Salvador Tavera Gaona
Expediente 1019/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1019/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Tavera Gaona
- Maria Guadalupe García Madrigal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del sise, la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1019/2019, promovido por Salvador Tavera Gaona, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, Salvador Tavera Gaona por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, y de otra autoridad que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. En auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete. El quince de octubre de dos mil diecinueve (foja 29) se reconoció el carácter de tercera interesada a María Guadalupe García Madrigal, en su carácter de parte actora dentro del juicio ordinario civil de origen. Luego, el veinticuatro de octubre pasado se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados tuvieron ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Salvador Tavera Gaona reclama: El emplazamiento realizado en el juicio ordinario civil sobre acción plenaria de posesión 207/2018 y como consecuencia del mismo, todo lo actuado en dicho procedimiento, incluyendo la entrega real y material del bien inmueble ubicado en la calle Yoricostio, lote 7, manzana 15, colonia La Antorcha de Tacámbaro, Michoacán. Actos que atribuye al: 1. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán; y, 2. Actuario adscrito al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán. Tercera. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, de acuerdo a lo manifestado en sus informes justificados. Lo anterior, pese a que al rendir los mismos lo hayan negado; sin embargo, en el propio informe formulan manifestaciones que entrañan la certeza del mismo, como que el ocho de junio de dos mil dieciocho, se emplazó dentro ordinario civil sobre acción plenaria de posesión 207/2018, a Salvador Tavera Gaona y que el cuatro de diciembre de ese mismo año se dictó sentencia definitiva en dicho juicio, en la que se determinó procedente la acción ejercitada por la parte actora declarándose que tenía mejor derecho que el demandado-aquí quejoso- para poseer el inmueble controvertido, por lo que, en cumplimiento a dicha sentencia mediante diligencia de veintisiete de agosto del año en curso, se llevó a cabo el desalojo del demandado del bien inmueble combatido. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional, conforme a la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, resulta examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, deriva entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Estudio. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El peticionario del amparo señala, que no fue debidamente emplazado al juicio ordinario civil 207/2018, promovido por María Guadalupe García Madrigal en su contra, lo que vulnera las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica tuteladas en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Concepto de violación que se estima esencialmente fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. Más, porque al tratarse del análisis del emplazamiento verificado al quejoso al juicio natural, existe jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga al suscrito juzgador a suplir la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, como en el caso del emplazamiento del demandado al juicio natural, porque constituye una formalidad esencial del procedimiento. El criterio al que se hace alusión es la jurisprudencia: P./J. 149/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Pag. 22, Novena Época, registro 190656, que dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Sentado lo anterior, en primer término se debe precisar que el emplazamiento a juicio cuya ilegalidad reclama la parte quejosa, emana de un juicio ordinario civil, el cual se encuentra regulado por los los artículos 75, 77, 78, 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo vigente al momento en que fue llevada a cabo la notificación motivo del juicio de amparo, esto es, el ocho de junio de dos mil dieciocho, que norman la forma de practicar esa diligencia. Así, los artículos 75, 77, 78, 79 y 80 de la legislación procesal civil en consulta, disponen: "Capítulo IV De las notificaciones (REFORMADO, P.O. 24 DE JUNIO DE 2015) Artículo 75. Las notificaciones, emplazamientos y citaciones se verificarán dentro de los dos días siguientes de aquél al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, siempre que el juez no disponga en éstas otra cosa. Se sancionará a los infractores de este artículo por el Consejo del Poder Judicial, conforme a su Ley Orgánica. (REFORMADO, P.O. 24 DE JUNIO DE 2015) Artículo 77. Todos los litigantes en el primer escrito que presenten, deben señalar domicilio en la ciudad en que está ubicado el tribunal; o bien, la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, en la que se hubieran inscrito como usuarios a través del Centro de Tecnologías del Poder Judicial, para que se les hagan las notificaciones que deban ser personales. