Salvador Valdez Y Rojas
Expediente 849/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 849/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Salvador Valdez Y Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró ******************** la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Por tanto, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción IV, del citado acuerdo, como en el expediente principal se concedió el amparo, es susceptible de depuración, por lo que, se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En términos de los puntos décimo primero, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/4748/2018 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, quien actúa ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos veintidós de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la parte quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a SALVADOR VALDEZ Y ROJAS, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para el efecto de que la autoridad responsable: "Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo correspondiente en el juicio 581/17 y lo notifique a las partes en la forma que proceda." En consecuencia, el nueve de octubre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada por este Juzgado Federal y toda vez que en auto de veinticinco de septiembre pasado, se había reservado acordar lo conducente respecto al cumplimiento efectuado por la Junta responsable, hasta en tanto aconteciera lo anterior, se le dio vista a la parte actora a fin de que realizara las manifestaciones que estimara oportunas, circunstancia que no aconteció. Ello, a que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable exhibió copia certificada del laudo dictado en el juicio de origen el siete de septiembre del año en curso. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al advertirse de lo anterior, que la junta responsable emitió el laudo correspondiente en el juicio 581/17 de su estadística, ordenando notificar de manera personal a las partes del juicio de origen, sin que en el término establecido por este Juzgado de Distrito, el quejoso hiciera manifestación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, al advertirse que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la determinación dictada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de conformidad con el 2° de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, toda vez que se le solicitó a la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para que una vez que la sentencia dictada en el expediente en que se actúa causara ejecutoria, realizara lo siguiente: "Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo correspondiente en el juicio 581/17 y lo notifique a las partes en la forma que proceda. Lo anterior, toda vez que en la data acontece; asimismo, atendiendo a que se reservó acordar lo correspondiente al oficio recibido por este Juzgado de Distrito el veinticuatro de septiembre pasado, en torno al cumplimiento dado por la junta responsable a la resolución dictaminada por este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con el contenido del oficio de referencia, dese vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de tres días, que les serán contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realice las manifestaciones que estime oportunas; y una vez fenecido el plazo, emítase la determinación correspondiente en términos del referido numeral. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 849/2018-I-B, promovido por Salvador Valdez y Rojas, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día en este juzgado, Salvador Valdez y Rojas, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos (fojas 2 a 17). SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de julio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en el recurso de queja 149/2018 de su índice, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tercera interesada (fojas 72 a 75). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en dictar el laudo en el juicio laboral 581/17. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, al rendir su informe justificado (fojas 81 y 82). Lo anterior se corrobora de la copia certificada del acuerdo de tres de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio natural 581/17 (foja 82) de la que se advierte la existencia del acto reclamado; documental que amerita pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio del concepto de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. Suplidos en su deficiencia con fundamento en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, los conceptos de violación que la parte quejosa formuló, son fundados y suficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007: Tesis: 2a./J. 192/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171257 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXVI, Octubre de 2007 Pág. 209 Jurisprudencia(Constitucional) "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, aceptó el acto reclamado y exhibió como prueba, copia certificada de la actuación de tres de abril de dos mil dieciocho, relativa al juicio 581/17, de la que se advierte que decretó el cierre de instrucción y turnó los autos para proyecto de resolución de laudo (foja 82). Antes de continuar, se precisa que los artículos de la Ley Federal del Trabajo que en adelante se citen, corresponderán a la ley reformada el doce de junio de dos mil quince, porque el conflicto de origen fue iniciado en el dos mil diecisiete, siendo que dicho ordenamiento sufrió nueva reforma hasta en fecha posterior, esto es, el treinta de mayo de dos mil dieciocho. Así, el plazo para la emisión del laudo se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo vigente. Los referidos artículos 885, 886 y 887, dictan en lo conducente: (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. (ADICIONADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." [.]" (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) "Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." (REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) "Artículo 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." Conforme a las citadas porciones legales, salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para que la autoridad laboral dicte el laudo, es de veinticinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción. En el particular, el cierre de instrucción en el juicio laboral de origen, ocurrió el tres de abril de dos mil dieciocho, por tanto, los veinticinco días que la responsable tenía para dictar laudo vencieron el nueve de mayo del año en curso, descontando días inhábiles que mediaron entre esas fechas. En consecuencia, de la fecha (nueve de mayo de dos mil dieciocho) en que la responsable debió emitir el laudo correspondiente a la data en que el quejoso presentó la demanda de amparo, esto es el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho; han transcurrido catorce días sin que la autoridad haya dictado el laudo correspondiente en el expediente 581/17, omisión que calificó el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, al resolver el recurso de queja 149/2018, interpuesto en el presente asunto, como una paralización del procedimiento laboral al haber transcurrido el plazo genérico de veinticinco días hábiles previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo para su dictado, contraviniendo así el artículo 17 constitucional. Luego, resulta inconcuso que a la presentación de la demanda de amparo, ha fenecido el plazo que la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta para que emita el laudo y la autoridad responsable no demostró haberlo dictado, pese a que el mismo ha sido rebasado en demasía. No puede obviarse el hecho de que el laudo no es una resolución de mero trámite, por el contrario, resuelve el fondo del litigio, de modo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que la ley prevé para su emisión, pues la Junta debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma que algunos asuntos son más complejos que otros y, por consiguiente, su examen requiere mayor inversión de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo de la controversia, se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia; habida cuenta de que precisa cumplir con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, impuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que también conlleva que guarde los principios de congruencia y exhaustividad. En ese sentido, no puede soslayarse lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en la cual se estimó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. La jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), es del tenor literal siguiente: Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II Pág. 1086 Jurisprudencia(Constitucional, Común) "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin embargo, en el particular la omisión reclamada, atento a la temporalidad advertida, como lo señaló el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito al resolver el recurso de queja 149/2018, permite observar que existe una paralización en el procedimiento reclamable en esta vía, precisamente porque impide el ejercicio del derecho de acceso a la justicia en favor del impetrante al restringirle materialmente su goce al desconocer el resultado de las acciones planteadas. Por lo expuesto, se concluye que la falta de dictado del laudo en el juicio 581/17, resulta violatoria del derecho del quejoso a recibir justicia pronta, tutelado en su favor por el artículo 17 de la Carta Magna, porque lo afecta materialmente, en virtud de que le impide su goce. EFECTO DEL OTORGAMIENTO DEL AMPARO. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, procede otorgarle la protección de la justicia federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo correspondiente en el juicio 581/17 y lo notifique a las partes en la forma que proceda. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por tanto, la sentencia tiene por efecto que la Junta emita el laudo, sin poder darle alcances más allá de esto, ya que implicaría prejuzgar sobre hechos futuros y dar por sentado que incurrirá en nuevas omisiones y dilaciones que deben prevenirse desde ahora, soslayando incluso, la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad, a lo que se suma que el amparo indirecto no es el medio idóneo para someter un laudo a estudio constitucional. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a Salvador Valdez y Rojas, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para el efecto señalado en el considerando cuarto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe hasta hoy diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en que las labores del juzgado lo permitieron. Arturo Con esta fecha se giraron los oficios con los números 38156 y 38157 En diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, certifica: La presente foja corresponde a la parte final de la sentencia dictada en esta fecha, en el juicio de amparo 849/2018-I-B, del índice de este juzgado, promovido por Salvador Valdez y Rojas, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Doy fe.
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