Salvador Socorro Sifuentes Rembao
Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Salvador Socorro Sifuentes Rembao
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia terminada de engrosar el treinta de septiembre del año en curso, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal en el presente asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado*************. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 557/2019-II. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El treinta de julio de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de uno de agosto de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 557/2019-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: - Del Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso que se emitió en toca penal *******, deducida de la causa penal *******, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, por la comisión del delito de violación, con penalidad agravada. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el once de julio del año en curso, dentro del toca penal *******, en lo que interesa dictó en contra de *******, auto de vinculación a proceso, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. En relación con lo anterior, el Magistrado responsable remitió copia certificada de la transcripción de la sentencia relativa, así como de las videograbaciones de las audiencias relativas. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos y por el Magistrado responsable, en ejercicio de sus funciones, quienes están dotadas de fe pública de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia que deban ser analizadas respecto del auto de vinculación a proceso reclamado, ni este juzgador advierte que se actualice alguna; en consecuencia, se procederá al estudio los conceptos de violación esgrimidos. QUINTO. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos humanos distintos de los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que si bien dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Magistrado responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo, así como de los discos de audio y vídeo de las audiencias levantadas en el presente asunto; del que se advierte que el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 16, fracción I, 59, fracción I, inciso a), y 63, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Magistrado Regional, especializada en materia penal, respecto de una resolución dictada por una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, y respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Asimismo, se advierte que, de los antecedentes del recurso de apelación sometido a la potestad del Magistrado penal se advierte que existió formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien se abstuvo de rendir su declaración dentro de la audiencia de vinculación a proceso. Asimismo, se advierte que la Juez de primer grado consideró que, del cúmulo de antecedentes que expuesto en la audiencia de vinculación a proceso, no se acreditaba el hecho que la ley señala como el delito de violación con penalidad agravada, pero estimó que se actualizaba el diverso injusto penal contemplado por el artículo 174 del Código Penal del Estado de Chihuahua (abuso sexual agravado), por lo que con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales reclasificó el hecho, al estimar en lo esencial que del informe sexual de la doctora Gabriela Lizeth Flores Solís, se concluía que, al explorar a la víctima, encontró el himen de forma labiado, sin desgarros recientes ni antiguos, con importante aumento de volumen en el horario de las siete a la diez de la carátula del reloj, con leve eritema en el radio de las siete y consideró que los hallazgos son compatibles con manipulación de data reciente; no obstante, -consideró- que no existían datos fehacientes de que la persona menor de edad fue ayuntada sexualmente por parte del activo. Ahora, al resolver el recurso de apelación, el Magistrado estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprendía la probabilidad de que el quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos, es menester precisar que basta con que el Juzgador encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto se cita, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, materia penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2014800, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: [.] II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. [.] Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: [.] II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; [.] Conforme a tales normas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo introduzca por vía vaginal, cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene, en una persona menor de catorce años de edad, quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto. Ahora, el Magistrado responsable, acertadamente estimó que los hechos materia de la imputación, en esta etapa procesal, sí son susceptibles de configurar el mencionado ilícito, y para determinarlo tomó en cuenta que la Juez de Control realizó una inexacta valoración de la versión otorgada por la agraviada y, para tal efecto, consideró que las niñas, niños y adolescentes son individuos que, aun antes de la agresión se encuentran en un plano disímil respecto de los adultos y por ello, son fácilmente manipulables a través de mecanismos que a criterio de un mayor de edad pudieran resultar irrisorios, sin embargo, pero que en su mentalidad son de un impacto de mayor profundidad, por lo que la narrativa de la víctima se encontraba dotada de lógica, en la medida en que la niña narró detalladamente los acontecimientos que vivió el dos de abril de dos mil diecinueve, dando cuenta, además, de las circunstancias que prevalecían durante el evento y, en relación con el hecho materia de indagación, detalló que se encontraba en la casa del ahora quejoso, al cual identificó como su padrino y que dicho sujeto la tomó de la cintura y la puso de pie, comenzó a tocarle sus senos y le pidió que se quitara el pantalón, petición a la que la víctima se opuso, sin embargo, fue amenazada con sufrir un mal en su persona o en su familia, por lo que la pasivo optó por retirarse la prenda de ropa, momento en el que el sujeto activo metió su mano por debajo del calzón de la menor y le introdujo un dedo en su vagina, lo que le provocó dolor porque le introdujo el dedo "muy recio". Por su parte, el Magistrado consideró -de manera correcta- que esa declaración se trataba de un dato de prueba preponderante, en principio, porque la víctima relató circunstancias que hacían creíble su aseveración en el sentido de que se encontraba a solas en el domicilio del imputado, al ser una persona cercana a la familia de la víctima, tan era de esa manera, que le proporcionaba dinero para la escuela y la apoyaba con el equipo de cómputo y con el uso de internet. Además, le resultó creíble la manera detallada en que aquélla describió la conducta desplegada por el imputado, pues no sólo había narrado la parte medular del evento, sino que proporcionó incluso las posturas que asumió su agresor y refirió que sintió dolor en su vagina, lo que atribuyó a que el justiciable le introdujo el dedo "muy recio", narrativa que acertadamente se considera que difícilmente surgiría de la sola imaginación de la pasivo del injusto, pues al respecto se comulga con lo relatado por el Responsable, en el sentido de que esa narración de hechos cuenta con congruencia en su desarrollo y permite colegir la existencia de datos que sólo se conocen a través de la vivencia, como resulta ser la sensación de dolor descrita por la menor, además de haber proporcionado una dinámica que se advierte propicia para la perpetración del hecho atribuido al justiciable. Además de que, este Juzgador no soslaya que los delitos de índole sexual se llevan a cabo por lo general en ausencia de testigos, debe otorgarse al dicho de la víctima especial preponderancia y credibilidad, pues de lo contrario a ningún efecto jurídico conduciría la denuncia de hechos de esa naturaleza; lo anterior significa que en este caso debe juzgarse con perspectiva de género, lo que implica, precisamente, dar especial preponderancia al contenido de la denuncia de la víctima, pues constituye una prueba fundamental sobre el hecho, así como tener en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usualmente ello implica. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª CLXXXIV/2017 (10ª), estableció que tratándose de delitos que impliquen violencia sexual hacia la mujer, el juzgador debe valorar los datos de prueba que deriven de la carpeta de investigación, con perspectiva de género, a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas que generen en el ánimo del juzgador, una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 460, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias Constitucional y Penal, Décima Época y número de registro 2015634, cuyo contenido es el siguiente: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Aunado a lo anterior, en el caso, la víctima tiene la calidad de niña y tanto la responsable, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, como este juzgador de amparo al resolver este asunto, debe atender a su interés superior, lo que implica, desde luego, tomar en cuenta su dicho, máxime que existen otros datos de prueba que permiten darle credibilidad, de esa manera se protege su integridad física y emocional. Al respecto, la Primera Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), determinó que en materia jurisdiccional, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez, de manera que, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. Criterio consultable en la página 1397, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2008546, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Credibilidad y preponderancia que se otorga al dicho de la víctima, atendiendo a los criterios de perspectiva de género e interés superior del menor, máxime que ello no es arbitrario, ni deriva únicamente de sus manifestaciones consideradas de forma aislada e