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan, o a las que les interese que se notifique. Cuando un litigante no cumpla con lo previsto en el primer párrafo, las notificaciones, aun las que deban hacerse personalmente, se harán en los términos de los artículos 85 y 86. Lo mismo se hará si habiendo señalado como domicilio la dirección electrónica del sistema informático del Poder Judicial, no realizare los trámites correspondientes para tener acceso a éste. Si dejare de cumplir con el segundo párrafo, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes promueva o a las que le interese que sean notificadas, mientras no se subsane la omisión, a menos que las personas indicadas ocurran espontáneamente al tribunal, a notificarse. (REFORMADO, P.O. 24 DE JUNIO DE 2015) Artículo 78. Mientras un litigante no haga nueva designación del domicilio en que han de hacérsele las notificaciones personales, seguirán haciéndosele en la que para ello hubiere señalado. (REFORMADO, P.O. 24 DE JUNIO DE 2015) Artículo 79. Si se trata de emplazamiento o primera notificación, se hará en el domicilio designado al efecto, en la persona misma del que deba ser notificado, previo cercioramiento de su identidad y domicilio; no encontrándolo el notificador y cerciorado de que es el domicilio del notificado y está en la población, le dejará citatorio para hora fija hábil del día siguiente, y si no espera se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre del promovente, el tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se notifique, la fecha y hora en que se deje y el nombre de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a cualquiera de los parientes o domésticos del notificado o con la persona adulta que se encuentre en el domicilio y si se negaren a recibirlos o éste se hallare cerrado, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias de traslado, o en su caso, estas quedarán en la secretaría a disposición del demandado. (REFORMADO, P.O. 24 DE JUNIO DE 2015) Artículo 80. Si el funcionario encargado de hacer una notificación recibiere noticia en el domicilio designado, que la persona que debe ser notificada en ese momento se encuentra accidentalmente fuera de la población en que está ubicado el domicilio, se hará la notificación mediante instructivo, previo citatorio, dejando en su caso las copias de los traslados y asentado razón de esa diligencia En el caso de este artículo, la notificación se tendrá por hecha ocho días después de la fecha en que se entregue o se fije el instructivo". Los dispositivos legales trascritos establecen cuáles son las formalidades que el actuario debe observar para efectuar correctamente el emplazamiento. Así, para dar certeza y seguridad jurídica a las partes vinculadas en el proceso, el legislador estatal ha establecido los requisitos que deben cumplir este tipo de notificaciones para que sean legalmente válidas. Dentro de las exigencias que debe reunir el emplazamiento, existen unos de naturaleza formal y otros de carácter material u objetivo, a partir de los cuales la fe pública de la cual goza el actuario judicial o notificador facultado por la ley para llevarlo a cabo permite que surta plenamente sus efectos y goce de presunción de validez. Los requisitos exigidos por los numerales insertos en supra líneas, persiguen la finalidad de garantizar que el emplazamiento o primera notificación se haga a la persona directamente interesada por sí o por medio de un tercero en el domicilio designado; por esa razón, se exige al notificador cerciorarse que su práctica se realice en el domicilio designado para tal efecto y con la persona buscada, al hacer constar de manera circunstanciada los elementos tomados en cuenta para llegar a tal convicción; y, en caso de no encontrarlo, deje citatorio con un empleado, pariente, o persona adulta, a fin de que lo espere a una hora fija al día siguiente, a quien entregará copia de la demanda y anexos; de todo lo cual asentará razón. Así, acorde con el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, los requisitos formales que debe observar el actuario al llevar a cabo la primera notificación son los siguientes: 1. El emplazamiento debe efectuarse en el domicilio señalado como del demandado. 2. Luego, deberá cerciorarse, bajo su más estricta responsabilidad y en forma fehaciente, que es el domicilio señalado, que éste corresponde al de la persona a emplazar, y que la persona buscada se identifique plenamente, para lo cual expondrá en el acta respectiva los medios por los cuales verificó tales circunstancias. 