Salvador Ruiz Muñoz
Expediente 2471/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2471/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Salvador Ruiz Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Incidental
Visto el estado de autos de los que se advierte que en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se dio trámite al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa, sin que a la fecha se encuentren notificadas la totalidad de las partes. Para dar lugar a lo anterior, la audiencia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión provisional, señalada para el día de hoy se difiere y para su verificativo se señalan NUEVE HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
- Principal
Visto el oficio que suscribe el Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y al efecto remite Oficio ********************, con firma original del que se advierte que informa al Director de Amparos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco que las cédulas de notificación reclamadas con números de folios********************, fueron retiradas de la vida jurídica; y remite copia simple de una captura de pantalla; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y con su contenido, se ordena dar vista a la quejosa; asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que les surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga sobre el cumplimiento dado al fallo protector, bajo apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado resolverá si la aludida ejecutoria se encuentra cumplida, con base en los elementos que obren en este expediente y en los datos aportados por la autoridad responsable, en apego a lo establecido al respecto en el artículo 196 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Incidental
Agréguese a los presentes auto para que obre como correspondan, los oficios que suscribe como Delegado del Director General de la Administración del Sistema Portuario Nacional de Manzanillo Sociedad Anónima de Capital Variable y el Subgerente de Operaciones de la Administración de Sistema Portuario Nacional de Manzanillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio de los cuales, informan las gestiones que se encuentran realizando en relación al cumplimiento de la suspensión provisional otorgada en autos. Ahora bien, toda vez que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, concedió la suspensión provisional en el recurso de queja 375/2023, derivado del incidente de suspensión del juicio de amparo 863/2023, En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables Director General y Subgerente de Operaciones de la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, Manzanillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que dentro del término de veinticuatro horas informen las gestiones que se encuentran realizando para dar cumplimiento a la suspensión provisional, para lo cual deberán de tomar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo estipulado por la Superioridad, ya que son las autoridades responsables encargadas del muelle; bajo apercibimiento de ley cumplan con lo requerido Por otro lado, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe electrónicamente apoderada de Compañía Terminal de Manzanillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el cual, oferta como pruebas de su parte, las documentales que adjunta, mismas que se tienen por ofrecidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia incidental, lo anterior de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo. Con su contenido se ordena dar vista a las partes en términos del artículo 66 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Para mejor manejo del presente incidente, con los oficios y escrito de cuenta, se ordena formar segundo tomo.
- Incidental
Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 138, fracción II. Ahora bien, previamente a entrar a la materia de la suspensión, es necesario señalar que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen garantías individuales y derechos humanos. En ese sentido, cabe señalar que, el juez Federal está legalmente facultado para fijar conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias o estado en que deban quedar las cosas a virtud de que se conceda la suspensión del acto reclamado, aun cuando se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su demanda, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues lo que se busca es conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el promovente; con la única limitante de no llegar al extremo de ordenar la paralización de actos que no fueron reclamados en la demanda. Tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 14, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo.". Por lo anterior, es que si en el presente asunto, se pidió la medida cautelar exclusivamente para el siguiente efecto: "[.] Se suspensa el procedimiento administrativo de ejecución tendiente al cobro de la multa impuesta a través de la boleta de infracción reclamada y se ordene la liberación del vehículo descrito en la boleta de infracción reclamada y que actualmente se encuentra bajo custodia en el depósito permisionado, previa garantía que se constituya: A favor de la Tesorería de la Federación para garantizar el pago de la multa impuesta en la boleta de infracción. - A favor del depósito permisionado para garantizar el pago de las contraprestaciones que se hayan generado por los servicios prestados por el depósito permisionado, el cual se fijaría discrecionalmente por ese H. Juzgado. [.]" La suspensión de los actos reclamados en materia de amparo se asemeja, en el género próximo, a las medidas cautelares, aunque también es evidente que la suspensión está caracterizada por diferencias que perfilan su naturaleza de manera singular y concreta; sin embargo, le son aplicables las reglas de tales medidas cautelares, en lo que no se opongan a su específica naturaleza. Sentado lo anterior, cabe señalar que son dos los extremos que hay que llenar para obtener la medida cautelar: 1) Apariencia de buen derecho "fumus boni iuris". 