Salvador Valencia Álvarez

Expediente 1870/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1870/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador Valencia Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que atiende el requerimiento realizado por este Juzgado e informa que los directos quejosos no estuvieron alojados en la estación migratoria de esta ciudad ni cuenta con registro alguno de ellos. Ahora bien, toda vez que en auto de veintidós de los cursantes, se ordenó remitir el presente expediente al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con motivo de la incompetencia planteada por este órgano de control constitucional para continuar conociendo del mismo, sin que a la fecha se haya acusado recibo de su recepción. Por ende, solicítese atentamente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, para que a la brevedad posible, informe a este órgano constitucional, a qué Juzgado de Distrito fue turnado el juicio de amparo 1870/2023-II, del índice de esta autoridad, a fin de estar en posibilidad de acordar lo conducente, remitido mediante oficio 28521/2023 de veintidós de noviembre de los corrientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio 33610/2023, signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que devuelve diligenciado el exhorto ********************, que se le giró para que procediera a la localización y notificación de los quejosos ******************** y ********************así como la notificación a las autoridades señaladas como responsables de la suspensión de plano concedida contra los actos de privación de la libertad e incomunicación que reclamó el promovente de la demanda. Ahora bien, toda vez que aún no se tiene noticia del paradero de los quejosos ******************** y ********************ni respuesta de las autoridades responsables, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California dependiente de la Secretaria de Gobernación y al Sub representantes Locales A y B, Agentes Federales y demás funcionarios del Instituto Nacional de Migración, adscritos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, para que dentro del término de DOCE HORAS, contadas a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, informen si en sus registros o en los de alguna de las autoridades subordinadas a su potestad, obran datos del paradero de los directos agraviados ******************** y ********************. Asimismo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, para que informe si tiene algún registro de quejosos ******************** y ********************en virtud de que de las manifestaciones de la demanda se advierte que el promovente señaló que salieron del Aeropuerto de esta ciudad con destino a la ciudad de Tijuana, Baja Califorma, así como también, para que por su conducto, requiera información de su paradero en la estación migratoria de dicha entidad federativa. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no informar lo solicitado, en el término concedido, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), contenida en la fracción I, del artículo 237 y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. A su vez, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo establece el numeral 2° de este último ordenamiento legal, prevéngase al promovente ********************, para que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad, señale si los directos quejosos ******************** y ********************se encuentran gozando de su libertad personal y, en su defecto, precise el lugar exacto donde se encuentran recluidos o detenidos o, bien, proporcione mayores datos que permitan la localización de los agraviados. En el entendido, que de encontrarse en libertad, deberá hacerlos comparecer ante esta autoridad, dentro del término de tres días; apercibido, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá la multa de cincuenta veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), a que se refiere el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, y se procederá conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.********************Téngase por recibido el oficio 33345/2023, signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, con el que devuelve sin diligenciar el exhorto ********************, que se le giró para que procediera a la localización y notificación de los quejosos ******************** y ********************así como la notificación a las autoridades señaladas como responsables de la suspensión de plano concedida contra los actos de privación de la libertad e incomunicación que reclamó el promovente de la demanda.********************Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables tiene su sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y ante la naturaleza urgente de los actos reclamados y la suspensión de plano otorgada, a fin de lograr la prontitud la notificación de este acuerdo; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los diversos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que de inmediato se notifique a las autoridades responsables TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DEPENDIENDE DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN Y SUBREPRESENTANTES LOCALES A Y B, AGENTES FEDERALES Y DEMÁS FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE TIJUANA, el contenido de la determinación de veintidós de noviembre del año en curso, adjuntándole la demanda de amparo correspondiente.********************En el entendido, que si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta a la autoridad exhortante ordene al notificador para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues esta Juzgadora se encuentra facultada para corregir la inexactitud del señalamiento del quejoso, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, el agraviado reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos del quejoso.