3. Si en la primera búsqueda no se encuentra a la parte buscada, pero está en la población, el actuario dejará citatorio para que lo espere el día hábil siguiente, si no lo hace, la notificación se hará por instructivo, que se entregará a los parientes, empleados o domésticos de la persona a notificar o cualquier persona adulta que se encuentre en el domicilio. 4. El instructivo debe contener el nombre del promovente, tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se notifique, fecha y hora en que se deje y el nombre de quien lo recibe. Cabe precisar que si se trata de notificar la demanda se entregarán, además, las copias de traslado. En este punto, debe resaltarse que la resolución notificada bien puede obrar inserta en el instructivo o, en su caso, puede entregarse copia de ella a la persona, pues lo trascendente es que tenga conocimiento de lo que se trata el asunto. Entonces, en primer término, para la práctica del emplazamiento es necesario que el actuario se cerciore de que está en el domicilio ordenado, que éste corresponde a la persona buscada y que la misma se identifique plenamente. La finalidad de los requisitos en comento se debe a que el emplazamiento constituye la diligencia de mayor relevancia dentro del procedimiento, toda vez que su omisión o realización en forma contraria a las normas aplicables, no permite al demandado acudir a juicio a oponer las excepciones o defensas que estime pertinentes. Por ende, se impone al funcionario encargado de realizarlo, una serie de formalidades que debe seguir, a fin de obtener certeza de que la persona que deba ser emplazada tenga pleno conocimiento de la existencia del juicio en el que ha sido señalada como parte. De ahí que, la estricta observancia de las normatividades que le resulten aplicables, garantiza al demandado el cumplimiento de las prerrogativas formales de audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando que se le pueda causar el consecuente estado de indefensión. Sobre este punto, es ilustrativa la jurisprudencia 784,, emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 531, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, identificable con el número de registro 394740, que es del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL. NECESIDAD DE SATISFACER LAS, PARA SU VALIDEZ. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios, que salvaguarda la garantía de audiencia, por lo que el legislador instituyó para su realización una serie de solemnidades sin las cuales el mismo debe considerarse ilegal." Expuesto lo anterior, es oportuno tener en cuenta el acta de emplazamiento de ocho de junio de dos mil dieciocho, la cual consta en la foja 39, del tomo de pruebas relativo a este juicio de amparo. De la diligencia en comento se observa, que el actuario responsable, asentó lo siguiente: * Que se constituyó en el domicilio de Salvador Tavera Gaona, ubicado en el lote siete, manzana quince, sobre la calle yoricostio en la colonia La Antorcha, de Tacámbaro Michoacán, a fin de emplazarlo al juicio ordinario civil 207/2018, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Tacámbaro, Michoacán; y, * Que asentó que después de constituirse en legal y debida forma en el domicilio referido anteriormente, y bien cerciorado por los medios legales (tales como el dicho de dos vecinas de sexo femenino que vivían sobre esa misma calle, quienes le informaron que efectivamente ese era el domicilio buscado y que sí vivía ahí la persona requerida) procedió a realizar el emplazamiento directamente con la parte demandada. Por tanto, por principio podría afirmarse que el actuario responsable sí cumplió con el requisito que establece el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán (cercioramiento de domicilio), en la medida que la en diligencia reclamada asentó que la entendió directamente con la parte demandada -aquí quejoso- con lo que quedaría actualizado el principio de certidumbre, dado que el cercioramiento del domicilio surge desde que el notificador se constituye en el domicilio señalado y es atendido por una persona que ante la fe pública de éste dice ser la parte demandada y que el lugar donde se encuentra constituido efectivamente es su domicilio, resultando innecesario asentar mayores datos que demuestren que efectivamente era el domicilio buscado. Sobre el cercioramiento del domicilio, se invoca la jurisprudencia 1a./J.55/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Noviembre de 1998, Novena Época de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Conforme a lo anterior, en el caso bien podría afirmarse que quedó colmado el requisito formal de cercioramiento de domicilio desde el momento en que el notificador asentó que atendió la diligencia con el propio demandado. Pese a ello, respecto del diverso requisito formal correspondiente a que la persona buscada se identifique plenamente, debe decirse que contrario a lo expuesto por el actuario responsable, de la