Salvador Ruiz Cordova

Expediente 1430/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1430/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Salvador Ruiz Cordova

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, por medio del cual, la autoridad responsable citada en la constancia secretarial rinde su INFORME JUSTIFICADO; con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene a la autoridad mencionada por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones y por designadas como delegados en el presente juicio constitucional a las personas que refiere, conforme al artículo 9 de la ley de la materia. Finalmente, toda vez que según constancia secretarial del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable se desprende que manifiesta que remitió documentales como sustento del mismo, sin que obren las mismas y dado que son necesarias para resolver el presente asunto, todas y cada una de los constancias que integran el acto reclamado, en tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a dicha autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado Federal copias certificadas de las constancias de la cuales emana el acto reclamado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien veces de la unidad de Medida y Actualización, en términos del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la sustenta, la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." ? Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra actos del Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otra autoridad, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VI-1430/2023-1. Ahora bien, del análisis a la demanda de ampro, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".la resolución dictada por el MAGISTRADO DE LA OCTAVA SALA CIVIL ADSCRITA AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.dentro del toca civil número - misma que resolvió el recurso de apelación respecto del auto de fecha 23 veintitrés de Octubre del año del 2023 dos mil veintitrés y se desprende del Expediente número - tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil de la ciudad de Zamora, Michoacán."; Por ello, este órgano jurisdiccional estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que al rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." En el caso, este órgano constitucional advierte que en contra de los actos que se reclaman se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción X de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: .X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos". De acuerdo con dicho dispositivo jurídico, la acción constitucional es improcedente cuando se reclamen leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo, siempre que haya sido promovido por la misma quejosa contra las mismas autoridades, al margen de las violaciones planteadas. Del análisis integral de la demanda de amparo se aprecia claramente que el acto reclamado se hace consistir en la resolución dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y otra autoridad, dentro del toca civil número -, misma que resolvió el recurso de apelación respecto del auto de fecha veintitrés de octubre de dos mil veintitrés y se desprende del expediente número -tramitado ante el Juzgado Primero de lo Civil de la ciudad de Zamora, Michoacán. Luego, del índice de este juzgado, se advierte el diverso juicio de amparo número IV-1428/2023, lo que constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo y de la tesis del rubro: "HECHOS NOTORIOS. PUEDEN INVOCARSE COMO TALES, LOS AUTOS O RESOLUCIONES CAPTURADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), AL SER INFORMACIÓN DIFEDIGNA Y AUTÉNTICA", mismo que se ordena poner a la vista al momento de emitir la presente determinación, y del cual se desprende que fue promovido contra los mismos actos, por el mismo quejoso, y contra las mismas autoridades responsables, la que se según constancia secretarial se admitió a trámite en esta misma data; del cual se ordena glosar copias digitalizadas y glosar al presente asunto. De lo anterior, se pone de manifiesto que el acto reclamado a las autoridades referidas en los citados juicios de amparo, es el mismo, lo que evidentemente conlleva a actualizar la causa de improcedencia anunciada. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 24/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, Página: 265 del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro dice: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS." Asimismo, la diversa tesis publicada la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, en el libro 63, febrero de dos mil diecinueve, tomo II, visible en la página 3029, del rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." Por lo antes expuesto, se insiste, que en el acto precisado se actualizan las causas de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento legal, procede DESECHAR LA DEMANDA de amparo. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General, en ese sentido, se tiene por señalado como medio de contacto el correo electrónico que proporciona. Finalmente, el promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones y se autoriza únicamente para ese efecto a las personas que hace alusión, en virtud de que no se encuentran dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales. Notifíquese personalmente.

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