individual, sino que tal apreciación deriva también de lo declarado por su madre, de lo asentado por las peritos en psicología y en medicina, en el sentido ya descrito. De esta manera, a juicio de quien resuelve, resulta apegado a derecho que el Magistrado responsable considerara que había resultado errónea la decisión de la Juez A quo al determinar que el dicho de la sujeto pasivo se encontraba en ayuno de valor probatorio, pues la narrativa efectuada por la menor efectivamente resultaba congruente, al ser analizada desde el contexto en que se suscitó la agresión, pues es verdad que se encontraba en una posición vulnerable ante el imputado. Es esta tesitura, la versión de la víctima sí contaba con un alcance probatorio suficiente, al menos en esta etapa procesal, para demostrar que se le introdujo vía vaginal con un objeto distinto del miembro viril, máxime que el deposado de la persona menor de edad se encontraba robustecido con el resto de los datos de prueba proporcionados por la agente del Ministerio Público, a saber: a) La madre de la víctima, quien se consideró por el Magistrado responsable que fue la persona que percibió de manera directa el estado anímico de la adolescente después de ocurrido el evento y de que fuera cuestionada por la vecina de nombre Laura en relación al tema; de la misma manera, corroboró la cercanía de la niña con el imputado, lo que constituye una confirmación de las circunstancias que rodearon los hechos atribuidos al quejoso. b) Asimismo, se encontraba como dato de prueba, el certificado ginecológico elaborado por la perito médico legista Gabriela Lizeth Flores Solís, el cual sí resultaba concordante con el dicho de la víctima, pues aquélla señaló que el himen de la niña presentaba un importante aumento de volumen y ligero eritema, datos concordantes con una manipulación directamente ejercida en el introito vaginal de la pasivo, para lo cual, evidentemente, era necesaria la introducción de cualquier objeto de consistencia dura que generara alteración de los tejidos de la membrana que se ubica dentro del canal vaginal, aun cuando esa introducción fuera de manera parcial. c) Asimismo, se consideró que obraba como dato de prueba el dictamen elaborado por la perito en psicología Wendy Sugey Bolaños Alvídrez, quien apuntó que la menor presentaba una afectación emocional moderada, que le generó un impacto psicológico a partir de las características de los hechos. En esta medida, el Magistrado responsable acertadamente concluyó que lo expuesto por la víctima del delito se encontraba robustecido con lo declarado por su madre, así como por los dictámenes en materia de medicina legal y psicología, los cuales son suficientes para demostrar, en esta etapa temprana del proceso, la existencia del delito que la ley califica como violación con penalidad agravada. Ahora, respecto al valor probatorio que el quejoso cuestiona, debe indicarse que este Juzgador no advierte que exista transgresión al conferirle eficacia a los datos de prueba que consideró el Responsable al emitir su sentencia, debido a que los datos de prueba que derivan de las manifestaciones de la menor víctima, por lo general se cometen en ausencia de testigos, por lo que cobra especial relevancia la declaración de la víctima. Luego, este Juzgador Federal aprecia que los datos que se desprenden del certificado médico derivado de la revisión ginecológica que la perito médico oficial practicó a la menor víctima, donde asentó que el himen de la niña presentaba un importante aumento de volumen y ligero eritema, lo que se concluyó que eran datos concordantes con una manipulación directamente ejercida en el introito vaginal de la pasivo, lo que es compatible con datos de penetración vía vaginal reciente, lo cual es coincidente en cuanto a las circunstancias de tiempo, con lo declarado por la menor víctima. Relacionado con lo anterior, como lo precisó la Jueza de Control responsable, se cuenta con el examen psicológico que practicó a la menor víctima, la psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado Zona Norte, profesionista que determinó que, conforme a su experticia, la menor presentaba una afectación emocional moderada, que le generó un impacto psicológico a partir de las características de los hechos que vivió. Así pues, como lo consideró la Sala responsable, de conformidad con los artículos 272, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el dictamen médico y psicológico ya descrito, es posible estimar demostrado, en este momento procesal, que a la menor víctima se le impuso le introdujo una parte del cuerpo distinto del pene vía vaginal. Así pues, adversamente a lo que sostiene el quejoso, con los datos de prueba descritos y valorados es posible concluir, en este momento procesal, que probablemente el dos de abril de dos mil diecinueve, a la menor víctima se le introdujo una parte del cuerpo distinta del pene, vía vaginal, quien cuenta con la calidad específica requerida, pues en el momento de los hechos era menor de catorce años, concretamente tenía trece años de edad. Asimismo, deviene desacertado lo que