diligencia de emplazamiento no se advierte que la persona con la que entendió la misma se haya identificado. Se afirma de este modo, pues no existe evidencia de que el ministro notificador haya recabado medios suficientes para demostrar que la persona con la que entendió la diligencia, efectivamente era la buscada, pues sólo se limitó a manifestar que una persona que respondió al nombre de Salvador Tavera Gaona, le indicó que era la persona buscada, pero que no se identificó bajo el argumento que no sabía dónde estaba su credencial de elector, lo que motivó a que el actuario responsable procediera a describir la media filiación de dicha persona en los siguientes términos: ".persona de sexo masculino, piel morena, estatura media, complexión robusta, cabello canoso, con barba y bigote canoso, de aproximadamente 53 años de edad." Sin embargo, la referida descripción física no forma convicción en el suscrito para tener por satisfecho el requisito relativo a la identificación plena del accionado, sencillamente porque los rasgos filiales resultan muy comunes, pues contrario sería si el notificador hubiera descrito rasgos físicos que permitieran diferenciar a esa persona de las demás, tales como podrían ser la descripción de un lunar, un tatuaje, una cicatriz, etcétera. Sustenta a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada I.11o.C.16 C (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Pag. 2072, Décima Época, registro 2003138, que dice: "REQUERIMIENTO DE PAGO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO, PREVIO CITATORIO. EN LA MEDIA FILIACIÓN ASENTADA POR EL FEDATARIO RESPECTO DE LA PERSONA QUE LE MANIFESTÓ SER ÉSE EL DOMICILIO DEL BUSCADO, PARA TENER POR SATISFECHO EL REQUERIMIENTO DE CERCIORAMIENTO DEL DOMICILIO DEL DEUDOR, DEBE PRECISAR LAS CARACTERÍSTICAS MÁS NOTABLES DE LA PERSONA CON LA QUE SE ENTIENDE LA DILIGENCIA, A EFECTO DE PARTICULARIZARLA DE OTRAS PERSONAS. Si el actuario al constituirse nuevamente en el domicilio indicado por la parte actora a fin de lograr la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, previo citatorio, es atendido por una persona, diversa al deudor, que se niega a dar su nombre e identificarse, y que incluso no firma el acta respectiva, persona de la cual plasma como media filiación su estatura, complexión, color de piel y edad aproximada; tal circunstancia por sí sola no permite tener por satisfecho el debido cercioramiento de que la persona buscada tiene su domicilio en ese lugar, pues el aludido cercioramiento debe derivarse de datos que reflejen que los hechos asentados en el acta corresponden a la realidad, lo que si bien puede obtenerse a través del establecimiento de una media filiación de la persona que le manifiesta ese hecho y con la que se entiende la diligencia; también lo es que la misma no sólo debe contener los rasgos genéricos de una persona, como lo es estatura, edad, complexión y color de piel, sino que debe precisar las características particulares más notables que advierta y que den singularidad a la persona con la que se entiende tal diligencia; como pudiera ser la existencia de alguna característica física que permita diferenciar a la persona de las demás, de tal manera que esa media filiación permita satisfacer el requisito de precisar la identidad de la persona con la que se entiende la diligencia y quien manifestó ser ése el domicilio del buscado, ya que de lo contrario ésta se tornaría irregular." Así, a juicio de quien resuelve, la falta de identificación anotada, bien pudo ser suplida por el ministro notificador a través de un medio razonable, como puede ser: 1) Recabando el dicho de dos personas debidamente identificadas quienes deberían manifestar que la persona que lo atendió efectivamente era la buscada, quienes incluso pudieron ser las dos vecinas a las que dice, les preguntó si era el domicilio del demandado, preguntando en ese sentido, si la persona con la que entendió la diligencia correspondía a quienes ellas conocían como Salvador Tavera Gaona; 2) Haciendo uso de aparatos como lo son cámaras o videograbadoras por medio de los cuales, en el momento mismo de la diligencia tomara una foto o video; 3) Constituyéndose en el domicilio del encargado del orden para que éste, plenamente identificado, a su vez manifestara que la persona a la que se emplazó efectivamente era el demandado buscado; 4) Si en la diligencia reclamada, participó como asociado el actor, procediera a recabar su dicho en el sentido que la persona a la que se diligenció sí era el demandado; o bien, 5) Si el actuario conoce al demandado, puede señalar que lo identifica plenamente porque él lo conoce y tiene la certeza que se trata de la persona buscada, lo que generalmente ocurre con los abogados a los que se les notifica habitualmente. Con lo anterior, resulta evidente que la manifestación que realizó el actuario responsable resulta