Salvador Sosa Rico

Expediente 875/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 14 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
875/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
07/03/2017

Partes del expediente

  • Salvador Sosa Rico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vistas las certificaciones de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes quejosa y tercera interesada, respectivamente, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de treinta de enero de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que realizaran manifestación alguna al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. En cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo, una vez transcurrido el plazo de cinco años; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita. Por lo anterior, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    (CITATORIO) (auto) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de dos de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de treinta de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo cconducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, este Juzgado Federal procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector. I. El veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se emitió la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Salvador Sosa Rico (fojas 97 a 104), para que el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Emita un acuerdo, en el que continúe con el trámite de la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/10/4214/2016 en estricta observancia a los derechos humanos contenidos en los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual deberá dictar de inmediato proveído en el que establezca las diligencias o actuaciones que estime necesarias para la integración de la citada carpeta de investigación o, en su caso, de considerar que ya no hay probanzas o diligencias que desahogar, resuelva lo que en derecho corresponda respecto al ejercicio de la acción penal." II. Por auto de once de enero del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia emitida el veintitrés de diciembre del año próximo pasado, por lo que se requirió el cumplimiento de la misma a la autoridad responsable (fojas 110 y 111). III. El trece del actual, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el oficio signado por el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento inmerso en proveído de once de enero en curso, remitió copia certificada del acuerdo de doce del mes y año que transcurren emitido en la carpeta de investigación de origen, con la que acreditó el acatamiento a la ejecutoria de amparo, con la cual se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el plazo de tres días computado legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera, sin que hayan hecho uso de ese derecho (fojas 115 a 119). Conviene precisar que a la referida documental se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así, del fallo protector se advierte que en el análisis medular de la constitucionalidad del acto reclamado, se determinó que el Fiscal responsable, transgredió los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 y 20, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del texto anterior al dieciocho de junio de dos mil ocho, que garantizan la obtención de una justicia pronta y expedita, lo que se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Por tanto, de las consideraciones expuestas derivó la protección de la Justicia Federal solicitada, siendo que los efectos de su concesión fueron, en esencia, que la autoridad responsable: Emitiera un acuerdo, en el que continuara con el trámite de la carpeta de investigación FGE/QR/OPB/10/4214/2016 en estricta observancia a los derechos humanos contenidos en los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual debería dictar de inmediato proveído en el que estableciera las diligencias o actuaciones que estimara necesarias para la integración de la citada carpeta de investigación o, en su caso, de considerar que ya no hubieren probanzas o diligencias que desahogar, resolviera lo que en derecho correspondiera respecto al ejercicio de la acción penal. Por lo en cumplimiento a ello, la autoridad responsable mediante auto de doce de enero del presente año, acordó continuar con la investigación en la carpeta FGE/QR/CHE/10/278-2016 (fojas 116 a 117)., y derivado de ello ordenó lo siguiente: Girar citatorio a José Anselmo Murrieta Soto, a fin de que comparezca a la rendición de su declaración ministerial. Enviar oficio al Director de la Policía Ministerial del Estado para que solicite al Director de Catastro Municipal a nombre de quién se encuentra registrado el precio ubicado en la calle Tekax, número quinientos sesenta y uno, entre avenida Cuatro de Marzo y calle Tenacidad, manzana diecisiete, lote tres, colonia Tamalcab, en esta ciudad; así como el estado fiscal actual del citado inmueble. Determinaciones con las que se estima, se tiene por satisfecho el efecto señalado en la sentencia de amparo, ya que en el auto de doce de enero mencionado, ordenó la continuación de la investigación que dio origen a la carpeta de investigación FGE/QR/CHE/10/278-2016. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en el fallo protector, por tal motivo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.

  3. Principal

    (CITATORIO) Toda vez que la parte quejosa y tercero interesada no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de dieciocho de los corrientes recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dieciséis de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de once de enero del año en curso, ello en acatamiento a la ejecutoria de la sentencia emitida dentro del presente asunto. En mérito de lo anterior, se da vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se resolverá respecto al cumplimiento de la ejecutoria con los datos que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366, Octubre 2001, tomo XIV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 97 a 104); en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, toda vez que en el segundo punto resolutivo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso *** para el efecto de que la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: "emita un acuerdo, en el que continúe con el trámite de la carpeta de investigación *** en estricta observancia a los derechos humanos contenidos en los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para lo cual deberá dictar de inmediato proveído en el que establezca las diligencias o actuaciones que estime necesarias para la integración de la citada carpeta de investigación o, en su caso, de considerar que ya no hay probanzas o diligencias que desahogar, resuelva lo que en derecho corresponda respecto al ejercicio de la acción penal.". En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, para que cumpla con la sentencia de amparo en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le realice. Con independencia de lo anterior, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, la obligue a cumplir sin demora con el fallo protector. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. Además, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta.

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