Salvador Téllez Jiménez

Expediente 696/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
696/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Salvador Téllez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en que se actúa con fecha de siete de agosto de dos mil veintitrés, en que se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ******************** DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones inherentes en el libro de gobierno. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente auto, informen sobre el cumplimiento que den al fallo protector y remitan copia certificada de las constancias que así lo acrediten, en términos del ordinal 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTO Se apercibe a dichas autoridades que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, conforme al artículo 258 de la ley antes citada; y si aun así es omisa, se dará inicio al procedimiento previsto en el diverso ordinal 193 de la ley en aplicación. REITERACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AMPARO Se reitera a la autoridad responsable la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo consiste en: "a) Dejar insubsistente las diligencias de citatorio y emplazamiento de cuatro y cinco de julio de dos mil veintidós, respectivamente, practicadas en el procedimiento administrativo ********************, así como todo lo actuado con posterioridad y sus consecuencias, incluida la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés y su notificación de nueve de mayo de ese año; y, b) Hecho lo anterior, atendiendo a las consideraciones expresadas, ordene lleve a cabo el emplazamiento legal, subsanando las irregularidades asentadas en esta sentencia, conforme lo establece la legislación aplicable.". NO HA LUGAR REQUERIR POR CONDUCTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo en vigor, puesto que la Junta responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo número 696/2023-III, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el cinco de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en ********************, y recibido en este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad referida, así como del acto que precisó en el propio ocurso consistente en: "(.) 1. El no haber observado las normas del procedimiento dentro del expediente administrativo No. ********************. 2. El seguimiento del procedimiento referido, en contravención de las normas del procedimiento. 3. El no habérseme dado la legal intervención y de esta manera ser oído y vencido dentro del procedimiento referido, a partir de la diligencia de emplazamiento, actuación actuarial que obra dentro del expediente en que se actúa llevada a cabo por el notificador aquí responsable, sin que se me haya dado la legal intervención ni se haya llevado a cabo en mi presencia y en forma personal el auto que ordena el emplazamiento o llamamiento al procedimiento, para así estar en condiciones de defender mis derechos. 4. La diligencia de emplazamiento dentro del referido procedimiento, sin que se me haya dado la legal intervención. 5. La diligencia de emplazamiento dentro del referido procedimiento, sin que se me haya observado las formalidades del procedimiento. 6. Todos los actos posteriores al sediciente emplazamiento, en mi contra, así como los actos aún consumados de imposible reparación, así como todos los actos posteriores a la violación cometida y aquí reclamada, y que afecten mis derechos personales y de defensa. (.)." En ese escrito, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio los contenidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De esa demanda correspondió conocer, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, el que por acuerdo de seis de junio del año que transcurre, la admitió a trámite; solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A las once horas con diez minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, grado y territorio, para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza administrativa con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: La diligencia de emplazamiento de cinco de julio de dos mil veintidós, incluido el citatorio elaborado para tal efecto el cuatro anterior, realizados en el procedimiento administrativo ********************, instaurado por el encargado de despacho de la Delegación Michoacán, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El acuerdo de emplazamiento de nueve de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente administrativo antes citado. Todo lo actuado con posterioridad a la diligencia referida, incluida la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés y su notificación de nueve de mayo de ese año. La precisión apuntada obedece a que la parte quejosa también señaló en el apartado de actos reclamados "el no haber observado las normas del procedimiento referido, así como su seguimiento", sin embargo, se observa que son manifestaciones de inconformidad relacionadas con el emplazamiento efectuado en el procedimiento de origen, que indica resulta ilegal y le causa afectación a su derecho de audiencia, y no propiamente actuaciones impugnadas en el presente proceso constitucional. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, toda vez que las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación, aceptaron su existencia. Tal certeza se acredita con las constancias que integran el expediente administrativo ********************del índice de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la Delegación Michoacán, de las que se advierten las resoluciones impugnadas; documentos que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: ********************6 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. Este Juzgado de Distrito advierte que el quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, tal como lo asentó bajo protesta de decir verdad en su demanda de amparo, y se corrobora con el escrito de esa data que presentó ante la responsable en el procedimiento administrativo de origen; por lo que al encontrarse subjudice el emplazamiento, es a partir de esa fecha en que empieza a computar el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para efectos de su oportunidad. Así, al hacerse conocedor del acto reclamado en tal data, es que desde ese momento surtió efectos, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo; por lo que el plazo de quince días hábiles transcurrió del veinticuatro de mayo al trece de junio de dos mil veintitrés, sin contar los sábados y domingos, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la citada legislación. Entonces, si la demanda de amparo se presentó el cinco de junio de dos mil veintitrés, esto es, dentro del plazo precisado en el párrafo anterior, es evidente que ésta se promovió de manera oportuna. Lo anterior sin que pase inadvertido que en el proceso de origen obra una constancia de notificación de nueve de mayo de dos mil veintitrés; sin embargo, ésta no crea convicción en este Juzgador, ni aun de manera indiciaria, que efectivamente en tal diligencia el promovente del amparo tuvo conocimiento pleno del procedimiento administrativo de origen. Primero, porque ésta también es señalada como acto reclamado -en conjunto con todo lo actuado en el procedimiento de origen a partir de la diligencia de emplazamiento-, y de considerar cierta la fecha ahí establecida como conocimiento del proceso administrativo de origen, o que por ésta, la autoridad responsable le notificó la resolución definitiva, se tomaría como cierta una premisa que es parte de su inconformidad inicial, lo que generaría un error de razonamiento conocido como falacia de petición de principio, que llevaría necesariamente a una conclusión equivocada, y que, indudablemente, dejaría sin defensa a la parte quejosa. Ello tomando en consideración que en su demanda de amparo indicó que se "enteró casualmente" por un conocido, quien a su vez, le dijo que había visto una notificación en la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Lo expuesto sumado a que la referida notificación no la atendió el quejoso, sino una diversa persona de nombre ********************, quien si bien señaló era papá del interesado, también lo es que al final de dicha acta se asentó: ".se niega a firmar por no poder ver persona masculina tez morena clara estatura aproximada ******************** metros, pelo blanco corto." (subrayado añadido). Sin embargo, el notificador responsable no realizó los ajustes necesarios para tener certeza de que la persona receptora efectivamente tuvo conocimiento de lo que se le estaba notificando, ello porque al advertir que notificaría a una persona con discapacidad visual, debió estar preparado con la información en un formato accesible para aquel. Así, lo que debió asegurar, con independencia del medio de comunicación empleado, era que la persona con discapacidad visual realmente comprendiera la información transmitida en dicha diligencia, de conformidad con el principio 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo, relativo a la "Accesibilidad. Discapacidad Visual". En ese sentido, ante la falta de la visión de la persona con la que entendió la diligencia, resulta claro que no tuvo oportunidad de leer por sí mismo los documentos que le fueron entregados, siendo necesario para ello que el fedatario realizara ajustes en el procedimiento de notificación, consistentes, por ejemplo, en contar con la asistencia de un familiar o de una persona de confianza que le permitiera confirmar que se realizó una notificación y qué documentos se le entregaban, lo que no aconteció. De esa manera, se reitera, con tal diligencia de notificación, no se crea convicción en este Juzgador, ni aun de manera indiciaria, que efectivamente la parte quejosa tuvo conocimiento del proceso administrativo el nueve de mayo de dos mil veintitrés, por ende, al no existir otro documento en ese sentido, es que deba tomarse en cuenta la data que indicó bajo protesta de decir verdad el promovente en su demanda de amparo, y se corrobora con el ocurso presentado en el procedimiento de origen. De ahí que, se reitere, que el escrito inicial constitucional se promovió de manera oportuna. QUINTO. Antecedentes relevantes. Previo a determinar lo conducente conviene traer a glosa los siguientes antecedentes: 1. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, el Encargado de Despacho de la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el Estado de Michoacán, emitió la orden de inspección número ********************dirigida a la rescatista de ejemplares de la vida silvestre en la ciudad de ********************, y habilitó, entre otras personas, a ********************, para que se constituyera en el parque zoológico denominado ********************, en esta ciudad. 2. En esa fecha, ********************, Inspector Federal adscrito a la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, levantó el acta de inspección en materia de vida silvestre en el parque zoológico antes referido, la que entendió con ********************, Subdirectora de dicho parque, quien le indicó que correspondía al lugar en donde se encontraban tres ejemplares de lagartos rescatados de la especie "********************, y asentó los siguientes hechos: "En atención a la orden de inspección ********************, antes descrita y en atención a un informe policial homologado (IPH) de N° de referencia ********************, en el cual nos hace mención que el día 10 de junio del presente año a las 8.45 se realizó el arribo a las instalaciones de la paquetería ********************, en el domicilio ******************** de la ciudad de Morelia, con motivo de realizar un recorrido de vigilancia al interior de las instalaciones, una vez ahí, un personal de la paquetería de ********************, que se identificó como el C. ********************López, quien comentó al personal de la guardia nacional que había llegado un paquete de la ciudad de Guadalajara a la ciudad de Morelia, el cual mencionaba que eran tarjetas electrónicas y se escuchaba mucho movimiento dentro de los paquetes, se encontraron tres recipientes de plástico transparente donde se observa dentro de cada uno de ellos un lagarto al parecer ********************. Por lo que una vez asegurados los ejemplares de vida silvestre fueron trasladados dos a las instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, una vez entregados los ejemplares por parte de los compañeros de la Guardia Nacional, los ejemplares fueron trasladados al parque zoológico ********************, de la ciudad de Morelia, contabilizando en este momento las siguientes: (.)." Se ordenó como medida de seguridad el aseguramiento precautorio de los tres ejemplares citados. 3. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, el encargado del despacho de la Delegación Michoacán de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, indicó que tenía por instaurado el procedimiento administrativo en contra de ********************, del que ordenó su emplazamiento; también señaló como medida correctiva, que en el plazo de quince días hábiles acreditara la legal procedencia y posesión de los tres ejemplares en su nombre común conocido como "********************. 4. En cumplimiento a lo anterior, mediante diligencias de cuatro y cinco de julio de dos mil veintidós, el notificador adscrito a la Delegación Estatal en Michoacán, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, emitió el citatorio e instructivo correspondientes. 5. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a ******************** haciendo caso omiso del acuerdo de emplazamiento que le fue notificado; en mérito de lo anterior, se le tuvo reconociendo tácitamente las observaciones de que fue objeto y se concedió vista para formular alegatos; y, por diverso de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 167 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se declaró cerrada la instrucción al procedimiento administrativo, dejando a la vista el expediente para la emisión de la correspondiente resolución. 6. El veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó resolución definitiva en la que sancionó al aquí quejoso con una multa de $******************** pesos, equivalente a quinientas unidades de medida y actualización, el decomiso definitivo de los ejemplares encontrados, así como su inscripción en el padrón de infractores una vez que causara estado la resolución. Determinación que se notificó el nueve de mayo de dos mil veintitrés, en términos del acto precisado en el considerando cuarto de la presente ejecutoria. 7. Mediante escrito presentado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, ******************** refirió que no tenía algún precedente respecto del aseguramiento de los tres ejemplares de vida silvestre, y que se le señala una situación que nunca llevó a cabo, por lo que solicitó que se aclarara dicho malentendido, por ende, no debía ser involucrado ni sancionado por una probable responsabilidad, además de que desconocía cómo la autoridad le señalaba y vinculaba a los hechos, dado que no guardaba relación alguna a dichas prácticas ni reconocía haber realizado alguna conducta similar. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. SEXTO. Estudio de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es pertinente precisar que, aunque la resolución dictada en el procedimiento administrativo de origen no alcanzó a quedar firme previo a la promoción de este asunto, tal como se precisó al relatarse los antecedentes más importantes de lo aquí reclamado; este medio extraordinario de defensa sí es procedente, como se puede advertir de la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 2000348 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 1/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 5 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal." Así, al no advertirse causal de improcedencia invocada por las partes ni de oficio este órgano jurisdiccional observa alguna, lo que procede es realizar el estudio de fondo del asunto de acuerdo con los conceptos de violación hechos valer. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de la demanda de amparo que promovió, los que se dan por reproducidos en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Lo anterior de conformidad al criterio jurisprudencial que se transcribe: "Época: Novena Época Registro: 196477 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VII, Abril de 1998 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/129 Página: 599 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma." OCTAVO. Estudio de fondo. Dilucidado lo anterior se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. I. Consideraciones previas Suplencia de la deficiencia de la queja En el presente asunto, procede la suplencia de la deficiencia de la queja conforme a lo previsto en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, debido a que la parte quejosa reclama el emplazamiento que le fue efectuado dentro del procedimiento administrativo de origen. En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando se reclama la ilegalidad del emplazamiento, por tratarse de la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento, obliga a suplir la deficiencia de la queja, por violación manifiesta de la ley. Sirve de apoyo la jurisprudencia de datos, rubro y texto siguiente: "Registro digital: 190656 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 149/2000 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Diciembre de 2000, página ******************** Tipo: Jurisprudencia SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." La parte quejosa acude como tercero extraño por equiparación También, previo a analizar los conceptos de violación conviene hacer las siguientes precisiones. Del contenido del numeral 107, fracciones III, inciso c) y VII, de la Constitución General de la República, se observa que la persona extraña a juicio es aquella que es ajena a una controversia judicial o administrativa, en la cual no es parte; de ahí que ésta tendrá un interés susceptible de ventilarse en la controversia y, en consecuencia, la capacidad legal para apersonarse y actuar. No obstante, resulta necesario destacar que en caso de que un quejoso se ostente con tal carácter, el juzgador constitucional debe atender al supuesto en que se ubique aquel, es decir, si tiene la calidad en estricto sentido o equiparado. Por una parte, la persona extraña en estricto sentido se identifica como la persona física o jurídica distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica la persona que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente demandado, pero que sufre un perjuicio o privación de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, en el dictado de resoluciones, o en la ejecución de éstas, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa y vencida en juicio. Entonces, de resultar que, efectivamente, es persona extraña a la controversia y que la libertad o sus propiedades, posesiones o derechos están involucrados en la controversia, a fin de cumplir con el mandato del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se estará en aptitud de concederle la protección constitucional, para que sean restituidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención de la referida persona es simplemente extraer de aquella controversia su libertad o sus propiedades, posesiones o derechos. Por otra parte, la persona extraña por equiparación se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser la parte demandada y no es llamado [emplazado a juicio] o se le emplazó ilegalmente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. En este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se ordene el emplazamiento o, en su caso, se declare nulo el juicio a partir del ilegal emplazamiento, resultando nulas todas las actuaciones posteriores y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia que dice: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." (subrayado añadido). Ahora, de la demanda de amparo se observa que el solicitante del amparo acude al presente juicio constitucional en su carácter de tercero extraño por equiparación; ello porque aunque indica que no está justificado de dónde obtuvo su domicilio la responsable y que hasta el momento no se ha acreditado que el infractor sea él y no un homónimo, dado que no se acompañó la etiqueta o factura del envío, también lo es que dichos argumentos los vierte como violaciones en el procedimiento de origen, en el cual es parte formal y no se le llamó de manera legal. Ello sumado a que dicho quejoso no ofreció prueba alguna en el presente