insuficiente para tener por demostrada la identificación plena de la persona buscada, ya que la descripción de los rasgos filiales de quien dice ser el demandado no tiene el alcance idóneo para tener la certeza jurídica de que en efecto se trate del demandado buscado. Lo anterior es así, porque la fe pública del actuario solo alcanza para "dar fe" de lo que objetivamente él aprecia a través de sus sentidos, es decir, dar fe de que lo atendió una persona que dijo llamarse Salvador Tavera Gaona y quien tiene los rasgos físicos arriba anotados. Sin embargo, esa "fe pública" no alcanza para acreditar fehacientemente que se trata de la persona buscada, sencillamente, porque el actuario no conocía al demandado como para afirmar que efectivamente se trataba de la persona que lo atendió. Ahora, no pasa desapercibido para este juzgador que la persona con la que se atendió la diligencia "bajo protesta de decir verdad" dijo ser la persona buscada, porque aun cuando dicha manifestación la realizó ante la fe pública de la que se encuentra investido el ministro notificador, se insiste, la misma sólo sirve para hacer constar que le realizaron dicha manifestación, pero de ningún modo supone la idoneidad de que sea la persona buscada, para lo cual, como ya se anotó, el notificador tiene la obligación de reunir los elementos de convicción idóneos para identificar a la persona buscada, esto con el fin de que no se lleven actos de suplantación de personas y reducir en la medida de lo posible juicios fraudulentos, esto último se traduce en cuestiones fácticas que generan inseguridad jurídica. Así, la falta de identificación de la persona con la que se atendió la diligencia y la falta de medios para corroborar la plena identificación que exige el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, convierte en irregular esa actuación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, febrero de 2019, página 2376, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO. CUANDO QUIEN DICE SER EL DEMANDADO NO SE IDENTIFIQUE, EL NOTIFICADOR, ATENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1.176 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBERÁ PROCEDER COMO SI LA PERSONA BUSCADA EN LA PRIMERA CITA NO SE HUBIERE ENCONTRADO. Acorde con lo dispuesto por el artículo 1.175 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, cuando se trate del emplazamiento o primera notificación, se hará personalmente al demandado o a su representante en el domicilio designado, y encontrándolo en la primera busca, el notificador, previo cercioramiento de su identidad y domicilio, entenderá la diligencia con éste. En este contexto, debe considerarse que la exigencia legal citada, esto es, el cercioramiento de la identidad del buscado, tiene como finalidad que la persona se identifique ante el diligenciario, por un medio razonable, como la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, la licencia de conducir, el pasaporte, etcétera, o bien, incluso, mediante su identificación por el conocimiento personal del notificador; ello, en virtud de que el objetivo de esa diligencia es que se tenga certeza de que el sujeto llamado a juicio se entere debidamente de que hay una demanda en su contra, a fin de salvaguardar estrictamente su derecho de audiencia tutelado en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, cuando quien dice ser el demandado buscado no se identifique en alguna de las formas señaladas, el notificador, atento al numeral 1.176 del código citado, deberá proceder como si la persona buscada en la primera cita no se hubiera encontrado y, entonces, dejar citatorio con la misma o alguna otra que se encuentre en el domicilio, para que a hora fija del día siguiente sea entendida con su destinatario plenamente identificado o, en su ausencia, con cualquier persona que se encontrare en dicho domicilio, en este último caso, ya sin necesidad de cerciorarse de la identidad de la persona con quien se entienda el emplazamiento." Así, como la tesis aislada: I.13o.C.15 C (10a.) emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, Pag. 2177, Décima Época registro 2009050, que dice: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL ACTO PROCESAL DE DEJAR EL O LOS CITATORIOS DEBE CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 1393 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, POR LO QUE EN LA DILIGENCIA RESPECTIVA, O BIEN, EN LA RAZÓN ACTUARIAL DEBE ADVERTIRSE QUE EL ACTUARIO JUDICIAL HAYA PREVIAMENTE REQUERIDO LA PRESENCIA DEL DEMANDADO Y SÓLO ANTE SU AUSENCIA, PROCEDERÁ A DEJARLO. La interpretación sistemática de los artículos 1392, 1393, 1394 y 1396 del Código de Comercio, así como de los dispositivos 309, fracción I, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en forma supletoria al primero, de conformidad con el numeral 1054 de la legislación mercantil, permiten concluir que