aduce en torno a que existió una transgresión al principio de inmediación al valorarse la prueba, porque el Magistrado sólo tuvo a la vista las videograbaciones de las audiencias celebradas ante la Juez de Control. En efecto, el concepto de inmediación en relación con su efecto en cuanto a la legalidad del proceso sobre los razonamientos de los hechos y el juicio de valor, se puede entender que la motivación no está al margen de las sentencias del sistema acusatorio adversarial, como principio previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no es posible, so pretexto de privilegiar la inmediación, que en el recurso de alzada o en el juicio de amparo, no sea revisable la percepción de los hechos por el juzgador que recibió directamente las pruebas, porque ello es insustituible. En efecto, con tal argumentación se encubre una valoración de íntima convicción y evita motivar las sentencias judiciales, entendidas éstas como su justificación y, por ende, no permite realizar su control racional. La motivación del juicio sobre los hechos, si bien se da en un primer momento a través de la contradicción, ex post puede controlarse a través de la justificación de la sentencia, la cual constituye el objeto del derecho contenido en el artículo 16 constitucional, siendo su función principal, hacer posible un control posterior sobre las razones presentadas por el Juez como fundamento de la decisión, del cual no existe ningún impedimento, pues las audiencias son videograbadas e integradas como constancias a los expedientes. Por ende, si carecieran de control, la videograbación sería innecesaria; de ahí que, conforme al sistema de justicia penal de corte acusatorio, el principio de inmediación no impide que se revise su racionalidad en cuanto a las pruebas aportadas por las partes al juicio, ya sea en los recursos de alzada o en el juicio de amparo, como cumplimiento, entre otros, al derecho de motivación. A mayor abundamiento, debe decirse que de la interpretación del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable analógicamente, en relación con los diversos 458, 461, 468, 471, 476, 477, 479 y 481 del propio código, se advierte que son materia de la resolución de apelación aquellas violaciones graves al debido proceso, ello debe entenderse en un sentido amplio con una connotación sustantiva, pues es obligación de los órganos de alzada analizar la determinación recurrida y vigilar que no exista ninguna transgresión a los derechos fundamentales, lo que es acorde con los artículos 461 y 481 citados, que obligan al tribunal de apelación a realizar un análisis oficioso para determinar si hubo violaciones al debido proceso. Por ende, la restricción de no analizar la valoración de la prueba realizada por el a quo no tendría sentido si se parte de la base de que el tribunal de apelación debe estudiar oficiosamente el debido proceso, que se define como el estándar constitucional con implicaciones sustantivas en que no solamente se debe ser juzgado por tribunales previamente establecidos, de acuerdo con las leyes vigentes y exactamente aplicables al caso, sino que en materia probatoria, se decanta por el respeto al núcleo esencial del derecho humano que versa sobre la admisión, desahogo y valoración de las pruebas; de manera que el tribunal de apelación, en acatamiento a este derecho, y atento a la interpretación conforme del artículo 468, fracción II, indicado, puede analizar la valoración de la prueba realizada por el tribunal de enjuiciamiento de primera instancia, sin que ello comprometa el principio de inmediación, porque el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala la obligación de videograbar el desarrollo de todas las audiencias en las distintas fases del procedimiento penal acusatorio, a través de las cuales se apreciará el desarrollo de la prueba; de ahí que los argumentos que vierte en este sentido el quejoso sean infundados. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis XVII.1o.P.A.18 P (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, materias constitucional y penal, página 2224, del siguiente tenor: INMEDIACIÓN. ESTE PRINCIPIO NO IMPIDE REVISAR SU RACIONALIDAD EN CUANTO A LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES AL JUICIO, YA SEA EN LOS RECURSOS DE ALZADA O EN EL JUICIO DE AMPARO, COMO CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS, AL DERECHO DE MOTIVACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El concepto de inmediación en relación con su efecto en cuanto a la legalidad del juicio sobre los razonamientos de los hechos y el juicio de valor, se puede entender que la motivación no está al margen de las sentencias del sistema acusatorio adversarial, como principio previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no es posible, so pretexto de privilegiar la inmediación, que en el recurso de alzada o en el juicio de amparo, no sea revisable la percepción de los hechos por el juzgador que recibió directamente las pruebas, porque ello es insustituible; pues con esa falacia, se encubre una valoración de íntima convicción y evita