Salvador Sánchez Cárdenas
Expediente 85/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Salvador Sánchez Cárdenas
- Juez Primero Civil de Primera Instancia de la ciudad de Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación de cuenta Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que mediante sentencia definitiva de treinta de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "-Se dejen insubsistentes jurídicamente el embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción de inmuebles, emitidos en el juicio ejecutivo mercantil *****************, respecto de los dos bienes ubicados *****************************; reclamados al Juez Primero de Primera Instancia Civil con sede en Morelia, Michoacán y actuario de su adscripción. Esto es, la concesión es para que se deje a salvo el derecho de posesión jurídica que el quejoso ejerce sobre esos bienes raíces. [.] La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director de Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio de Morelia, Receptor de Rentas y Titular del Departamento de Predial, ambos de Jiquilpan, todos en el Estado de Michoacán, al no impugnarse por vicios propios, sino con motivo de los actos reclamados a las autoridades judiciales.". Asimismo, mediante auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplido el fallo protector, toda vez que el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, dejó insubsistente el embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción, respecto de los bienes inmuebles ubicados en ******************************; por su parte, el juez señalado como responsable, requirió al notario público a quien encomendó la realización de la escritura pública relativa al traslado de dominio, para que la cancelara, haciendo lo propio el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado de Michoacán. Así, en proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, se declaró firme la determinación que antecede, en consecuencia, se ordenó el archivo del juicio, como asunto totalmente concluido. No obstante, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, manifestando que la sentencia no había quedado cumplida en su totalidad, pues a su decir, al acudir a la oficina de predial de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, con la intención de pagar el predial de los bienes que fueron materia del presente juicio constitucional, fue informado que tales predios se encontraban a nombre de *********************, información que fue reiterada por la oficina de rentas de ese municipio; por ende, toda vez que, en apariencia, las autoridades que pertenecen al municipio de Jiquilpan, Michoacán, podrían no haber dado cumplimiento completo a la ejecutoria de amparo, se requirió al Receptor de Rentas y Titular del Departamento de Predial, ambos del municipio de Jiquilpan, Michoacán, para que informara el cumplimiento definitivo del fallo protector. Mediante oficio ******* recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, el trece de noviembre de dos mil veintitrés, el Administrador de Rentas de Jiquilpan de Juárez informó que los bienes inmuebles ubicados en **************************************, fueron registrados a su origen, esto es, a nombre de ***************, revocando la inscripción efectuada por dicha dependencia relativa a la moral ********************, para acreditar lo anterior, remitió el original de los certificados de registro catastrales relativos a los números de cuenta predial ************** y ************* inherente a los inmuebles aludidos. En vista de lo anterior, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se requirió a dicha autoridad a fin de que remitiera copia certificada de la que se desprendiera la cancelación de la inscripción realizada a nombre de la moral tercera interesada ***************************, sin que lo haya hecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Ahora bien, a pesar de que no se atendió este último requerimiento, del análisis de lo previamente relatado se desprende que es suficiente para pronunciarse con relación al cumplimiento total del fallo protector, de ahí que resulta innecesario recabar la constancia de la que se desprenda la cancelación de la inscripción realizada a nombre de la moral tercera interesada ***********************, que fue requerida en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y reiterada el autos de diecinueve de mayo y trece de diciembre de dos mil veintiuno, así como el treinta y uno de enero y veinticinco de febrero, ambos de dos mil veintidós. Pronunciamiento En consecuencia, lo expuesto revela que el presente juicio de amparo fue archivado como asunto totalmente concluido, toda vez que las partes fueron omisas en impugnar el proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplido el fallo protector, dentro del plazo que contaban para ello, en términos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en la materia; empero, la etapa de ejecución respectiva fue reactivada debido a que se tuvo conocimiento de que, en apariencia, aún subsistían aspectos que debieron alterarse con motivo de la concesión que constituye cosa juzgada, a saber, las anotaciones respectivas en los registros catastrales del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán. Sin embargo, derivado de diversos requerimientos formulados por este órgano de control constitucional, el Administrador de Rentas de Jiquilpan de Juárez informó que los bienes inmuebles ubicados en ***********************************************, fueron registrados nuevamente a nombre de *******************, es decir, revocó la inscripción efectuada inherente a ***********************************, para que ahora figurara como