las formalidades del procedimiento que deben cumplirse en la realización de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, son las siguientes: Debe dejarse citatorio: a) Cuando requerida la presencia personal del demandado, no se encuentre presente; b) Previo cercioramiento de que ahí tiene su domicilio la persona buscada; y, c) Fijarle hora hábil dentro de un plazo comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores para que aguarde. Si el buscado no atiende el citatorio, se practicará la diligencia posteriormente con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier persona que viva en el domicilio. En consecuencia, el acto procesal de dejar el o los citatorios que indican los numerales en comento, debe cumplir con el artículo 1393 del Código de Comercio, que estatuye que una vez requerida la presencia del buscado, y sólo cuando no se encuentre al demandado se procederá a dejarle citatorio; por tanto, en la diligencia respectiva, o bien, en la razón actuarial que al respecto se levante, debe advertirse que el actuario judicial haya previamente requerido la presencia del demandado, y que sólo ante su ausencia procediera a dejarle el citatorio respectivo, pues tratándose de la primera diligencia en el juicio ejecutivo mercantil, el citatorio tiene que cumplir las exigencias y formalidades indicadas." Deficiencias que conducen a estimar defectuosa la diligencia de citación a juicio, al no ajustarse a las normas que rigen el procedimiento y traer en consecuencia la imposibilidad del demandado de contestar las reclamaciones hechas en su contra, de oponer excepciones, de ofrecer pruebas y de alegar en el juicio, en contravención a las garantías de legalidad y audiencia del gobernado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Pag. 209, Novena Época, registro 192969, de texto: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." Consecuentemente, al resultar fundados los conceptos de violación argüidos por el quejoso, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores; protección que se debe hacer extensiva al diverso acto reclamado consistente en todo lo actuado dentro del juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada: XI.5o.(III Región) 2 A (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con Residencia en Morelia, Michoacán, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Pag. 1828, Décima Época, registro 2000617,, de contenido y rubro siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, ACORDE AL SUPUESTO EN QUE SE UBIQUE. En la práctica judicial del juicio de amparo, se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio: La noción de tercero extraño se desprende del contenido de los artículos 5o., fracción III, inciso a) y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. Partiendo de esa base normativa, la jurisprudencia ha desarrollado el concepto del tercero extraño a juicio en el que se sitúan: a) al tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en este supuesto se ubica el particular que no es parte en el juicio, esto es, no es ni formal ni materialmente actor o demandado; sin embargo, sus derechos están involucrados en la controversia desde su inicio porque las partes se disputan los bienes o derechos del quejoso y, a fin de cumplir con el mandato del artículo 80 de la Ley de Amparo, el remedio constitucional consistirá en concederle el amparo, para que se dejen insubsistentes todos los actos procesales del juicio a partir del auto de inicio, a fin de que la autoridad responsable requiera al actor para que, si lo desea, amplíe su demanda contra el quejoso lo que constituirá una exigencia para darle entrada; b) aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio en el dictado de la sentencia o resolución, o en la ejecución de ésta, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa. De resultar que efectivamente el quejoso es extraño a la controversia, el efecto de la protección constitucional será restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y solamente se constreñirá en reintegrarlo en el goce de sus derechos que le fueron afectados al no ser partícipe de esa relación procesal, pero no implicará la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural al que es extraño, pues la única intención del tercero en comento es simplemente extraer de aquella controversia sus derechos; c) el tercero extraño por equiparación se presenta con: I) El tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado o se le emplazó incorrectamente, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; en este supuesto, el efecto de una sentencia protectora se traducirá en que se declare nulo el juicio a partir del inexacto emplazamiento, resultando inválidas todas las actuaciones posteriores, y corresponderá a la autoridad responsable decidir lo que conforme a derecho corresponda, en ejercicio de sus