********************De igual forma, se faculta a la exhortante, para comisionar al Actuario en el supuesto anterior, esto es, que si las autoridades responsables, persistieren en no recibir el oficio que les fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve.********************Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes:****************************************"AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo."****************************************"AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."****************************************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo promovida por ******************** a favor de ********************, recibida vía electrónica, sin firma electrónica o evidencia criptográfica, contra los actos que reclama del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California dependiente de la Secretaria de Gobernación, con sede en Tijuana y otras autoridades; fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado con el número 1870/2023-II.********************De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que se señala como actos reclamados: a) La privación de la libertad fuera de procedimiento (incluido el Aseguramiento y/o detención); b) La fijación de algún tipo de garantía económica o fianza con la finalidad de recobrar libertad; c) La orden de traslado a diversa estación migratoria; d) La orden de deportación y/o expulsión.********************Ahora bien, de los hechos de la demanda, se afirma que los quejosos señalan que llegaron al Aeropuerto de la ciudad de Tijuana, Baja California provenientes de esta ciudad de Mérida, Yucatán, cuando fueron detenidos por autoridades migratorias sin que mediara justificación alguna para ello.********************Ahora bien, en virtud de los actos reclamados y los hechos relatados es necesario señalar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.********************En el caso con fundamento en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se considera que este órgano de control constitucional, no resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************** a favor de ********************.********************En efecto, primeramente, cabe señalar que la competencia de los Juzgados de Distrito para conocer de las demandas de amparo se regula primordialmente por el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente:****************************************"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.****************************************Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.****************************************Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."************************************************************Dispositivo legal del que se desprenden básicamente tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber:****************************************a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado;****************************************b) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente el juez ante quien se presente la demanda;****************************************c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.****************************************Ahora bien, una vez establecidas las disposiciones legales aplicables, en el presente asunto, se estima actualizada la primera regla de competencia, por las siguientes razones:****************************************Es así, pues en el caso los actos reclamados consistentes en a) la privación de la libertad fuera de procedimiento (incluido el Aseguramiento y/o detención); b) la fijación de algún tipo de garantía económica o fianza con la finalidad de recobrar libertad; c) la orden de traslado a diversa estación migratoria; d) la orden de deportación y/o expulsión, pudieran tener ejecución o se están ejecutando en la ciudad de Tijuana Baja California, donde se señala que los quejosos se encuentran y además todas las autoridades responsables tienen su sede en dicha ciudad.********************En efecto, con lo relatado en la demanda, evidencia que se trata de actos cuya ejecución tiene o pudiera tener lugar en la ciudad de Tijuana, Baja California, sin que en modo alguno haya algún acto de ejecución en el Estado de Yucatán, en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional, ni autoridad responsable en esta entidad.********************En otras palabras, los actos reclamados se están ejecutando o pudieran ejecutarse en la Ciudad de Tijuana, Baja California, esto es, que se encuentra fuera del territorio en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción y no pueden tener ejecución en esta entidad, ya que los quejosos no se hallan en esta ciudad.********************Por tanto, con apoyo en el numeral 37 de la Ley de Amparo, se estima que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo, es aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se ejecuten los actos que por esta vía se combaten, de ahí que este Juzgado Federal carezca de competencia legal respecto del presente juicio de amparo; y, en ese tenor, se considera que los actos reclamados al tener ejecución en la Ciudad de Tijuana, Baja California, quien resulta legalmente competente para conocer del asunto es el Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la Ciudad de Tijuana, en turno, quien ejerce jurisdicción territorial en esa ciudad.****************************************Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 97, Informe de 1972, parte II, Séptima Época, con el rubro:********************"COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.".****************************************Por lo expuesto, se estima que este órgano de control constitucional ES LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer y resolver sobre el presente juicio de amparo.