propietario y/o poseedor de dichos predios, la persona mencionada. Circunstancia que se encuentra acreditada con el original de los certificados de registro catastrales relativos a los números de cuenta predial ******************* y ***************, de los que se desprende que los inmuebles materia del juicio subyacente se encuentran registrados a nombre de *********************, en la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ahí que se encuentra acreditado que se realizó las anotaciones registrales correspondientes en la dependencia referida, a fin de tener por cumplida en su totalidad el fallo protector, tal como se determinó en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por ende, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en su totalidad, sin que exista exceso o defecto. Destino de expediente y anotaciones en el SISE. Virtud a lo anterior, una vez que cause firmeza esta determinación, dése cumplimiento a lo ordenado el tres de octubre de dos mil diecisiete y devuélvase los autos del juicio al archivo de este órgano jurisdiccional, como asunto totalmente concluido, asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en los libros electrónicos correspondientes.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación de cuenta Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se desprende que mediante sentencia definitiva de treinta de junio de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los efectos siguientes: "-Se dejen insubsistentes jurídicamente el embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción de inmuebles, emitidos en el juicio ejecutivo mercantil *****************, respecto de los dos bienes ubicados *****************************; reclamados al Juez Primero de Primera Instancia Civil con sede en Morelia, Michoacán y actuario de su adscripción. Esto es, la concesión es para que se deje a salvo el derecho de posesión jurídica que el quejoso ejerce sobre esos bienes raíces. [.] La concesión de amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Director de Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio de Morelia, Receptor de Rentas y Titular del Departamento de Predial, ambos de Jiquilpan, todos en el Estado de Michoacán, al no impugnarse por vicios propios, sino con motivo de los actos reclamados a las autoridades judiciales.". Asimismo, mediante auto de treinta de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplido el fallo protector, toda vez que el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, dejó insubsistente el embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción, respecto de los bienes inmuebles ubicados en ******************************; por su parte, el juez señalado como responsable, requirió al notario público a quien encomendó la realización de la escritura pública relativa al traslado de dominio, para que la cancelara, haciendo lo propio el Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio del Estado de Michoacán. Así, en proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, se declaró firme la determinación que antecede, en consecuencia, se ordenó el archivo del juicio, como asunto totalmente concluido. No obstante, el veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se tuvo al autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, manifestando que la sentencia no había quedado cumplida en su totalidad, pues a su decir, al acudir a la oficina de predial de la ciudad de Jiquilpan, Michoacán, con la intención de pagar el predial de los bienes que fueron materia del presente juicio constitucional, fue informado que tales predios se encontraban a nombre de *********************, información que fue reiterada por la oficina de rentas de ese municipio; por ende, toda vez que, en apariencia, las autoridades que pertenecen al municipio de Jiquilpan, Michoacán, podrían no haber dado cumplimiento completo a la ejecutoria de amparo, se requirió al Receptor de Rentas y Titular del Departamento de Predial, ambos del municipio de Jiquilpan, Michoacán, para que informara el cumplimiento definitivo del fallo protector. Mediante oficio ******* recibido en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, el trece de noviembre de dos mil veintitrés, el Administrador de Rentas de Jiquilpan de Juárez informó que los bienes inmuebles ubicados en **************************************, fueron registrados a su origen, esto es, a nombre de ***************, revocando la inscripción efectuada por dicha dependencia relativa a la moral ********************, para acreditar lo anterior, remitió el original de los certificados de registro catastrales relativos a los números de cuenta predial ************** y ************* inherente a los inmuebles aludidos. En vista de lo anterior, en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se requirió a dicha autoridad a fin de que remitiera copia certificada de la que se desprendiera la cancelación de la inscripción realizada a nombre de la moral tercera interesada ***************************, sin que lo haya hecho, como se advierte de la certificación de cuenta. Ahora bien, a pesar de que no se atendió este último requerimiento, del análisis de lo previamente relatado se desprende que es suficiente para pronunciarse con relación al cumplimiento total del fallo protector, de ahí que resulta innecesario recabar la constancia de la que se desprenda la cancelación de la inscripción realizada a nombre de la moral tercera interesada ***********************, que fue requerida en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte y reiterada el autos de diecinueve de mayo y trece de diciembre de dos mil veintiuno, así como el treinta y uno de enero y veinticinco de febrero, ambos