motivar las sentencias judiciales, entendidas éstas como su justificación y, por ende, no permite realizar su control racional. La motivación del juicio sobre los hechos, si bien se da en un primer momento a través de la contradicción, ex post puede controlarse a través de la justificación de la sentencia, la cual constituye el objeto del derecho contenido en el artículo 16 constitucional, siendo su función principal, hacer posible un control posterior sobre las razones presentadas por el Juez como fundamento de la decisión, del cual no existe ningún impedimento, pues las audiencias son videograbadas e integradas como constancias a los expedientes. La distracción del juzgador puede suceder tanto en el juicio, por cansancio u otras condiciones personales, o en las instancias revisoras, al reproducir las videograbaciones para su estudio, pero ello no es razón para prescindir de la revisión de los juicios sobre los hechos y de su valor jurídico emitidos en primera instancia. Si carecieran de control, la videograbación sería innecesaria. Es decir, el control de la motivación se realiza analizando el razonamiento justificativo mediante el que el Juez muestra que la decisión se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable. Además, la motivación permite el control de la discrecionalidad del Juez en la utilización y valoración de las pruebas, toda vez que la motivación debe dar cuenta de los datos empíricos asumidos como elementos de prueba, de las inferencias que partiendo de ellos se han formulado y de los criterios utilizados para extraer sus conclusiones probatorias; debe dar cuenta también, de los criterios con los que se justifica la valoración conjunta de los distintos elementos de prueba, así como de las razones que fundamenten la elección final para que la hipótesis sobre el hecho esté justificada. Por otra parte, el deber de motivar la valoración de la prueba obliga a confrontarse con ella en una clave de racionalidad explícita; de ahí que, conforme al nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Chihuahua, el principio de inmediación no impide que se revise su racionalidad en cuanto a las pruebas aportadas por las partes al juicio, ya sea en los recursos de alzada o en el juicio de amparo, como cumplimiento, entre otros, al derecho de motivación. Asimismo, adversamente a lo que argumenta el quejoso, de la interpretación sistemática de los artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada puede refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador, cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso, a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el A quo, sobre la base de la inconformidad planteada en los agravios y emitir la decisión que sustituya a la impugnada, al no existir la figura del reenvío en materia penal -como incorrectamente también lo arguye el quejoso-, ya que el análisis es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitir la resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta su decisión y no sobre la infracción a un derecho fundamental que amerite la reposición del procedimiento, sin que dicho proceder transgreda el principio de inmediación, ya que el artículo 468 del código referido que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencias definitivas, es aplicable analógicamente a la emisión del auto de vinculación a proceso, circunstancia que, por identidad de razón, permite al tribunal de apelación examinar el fondo del recurso interpuesto contra el auto de vinculación o de no vinculación a proceso, a través de lo cual podrá establecerse si el juzgador sustentó su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, bajo los principios de la valoración lógica (principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de las máximas de la experiencia (conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza) y del conocimiento científico, y no ordenar la reposición del procedimiento, para prescindir de datos de prueba ya desahogados ante el Juez y emitir únicamente por escrito su decisión. Sobre estas bases jurídicas, adversamente a lo que refiere el quejoso, el Magistrado responsable no infringió las reglas sobre la valoración de los datos de prueba al emitir el auto de vinculación reclamado, ni transgredió el principio de inmediación que rige en el sistema penal de corte acusatorio, pues la legislación lo faculta válidamente para emprender el análisis relativo, a la luz de los agravios que se le hayan expuesto por la parte apelante; de ahí que no haya se haya incurrido en algún exceso en sus funciones al emprender una valoración distinta del examen ginecológico que consideró la Juez de Control, pues dentro de las facultades del Magistrado responsable, se encuentran las de atender al agravio que se le plasmó en torno a la inadecuada valoración de un dato de prueba, como ocurrió en el presente caso; sostener lo contrario implicaría que el magistrado estuviera limitado en la posibilidad de atender prácticamente cualquier motivo de disentimiento que le sea formulado, lo que es contrario al sistema de