Salvador Sebastian Gómez Mora
Expediente 641/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 641/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 07/07/2023
Partes del expediente
- Salvador Sebastian Gómez Mora
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y toda vez que no se interpuso recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo, emitido por este órgano jurisdiccional, se provee: I. Ejecutoria. Con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto causó estado. archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ; además, de que se desechó la demanda de amparo, sin que se haya realizado algún pronunciamiento en relación con suspensión de plano, entonces, es DESTRUIBLE; y en esos términos indíquese en la carátula del expediente. En atención a que el asunto se clasificó como DESTRUIBLE, transcurridos tres años a partir de la fecha del acuerdo de archivo, procédase a su destrucción
- Principal
Se tiene a la persona Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, remitiendo el testimonio de la resolución de ocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de queja 153/2023 del índice de dicho tribunal, así como los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; recibida en este juzgado el veintiuno de junio siguiente: Ahora, de la ejecutoria remitida por el órgano colegiado, se advierte: ".ÚNICO. Es fundado el recurso de queja interpuesto por *************, en contra del acuerdo de cuatro de abril de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 641/2023, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. ... Como se advierte, el órgano colegiado declaró fundado el recurso de queja, al considerar no actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa alegó vulneración a derechos humanos afirmando que los preceptos impugnados afectaban sus derechos laborales; precisó que la causal de improcedencia no era notoria pues se requería un análisis profundo de las normas controvertidas para analizar esa afectación, cuestión que no podía realizarse en el auto de radicación; por lo anterior, ordenó a este juzgado proveyera sobre la admisión y trámite del asunto. Desechamiento Al respecto, debe decirse puntualizarse que: La parte quejosa impugna el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, al considerar que éste afecta su estabilidad laboral, al eliminar la junta Distrital Ejecutiva donde aduce desempeña sus labores; por tanto, refiere ubicarse en un grado de excepción para combatir el referido Decreto. El citado Decreto se denominó como el "Plan B", de la reforma electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés. En la página oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente en "Análisis constitucional de las reformas político electorales 2022-2023"2 , el Máximo Tribunal del País dio seguimiento a los Decretos relacionados con la reforma electoral. ? Decreto "1", conformado por el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas", publicado el veintisiete de diciembre de dos mil veintidós; éste fue impugnado a virtud de siete acciones de inconstitucionalidad concentradas en el expediente 29/2023 y sus acumuladas 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023. El proyecto fue asignado al ministro Alberto Pérez Dayán, y se sesionó por el Pleno del Máximo Tribunal el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, en el que, por mayoría de 9 votos de sus 11 integrantes, determinó la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, impugnado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como por el Partido Político del estado de Jalisco denominado Hagamos e integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. ... se concluye que el Decreto reclamado en el presente juicio de amparo ya no subsiste en la vía jurídica, pues al haberse declarado su invalidez por el Máximo Tribunal del País, ya no afecta en los derechos reclamados por la parte quejosa. En tal virtud, si bien el tribunal colegiado declaró fundado el recurso de queja presentado por la parte quejosa, a fin de que este órgano jurisdiccional diera trámite a la demanda de amparo, ello aconteció sobre un Decreto que en el momento en que se emitió la ejecutoria -ocho de junio de dos mil veintitrés- se encontraba vigente; cuestión que se modificó en vista de lo resuelto en sesión celebrada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la cual, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez del Plan B, de las reformas electorales, en las cuales se incluye el Decreto impugnado en esta vía de amparo. En ese sentido, sin desacatar lo ordenado por el tribunal colegiado, se estima que resultaría estéril admitir una demanda relacionada con un Decreto que ya fue declarado inválido y por ende, ya no subsiste ni puede ser aplicado a la parte quejosa. ... Desde esta perspectiva, en aras de privilegiar el principio de seguridad jurídica a la impetrante del amparo sin que ello signifique desatención a lo ordenado por la superioridad; es dable concluir que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo... Así, la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia que se analiza se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la persona agraviada en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En el caso a estudio, como ya quedó establecido, la parte quejosa reclama del Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Cámara de Senadores, del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, desde su sola vigencia, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés, particularmente los artículos 31, numerales 3 y 5, 33, 61 numerales 1 inciso b), 4, 5, 8 y 9, 62 numeral 6, 71, 72, 73, 74, 76 numerales 1 incisos a) y b) y 2, 125 ter numeral 6, 125 quáter, numeral 1, incisos a) y g), Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto transitorios de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Como hecho notorio (el cual constituye un acontecimiento conocido por todos, es decir, que es del dominio público y que nadie pone en duda. En el ámbito judicial es aquel que un tribunal conoce con motivo de su actividad jurisdiccional) se precisa que en sesión pública de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023, por violaciones al procedimiento legislativo, como quedó puntualizado con anterioridad. Como se puso de relieve, por mayoría de nueve votos de los ministros, se invalidó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés, el cual, corresponde al Decreto reclamado en este juicio de amparo. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. En consecuencia, con la determinación adoptada por la Suprema corte de Justicia de la Nación el veintidós de junio de dos mil veintitrés, cesan los efectos del acto reclamado, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada como si se hubiera concedido el amparo, pues en su caso, esa concesión tendría el efecto de declarar la inconstitucionalidad del Decreto cuestionado, lo que ya aconteció en la especie. Por lo anterior, al haber quedado sin efectos del Decreto reclamado dejó de surtir efectos en su esfera jurídica, por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Por tanto, se concluye que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo, por lo que hace al referido acto reclamado.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, en auto de tres de abril de dos mil veintitrés, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, sin que hiciera alegación alguna; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito y se procede a verificar oficiosamente si se cumplió o no con la ejecutoria de amparo dictada en autos. este órgano de control constitucional considera que se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, se tiene por cumplida la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la ley de la materia...Hágase del conocimiento de las partes que contra esta determinación tienen expedito su derecho, para interponer el recurso previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que una vez fenecido el plazo respectivo, de no existir inconformidad con el pronunciamiento, se ordenará el archivo de este expediente.
- Principal
Téngase a la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés; con fundamento en los artículos 88 y 89 del mencionado ordenamiento legal, distribúyase una copia del escrito de interposición del medio de impugnación y expresión de agravios a cada una de las partes para los efectos legales procedentes. Una vez integrado el recurso remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito original de interposición del recurso de revisión y expresión de agravios, así como el expediente en que se actúa.
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