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso." En ese contexto, tales afirmaciones carentes de sustento demostrativo devienen por el momento insuficiente para ordenar a costa del Consejo de la Judicatura Federal el pago de los edictos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. ....Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado legal de la parte quejosa, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, informa a este Juzgado Federal, que desconoce el domicilio de los terceros interesados ****. Ahora, visto el estado de los autos y como se advierte que este Juzgado Federal agotó las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de los terceros interesados *****, pues para tal efecto se ordenó la investigación de los posibles domicilios, girándose los oficios y comunicaciones oficiales correspondientes, a diversas autoridades, con resultados negativos, aún y cuando la parte quejosa tomó diversas medidas para que este juzgado se allegara del domicilio de los referidos terceros interesados, de igual manera sin obtener resultado favorable. En consecuencia, sin estar en posibilidad de emplazar al presente juicio a los terceros interesados ******, al no haberse logrado la localización de su domicilio, por tanto, en aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo aplicable, en relación con lo que dispone el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se ordena emplazarlos a juicio, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que deberán ser publicados por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los diarios de mayor circulación en la República Mexicana. Por tanto, requiérase a la parte quejosa ******, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, comparezca ante este Juzgado Federal a recibir los edictos respectivos para el efecto de publicarlos como se indica en líneas anteriores y una vez hecho lo anterior, dentro del término de veinte días, los exhiba ante este Juzgado, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo que se le concede, sin causa razonable, y al no encontrarse satisfecho el requisito exigido por la fracción II del artículo 108 de la Ley de Amparo, el cual es indispensable para la instauración del juicio de amparo, se le tendrá por desinteresada en su perjuicio de la prosecución del presente asunto y, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 27, fracción III , inciso b), segundo párrafo y 5°, fracción III del propio ordenamiento, así como el numeral 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sobreseerá el mismo. ....Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de abril de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado de los autos y como se advierte que este Juzgado Federal agotó las medidas necesarias para lograr el emplazamiento de los terceros interesados ********************, pues para tal efecto se ordenó la investigación de los posibles domicilios, girándose los oficios y comunicaciones oficiales correspondientes, a diversas autoridades, con resultados negativos. En mérito de lo anterior, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio cierto y actual de los terceros interesados ********************, para que puedan ser emplazados al presente juicio en términos de ley. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tenga para ello, este Juzgado Federal procederá en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) párrafo segundo y se ordenará el emplazamiento de los terceros interesados por edictos a costa del quejoso. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DÍA DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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