proceso constitucional con la finalidad de acreditar la existencia de la homonimia que refiere; por el contrario, es insistente en referir que se le restituya en su derecho de audiencia y que no fue debidamente llamado al procedimiento de origen. De ahí que se sostenga que el solicitante del amparo acude al presente proceso en su carácter de tercero extraño por equiparación y no como auténtico o simple, por ende, las cuestiones alegadas antes precisadas, se deben alegar y acreditar en dicho procedimiento. En ese contexto, este juzgador emprenderá el análisis del referido emplazamiento llevado a cabo en el procedimiento administrativo ********************al quejoso ********************, ya que de resultar fundado, la concesión del amparo será para el efecto de que se emplace debidamente al quejoso al procedimiento administrativo, en consecuencia, se dejaría insubsistente todo lo actuado con posterioridad. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia J/10 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, página 2412, Décima Época, registro 2011618, que dice: "AMPARO DIRECTO. ORDEN Y MÉTODO A SEGUIR EN EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUANDO SE IMPUGNE TANTO LA SENTENCIA DEFINITIVA COMO LA ORDEN DE NOTIFICACIÓN. Cuando en amparo directo se controvierta tanto la sentencia definitiva como la orden de notificación, al constituir ésta parte de la litis, la forma de estudiar el asunto se torna particular por su naturaleza misma; por lo cual, en primer término, debe atenderse al concepto de violación donde se controvierta la orden de notificación del acto reclamado, ya que de resultar fundado y no haber algún otro en relación con el fondo del asunto, la concesión del amparo será para el efecto de que se practique correctamente la referida comunicación. En caso de existir conceptos de violación en relación con el fondo del asunto, la sentencia reclamada se tendrá como notificada en la fecha de presentación de la demanda y se tendrá que analizar lo correspondiente. De ser ineficaz aquél, deberá decretarse la inoperancia de los restantes y a la postre la negativa del amparo." II. Análisis de los conceptos de violación Expuesto lo anterior, se precisa que los conceptos de violación formulados por la quejosa se estudiarán de manera conjunta, por cuestión de técnica jurídica y así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente. En concordancia con lo expuesto en la jurisprudencia J/304, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable en el Tomo XXIX, febrero de 2009, página 1677, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, y que este órgano colegiado comparte, cuyo rubro es el siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO." Son fundados los motivos de disenso esgrimidos por el quejoso, suplidos en su deficiencia, en el sentido de que no se respetó la garantía de audiencia y debido proceso porque no fue llamado debidamente al procedimiento administrativo. Lo anterior es así, dado que existe una violación manifiesta de la ley que ha dejado a la parte quejosa sin defensa, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el emplazamiento es de extrema importancia y su violación constituye la más grave de todas en un procedimiento, por lo que de oficio los órganos jurisdiccionales deben cuidar su estricto cumplimiento de acuerdo con las formalidades del procedimiento y hacer respetar el derecho fundamental de audiencia que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, los artículos 167 bis, 167 bis 1 y 167 bis 3, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en relación con el el artículo 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable al caso de manera supletoria, de conformidad con su numeral 1º, establecen que las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar el original del acto que se notifique, copia de la constancia de notificación, así como señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará en un lugar visible o con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. Del estudio de autos se desprende que, en cumplimiento al acuerdo ********************, de nueve de mayo de dos mil veintidós, el notificador adscrito a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, emitió el citatorio e instructivo siguientes, de cuatro y cinco de julio de ese año, respectivamente, cuyo texto, en lo conducente, dicen: CITATORIO EXPEDIENTE: ******************** REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO DE ******************** En ********************, siendo las 16 horas con 00 minutos del día 04 de julio de dos mil veintidós, el Ciudadano ********************, notificador adscrito a esta Oficina de Representación de Protección, Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, me constituí en el inmueble marcado con el número ******************** de la calle ********************, en la colonia ********************, en el municipio de Morelia, en la Entidad Federativa Michoacán, C.P********************; cerciorándome por medio de nombre de calle y número, que es el domicilio señalado por el interesado para oír y recibir todo tipo de notificaciones; requerí la presencia del