Salvador Soto Mejía
Expediente 250/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/04/2018
Partes del expediente
- Salvador Soto Mejía
Actuaciones
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- Principal
III. Toluca, Estado de México; seis de abril de dos mil dieciocho. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió el proveído de trece de marzo de dos mil dieciocho, donde se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del diverso 2°, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho, se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, a través del cual rinde informe justificado y remite copia certificada del laudo discutido y aprobado de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, del cual se advierte que en dicha fecha se dictó el laudo respectivo reclamado por el quejoso en esta instancia. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en el referido precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En el presente juicio el quejoso Salvador Soto Mejía, reclama la abstención por parte de la responsable de no emitir el laudo dentro del expediente laboral J.3/707/2015, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del valle de Toluca; sin embargo, del informe de cuenta, se advierte que el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se dictó el laudo discutido y aprobado por dicha junta, el cual se resolvió en los términos ahí precisados. Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, registrada con el número 184572, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No se desatiende que en la demanda de amparo el quejoso, también haya señalado como acto reclamado el cumplimiento total del laudo; sin embargo, no es dable tenerlo como acto reclamado, toda vez que la protección constitucional debe limitarse a la etapa procedimental en la que se encuentra el procedimiento laboral por lo que sí a la fecha de presentación de la demanda, el quejoso no conocía el laudo, es incuestionable que no podía reclamar su ejecución, pues ni siquiera existía certeza de que el mismo fuere condenatorio o que no fuera hacer impugnado por alguna de las partes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con quince minutos del veintidós de marzo del año en curso, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
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III La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a los quejosos en proveído de uno de marzo del año en curso, para que proporcionaran el domicilio correcto y actual de la tercera interesada Servicios Externos de Apoyo Empresarial, sociedad anónima de capital variable, a fin de emplazarla al presente juicio de amparo, así como su derecho de apersonarse al mismo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fueron conminados y a fin estar en posibilidad de emplazar a dichas terceras interesadas en el presente juicio de amparo, este juzgado estima conducente dictar las medidas conducentes a fin de investigar su domicilio; por tanto, se requiere a las dependencias y empresas siguientes: a) Teléfonos de México, en Toluca, Estado de México. b) Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Poniente en el Estado de México. c) Administradora Desconcentrada de Recaudación México "1", con sede en México. d) Instituto de la Función Registral del Estado de México. e) Dirección General de Comercio. Para que en auxilio de las labores de este juzgado de Distrito, se sirvan investigar y verificar si en sus registros cuentan con algún domicilio de la empresa privada denominada Servicios Externos de Apoyo Empresarial, sociedad anónima de capital variable, para que dentro del plazo de tres días computados legalmente, previsto en el ordinal 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, comuniquen a este órgano jurisdiccional el resultado de dicha investigación. Con el apercibimiento que para el caso de ser omisos a lo anterior, se les impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero del Decreto por el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 244, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su ordinal 2°, agréguense a los autos las razones suscritas por los Actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, en las cuales manifiestan la imposibilidad de emplazar a la tercera interesada Servicios Externos de Apoyo Empresarial, sociedad anónima de capital variable, por las razones ahí expuestas. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, dicha diligencia tiene valor probatorio pleno, pues al tratarse de una actuación de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia 563, publicada en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo IV, cuyo contenido es: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." Ahora, ante dicha imposibilidad dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días computado legalmente, inserto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en conformidad con su numeral 2°, proporcione el domicilio correcto, o en su caso uno diverso donde sea factible llamar a juicio a la tercera interesada de referencia. Con el apercibimiento que de no desahogar el presente requerimiento, se procederá a realizar las diligencias a la precitada tercera interesada por medio de edictos a su costa, como lo prevé el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, previa investigación de los domicilios que realice este juzgado federal. Sobre lo expuesto, es aplicable la tesis publicada en la página 538, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Tomo XIV, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevee' diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevee' en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados." Así como la tesis consultable en la página 837, del Semanario Judicial de la Federación, Julio de 1994, Tomo XIV, Materia Civil, Octava Época, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. QUE DEBE ENTENDERSE POR DOMICILIO DEL. El artículo 116 fracción II de la Ley de Amparo, no exige que se señale el domicilio particular del tercero perjudicado; sin embargo, debe entenderse que alude a un lugar determinado en el cual sea factible recibir notificaciones y practicar diligencias, es decir, se refiere a un inmueble, casa, despacho o local en donde la persona que deba notificarse resida, habite, tenga el principal asiento de sus negocios, se encuentre, o bien que haya señalado; pues de lo contrario, esto es, de aceptar como domicilio "los estrados del juzgado", no podría efectuarse el emplazamiento en términos de ley ya que por ejemplo, el actuario se vería imposibilitado para buscar al interesado en la puerta, pasillos o escalinatas del Tribunal ni podría dejarle el citatorio a sus parientes, empleados o domésticos; en todo caso, lo dejaría a los empleados quienes por el número de personas que acuden al juzgado no podrían entregarlo. En conclusión, el domicilio del tercero perjudicado que debe señalar el quejoso tiene que ser un inmueble, casa, despacho o local en donde sea posible recibir notificaciones y practicar diligencias."
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