medios de impugnación que prevé la codificación procesal de la materia. Aunado a ello, debe destacarse la circunstancia relativa a que, en materia del recurso de apelación que se prevé para impugnar la legalidad del auto de vinculación a proceso, la legislación no prevé el reenvío para que el Juez de Control pueda, en su caso, realizar una nueva valoración de los datos de prueba que le fueron allegados; de ahí que sean infundados los conceptos de violación de vierte el solicitante del amparo. Es sustento de las anteriores consideraciones, la tesis XV.4o.9 P (10a.), aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, publicada electrónicamente el viernes 27 de septiembre de 2019, materia penal, del siguiente tenor: RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN O DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTE UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, AL REASUMIR JURISDICCIÓN DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y NO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De la interpretación sistemática de los artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada puede refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador, cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso, a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el tribunal de enjuiciamiento, con base en la inconformidad planteada en los agravios y emitir la decisión que sustituya a la impugnada, al no existir la figura del reenvío en materia penal, ya que el análisis es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitir la resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta su decisión y no sobre la infracción a un derecho fundamental que amerite la reposición del procedimiento, sin que dicho proceder transgreda el principio de inmediación, ya que el artículo 468 del código referido que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencias definitivas, señala que se puede entrar a las consideraciones contenidas en la propia resolución definitiva: "...distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación...", circunstancia que, por identidad de razón, permite al tribunal de apelación examinar el fondo del recurso interpuesto contra el auto de vinculación o de no vinculación a proceso, a través de lo cual podrá establecerse si el juzgador sustentó su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, bajo los principios de la valoración lógica (principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de las máximas de la experiencia (conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza) y del conocimiento científico, y no ordenar la reposición del procedimiento, para prescindir de datos de prueba ya desahogados ante el Juez y emitir únicamente por escrito su decisión. De la misma manera, es aplicable la tesis Tesis: I.9o.P.226 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, materia penal, página 2188, del siguiente contenido: APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO DEBE ESTUDIAR DE OFICIO LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO SEÑALADO POR LA LEY COMO DELITO, ASÍ COMO LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN SU REALIZACIÓN, AUN CUANDO ÉSTE NO LO HUBIERE ALEGADO EN SUS AGRAVIOS [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LAS TESIS AISLADAS I.9o.P.164 P (10a.) Y I.9o.P.165 P (10a.)]. De los artículos 17 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte el derecho humano a la tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso efectivo, el cual implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En este sentido, el derecho de toda persona a un recurso, debe ser entendido integralmente, esto es, que el medio ordinario de defensa debe ser sencillo, rápido y efectivo; por tanto, ello obliga al tribunal de alzada que conozca del recurso de apelación promovido contra el auto de vinculación a proceso, a efectuar el estudio oficioso de la demostración del hecho señalado por la ley como delito, así como la probable participación del imputado en su realización, aun cuando éste no lo hubiere alegado en sus agravios, pues sólo de ese modo (examinando exhaustivamente el actuar del Juez de Control), puede constatar la existencia o inexistencia de violaciones a derechos fundamentales del apelante. En atención a los anteriores razonamientos, este tribunal se aparta del criterio sostenido en las tesis aisladas I.9o.P.164 P (10a.) y I.9o.P.165 P (10a.), de títulos y subtítulos: "RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CUANDO EL RECURRENTE, YA SEA EL PROPIO SENTENCIADO O EL OFENDIDO, NO HAGA VALER EN SU EXPRESIÓN DE AGRAVIOS VIOLACIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A ESTUDIAR DE OFICIO LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA ACREDITACIÓN DEL DELITO, LA DEMOSTRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, PARA CONSTATAR SI EXISTE O NO DICHA VULNERACIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 457, 461, 468, 480 Y 481 CON EL DIVERSO 2o. DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." y "RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI AL RESOLVERLO SE ADVIERTE QUE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, RESOLVIÓ INCORRECTAMENTE SOBRE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SIN QUE EXISTA AGRAVIO ALGUNO ENCAMINADO A REBATIRLA, EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ IMPEDIDO PARA ABORDARLA Y REPARARLA DE OFICIO, AUN CUANDO ELLO PUEDA FAVORECER AL SENTENCIADO.", respectivamente. Ahora bien, la circunstancia agravante del delito prevista en el artículo 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, consistente en que se haya quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto, como estimó la responsable, en esta etapa procesal se encuentra demostrada, pues de los antecedentes se desprendió que el activo era la persona a la que la madre de la víctima le hacía la limpieza en su casa y que, además, el quejoso ayudaba con los gastos de la menor, quien refirió que lo identificaba como "padrino" y que constantemente convivían; por tanto, es válido concluir que entre ellos existía una relación de confianza, de la cual el imputado se valió para hacer tocamientos a la menor, con lo cual quebrantó la fe que tácita o expresamente nace de cualquier relación que inspire confianza; de ahí que en este aspecto sea correcta la determinación del Magistrado responsable. Por lo expuesto, tal como lo concluyó el Magistrado responsable, en esta etapa procesal se encuentra demostrada la existencia del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículos 172, fracción II, en relación con el diverso 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual es de consumación instantánea, en términos del numeral 17, fracción I, del mismo ordenamiento sustantivo legal. En otro aspecto, tal como lo determinó la Sala responsable, en el caso se encuentra demostrado en grado de probabilidad, que precisamente el aquí quejoso ******* participó en la comisión del hecho señalado en la ley como el delito ya mencionado, esto a pesar de la versión de las personas que depusieron ante la Juez de Control; sin embargo, como estimó la responsable, a la versión defensiva que proporcionó el aquí quejoso, no era posible otorgarle credibilidad en este momento procesal, pues el Magistrado acertadamente consideró que se trataba de una afirmación que, no obstante, de que contradijo lo expuesto por la víctima, no se aportaron mayores datos que sustentaran tal aseveración, por lo que era insuficiente para generar convicción; máxime que, en el caso, existe el señalamiento directo y contundente de la menor víctima en el sentido de que fue precisamente él quien ejecutó sobre su persona la conducta delictiva de índole sexual, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar también ya precisadas. Sin que hasta el momento procesal en que se dictó el auto de vinculación a proceso reclamado, existieran elementos para considerar que se condujo con falsedad, lo cierto es que, a juicio de este Juzgador Federal la menor víctima, fue contundente en su señalamiento, declaración que como ya se había precisado, tiene valor preponderante tratándose de delitos de naturaleza sexual, ya que por lo general se ejecutan en ausencia de testigos. De manera que, como concluyó la responsable, en el momento procesal que nos ocupa, está demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, Salvador Socorro Sifuentes Rembao, haya participado en la comisión del delito de violación con penalidad agravada, ya analizado, en términos de los artículos 18, fracción I y 21, fracción I, del Código de Procedimientos Penales , esto es a título de dolo y en calidad de autor material, sin que en este momento procesal se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, *******, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por su probable participación en el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra el acto y autoridad que fueron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, de conformidad con lo analizado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercero interesada víctima. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte tercero interesada de la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve cuyos puntos resolutivos dice: Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra el acto y autoridad que fueron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, de conformidad con lo analizado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a la tercero interesada víctima. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido el término de ocho días que debe mediar entre la notificación al quejoso de la rendición del informe justificado y la fecha de celebración de la audiencia constitucional, dado que el trece de los corrientes se tuvo por recibido el rendido por Magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y de esa remisión, se dio vista a la parte quejosa el diecinueve de los mismos. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 590, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.
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