2) Peligro en la demora "periculum in mora". La apariencia de la existencia del derecho es un presupuesto que condiciona la admisibilidad de la medida y apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada y temeraria o muy cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Ello obedece a que las medidas cautelares, más que a hacer justicia, están destinadas a dar tiempo a la justicia para cumplir eficazmente su obra. Según Piero Calamandrei, en su obra titulada Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Editorial Bibliográfica Argentina, 1945, por cuanto se refiere al primer elemento señalado, el conocimiento cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidad y de verosimilitud, porque declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal y en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, dice, basta que según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho con sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar y expresa este tratadista: "El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis, solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad." En relación con el segundo de los indicados elementos, el propio autor manifiesta que el problema no es el de examinar si el derecho del reclamante está en peligro, sino el de ver si este peligro sería susceptible de agravarse e incluso de transformarse en daño irreparable, cuando, para determinar las medidas más aptas para prevenirlo, se hubiese de esperar hasta la emanación de la providencia principal y añade que la providencia cautelar se dirige no a eliminar definitivamente el peligro que amenaza el derecho, sino a eliminar el peligro que derivaría del retardo de la providencia definitiva. En otras palabras, el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. Diversos autores concuerdan en la asimilación de la suspensión del acto reclamado, con las medidas cautelares, entre ellos Eduardo Pallares, quien en el Diccionario Teórico y Práctico del Juicio de Amparo, Editorial Porrúa, S.A. México, 1982, página 252, expone: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Su naturaleza jurídica. La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar que puede decretarse mientras no se falla en definitiva y por sentencia firme el amparo. Tiene por objeto: "a) Mantener viva la materia del juicio o sea el acto reclamado, evitando que llegue a consumarse de modo irreparable y sea necesario decretar el sobreseimiento del amparo; "b) Impedir que el quejoso siga sufriendo los daños y perjuicios causados por el acto reclamado, hasta el punto de hacerlo irreparable." "Equivale en el juicio de amparo a las medidas cautelares, y entre éstas a las providencias precautorias que se llevan a cabo en los juicios del orden común." El doctor Juventino V. Castro y Castro, en su obra La Suspensión del Acto Reclamado en el Amparo, Editorial Porrúa, S.A. México, 1991, página 63, proporciona la siguiente definición: "La suspensión del acto reclamado es una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental para preservar la materia del proceso, y cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta positiva o negativa de una autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la controversia constitucional." En la propia obra, misma página, se expresa: "a) Como quedó de manifiesto en el Capítulo II, la casi totalidad de nuestros autores de amparo están concordes -con alguna que otra excepción-, en que nuestra suspensión como instituto instrumental del proceso de amparo es una providencia cautelar. Quizá algunas pequeñas divergencias sobre la mención de medida cautelar, en vez del uso del término providencia, o bien el señalamiento de medidas o providencias precautorias, pero definitivamente una aceptación generalizada de que estamos en presencia de una providencia cautelar fundamental dentro del proceso de amparo." De lo hasta aquí expuesto se puede concluir que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, al igual que las medidas cautelares, produce efectos provisionales, pues está encaminada a dar al juicio principal las condiciones necesarias para el dictado de una sentencia justa, congruente y eficaz, a su tiempo. Por otra parte, la suspensión tiene sentido si hay un derecho que necesita una protección provisional y urgente, a raíz de un daño ya producido o de inminente producción, mientras dure el proceso en el que se discute precisamente una pretensión de quien sufre dicho daño o su amenaza. Sin este peligro, es decir, si no hay materia qué frenar con la suspensión, para que el objeto del proceso se mantenga íntegro durante el tiempo que dure, no hay medidas