Salvador Ulises Sánchez Zavala

Expediente 386/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
386/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2020

Partes del expediente

  • Salvador Ulises Sánchez Zavala

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente;

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, ocho de octubre de dos mil veinte.Visto; el escrito de demanda de amparo promovida por Salvador Ulises Sánchez Zavala; contra actos del Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California; fórmese el expediente respectivo y anótese en el libro uno de juzgado bajo el número 386/2020. Ahora, de la lectura del escrito inicial de la demanda se deduce que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: El acuerdo de fecha once de septiembre del dos mil veinte, misma que fue notificada el día 15 de septiembre del 2020 en el cual desechan las pruebas que fueron ofrecidas en tiempo y forma en el procedimiento de responsabilidad administrativa con número de expediente 05/2020. En las relatadas condiciones, y para estudiar la posible causa de improcedencia respecto del acto reclamado, es menester destacar que el artículo 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Por su parte, el diverso numeral 107, de la Ley de Amparo, en su fracción V, clarifica cuáles son los actos de imposible reparación, contra los cuales procede el juicio de amparo: Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Bajo ese contexto, para ponderar la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales. Sobre el tópico que nos ocupa, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria emitida dentro de la contradicción de tesis 377/2013, determinó que conforme a la Ley de Amparo vigente, los actos de ejecución irreparable únicamente lo son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales, sin posibilidad de considerar dentro de ese concepto actos meramente formales o adjetivos. Lo anterior, se desprende de las siguientes consideraciones, que se transcriben en lo conducente: De lo hasta aquí expuesto se advierte que sobre el tema central de la presente contradicción de tesis ha habido una variedad de criterios en las distintas épocas de la jurisprudencia, sin que el legislador se ocupara de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa de lo que debía entenderse por actos de 'imposible reparación', dejando por tanto que fuera esta Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de 'imposible reparación'. La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Las normas invocadas son las siguientes: Artículo 107. [Se transcribe. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos 'sustantivos', expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de 'imposible reparación' no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto '...aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo'; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a 'derechos sustantivos', y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado ?con toda razón? a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios . De la anterior determinación, derivó la jurisprudencia ...En el presente asunto el promovente se duele del acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, en el que se desecharon los medios de convicción ofrecidos por el presunto responsable dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa 5/2020, del índice de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California; consistentes en pruebas testimoniales, así como las documentales públicas y privadas. Por lo anterior, se advierte que ésta no queda comprendida dentro de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, por no tratarse de un acto que tenga una ejecución de imposible reparación, por lo que no afecta de manera cierta e inmediata los derechos fundamentales de la parte quejosa, ya que únicamente produce efectos intraprocesales, cuyas consecuencias pueden extinguirse en la realidad sin haber generado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica con el simple hecho de que la autoridad responsable emita resolución favorable a los intereses del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior la contradicción de tesis ...Por tanto, se tiene que el juicio de amparo promovido en contra del desechamiento de las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas por el presunto responsable en el procedimiento de responsabilidad administrativa 5/2020, radicado en la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California, deviene improcedente al no considerarse tal circunstancia como una violación que cause perjuicios irreparables a la parte quejosa, entendida como aquélla que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que se trata de cuestiones concernientes a las pruebas, que en su caso, produce efectos formales o intraprocesales, que bien pueden ser retrotraídos en caso de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable al resolverse el procedimiento de origen, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con el acto que tilda de inconstitucional. Apoya lo anterior, la tesis ...Por tanto, se concluye que el acto reclamado, no tiene repercusión en algún derecho subjetivo, puesto que se trata de acto cometido dentro de un procedimiento administrativo y aun cuando la parte promovente alega violaciones a los artículos 1, 14 y 16 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino de carácter adjetivo, o procesal al controvertirse el desechamiento de las pruebas testimoniales y documentales ofrecidas dentro del procedimiento administrativo en el que el quejoso es parte, que puede ser reparado en caso de que el quejoso obtenga una resolución favorable a sus intereses. Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, el libelo de garantías instado en esta vía por el citado quejoso resulta improcedente en forma manifiesta e indudable y, por ende, con apoyo en el cardinal 113 del citado ordenamiento legal, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Inocencio García Montes y David Ríos Ortiz, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. En otro contexto, proporciona el correo electrónico; garciamio3@hotmail.com; conforme a lo dispuesto en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno de la Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de entablar comunicación en caso de requerirse. En ese tenor, se solicita a las partes para que proporcionen un número de teléfono, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicitó tener acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, así como al contenido de la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se agregó como promovente en el expediente electrónico de este juicio de amparo a Inocencio García Montes se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "inocencio". Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, del precitado ordenamiento, se habilitan días y horas inhábiles para el efecto de que cualquiera de las actuarias de este juzgado, realice las notificaciones, que se ordenen en el presente asunto. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, cuya realización deberá verificar el secretario.

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