Salvador Valencia García

Expediente 927/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
927/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador Valencia García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    V i s t o s los autos para resolver el juicio de amparo 927/2023, promovido por ******* contra actos de la Juez Trigésimo Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El quejoso demandó el amparo contra actos que consideró violatorios de sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Segundo. Trámite. Este órgano jurisdiccional admitió la demanda, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió el informe justificado; y, ordenó emplazar a la parte tercera interesada. La representante social de la federación no intervino, se tuvo por rendido el informe justificado, se emplazó a la parte tercera interesada; y, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso del orden civil seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. Segundo. Acto reclamado conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. El acto reclamado es la interlocutoria de treinta de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral Ciudad de México, en el incidente de ejecución de sentencia promovido en el juicio oral civil *** de su índice, donde se condenó a los codemandados al pago de $28,833.32 (veintiocho mil ochocientos treinta y tres pesos 32/100 moneda nacional) por concepto de honorarios profesionales en favor del quejoso. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La certeza de los actos reclamados quedó acreditada con el informe justificado rendido por la juez de la causa, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; las cuales, por tener el carácter de actuaciones judiciales, tienen valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Antecedentes. Previo a realizar el estudio del asunto, es conveniente relatar los antecedentes destacados del acto reclamado: I. El diez de agosto de dos mil veintiuno, ****** demandó en la vía oral civil a ****** y ******, todos de apellidos *******, el pago de diversas prestaciones por concepto de honorarios profesionales; el cual, correspondió conocer a la Juez Trigésimo Octavo de lo Civil de Proceso Oral Ciudad de México, quien previa prevención, lo admitió a trámite y registro con el número de expediente ***** II. Seguidos los trámites legales, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, la juez responsable dictó sentencia definitiva en la que determinó lo siguiente: "PRIMERO.- Ha sido procedente la vía ORAL CIVIL ejercitada por la parte actora ********************, quien acreditó la procedencia de su acción, los codemandados ******** no justificaron sus excepciones y defensas y la litisconsorte ******** se allanó a las prestaciones reclamadas por la parte actora, en consecuencia. SEGUNDO.- Se condena a los codemandados ******** y a la litisconsorte ******** a pagar a la parte actora ********* o a quien sus derechos represente, los honorarios devengados por sus servicios profesionales, los que se liquidarán en ejecución de sentencia a través del incidente respectivo, conforme a lo expuesto en la parte considerativa del presente fallo. TERCERO.- Se condena a los codemandados ********************y a la litisconsorte ********************a pagar a la parte actora ******************** o a quien sus derechos represente, los INTERESES LEGALES a razón del 9% (nueve por ciento anual) que se generen sobre la cantidad que en ejecución de sentencia se obtenga por concepto de honorarios; intereses que se cuantificarán a partir del día treinta de septiembre de dos mil diecinueve y hasta que se haga pago total de lo condenado, lo que se liquidará en ejecución de sentencia a través del incidente respectivo. CUARTO.- No se hace especial condena en costas en esta instancia." III. El veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso promovió incidente de ejecución de sentencia, el cual se admitió y, el treinta de junio de ese año, se dictó sentencia interlocutoria, en los siguientes términos: "PRIMERO.- Se dio trámite al INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA promovido por la parte actora, el que se reguló, en consecuencia. SEGUNDO.- Se autoriza la cantidad de ********* por concepto de HONORARIOS PROFESIONALES que los codemandados ********* y la litisconsorte ********deberán pagar a la parte actora ******** o a quien sus derechos represente, dentro del término de CINCO DÍAS contados a partir de que la presente resolución cause estado. TERCERO.- No ha lugar a aprobar la partida de INTERESES LEGALES propuestos por la parte actora, con base en los razonamientos jurídicos expuestos en la parte considerativa de este fallo, dejando a salvo los derechos para que los haga valer en la vía y forma que estime convenientes." Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Quinto. Análisis de los conceptos de violación y decisión. La parte quejosa señala que la resolución reclamada transgrede en su perjuicio sus derechos fundamentales reconocidos el la Carta Magna al violentarse el principio de legalidad, ya que la misma carece de congruencia y afecta la cosa juzgada; lo anterior, pues considera que es incorrecto que el monto de sus honorarios no sea calculado por cada una de las personas que representó en el juicio sucesorio en el que prestó sus servicios profesionales, sino como una única actuación. En efecto, el quejoso se duele de que la ilegalidad de la sentencia al argumentar que aun cuando las actuaciones procesales las realizó por una sola vez, la realidad es que el servicio profesional de asesoría, representación y dirección procesal se prestó a todos los demandados y a la litisconsorte; por lo que aunque haya presentado un solo escrito de demanda o de queja, esas acciones beneficiaban a cada uno de sus representados. El concepto de violación es infundado. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1ª./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE." Una de esas normas rectoras son precisamente las sentencias definitivas, pues de éstas derivan prerrogativas y obligaciones que los justiciables deben observar al constituir cosa juzgada, es decir, una norma jurídica individualizada a la que deben estarse los enjuiciados, y que es indemne a cuestionamientos futuros en diverso procedimiento. Y aquello cuyas bases se establecen en la decisión final de un caso, se instrumenta y materializa, a través de incidentes para hacer efectivos sus puntos específicos, como una vertiente del acceso efectivo a la justicia, relativa a la eficacia de las determinaciones. Lo anterior, lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial 1a./J. 103/2017 (10a.) con registro digital 2015591, que establece: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1ª./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." En el caso, no le asiste razón al quejoso respecto de la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, al considerar que se violentó el principio de legalidad en su perjuicio al no haberse considerado su gestión como mandante individualmente -por cada uno de sus representados-, sino que se comprendió como una sola actividad en beneficio de varias personas. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que la apreciación jurídica de la autoridad responsable no es en sí misma violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, ya que la norma jurídica individualizada, que representa la sentencia definitiva firme de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, precisa en sus fojas 23, 28 y 30, que la base de la liquidación de los honorarios del actor sería conforme a lo establecido en los artículos 2607 del Código Civil y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas leyes aplicables en la Ciudad de México; y al efecto, precisó literalmente: "En estas condiciones es de concluirse que los codemandados ********************, ********************, ********************y ********************y la litisconsorte ********************se encuentran obligados a pagar al accionante ********************los honorarios por sus servicios profesionales que presentó en el juicio sucesorio a bienes del Señor RODRIGO ORTÍZ ÁVILA, tramitado en el JUZGADO VIGÉSIMO PRIMERO FAMILIAR DE ESTA CIUDAD, conforme al arancel establecido en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, atendiendo a las actuaciones efectuadas por el demandante." (Lo resaltado es propio.) Así, puede verse que la individualización de la norma que establece el arancel correspondiente de la Ley Orgánica, enfatiza para la liquidación las actuaciones realizadas por el abogado, ya que la interpretación literal de dicha disposición señala que el cobro se compone (en términos generales) por: el estudio del negocio, la presentación de demanda, contestación, lectura de autos, elaboración de incidencias y recursos, ofrecimientos de pruebas e interrogatorios, apersonamientos a diligencias o notificaciones, formulación de alegaciones o defensas recursales; no así la suma de sus beneficiarios. En otras palabras, para calcular el valor monetario de la defensa, se enfatizó en la sentencia el trabajo efectivamente realizado, más allá de la cantidad de personas que se hayan beneficiado de éste; y siendo así no es dable acoger la defensa del hoy quejoso en el sentido de que la liquidación debe atender al beneficio que individualmente percibió cada uno de los mandantes por su actuación, pues ello sería variar los términos de lo establecido en la sentencia definitiva. Además de que, este juzgador advierte de las constancias enviadas por la autoridad responsable, mismas que, como se señaló, gozan de valor probatorio pleno, que en el escrito presentado en el juicio donde se prestaron los servicios profesionales de abogacía, de cinco de febrero de dos mil diecinueve -ocurso de denuncia de la sucesión- los denunciantes ********************, ********************, ******************** ********************y ********************, señalaron un solo domicilio, representante común y mandatario judicial; lo que se acordó a favor el tres de mayo de ese año en el expediente ********************, por lo que procesalmente puede sostenerse que, en efecto, al inicio del litigio, su defensa de intereses fue una sola, por lo que no hay razón jurídica para multiplicarla por el número de mandantes hubiera habido, dado que en la sentencia definitiva no se previó de esa manera, sino a partir de la actuación efectivamente desplegada. Ante ello, la decisión de la autoridad no violentó los derechos fundamentales de legalidad, ni de certeza jurídica de la parte quejosa, ya que el fallo es congruente con las consideraciones establecidas en la sentencia definitiva, a fin de liquidar o ejecutar como marca el artículo 85 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad. Al efecto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 52/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 161662, que dispone: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. El análisis de oficio de la cosa juzgada debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia al tener aquélla fuerza de ley, con lo que no se viola la equidad procesal entre las partes, ya que al estar resuelto el litigio, éstas pudieron presentar todas las defensas y excepciones que consideraron pertinentes en el juicio previo, pues debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." Sin que sea de acogerse el argumento expuesto por el quejoso en el sentido de que aceptar la decisión de la autoridad le resultaría más gravoso al haber tenido que llevar a cabo un juicio para obtener el cobro por sus servicios; y es así, porque la carga inherente al cobro y lo realizado para hacerse de éste no es atribuible a la autoridad, sino en su caso de las partes que resistieron el pago hasta ser llevadas al juicio. Por tanto, al haber resultado infundado el concepto de violación hecho valer por el actor constitucional, lo procedente es negar el amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Único. La justicia de la Unión no ampara y protege a ****** contra actos de la Juez Trigésimo Octavo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por las razones indicadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo resolvió y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ante ..., Secretaria que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy tres de enero de dos mil veinticuatro, fecha en que lo permiten las cargas de este Juzgado Federal. Doy fe.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 927/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación se hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado; C) Emplazamientos de los terceros interesados. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ****** los formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no rindió intervención; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda la comparecencia del quejoso mediante la cual desahoga el requerimiento formulado el seis de octubre pasado, esto es, ratifica, reconoce el contenido y la firma estampada en el escrito registrado con el folio 18870; en consecuencia, se provee al respecto, como lo solicita el promovente, devuélvanse los documentos exhibidos que refiere, por conducto de persona autorizada para ello, previa comparecencia (en días y horas laborables), identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en el expediente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por el motivo asentado en la certificación de cuenta; en consecuencia, se difiere y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para las autoridades responsables, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarles oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarles por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En diverso aspecto, agréguese el comunicado del Juez responsable, mediante el cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo acompaña las constancias que refiere en apoyo a su informe justificado, en ese sentido, dese vista a las partes con su contenido y una vez transcurrido el plazo que otorga dicho numeral sin que realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Acorde al estado procesal de autos y conforme a la certificación de cuenta, fórmese el cuaderno auxiliar ll, e infórmese a las partes que su consulta podrá realizarse físicamente en este órgano jurisdiccional; lo anterior con fundamento en el artículo 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.

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