cautelares. La medida cautelar exige, por ello, un preventivo cálculo de probabilidad sobre el peligro en la dilación, que no puede separarse de otro preventivo cálculo de probabilidad, que es el que se hace sobre la existencia del derecho cuya tutela se solicita a los tribunales, es decir, sobre la existencia de la apariencia de un derecho; así, cuando existe la presunción de que la demanda es fundada, se debe acoger provisionalmente, pues es suficiente, en tal supuesto, la invocación de un derecho justificado a primera vista de la demanda. Acorde con lo anterior, el artículo 139 de la Ley de Amparo, establece que en los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de la propia Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, con la sola presentación de la demanda, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Al respecto, debe decirse que, si toda medida cautelar descansa en los principios de la verosimilitud o apariencia del derecho y el peligro en la demora, entonces, nada impide que ante un acto de autoridad que se prolonga en el tiempo, se puedan analizar esos elementos y si la provisión cautelar, como mera suspensión, es ineficaz, debe dictar medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolverlo posteriormente en forma definitiva y, permitir, mientras tanto, el desarrollo de ciertas conductas por parte del gobernado, que si se le impidieran ocasionarían perjuicio a él y, algunas veces, a terceros. Lo anterior, tiene sustento en la fracción X del artículo 107 constitucional, que dispone que para la concesión de la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido por el solicitante, con miras a otorgar la medida cautelar para evitar daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y conservar viva la materia del juicio, si con ello no se lesionan el interés social o el orden público; pues resultaría incongruente que el Juez de amparo advirtiera que el acto de autoridad es, a primera vista, violatorio de garantías y no disponga de ningún medio legal para ponerle remedio, aun en forma provisional, porque tal acto sea consumado. Luego, cuando la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora lo ameriten, se puede otorgar excepcionalmente, la medida suspensional. En el caso, tomando en consideración que el juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido por la parte quejosa efectuado, lleva a este juzgado federal a considerar que la sentencia que se dicte en el juicio de amparo vinculado a este incidente de suspensión puede resultarle favorable a sus intereses. Ahora bien, del análisis del juicio de amparo principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se desprende que el seis de julio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia de amparo, en la que por un lado, sobreseyó, por otro negó y por el resto se concedió el amparo solicitado para los siguientes efectos: "Dejen insubsistente la boleta de infracción con número de folio ********************; sin que se encuentre en posibilidad de emitir una nueva; de igual manera, se ordene la devolución del vehículo placas de circulación ********************, Marca ********************, Modelo ********************, número de serie ******************** a nombre del quejoso; y como consecuencia de ello se devuelva al quejoso las cantidades que hubiera erogado con motivo de las sanciones impuestas en dicha boleta de infracción, entre éstas la multa, pensión, guarda y custodia de vehículos, servicios de grúas y arrastre y las maniobras dentro del patio, sin importar que algunas de ellas hubieren sido cubiertas al particular que presta el servicio de grúas, ya que si el motivo de la concesión es el actuar irregular del Estado, corresponde a éste absorber las cargas monetarias que hubiera ocasionado al quejoso. Cabe destacar que en esta resolución el análisis de legalidad de los actos reclamados derivó en su inconstitucionalidad por un vicio de fondo, sin que, además, la pretendida complementación de la fundamentación y motivación en el informe justificado que las autoridades responsables realizaron de aquél, resultara eficaz en términos de lo dispuesto en el artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, para complementarlo; ello, sobre todo porque el vicio detectado en esta resolución implica que la cédula reclamada es inconstitucional de origen. De tal manera, se considera que el acto reclamado presenta un vicio de fondo que impide a las autoridades responsables su reiteración, tal como lo indica el artículo 124 in fine, de la Ley de Amparo. Motivo por el cual las autoridades responsables no podrán subsanar los vicios en los que incurrieron, sin que ello implique que no puedan ejercer las actividades y facultades que les corresponden. Sentencia que a la fecha aún no ha causado ejecutoria, por ello, con fundamento en los artículos 128, 131, 138 y 139 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el primero de los preceptos legales invocados, esto es, la solicitó la agraviada, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social, que se acredita la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora; por tanto, se concede a ********************, la suspensión provisional que solicita, para el efecto de que se se continúe el procedimiento administrativo de ejecución pero se abstenga de realizar cobro de la multa impuesta en la boleta de infracción ********************. De igual manera, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisfacen los requisitos de la Ley de Amparo, esto es, la solicitó la parte quejosa, con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público, ni se sigue perjuicio al interés social y, en caso de ejecutarse los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa y, además, por ser necesario para conservar la materia del cuaderno principal, se concede a ********************, la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades devuelvan al referido quejoso el vehículo con placas de circulación ********************, Marca ********************, Modelo ********************, número de serie ******************** que se encuentra retenido en el depósito denominado ********************; esto en virtud de que la naturaleza del acto reclamado es de tracto sucesivo, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo es susceptible de suspenderse, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva. Ello, aun cuando la desposesión del vehículo ya fue ejecutada, pues subsisten las consecuencias derivadas de la privación hasta en tanto el vehículo no sea devuelto. Luego, el acto reclamado cuya suspensión se solicita, pudiera causar a la parte quejosa un perjuicio de difícil reparación, tomando en consideración que acreditó su interés suspensional de forma indiciaria con los documentos digitalizados que exhibió, en especial con los consistentes en documentos digitalizados de tarjeta de circulación, factura número ********************, la boleta de infracción reclamada con número de folio ********************, de veinticinco de febrero de dos mil veintitrés, el acta circunstanciada de remisión de vehículos de veinte de marzo de dos mil veintitrés. Ahora bien, dada la medida de seguridad que se le impuso a la quejosa, fue retirado el vehículo de la circulación y trasladado a un depósito público, permisionado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; entonces, de no otorgarse la medida cautelar, se causarían a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, pues los perjuicios que se generarían por la falta de entrega del automotor durante la tramitación del juicio, no se restituirían al impetrante de garantías ni aun obteniendo sentencia favorable en el juicio de amparo. Tomando en consideración que la cédula de infracción indicada en el líneas que anteceden, no tiene el carácter de contribución, sino el de aprovechamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, es dable considerar que la suspensión otorgada en un juicio de garantías contra su cobro, ha de regirse en cuanto a los requisitos de efectividad conforme a lo establecido por el artículo 135 y 139 de la Ley de Amparo, por lo que previo a que surta efectos la concesión de la medida cautelar, deben garantizarse los daños y perjuicios que con esa medida cautelar puedan causarse al tercero interesado, que en este caso sólo puede ser el Estado, ya que al ser el receptor en el cobro de las multas, es el único que podría resentirlos en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. Lo cual sólo debe comprender el interés fiscal, equivalente al monto de la sanción impuesta. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Amparo, dicha medida surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables por el monto que asciende las multas, recargos y refrendos respecto de los cuales se concedió la suspensión. Tienen aplicación al respecto, por las razones que las informan las tesis que a continuación se reproducen: En la inteligencia de que la presente medida está condicionada a que se trate de los actos señalados en la demanda y que estos provengan única y exclusivamente de las autoridades señaladas como responsables, pues si éstos son distintos o provienen de autoridades diversas, no surtirá efectos, por ser ajenos al juicio de amparo. Asimismo, la concesión de esta medida paralizadora no faculta al inconforme a inobservar las disposiciones legales en materia fiscal, penal o administrativa, ya que en ese aspecto, las autoridades respectivas conservarán intactas sus facultades de velar por la observancia de las diversas legislaciones o reglamentos que en esas áreas rigen, pues la medida cautelar aquí otorgada, de ninguna manera limita o restringe las facultades de las autoridades mencionadas para cumplir las disposiciones legales aplicables y acatar sus determinaciones. De igual forma, cabe destacar que la presente determinación no autoriza al quejoso a utilizar el automotor en comento sin observar las disposiciones que en materia de movilidad se encuentran vigentes en ésta entidad federativa; tampoco impide a las responsables ejercer las facultades que en esa materia les hayan sido concedidas. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como autorizados de su parte a ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo y a ********************, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que de diferirse la celebración de la audiencia incidental, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no por oficio, toda vez que corresponde a este Juzgador la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán de hacerse del conocimiento de las responsables mediante oficio, atendiendo a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar.
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