Salvador Suárez Bucio
Expediente 807/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 807/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Suárez Bucio
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte promovente, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, término que transcurrió del tres al siete de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. [...] Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por .... propio derecho, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Michoacán y otras autoridades. Por tanto, en esos términos se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 807/2023. En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medos Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XIV del numeral 61, en relación con los artículos 17 y 18, ambos de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así como se anticipó, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento" "ARTÍCULO 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". "ARTÍCULO 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Dicho precepto legal establece que el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en el artículo 17, pues entonces los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de amparo, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. ... En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Ahora, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: ".La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. - De la autoridad señalada como ordenadora, reclamo LA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA EN MI CONTRA dentro de la causa penal 71/2022, dictada por el C. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA`DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN de nombre OSCAR ANTONIO MADERO GONZÁLEZ. Así como de las autoridades ejecutoras, la posible ejecución que tratan de efectuar de la ilegal orden de aprehensión o detención o de comparecencia, que en mi contra pretende librar la autoridad ordenadora, pues dicha orden de aprehensión o detención o de comparecencia no constituye un mandato judicial en el que se hayan cumplido las formalidades establecidas en la ley adjetiva penal, y mucho menos se haya seguido las reglas del procedimiento penal que establece nuestra carta magna. Así como de la autoridad señalada como ordenadora, reclamo la inexacta aplicación de la ley respecto de la valoración libre y lógica de la prueba, tendientes al esclarecimiento de los hechos que se investigan por parte de la autoridad ejecutora es decir del C. FISCAL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN titular de la célula II-4, subsede Zitácuaro,. Estado de Michoacán...". Asimismo de dicha demanda, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento de dicho acto reclamado el dieciocho de febrero de dos mil veintitrés, dado que así lo manifestó el promovente, en el capítulo tercero de la narrativa de hechos del acto reclamado. Entonces la fecha que ha de tomarse en cuenta para el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo es precisamente la de veinte de febrero de dos mil veintitrés, día hábil siguiente de la fecha de conocimiento del acto reclamado (dieciocho de febrero de dos mil veintitrés), en que el quejoso aduce tuvo conocimiento de la misma. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, hasta el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, es incuestionable que transcurrió en exceso el término de quince días a que alude el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor, para acudir a esta instancia federal, toda vez que éste inició el veinte de febrero y feneció el diez de marzo de dos mil veintitrés. Lo anterior, porque como ya se dijo el referido promovente tuvo conocimiento directo, exacto y completo del acto reclamado, pues, de la manifestación realizada se desprende que de manera literal señaló lo siguiente: "fue que con fechas diversas pero en específico la del día 18 del mes de febrero del presente año 2023 dos mil veintitrés; he visto personas sin uniforme merodeando mi domicilio ubicado en la calle Las palmas número 29, código postal 61114, de la ciudad de Hidalgo, Estado de Michoacán, así como en fecha próxima anterior sin recordar exactamente el día en que un supuesto Ministerio Público de nombre PRISCO ADELFO CORTES CRUZ el cual ha generado actos de molestia a mi padre, y que en si ya es un temor fundado hacia mi persona y familia, ya que tengo miedo de que me detengan o agarren de algo que no hice, al percatarme de todos estos actos y que en los registros de investigación en cita" Manifestación que constituye una confesión, que hace prueba, plena de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dado que el promovente expresamente reconoce que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciocho de febrero de dos mil veintitrés. Por tanto, el juicio de amparo fue promovido fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido lo dispuesto en la fracción IV del citado artículo diecisiete, que dice: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.] IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". De lo transcrito, se desprende que el plazo de quince días para presentar demandada de amparo, no es aplicable cuando los actos reclamados impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ya que en estos casos, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. El acto reclamado por el quejoso, es la orden de aprehensión girada en su contra por un juez e control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado; dicha determinación, se advierte, afecta directamente la libertad del quejoso. No obstante, lo anterior no constituye un ataque a la libertad fuera de procedimiento, pues la orden de aprehensión se encuentra dentro de un procedimiento judicial; de ahí que, en el caso, no se surte la excepción al plazo de quince días para promover juicio de amparo, prevista en la fracción IV del artículo 17 de la citada ley. En consecuencia, deben estimarse consentidos de manera tácita el acto reclamado, por no