de dos mil veintidós. Pronunciamiento En consecuencia, lo expuesto revela que el presente juicio de amparo fue archivado como asunto totalmente concluido, toda vez que las partes fueron omisas en impugnar el proveído de tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplido el fallo protector, dentro del plazo que contaban para ello, en términos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en la materia; empero, la etapa de ejecución respectiva fue reactivada debido a que se tuvo conocimiento de que, en apariencia, aún subsistían aspectos que debieron alterarse con motivo de la concesión que constituye cosa juzgada, a saber, las anotaciones respectivas en los registros catastrales del Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán. Sin embargo, derivado de diversos requerimientos formulados por este órgano de control constitucional, el Administrador de Rentas de Jiquilpan de Juárez informó que los bienes inmuebles ubicados en ***********************************************, fueron registrados nuevamente a nombre de *******************, es decir, revocó la inscripción efectuada inherente a ***********************************, para que ahora figurara como propietario y/o poseedor de dichos predios, la persona mencionada. Circunstancia que se encuentra acreditada con el original de los certificados de registro catastrales relativos a los números de cuenta predial ******************* y ***************, de los que se desprende que los inmuebles materia del juicio subyacente se encuentran registrados a nombre de *********************, en la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º, por tratarse de documentos públicos que fueron expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ahí que se encuentra acreditado que se realizó las anotaciones registrales correspondientes en la dependencia referida, a fin de tener por cumplida en su totalidad el fallo protector, tal como se determinó en la resolución de treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, por ende, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado federal considera que la sentencia de amparo se encuentra cumplida en su totalidad, sin que exista exceso o defecto. Destino de expediente y anotaciones en el SISE. Virtud a lo anterior, una vez que cause firmeza esta determinación, dése cumplimiento a lo ordenado el tres de octubre de dos mil diecisiete y devuélvase los autos del juicio al archivo de este órgano jurisdiccional, como asunto totalmente concluido, asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en los libros electrónicos correspondientes.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el Administrador de Rentas de Jiquilpan, Michoacán, no ha informado los actos realizados relativos al cumplimento de la sentencia amparadora. 2. Se requiere cumplimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérasele nuevamente para que, en el plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, acredite el cumplimiento del fallo protector. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, la cual podrá ser de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesiva de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. De igual manera, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesiva de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Javier Ivan Contreras Osorio, que da fe.
- Principal
Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad Covid-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el Administrador de Rentas de Jiquilpan, Michoacán, no ha informado lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente asunto, ello no obstante que en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno se requirió a la responsable que informara lo conducente. 2. Se requiere cumplimiento. Por tanto, requiérasele nuevamente para que en el plazo de tres días, contado a partir de que reciba el oficio correspondiente, remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las que acredite el cumplimiento total a la ejecutoria de amparo o, en su caso, informe cualquier acto tendente a acatar la sentencia protectora y medidas decretadas en relación al cumplimiento de que se trata. Y de manera particular, remita copia certificada, completa y legible con la que acredite que dejó insubsistentes jurídicamente el embargo, remate, adjudicación, escrituración e inscripción de inmuebles, emitidos en el juicio ejecutivo mercantil 850/1995, respecto de los dos bienes ubicados en Avenida Circunvalación, el primero sin número, sector 6, manzana 15, y el segundo número 138, ambos en Jiquilpan, Michoacán. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará de acuerdo con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, la cual podrá ser de cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en Morelia, Michoacán, para seguir el trámite de inejecución correspondiente, que puede culminar, incluso, con la separación del puesto y su consignación ante un Juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesiva de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. De igual manera, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesiva de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta. 3. Apertura de cuaderno por separado. De la certificación secretarial y del estado general de autos se advierte un retraso injustificado en la etapa de ejecución del juicio de derecho humanos que nos ocupa, pues dejó de atenderse por tiempo considerable; por tanto, a fin de deslindar responsabilidades de los servidores públicos que tomaron parte en dicha paralización, dese cuenta por separado para acordar lo que en derecho corresponda.
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