********************Por ende, con fundamento en el artículo 37, de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este Juzgado, remítase este juicio constitucional al Juez de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en la Ciudad de Tijuana, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en dicha residencia, para que lo remita al órgano judicial que corresponda; el cual, una vez recibido se le insta respetuosamente comunique a este juzgado federal, lo que tenga a bien determinar.********************Sin perjuicio de que la suscrita Juzgadora Federal estima carecer de competencia legal para conocer del asunto, toda vez que de la misma se advierte que se señalan entre otros, como actos reclamados, la privación de la libertad fuera de procedimiento y la orden de deportación y/o expulsión; y esos actos se encuentran previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, lo procedente es proveer sobre la suspensión de plano únicamente de esos actos, previo a remitir la demanda a quien se estima competente.********************En tal virtud, en atención a la naturaleza de esos actos que se reclaman, con apoyo en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE DE PLANO LA SUSPENSIÓN de todo acto que tienda a tener incomunicados a los quejosos, a deportarlos, expulsarlos o hacerlos víctimas de cualquier acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo, y 22 Constitucional.********************Sirve de apoyo, la jurisprudencia número I.3°.A.J/7:********************"SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." ********************Asimismo, resulta aplicable la siguiente tesis P./J. 80/2007, del Pleno, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de Registro: 170578 de rubro:********************"SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN.".********************Igualmente, la concesión es para que en el lugar en donde se hallan retenidos los quejosos se permita el acceso de manera mesurada a sus familiares y abogados en horas hábiles, esto, sin alterar el debido orden y procurando, en todo caso, la protección de los derechos humanos de la persona detenida; bajo el entendido de que al momento de la notificación debe permitirse, en caso de ser solicitado por el Actuario adscrito a este Juzgado, el acceso a uno de los familiares o abogados del directo agraviado, a fin de que esté presente al momento de dicha diligencia. En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación y deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento.********************Asimismo, requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comunique vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano; con el apercibimiento, que de no cumplir con ello, se les impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento de la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Por otra parte, por lo que ve a la suspensión solicitada de los actos reclamados consistentes en la detención fuera de procedimiento y/o privación de la libertad de los directos quejosos, en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California; por tanto, como es incierta la situación que los quejosos guardan frente a las autoridades administrativas señaladas como responsables, debido a que en los hechos no se precisa el motivo de su detención, en tal virtud, de ser el caso, deberán acatar lo que establecen los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, y por lo tanto:********************-Cuando el acto reclamado consista en la detención del inconforme efectuado por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, ordenarán que sin demora cese la detención, poniéndolos en libertad o a disposición del Ministerio Público, y si la detención no tiene relación con la comisión de un delito, el quejoso será puesto en libertad.********************- En el supuesto de que la detención de los peticionarios esté relacionada con una cuestión migratoria, con fundamento en el artículo 150 de la Ley de la materia, se concede la medida cautelar solicitada, para el efecto de que los directos quejosos queden a disposición de este Juzgado de Distrito -hasta que asuma competencia el órgano al que se le remite el asunto-, única y exclusivamente en lo que se refiere a su libertad personal, en el lugar de su alojamiento temporal, que pudiera ser la estación migratoria de la ciudad donde se encuentran; y a disposición del Instituto Nacional de Migración, por lo que hace a la continuación del procedimiento administrativo que en su caso se les sigue para verificar su situación migratoria, la cual deberá resolverse con las formalidades, y en los términos establecidos en la Ley de Migración.********************En el entendido de que las autoridades migratorias no podrán tener detenidos o alojados a los quejosos en la estación migratoria por un plazo mayor al de treinta y seis horas, pues transcurridas éstas los quejosos deberán seguir, en su caso, el procedimiento migratorio respectivo en libertad, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Ampro en revisión 388/2022 en sesión de quince de marzo de dos mil veintitrés, en el que determinó que los plazos previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración de quince y hasta sesenta días de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, son inconstitucionales.********************Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2027175, que dispone:********************DETENCIÓN ADMINISTRATIVA MIGRATORIA. PARA EVITAR QUE SEA ARBITRARIA, SU DURACIÓN DEBE SER MENOR A TREINTA Y SEIS HORAS Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.