interesado, representante legal o autorizado de la citada empresa y al no encontrarlo, dejó el presente citatorio en domicilio antes citado para que dicho interesado o su representante legal espere en este domicilio a este C. notificador, a las 16 horas con 00 minutos, del día 05 del mes de Julio del dos mil veintidós, asimismo, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 35 fracción I y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se le apercibe que en caso de no atender el presente citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, y si ésta se niega a recibir la notificación o se encuentra cerrado, se realizará por instructivo que se fijará en lugar visible del domicilio. EL C. NOTIFICADOR (firma ilegible) INSTRUCTIVO REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO DE ******************** Expediente: ******************** En ********************, siendo las 16 horas con 00 minutos del día 05 de Julio del dos mil veintidós, el C. ********************, adscrito a esta Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Michoacán, me constituí en el inmueble marcado con el número ******************** la calle ********************, en la colonia ********************, en el municipio de Morelia, en la Entidad Federativa Michoacán, C.P********************; cerciorándome por medio de número y calle, que es el domicilio de la persona física y/o moral denominada ********************, requerí la presencia del representante legal o autorizado de la misma a quien el día de ayer dejé previo citatorio con el domicilio antes citado y toda vez que al realizarse la presente diligencia de notificación en el domicilio señalado para efecto de oír y recibir notificaciones, sin que persona alguna se encuentre presente en el domicilio referido, a pesar del citatorio en que se solicitó la presencia del representante legal o autorizado, procedo a realizar la presente diligencia de notificación por medio de INSTRUCTIVO, mismo que se deja pegado en portón metálico principal color café, con fundamento en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento, se notifica formalmente para todos los efectos legales a que haya lugar, el (la) emplazamiento 296/20******************** de fecha 09/05/20********************, emitido por el Ciudadano ********************, EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DELEGACIÓN MICHOACÁN DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, dejándose colocado en lugar visible del domicilio antes señalado, copia con firma autógrafa del (la) Acuerdo, que consta de 3 foja (s) útiles, así como copia al carbón de la presente cédula; con lo cual se da por concluida la presente diligencia siendo las 16 horas con 15 minutos del día de su inicio,. El texto íntegro del (la) Acuerdo, así como su fundamentación legal se tienen por reproducidos en la presente notificación como si se insertaran a la letra. EL C. NOTIFICADOR (firma ilegible) Al contrastar lo estipulado por las disposiciones legales con la actuación realizada por el notificador responsable, se advierte que éste hizo constar que se constituyó en el domicilio indicado en el acuerdo de nueve de mayo de dos mil veintidós, que ordenó el emplazamiento al aquí quejoso en el "inmueble marcado con el número ******************** la calle ********************, en la colonia ********************, en el municipio de Morelia, en la Entidad Federativa Michoacán, C.P********************"; cerciorándose por el "número y calle" que era el domicilio señalado por el interesado para oír y recibir notificaciones. Acto continuo, hizo constar que en el domicilio no había persona alguna para recibir notificaciones, por lo que procedió a dejar citatorio para practicar la notificación del acuerdo de inicio, así como los anexos respectivos, en términos de lo dispuesto en el artículo 36, segundo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. No obstante, se observa que el notificador no asentó que se hubiera cerciorado de manera correcta y efectiva que fuera el domicilio del interesado, ni asentó las circunstancias que comprobaran ese hecho, ya que no describió de donde apreció el nombre de la calle, número exterior y código postal; las características del indicado lugar, no especificó si se trataba de una casa habitación; menos aun corroboró con algún otro vecino que efectivamente en ese ligar podía ser encontrado el buscado, así como que efectivamente se trataba de la persona involucrada en el procedimiento administrativo de origen; razones por las que los datos proporcionados resultan insuficientes para sustentar la veracidad de que se constituyó en el domicilio del interesado. Es decir, el notificador debe circunstanciar los hechos u omisiones que se conocieron a través de la diligencia, entre otros, establecer con claridad y precisión que efectivamente acudió en el lugar donde la persona buscada constituyó su domicilio, la hora y fecha en que se practicaron las diligencias, datos necesarios que evidencien el momento en que se desahogaron, cómo se percató de que el lugar estaba cerrado y desocupado, asentando las razones que se hayan expuesto en ese sentido. Lo anterior era necesario que quedara