facultades; II) El tercero extraño equiparado por litisconsorcio, que a su vez se manifiesta de dos formas: aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada; el amparo que llegara a concederse por quedar corroborado el carácter de tercero en comento, habrá de tener como alcance ordenar la reposición del procedimiento a fin de que se prevenga al actor para que amplíe su demanda o la reconvención contra las personas que formen el litisconsorcio necesario, y los efectos de la sentencia de amparo deben extenderse a los codemandados y, el otro, lo representa aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio, caso en que también, el efecto de una concesión de amparo se constreñirá a la declaratoria de nulidad del juicio a partir del inexacto emplazamiento quedando inválidas todas las actuaciones posteriores, y para que sea llamado a juicio, con la particularidad, en esta modalidad, de que tales consecuencias del fallo protector sí deben alcanzar o beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural; y, d) otro supuesto es el del tercero extraño que es afectado por un acto de autoridad que reviste las características de ser un acto privativo, de naturaleza positiva y que se emitió sin respetar la garantía de audiencia; en ese caso, el amparo que se conceda es en forma lisa y llana, para que se deje insubsistente el acto de autoridad, sin que se pueda obligar a la autoridad a emitir otro previo respeto a la garantía de audiencia, pues de hacerlo se rebasaría el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación." En consecuencia, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que el juez responsable dé cumplimiento a lo siguiente: a) Deje sin efectos todo lo actuado en el juicio ordinario civil 207/2018, a partir de la diligencia de emplazamiento de ocho de junio de dos mil dieciocho verificada al demandado Salvador Tavera Gaona; b) Ordene se emplace al accionado Salvador Tavera Gaona, al referido juicio de origen, subsanando las irregularidades asentadas en esta sentencia y con las formalidades que previene la ley aplicable; y, c) Fije fecha y hora para la restitución de la parte quejosa en el bien inmueble materia del controvertido de origen y del que fue lanzado en cumplimiento a la sentencia emitida dentro del juicio de origen. Sirve de sustento por analogía, la tesis aislada 2a.LXXXV/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO. PARA SU CUMPLIMIENTO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN RECAÍDA A UN RECURSO ADMINISTRATIVO, CON MOTIVO DE UN VICIO FORMAL, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL PLENO GOCE DE LA GARANTÍA INDIVIDUAL VIOLADA, ANTES DE PURGAR EL VICIO ADVERTIDO Y EMITIR LA DETERMINACIÓN QUE CORRESPONDA. Si en la sentencia concesoria del amparo se declara la inconstitucionalidad de la resolución recaída a un recurso administrativo, como consecuencia de que en ella o en el respectivo procedimiento de alzada se advirtió un vicio formal, como puede ser la falta de valoración de pruebas o el desechamiento de alguna de éstas, para el debido cumplimiento del fallo protector, con independencia de que por la naturaleza del acto inconstitucional deban realizarse otras actuaciones que permitan nuevamente su dictado, la autoridad responsable deberá, en términos de lo previsto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la emisión del acto reclamado, por lo que aquélla estará constreñida a realizar los actos tendientes a desaparecer del mundo jurídico la determinación declarada inconstitucional, así como las consecuencias jurídicas derivadas de la misma; en tal virtud, si dentro de éstas se encuentra la afectación a la posesión de un inmueble, será necesario que antes de purgar los vicios procesales advertidos y emitir una nueva resolución, se restituya a la quejosa en la posesión del predio respectivo." Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la justicia de la unión ampara y protege a Salvador Tavera Gaona, contra el acto reclamado al Juez y al Actuario del Juzgado Primero de primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, materia de estudio en dicho apartado. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, y 29, de la Ley de Amparo.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, y dada la voluminosidad de las constancias que integran el presente juicio de amparo, para un mejor manejo del mismo se ordena abrir dos tomos, previa certificación del desglose que al efecto se realice, uno con las constancias aportadas por la parte quejosa mismas que obran glosadas de la foja 18 a la 141; y otro, con las remitidas por la autoridad responsable las cuales se encuentran de la foja 153 a 302. Levántense las certificaciones correspondientes; identifíquense debidamente los tomos relativos. Cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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