********************Hechos: Diversas personas migrantes fueron detenidas en una estación migratoria por autoridades adscritas al Instituto Nacional de Migración, por un periodo superior a treinta y seis horas, para averiguar su situación de regularidad dentro del territorio nacional. En contra de esa detención, entre otros actos reclamados, las personas migrantes presentaron demanda de amparo indirecto. El Juzgado de Distrito del conocimiento resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio de amparo y, por otra, concederlo. Contra esa determinación, las partes interpusieron recurso de revisión.********************Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para evitar que una detención administrativa migratoria sea arbitraria debe I) ser menor al plazo de treinta y seis horas y II) debe cumplir con los requisitos de: 1) razonabilidad, que es un criterio de evaluación objetivo; 2) necesidad; y 3) proporcionalidad, que son criterios de evaluación subjetivos. La razonabilidad exige que la detención sea impuesta en cumplimiento de un fin legítimo en cada caso individual, que tiene que estar estipulado expresamente en la legislación, y definir y enlistar exhaustivamente las razones consideradas como fines justificadores. La necesidad exige que la detención sea indispensable para cumplir el fin legítimo y que, en las circunstancias individuales del caso, no exista otra menos restrictiva de los derechos de la persona afectada. Y, la proporcionalidad reclama que el Estado alcance un balance entre la gravedad de la medida y la situación de la persona migrante en cuestión.********************Justificación: Lo anterior, toda vez que el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. De ahí que, para una detención en este contexto, en aras de evitar su arbitrariedad, debe ser aplicada como medida excepcional, por el periodo más breve y sólo si se justifica por una finalidad legítima. Siempre que ésta sea acorde al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual mandata que ningún acto privativo de la libertad de las personas por razones administrativas puede exceder del periodo máximo de treinta y seis horas.********************Sin que en el caso, sea dable conceder la suspensión para que se ordene la inmediata libertad de los quejosos, puesto que sin desconocer que los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, establecen el derecho de los extranjeros puestos a disposición de la autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional", lo cierto es que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables.********************En ese sentido, no es posible conceder la suspensión a fin de que se deje en inmediata libertad a los agraviados, en tanto que, dicha cuestión le corresponde analizarla a la autoridad responsable migratoria, quien sin perjuicio de que lo tenga a su disposición establecerá bajo sus más estricta responsabilidad las condiciones necesarias para que continúe sometido al procedimiento administrativo migratorio en lo que se dicta la resolución de regularización para definir su situación legal, en el plazo antes invocado.********************También cabe precisar, que la suspensión decretada con antelación, no impide la continuación de los procedimientos que en su caso se estén siguiendo establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse.********************Asimismo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído informen a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, las medidas decretadas a efecto de cumplir con la suspensión de plano concedida y, además, comuniquen a esta autoridad si le fue informado a los quejosos respecto de las medidas alternas a la privación de la libertad que se consagran en el artículo 69, fracción VI y 102 de la Ley aplicable, una vez que se les instauró el procedimiento administrativo migratorio; y en su caso, si le fueron solicitadas y lo que se acordó en ese sentido, debiendo remitir para tal efecto, copia certificadas de las constancias con las que acredite su dicho.********************Con el apercibimiento de que de no cumplir al presente requerimiento, sin causa justificada, dentro del plazo fijado, se harán acreedores a una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.********************Con el apercibimiento de que de no cumplir al presente requerimiento, sin causa justificada, dentro del plazo fijado, se harán acreedores a una multa de cincuenta días de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo.********************Sin que lo anterior implique que en caso de que los quejosos en forma voluntaria soliciten el regreso a su país de origen, las autoridades responsables se encuentren impedidas para permitirlo; lo anterior, ya que es un derecho con el que cuenta todo extranjero que se encuentre en territorio nacional.******************** Asimismo, la presente suspensión, no impide de forma alguna, que en caso de que esté acreditado que la situación migratoria de la parte quejosa sea legal, esto es, que estén en las hipótesis que le permita transitar en el país, y no se encuentren detenidos por la comisión de una conducta ilícita o por orden de una autoridad judicial o administrativa, en los casos que permite la ley, la autoridad puede dejar en inmediata libertad a los migrantes quejosos.********************Ahora bien, acorde con lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo al "Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional", publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de dos mil trece, en cuanto a que las personas detenidas ("alojadas") en las estaciones migratorias deben ser tratadas con respeto a la dignidad inherente del ser humano, en caso de que los quejosos se encuentren en una estación migratoria se debe supervisar que se cumpla con lo previsto en las Normas para el Funcionamiento de Estaciones Migratorias así como con el Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención o Prisión. Esto quiere decir que se debe proporcionar condiciones dignas de detención como evitar el hacinamiento, asegurar que la población se encuentre dividida en hombres y mujeres, garantizar los derechos a la alimentación y a la salud, y propiciar actividades de recreación.