circunstanciado en el acta respectiva, porque al no encontrar al interesado en la primera búsqueda, el citatorio para hora fijada del día hábil siguiente, debía dejarse con la persona que se encontrara en el domicilio, y, si éste se encontraba cerrado, se dejaría con el vecino más próximo, lo que no realizó. Ello porque se observa que en la diligencia de cinco de julio de dos mil veintidós, relativa al emplazamiento efectuado al interesado en el lugar antes indicado, la realizó el actuario a través de instructivo que dejó "pegado en el portón". Con ello se demuestra que la parte quejosa no tuvo oportunidad de conocer la fecha y hora en que se llevaría a cabo la diligencia de emplazamiento, aunado a que el artículo transcrito no faculta al notificador a pegar el citatorio, pues éste debe entregarse con la persona que se encuentre en el domicilio del interesado o, en caso de que esté cerrado, con el vecino más inmediato. Al no cumplir con tal formalidad esencial provocó que el emplazamiento combatido resulte violatorio de los derechos humanos del quejoso; ello porque, como se advirtió, no se realizó con apego a lo dispuesto en los artículos 167 bis y 167 bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en relación con el diverso 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por lo que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento previstas en dicha norma y, por ende, las subsecuentes actuaciones desahogadas en el procedimiento hasta la emisión de la resolución, no resultan apegadas a derecho, dado que son consecuencias del emplazamiento defectuoso. En mérito de lo expuesto, por las razones apuntadas, se estima que existió contra el quejoso ********************, transgresión a los derechos humanos de audiencia y seguridad jurídica, previstos en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. De ahí lo fundado de sus conceptos de violación. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. Ante lo fundado de sus conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, para el efecto de que una vez que la presente resolución cause ejecutoria, la autoridad responsable Delegación Michoacán, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, deberá realizar lo siguiente: a) Dejar insubsistente las diligencias de citatorio y emplazamiento de cuatro y cinco de julio de dos mil veintidós, respectivamente, practicadas en el procedimiento administrativo ********************así como todo lo actuado con posterioridad y sus consecuencias, incluida la resolución de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés y su notificación de nueve de mayo de ese año; y, b) Hecho lo anterior, atendiendo a las consideraciones expresadas, ordene lleve a cabo el emplazamiento legal, subsanando las irregularidades asentadas en esta sentencia, conforme lo establece la legislación aplicable. Por otra parte, por lo que ve a las diversas manifestaciones que hace valer a manera de alegatos la parte quejosa, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo antes expuesto, fundado, y además con apoyo en los artículos 76, 77, 78 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en relación con los actos atribuidos a las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por los motivos señalados en el octavo y para los efectos expuestos en el último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza, hasta hoy siete de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.- gabk

  3. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el juicio de amparo III-696/2023 promovido por Salvador Téllez Jiménez, por propio derecho, contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del presente expediente de amparo. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que las partes se encuentran presentes. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Encargado del despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Michoacán. Notificador de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Michoacán. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable Encargado del despacho de la Oficina de Representación de Protección Ambiental de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el estado de Michoacán, adjuntó como sustento de su informe la documental consistente en: Copia certificada de las actuaciones del procedimiento administrativo PFPA/22.3/2C.27.3/00010/2021. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO Se hace constar que en ese aspecto únicamente los elaboró la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, en su escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, bajo el alegato número 369/2023, que obra a fojas 19 y 20 de actuaciones. EL JUEZ: Téngase por rendidos los alegatos de cuenta, y al no existir diversa manifestación al respecto, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO GUSTAVO ALLFADIR BALANZÁ KIDNIE Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra trascurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe que se tuvo por recibido en auto de veintinueve de junio del año en curso. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.

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