haberse interpuesto la correspondiente demanda de amparo, dentro del término legal que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que, como ya se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia. Apoya lo antes expuesto la jurisprudencia número XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados" Así como por identidad de razón la tesis visible en la página 92, Tomo II, Segunda Parte-1, de los meses de Julio a Diciembre de 1998, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es verdad que el artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de 15 días para interponer el juicio de garantías se computará a partir del día siguiente en que el quejoso tenga conocimiento, debe ser directo, exacto y completo, porque solamente así el afectado con el acto está en condiciones de promover el juicio constitucional, por lo que dicho término debe computarse a partir del día siguiente en que el quejoso manifestó que tuvo conocimiento cabal de los actos reclamados." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones aun las de carácter personal el ubicado en Isidro Huarte número 1026, colonia Ventura Puente en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Luis Armando Franco Gómez, quien gozará de las amplias facultades conferidas por el ordinal 12 de la Ley de Amparo, toda vez que dentro del Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se localizó el registro de la Cédula Profesional número 13236094, para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por ser el presente asunto de naturaleza penal. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguense los escritos signados por ... apoderado jurídico de la parte quejosa; respecto al primer escrito de cuenta, mediante el cual promueve incidente por defecto en el cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada al quejoso Leonel Pérez Cortés, por auto de seis de septiembre de dos mil veintiuno, por parte de las autoridades responsables. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, por virtud a que, la suspensión definitiva que le fue concedida al quejoso, el seis de septiembre de dos mil veintitrés, fue para el efecto de que "no se prive de la posesión al quejoso del bien inmueble consistente en una fracción que se toma del resto del lote marcado con el número 1 uno, de la manzana número 26 veintiséis, con las construcciones dedicadas a casa habitación marcada con el número 33 treinta y tres, ubicada en la esquina que forman las calles de Guardia Nacional de Toluca y Santiago Sierra, del Fraccionamiento Popular denominado Mártires de Uruapan de esta ciudad de Morelia, así como para que se permitirá el curso del procedimiento de remate del juicio laboral 2B-1793/2010, hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega del citado bien inmueble al adjudicatario, siempre y cuando a la fecha no haya acontecido; en tanto las autoridades responsables reciban notificación sobre la sentencia ejecutoriada que se dicte en el juicio principal de donde deriva el presente incidente." Así, conviene puntualizar que el remate judicial es una venta de bienes mediante un procedimiento de subasta pública, que culmina normalmente con la adjudicación de las cosas rematadas al mejor postor, y con el pago al acreedor, con el producto de la venta. Que al respecto, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 154/2011, en la cual se sostuvo que el remate judicial consiste en el conjunto de actos jurídicos que permiten a la autoridad judicial realizar la venta forzada de bienes para satisfacer una obligación, esto es, tiene por objeto la obtención del recurso económico para cubrir la obligación que ha quedado determinada a favor de una de las partes del juicio, mientras que la adjudicación, es una etapa del procedimiento de remate, pues se refiere al acto por medio del cual una autoridad competente atribuye o reconoce a una persona el derecho de gozar de un bien patrimonial, esto es, un derecho sustantivo de propiedad a favor del adjudicatario, ya que con ese acto se incorpora la cosa rematada al patrimonio del adjudicatario, por consiguiente, una vez el bien ha sido adjudicado, se continúa el procedimiento de remate con la posibilidad de dar la forma que exige la ley a la transmisión de propiedad por medio de la escrituración. Precisado lo anterior, de su escrito se advierte que, se duele de que la responsable en data diecinueve de junio de dos mil veintitrés, le notificó el proveído mediante el cual se señaló fecha y hora para que tenga verificativo y seguimiento la ejecución y remate de la segunda almoneda del inmueble objeto a la litis. Sin embargo, con la concesión de la suspensión, no se paralizó la continuidad del procedimiento de remate, sino solo hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega del citado bien inmueble al adjudicatario; por tanto si reclama la segunda almoneda, que indica el número de veces que ha salido el inmueble a la venta pública, es claro, que el bien inmueble no ha sido adjudicado ni escriturado y por tanto no se actualiza el defecto en el cumplimiento de la suspensión, como lo alega el apoderado de la parte quejosa. Por otra parte, por lo que respecta al segundo de sus escritos, en el que denuncia la repetición del acto reclamado, en contra del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, virtud a que en data diecinueve de junio de dos mil veintitrés, le notificó el proveído mediante el cual se señaló fecha y hora para que tenga verificativo y seguimiento la ejecución y remate de la segunda almoneda del inmueble objeto a la litis. También, no ha lugar a realizar trámite al respecto, por virtud a que no se advierte de lo alegado por la parte quejosa y de la documental anexa, que se esté repitiendo el acto reclamado, pues, la suspensión definitiva otorgada al aquí quejoso, opera hasta antes de que se ordene la escrituración y la entrega del citado bien inmueble al adjudicatario, no así para las etapas previas al remate. De ahí, que no se acuerde de conformidad sus peticiones. Notifíquese.
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