********************Por ello, procede conceder la suspensión de plano, para el efecto de que en caso de que los quejosos se encuentran en una estación migratoria reciban la protección de su representación consular, a fin de poder contar con una defensa adecuada, siempre y cuando desee recibirla, además deberá de facilitarle los medios para comunicarse con ésta lo antes posible; y proporcionarle durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario; lo anterior, conforme al articulado 109 de la Ley de Migración, que estatuye los derechos que tendrán las personas que sean presentadas en las Estancias Migratorias del Instituto Nacional de Migración, desde el momento de su ingreso.********************Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; por lo que las autoridades responsables deberá rendir informe a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, cuando la naturaleza del acto lo permita, bajo el apercibimiento que de no cumplir se impondrá una multa de DOSCIENTAS veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de amparo.********************Se hace saber a las responsables que el informe requerido sobre la suspensión de plano, podrán rendirlo vía correo electrónico a la dirección oficial, esto es, 3jdo14cto@correo.cjf.gob.mx.********************Atento a lo anterior, tratándose de actos que constriñen a la autoridad a un "hacer", ésta debe de informar en el término preestablecido, las providencias que dicte para dar estricto cumplimiento a la medida suspensional, ya sea de plano, de manera provisional o definitiva; o en su caso, manifestar la imposibilidad fáctica o jurídica que tengan para no hacerlo. En el entendido que de no hacer pronunciamiento alguno sobre el particular, la autoridad responsable supeditada a informar el resultado de la encomienda, incurre en responsabilidad, conforme con lo dispuesto en el dispositivo 262, fracción III de la Ley de Amparo.********************Ahora bien, toda vez que las autoridades responsables tiene su sede en la Ciudad de Tijuana, Baja California, y ante la naturaleza urgente de los actos reclamados y la suspensión de plano otorgada, a fin de lograr la prontitud la notificación de este acuerdo; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los diversos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, gírese atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que de inmediato se notifique a los quejosos y a las autoridades responsables el contenido de esta determinación que contiene la suspensión de plano y a los quejosos se les requiera a efecto de ratificar la demanda de amparo o, en su caso, hacerlo dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación respectiva; con el apercibimiento, que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo conforme al artículo 15 de la Ley de Amparo.********************En el entendido, que si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta a la autoridad exhortante ordene al notificador para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues esta Juzgadora se encuentra facultada para corregir la inexactitud del señalamiento del quejoso, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, el agraviado reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos del quejoso.********************De igual forma, se faculta a la exhortante, para comisionar al Actuario en el supuesto anterior, esto es, que si las autoridades responsables, persistieren en no recibir el oficio que les fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve.********************Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes:********************"AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo."****************************************"AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."********************En otro orden de ideas, no se soslaya que otros de los actos reclamados, consisten en la fijación de algún tipo de garantía económica o fianza con la finalidad de recobrar libertad; la orden de traslado a diversa estación migratoria; y la inexacta aplicación del artículo 102 de la Ley de Migración; sin embargo, dado que son actos relacionados con el procedimiento migratorio no procede hacer pronunciamiento alguno sobre la suspensión de plano de esos actos, toda vez que su naturaleza no es urgente, pues no son de los previstos en el artículo 22 Constitucional o 15 de la Ley de Amparo, y en líneas anteriores, ya se concedió al suspensión de plano a los quejosos a fin de que en cuanto a su libertad quedan a disposición de este juzgado y respecto a la continuación del procedimiento migratorio, a disposición de la estación ante la que se encuentren, es por ello que no procede proveer sobre la suspensión de oficio y de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo que en su caso, será el juez competente quien determine lo conducente respecto a ese acto.********************Ahora bien, respecto a su solicitud de que se le otorgue, el acceso al expediente electrónico a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio y recibir notificaciones, proporcionando para ello su nombre de usuario******************** relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar, recibir notificaciones y promover en el mismo con su nombre de usuario ******************** o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan.********************Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo.********************Se tiene como correo electrónico y teléfono de la parte quejosa los que señala en su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía.********************Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, se habilitan al Actuario adscrito, para que en incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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